EL
DEBATE QUE NUNCA LLEGÓ
David
Jiménez[1]
Desde la derrota del
plebiscito del pasado 2 de octubre, el Gobierno Nacional ha concentrado la
agenda pública y política en el Nuevo
Acuerdo Final, y por la otra orilla económica en el Capitolio Nacional,
donde el trámite principal corresponde a la reforma tributaria “estructural”.
Mientras que, por un lado,
para la refrendación del Nuevo Acuerdo
Final, el debate se concentró entre quienes querían otro plebiscito o
referendo, y los que escogieron el congreso.
A la postre, ganó la tesis de que el pueblo participa directamente o a
través de sus representantes, como lo establece el art. 3o.
Este fue el argumento
intelectual para darle legitimidad a la Rama Legislativa, como los honorables
representantes del pueblo. Tal y como se estila en las repúblicas liberales
desde la fundación de los Estados Unidos, no confederados, de América.
El
Presidente con fama de jugador de póker, sin
desatender los compromisos de Colombia con la Organización para el Desarrollo y
la Cooperación Económicas –OCDE-, al fin de cuentas, presentó una reforma
tributaria, donde se destacaban dos extremos: la creación del impuesto a las
bebidas azucaradas, y por la otra, la eliminación de impuesto a la riqueza y
aumento del IVA.
El juego real de poder
En
el congreso, concluyó en que el lobby de las empresas del sector de bebidas
impidió el debate de la iniciativa que la afectaba, lograron salir de la
reforma intactos, y los colombianos pobres y más pobres seguirán sujetos a
engordar y mal nutrirse con el beneplácito del capital transnacional.
Lo
particular, para la paz el congreso es vocero del pueblo, para la reforma
tributaria- impuestos a bebidas azucaradas, al parlamento colombiano lo
influyen las grandes empresas del sector y poco o nada los ciudadanos. La
democracia contemporánea tiene unos problemas históricos, el sector privado
financiando campañas políticas e incluyendo con su poder económico en las
instituciones del Estado, ocasiona la construcción de una democracia
corporativa a favor del gran capital y en contra de los intereses generales de
la sociedad.
Para
eso, el Ministro de Salud Alejandro Gaviria defendiendo políticamente el
impuesto, y el Gobierno del que hace parte, lo deja sin mayorías en el congreso
a merced del poder de la industria, al parecer le hace eco a su reciente
publicación titulada “Alguien tiene que
llevar la contraria”, pero él lleva la contraria no desde el aula de clase
sino en el mismo poder del Estado donde no ha logrado una reforma al sistema de
salud de mercado vigente.
El miedo a la democracia directa
Por
parte de las élites políticas y económicas es grande, por eso impiden que, a
través de referéndums o iniciativas populares, los ciudadanos decidan temas de
economía y hacienda pública. A pesar de existir en la constitución la soberanía
popular, en Colombia, la Ley 1757 de 2015 – Ley de Participación Ciudadana-
impide la realización de consultas populares, referendos o iniciativas
populares legislativas en relación a temas presupuestales, fiscales o tributarias.
En
este caso, los ciudadanos mediante la activación de los artículos 40 y 103 de
la Constitución Política, tiene una restricción jurídica, de decidir en asuntos
económicos. Los únicos con capacidad de decidir sin tener que pasar por unas
elecciones libres, es el gran capital nacional y transnacional. Los que tienen
capacidad de pagar “lobby” a personas para que permanezcan en el Capitolio
Nacional todo el año, y las empresas privadas financiadoras de campañas
políticas, son los que ganan en este juego de cartas marcadas, como le gusta a
los tahúres de la política nacional.
Es
un mal síntoma para la construcción de una paz estable y duradera, mantener
unas instituciones democráticas con voz para privilegiados y poco o nada para
las clases subalternas representada en millones de desempleados, pobres,
campesinos, trabajadores y estudiantes.
[1] Politólogo, magister en estudios
políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
