miércoles, 4 de julio de 2012

En este reporte hay una seria advertencia sobre la grippe aviar, y la polémica entre científicos con respecto al virus H5N1. Y se hace a propósito un recuerdo con la "Spanish flu" de 1918 que fue catastrófica. Gracias a Luis Mejía, por compartir este texto. N d la R.

Bird-flu

Flown the coop

Controversial flu research is published

SOME said Ron Fouchier’s work would help fend off a pandemic. Others called it a terrorist’s cookbook. Authorities on either side of the Atlantic spent months examining the research. Now the rest of the world can read it, too. In a paper just published in Science, Dr Fouchier explains how bird flu might adapt to spread easily from person to person. The publication caps a long fight over whether the paper’s benefits outweighed its risks. But this controversy will not be the last.

The prospect of a highly contagious H5N1 virus is scary. It can already hop nimbly from bird to bird, but is less acrobatic in humans. Some fear that if it ever adapted, the “Spanish flu” of 1918, which is reckoned to have killed as many as 100m people, could seem like a common cold by comparison. Of the 600 cases of H5N1 infection diagnosed since 2003, almost 60% have been lethal.

Dr Fouchier, of the Erasmus Medical Centre in the Netherlands, and Yoshihiro Kawaoka, of the University of Wisconsin-Madison, set out to learn which mutations might inspire H5N1 to speed from man to man. In December an American advisory board urged Science and Nature to publish redacted versions of their papers. After a self-imposed moratorium on research, opinion tilted towards full publication. It would, some argued, improve surveillance and speed the development of new drugs. Furthermore, publishing redacted work seemed impractical. By the end of April American and Dutch authorities had removed the last barriers to publication.

Dr Kawaoka’s paper, the less controversial of the two, was published in May in Nature. Dr Kawaoka created a hybrid virus with H1N1, the strain that led to the 2009 outbreak. Just four mutations in an

domingo, 1 de julio de 2012

LA JUSTICIA COLOMBIANA: el verdadero debate


LA JUSTICIA COLOMBIANA: el verdadero debate

David Jiménez[1]

La aprobación del acto legislativo de reforma a la justicia por el Congreso de la República, ha ocasionado debates nacionales sobre la constitucionalidad e inconstucionalidad de dicha reforma  hasta alcanzar propuestas de referendos derogatorios y de asamblea nacional constituyente. Sin embargo, son pocos los que se preguntan por los verdaderos problemas del sistema judicial colombiano, que necesitan ser reformados vía constitucional ó legal. Los cuales no ha tenido en cuenta  ninguna  rama del poder público, y de manera notoria e inexcusable la rama jurisdiccional.

Los problemas de la justicia

En primer lugar, un núcleo conformado por el tipo de elección de magistrados[2]. La independencia del juez es indispensable para un Estado de Derecho viable. Al respecto existen tipos de elecciones política, interinstitucional y técnica. La primera refiere que su nominación y nombramiento provenga de un partido político ó del parlamento, la segunda se establece cuando un órgano del Estado nomina y otro nombra, por ejemplo, el Presidente terna 3 candidatos para la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia selecciona en su sabiduría y evaluación al mejor candidato; y la tercera señala cómo el nombramiento se hace por medio de un concurso público evaluando la formación académica, producción intelectual y experiencia laboral de los candidatos a ocupar dicho cargo.

De esta manera, es indispensable para el sistema judicial colombiano,  la selección de magistrados y jueces se haga de forma visible y por medio de concurso público abierto. La exigencia impostergable es escoger las mejores personas con cualidades éticas, académicas, intelectuales y  laborales para que sus decisiones  sean ajustadas a la constitución y la ley, y su nombramiento no resulte de favoritismo debido a  uno o varios congresistas, presidente ó magistrado, con la vergonzosa cadena de agasajos que persuaden a los que seleccionan a los jueces. El fin es explícito en este procedimiento democrático propuesto: tener mayor independencia judicial y evitar clientelismo de  los políticos y de magistrados.

En segundo lugar, el sistema judicial colombiano necesita mayor presencia con jueces y fiscales en los 1.100 municipios del país[3].  Es la garantía para la efectiva administración de justicia establecida en  el Estado Social de Derecho, que  sancione todos los delitos tipificados en los diferentes códigos, métodos alternativos de resolución de conflictos; cortar la impunidad y evitar así la aparición y proliferación de la justicia privada como fórmula perversa de “resolución de conflictos”.

Aún tenemos barrios en ciudades y en municipios, donde el juez y fiscal es una banda criminal, neoparamiltar ó grupo guerrillero  los  que determinan desde el pago de una deuda, los horarios de los establecimientos públicos, el tránsito de peatones hasta la venganza por un hurto u homicidio. En pocas palabras, es la urgencia de fortalecer la capacidad judicial del Estado  para evitar el debilitamiento extremo en la administración y ejecución de la justicia, y el desgaste de la poca legitimidad que respalda nuestro precarísimo entramado institucional.

En tercer lugar, la rama judicial debe asegurar un sistema de transparencia, información y rendición pública de cuentas de todos sus procesos judiciales, administrativos y presupuestales en estrecha correlación con las funciones constitucionales y legales a su cargo, al servicio de la ciudadanía y demás órganos del Estado. El fin es claro, lograr una justicia abierta, pública y transparente de cara a la sociedad que paga por ello. Implica terminar con el descaro criminal de los presupuestos mal invertidos, las pensiones exorbitantes, y adjudicadas de forma ilegal, entre los más notorios vicios.

En cuarto lugar, el sistema judicial debe asegurar mayor eficiencia, celeridad y transparencia en los procesos judiciales para que les garanticen a los ciudadanos un resultado oportuno, válido y eficaz. Se corta de tajo la impunidad que termina en el círculo vicioso de la violencia con  la proliferación de la justicia privada en todo tipo de causas litigiosas.
En quinto lugar, los órganos del sistema judicial y de seguridad del Estado deben lograr cero injerencia de las organizaciones criminales;  así como extirpar el cáncer institucional alimentado por la voraz diada corrupción-clientelismo que impide  lograr un sistema judicial transparente.

Lecciones por aprender  

La influencia histórica y hegemónica   de la cultura anglosajona en  lo económico, cultural y político por parte de los Estados Unidos sobre América Latina, en especial, Colombia, los poderes públicos colombianos tienen mucho por aprender del sistema judicial estadounidense para lograr independencia judicial, eficiencia y transparencia para resolver las fallas de la justicia colombiana y del régimen político.

El Congreso y el Gobierno Nacional deberían aplicar los lineamientos de las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial para mejorar la capacidad de la justicia y la seguridad   aumentando el fortalecimiento del Estado. Tal y como lo señaló su informe de 2011[4],  procediendo con la celeridad con que  lo hacen cuando aplican las medidas de ajuste fiscal y los tratados de libre comercio sin la participación ciudadana.

Una  Ñapa

¿Qué tal les parece que los magistrados, jueces y fiscales sean destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos por tráfico de influencias y conflicto de intereses al igual que un congresista?

¿Qué tal ver a magistrados, congresistas, presidentes y ministros cotizando al sistema general de pensión de la ley 100 de 1993 y 797 de 2003, al igual que muchos colombianos, y sin régimen especial en pensión?

Algo aprendería el funcionariado de la vida cotidiana de una ciudadanía agobiada por cargas tributarias y sin garantía de la contraprestación efectiva de los servicios públicos más elementales.



[1] Politólogo, Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y participación. Coordinador de iniciativas académicas e investigativas en la sede de la Universidad Nacional de Medellín. Administrador académico del blog  Gobernanza y Biosociedad, nodo en la red virtual  (Anti)escuela Ciudad Blanca que articula los siguientes blogs: praxisur, coyuntura sociopolítica, seminario.internacional.gramsci, www.laotramovida.net,www.transpolitica.org.
[2] Ver más, Rubiano Galvis, Sebastián (2009). La Corte Constitucional: entre la independencia judicial y la captura política. En Mauricio García Villegas y Javier Revelo Rebolledo (eds.). Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de Derecho en Colombia 2002-2009. Bogotá: Dejustica.
[3] Ver más, García Villegas, Mauricio. (2008). Jueces sin Estado. Bogotá: Siglo del Hombre.
[4] Ver más, BANCO MUNDIAL. Informe sobre desarrollo mundial 2011. Conflicto, seguridad y desarrollo.  Washington DC, World Bank, 2011. Recuperado el 20 de diciembre de 2011 http://wdr2011.worldbank.org/sites/default/files/SPANISH_WDR2011_Overview.pdf

domingo, 24 de junio de 2012

¿ES POSIBLE LA PAZ EN LA COLOMBIA AHORÁ?


¿ES POSIBLE LA PAZ EN LA COLOMBIA AHORA?

David Jiménez[1]
Universidad Nacional de Colombia, Medellín

Recuerdo una clase de teoría política en la universidad cuando el profesor señaló: ¿qué es lo opuesto a la paz? Todos participábamos respondiendo a esa pregunta en apariencia fácil con las siguientes respuestas: la guerra y la violencia.  El debate en clase con la orientación del docente nos llevó a la conclusión de una respuesta más flexible, lo opuesto a la paz es el disenso, y lo opuesto a la guerra, es el consenso.

Además, hoy, la llamada justicia transicional tiene como finalidad pasar de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia. Lecciones aprendidas desde África, Europa Oriental y América Latina, y puesta en práctica en las últimas décadas para Colombia: “verdad, justicia y reparación,” con grandes altibajos y contrastes.

El debate actual

Un eventual proceso de paz con las guerrillas, ha provocado oposición y apoyo en sectores opuestos, políticos y sociales, de la política colombiana. Entonces, vuelve y juega el principal interrogante heredado del pasado: ¿es posible la paz en medio de la confrontación?,  puesto que no hubo hasta hoy un claro vencedor entre los actores de la guerra interna.

El miedo de muchos sectores políticos y sociales es la impunidad, inmunidad penal, amnistías e indultos a miembros de grupos armados ilegales, narcotraficantes o terroristas, no importa un debate sobre su nominación, el tema central es que son criminales.

La explotación de oro y la producción de coca, es por excelencia fuente de financiación de los actores en conflicto. Economía ilegal y guerra complejizan el proceso. Emerge así esta interrogación seriada: ¿es posible la paz cuando los precios del oro y la cocaína  a nivel internacional incentivan su  explotación y producción?, ¿cuando las vacunas a los mineros y productores de coca  alcanza  una gran cuantía?, cuando el crimen organizado es la vez productor de cocaína y explotador de los yacimientos auríferos por su gran beneficio económico?

¿Es posible el consenso  cuando los hostigamientos y carros bombas contra la población civil y la fuerza pública son frecuentes?

 En Antioquia, los frentes 18 y 36 de la Farc han intensificado sus acciones contra la población civil y la fuerza pública en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Anorí, entre otros. Cada día los ataques y las bombas han sido más a menudo en las comunidades, y al mismo tiempo, a nivel nacional tienen la intención de un proceso de paz.

Las bandas criminales ó neoparamilitares se enfrentan entre si o hacen alianzas con las guerrillas para ejercer el control territorial de algunas regiones para fortalecer su economía criminal asociada a la minería, la explotación de oro y de madera, la extorsión y el narcotráfico; tal como se evidencia en el nordeste antioqueño con el aumento del número de muertes violentas en los últimos meses en Segovia, Remedios y Vegachi.

La pobreza, el desempleo, la inequidad social y la ausencia de Estado en algunos municipios del país, demuestra falta de consenso social sobre las condiciones mínimas de ciudadanía y bienestar, que no sea una causa para alimentar los apetitos del crimen organizado.

¿Una misión imposible?

Para lograr un consenso sobre la paz cuando al mismo tiempo están de por medio los fusiles asesinando seres humanos, la cocaína, el terrorismo y la extorsión;  es una ¿misión imposible? para el Gobierno de turno  lograr ausencia de conflicto.

Finalizando, con el proceso de paz iniciado con Betancur, Barco y Gaviria; las amnistías e indultos fueron la regla general pero no la paz, porque el conflicto se intensifica en la década de los 90s y los actores armados terminan en la cadena de producción del narcotráfico. Con el Caguan, una negociación sin objetivos y compromisos por parte de la guerrilla. Con Ralito, se debió primero desparamilitarizar las instituciones del Estado antes de iniciar un proceso de paz con las AUC. Ahora, ¿qué pasará?

PD y Alerta necesaria: 
Algunos colegas me dicen que los costos de la paz también tienen de por medio la impunidad.  Para garantizar condiciones mínimas a los que entregan los fusiles, porque entregar el arma cuando no se tiene ciudadanía ni acceso a los derechos fundamentales, sociales y económicos, a la corta y a la larga, repetirá el círculo vicioso de la violencia como lo notamos a diario.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

sábado, 23 de junio de 2012


La premio Nóbel, Elinor Ostrom, representó en la Ciencia Política, y en particular en la teoría de la política pública un punto de resistencia e innovación, junto a su esposo otro notable científico social. El referente fue la defensa de los comunes, y la puesta en cuestión de la supuesta mayor eficacia y eficiencia de la gestión privada de lo que es de todos. Desde una sensibilidad social inocultable ilustró con sus investigaciones el éxito de la administración común de lo común. Fue la segunda politologa en obtener un premio Nóbel en Economía. Aquí reproducimos una nota In Memorian elaborada por Clacso, con ocasión de su fallecimiento. N d e  la R.













 

ELINOR OSTROM [1933 – 2012]
Premio Nobel de Economía 2009

"En las ciencias sociales enfrentamos un gran reto,
cómo abordar el análisis de los problemas relacionados
con los recursos de uso común…
"
Ostrom, Elinor. El gobierno de los bienes comunes.
FCE / IIS-UNAM (pág. 359)


El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales expresa su pesar por el fallecimiento de Elinor Ostrom, prestigiosa politóloga estadounidense que recibió el premio Nobel de economía en 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos.
Hace unos días, CLACSO había enviado una invitación para convocarla a presentar sus ideas en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, donde una de las actividades será un Coloquio sobre los Bienes Comunes, tema de investigación que CLACSO promueve en su red de centros miembros. Desde la Secretaría Ejecutiva se realizan las siguientes actividades en relación a los bienes comunes:
Con sus programas, CLACSO contribuye a crear espacios de reflexión y debate en torno a los bienes comunes de interés para los países de la región.

Elinor Ostrom "Política del Cambio Climático" en UNAM (8 de mayo de 2012)
[Ver presentación]
En homenaje a Elinor Ostrom, invitamos a los centros miembros a incluir o ampliar en sus agendas de investigación y actividades, las temáticas de los bienes comunes.

Emir Sader
Secretario Ejecutivo de CLACSO

Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO



domingo, 17 de junio de 2012

LAS AUTOPISTAS DE LA PROSPERIDAD EN ANTIOQUIA


LAS AUTOPISTAS DE LA PROSPERIDAD EN ANTIOQUIA

David Jiménez[1]
Universidad Nacional de Colombia, Medellín


El Presidente Juan Manuel Santos el sábado 9 de junio de 2012 en su Acuerdo para la Prosperidad realizado en Medellín, manifestó el compromiso presupuestal de la Nación con el proyecto Autopistas de la Prosperidad[2] con 10 billones de pesos. El periodo de ejecución de la mega-obra, además, no sería de 15 sino de 6 años; y, aclaró también que la empresa ISA no podría ser el constructor con base a un concepto del Consejo de Estado[3].

El proyecto Autopistas de la Prosperidad, llamado Autopistas de la Montaña por el gobierno anterior, lo podemos encontrar en documentos técnicos elaborados por el Gobierno Nacional: Conpes 3413 de 2006 Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006 – 2014; Conpes 3612 de 2009 Programa Estratégico de Autopistas PROESA I, y Agendas de Competitividad  en Infraestructura en la Visión Colombia 2019. Y está claro en todos los citados que su objetivo principal es conectar a Medellín con el Norte y Centro del país.

Por otro lado, el anuncio presidencial permite ver la intención de obtener un éxito electoral en Antioquia para el 2014, porque las licitaciones e inicio de la construcción serían entre el año 2013 y 2014, para cada uno de los tramos contemplados en el proyecto, todos coincidentes como se estila con una época prelectoral y electoral[4]. De esta manera, muchos candidatos al Congreso de la República que estarán al lado del Presidente-candidato lo más seguro es que harán política, toda la que puedan, con esta mega-obra, que enriquecerá también a sus nuevos contratistas. Como dicen, lo comido por lo servido.

Sin embargo, lo más preocupante no es el aprovechamiento político-electoral del Gobierno Nacional con Antioquia para las elecciones de 2014 y de asegurar el respaldo de congresistas de la región. El problema central está en el posible uso irregular de recursos públicos y corrupción en la asignación de los contratos de concesión a la empresa privada. 

Sobre todo, con la cruda expectativa que también  aparezca un cartel de la contratación en Antioquia al estilo del nefasto Grupo Nule, con una mezcla de corrupción pública y privada, en pos de una prosperidad que paga favores en el peor estilo clientelar, que empañe la cacareada divisa del “buen gobierno”, porque el presidente en funciones se ufana de ser un caracterizado jugador de poker, como lo probó  la exitosa operación militar en que “cañó” a las Farc con el abuso de símbolos de la cruz roja internacional.

Es preocupante la aparición de los tristemente célebres Otros Si, con los cuales el Gobierno Nacional realice adiciones presupuestales sin un respectivo control técnico y fiscal sobre la destinación de estas, porque terminarían  llenando los bolsillos privados, y dejando a los antioqueños “viendo un chispero” , porque las vías podrían quedar inconclusas.

Alarman también  los daños en la construcción y operación de las vías, y que los contratistas a futuro no respondan por los posibles daños y fallas de lo que han hecho. De ahí que sea urgente e ineludible la participación ciudadana en la veeduría, en una modalidad poco utilizada con eficacia del presupuesto participativo. Sería bueno que cuente con el genio matemático del gobernador de Antioquia, hijo también de una exitosa familia de constructores en la Medellín de estos años.

También importa, como ha señalado Salomon Kalmanovitz en una comparación de las carreteras en México y Colombia: “El sistema colombiano tiene sólo 726 km de dobles calzadas y muy pocas cuentan con especificaciones internacionales”[5], que las Autopistas de la Prosperidad no cuenten con la calidad que deben tener las vías para la competitividad y el desarrollo económico en dobles calzadas. Y no poco hay que aprender de dos vecinos, picados por el bichito del socialismo, Ecuador y Venezuela, que tienen vías envidiables, después de que se está lejos de la frontera colombiana.

De esta manera, se requieren los ojos bien abiertos para precaver lo malo que pueda pasar con la megaobra que tendrá una inversión del Gobierno Nacional de 10 billones, de la Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín de 1 billón. Será un total de 11 billones de recursos públicos que merece toda la atención de la sociedad civil local, regional y nacional para hacer controles técnicos y sociales a la ejecución del proyecto como la ley manda, y la participación del artículo 40 de la constitución nacional autorizan.

Pero para dejar tantas preocupaciones, el Gobierno de Sergio Fajardo en su línea programática e ideológica de lucha contra la corrupción en asocio con la Alcaldía de Medellín, deben ejercer todos los controles para la correcta ejecución de la obra, como ya se dijo. Para evitar la publicación de otro libro de dolamas y denuncias que no rescate la riqueza nacional despilfarrada.

La clase empresarial a través de Proantioquia, Comité Intergremial de Antioquia, las Cámaras de Comercio y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros deben participar en el proceso precontractual y contractual de las obras para asegurar la transparencia en la selección de contratistas y ejecución de obras.

La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín con su Facultad de Minas, pionera en Ingeniería Civil, debe asociarse con otras universidades de la región para hacer un control e interventoría técnica a los aspectos físicos, sociales y financieros de las Autopistas de la Prosperidad; y fortalecer una veeduría ciudadana ejemplar, que muestre y pruebe el signo del nuevo tiempo.

En mi caso, para cerrar el comentario, como estudioso de la política pública me interesa por  demás la eficiencia y transparencia del proyecto, y luego la utilización política-electoral del proyecto para las elecciones de 2014 y 2018, porque es algo “natural” en nuestro sistema político colombiano, la corrupción y que los políticos se aprovechen de la inversión pública con beneficio electoral.

PD: En fin ¿Los paisas seguirán inconformes con Santos: ficción o realidad? A tal punto que algunos incrédulos del gobierno Santos y sus bondades con la patria chica  llaman al proyecto Autopistas de la Posteridad. Estamos en la jugada.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS
[2] En el Gobierno Uribe, el proyecto se denominaba Autopistas de la Montaña
[5] Carreteras de México y de Colombia, 10 de julio de 2011,  El Espectador, por Salomón Kalmanovizt 

domingo, 10 de junio de 2012

UNA SERIE SERIA DE PABLO ESCOBAR


UNA SERIE SERIA  DE PABLO ESCOBAR

David Jiménez
Universidad Nacional de Colombia, Medellín

La televisión colombiana ha lanzado una serie más de violencia y narcotráfico, en los últimos 6 años la TV Colombiana ha producido más contenido relacionado con violencia y narcotráfico desde 2006 con el titulo “sin tetas no hay paraíso” por Caracol TV.

Las historias de carteles y de redes criminales han sido un raiting para la televisión nacional, ahora el lugar lo tiene el mayor capo de la historia reciente del país, Pablo Escobar.

En conversaciones con algunos amigos y de lecturas en los diarios he visto varias apreciaciones:
-         
      - Más TV violenta
-         -  No educa ese tipo de TV
-         -  Es importante conocer la historia del narcotráfico

Sin embargo, los actores y actrices de la serie de Pablo Escobar a mi parecer se sobreactúan en su lenguaje paisa, no hablamos así como ellos.

Por otro lado, la serie necesita más investigación para conocer  la verdadera historia reciente llena de frialdad acompañado de violencia y corrupción, de conocer a fondo: lugares, fechas,  participantes,  hechos y efectos reales para entender y comprender esa historia.

De esta manera, el narcotráfico de los finales de los años 70s y de los años 80s del siglo XX, la serie debería investigar  y dar a conocer con mayor profundidad la relación de las guerrillas ,  el origen de los paramilitares y la política  con los carteles de las drogas.

En primer lugar, conocer por medio de la TV la relación de las guerrillas con el narcotráfico en sus zonas de tráfico de cocaína,  asentamiento de los grandes capos en zonas de presencia guerrillera y financiación de lucha subversiva. Además confrontar la realidad de hoy de las guerrillas con su principal fuente de financiación, el narcotráfico.

En segundo lugar, el paramilitarismo[1] tiene uno de sus orígenes en Colombia en la subregión  Antioqueña del Magdalena Medio[2] conectada con los Departamentos de Santander y Boyacá, deberían dar a conocer la realidad de la relación narcotráfico-paramilitarismo por los siguientes  hechos:

-          - Puerto Berrio:  1981 es uno de los puntos de partida  en el Municipio de Puerto Berrio,  nace el grupo paramilitar MAS (muerte a secuestradores), después del secuestro de Martha Nieves Ochoa hermana de los conocidos narcotraficantes “Hermanos Ochoa” del cartel de Medellín
-          - Cerca a Puerto Berrio[3], en el Nordeste Antioqueño, en  1981 en  el Municipio de Segovia los hermanos Fidel y Carlos Castaño inician su actividad paramilitar y lucha antisubersiva para luego desplazarse hacia Córdoba y Urabá para fundar las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá ACCU.
-        -   En 1984, en Puerto Boyacá (Boyacá) cerca a Puerto Berrio con el patrocinio de ganaderos y comerciantes de ese municipio, crean una organización paramilitar con el objetivo de la lucha antisubversiva.

En tercer lugar, la participación de los narcotraficantes  y de los grupos armados ilegales en política no es nueva con lo que conocemos con la parapolítica, en los años 80s con la elección popular de Alcaldes las guerrillas obtienen el control de alcaldías municipales donde tienen presencia, Escobar ocupa una cúrul por un periodo de tiempo en la Cámara de Representantes y Carlos Ledher financia un movimiento político en el Quindió Movimiento Cívico Latino. ¿ una realidad de hace rato, la ilegalidad y el crimen organizado interesados en apropiarse del poder político?.

En cuarto lugar, en la serie utilizan el nombre de un grupo guerrillero denominado MR 20, deberían señalar el nombre real de la época M-19, decir los hechos reales sin calificativos ficticios en nuestra historia reciente..

Me gustaría ver esos hechos reales que se repiten a diario en la sociedad y la política colombiana en la serie de televisión, para que muchos conozcan  los sucesos de hoy como el terrorismo y la participación en política del crimen organizado, tiene muchos antecedentes que nos remiten al periodo de Pablo Escobar.

La serie debería mostrar la realidad de los lugares, fechas, hechos, participantes y efectos en la sociedad y la política del narcotráfico, porque es una historia para no repetir en Colombia y que debe permanecer la memoria histórica del país.

Además, no vale la pena recuperar la memoria histórica del país por medio de la serie de Pablo Escobar, cuando no existe un castigo moral, social y penal  por parte de la sociedad y el Estado a este tipo de actuaciones criminales y corruptas.



[1] Para conocer sobre el origen paramilitar:  Romero, Mauricio (2003). Paramilitares y autodefensas 1982-2003 (2003), Bogotá: IEPRI-Editorial Planeta. Medina Gallego, Carlos (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Bogotá: Rodríguez Quito Editores
[2] La subregión del Magdalena Medio Antioqueño la componen los municipios de Maceo, Caracolí, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó.
[3] Puerto Berrio limita al norte con el Municipio de Remedios, y este a su vez con el Municipio de Segovia, centros mineros de la región.

domingo, 3 de junio de 2012

¿SERÁ POSIBLE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ANTIOQUIA MEDIANTE EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015?


¿SERÁ POSIBLE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ANTIOQUIA MEDIANTE  EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015?

David Jiménez
Universidad Nacional de Colombia, Medellín


La pobreza y la desigualdad social deben estar  en la agenda política de los gobernantes de forma permanente y decidida en la formulación e implementación de políticas públicas para elevar el bienestar y calidad de vida de sus comunidades.

En Antioquia, el 22.96% de la población es pobre ( 1.400.000 habitantes aprox), de las cuáles las subregiones más pobres son el Bajo Cauca y Urabá. Sin embargo, se encuentra municipios con niveles alarmantes de necesidades básicas insatisfechas en subregiones como Nordeste, Occidente y Magdalena Medio; lo anterior demuestra un desequilibrio entre el desarrollo económico del Valle de Aburrá frente a las 9 subregiones del Departamento.

Además, el bienestar de la población tiene graves problemas. En primer lugar, la inseguridad alimentaria de miles de familias es ocasionada por la pobreza, provocando niveles de desnutrición en los niños. En segundo lugar, la falta de acceso y suministro de agua potable en zonas rurales del Departamento con un indicador de cobertura urbana de 97,88% y rural de 68,39%.

Por otro lado, en El Departamento se deben brindar oportunidades de inclusión social al 47,43% del total de la población de Antioquia menor de 26 años, 2. 920.000) para garantizar sus derechos; con lo cual las políticas de infancia, adolescencia y juventud deben estar encaminadas al bienestar y calidad de vida del futuro de Antioquia para las próximas décadas.

En este mismo orden, la protección y defensa de los derechos de las mujeres  debe estar enfatizado en varios aspectos:
-         
      Prevención:  violencia intrafamiliar, el maltrato y explotación social
           Desarrollo social: condiciones de empleo dignas y participación social

Así mismo, la población afro-descendiente, indígena, ROM (Gitanos) y en situación de discapacidad merecen una mayor visibilidad en los asuntos públicos y las políticas públicas del Departamento para proteger sus derechos y aumentar los niveles de equidad social.

En este mismo orden, la participación de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos del Departamento y Municipios es el eje central para lograr niveles de transparencia y democratización en la administración pública regional y local, con una articulación para formular y ejecutar políticas públicas para mejorar el bienestar de las comunidades.  Este es el objetivo de la Linea 4 “Inclusión Social” del Plan de Desarrollo 2012-2015 Antioquia la más educada con una inversión de 2, 5 Billones aproximadamente para el cuatrienio. ¿Será posible la inclusión social?

Referencia
Proyecto Plan de Desarrollo 2012-2015. Antioquia La Más Educada .