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sábado, 14 de enero de 2017

CON LA PAZ NO HAY DESACUERDO

CON LA PAZ NO HAY DESACUERDO
David Jiménez[1]

“Gobierno de transición propuesto por las Farc no es viable”. Armando Benedetti, enero 5 de 2017, W Radio

Las negociaciones de paz desde 2012 ha ocasionado debates de quienes se encuentran a favor o en oposición al gobierno nacional, en especial el bloque que representa el actual Presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su enfrentamiento por los diálogos con las Farc-ep.

En este caso, vale la pena recordar la obra del filósofo Jacques Rancière titulada “El desacuerdo: política y filosofía”. Allí nos explica que existe un desacuerdo cuando no hay un objeto común de las partes, se presenta litigio por ambas.

El acuerdo de paz actual, tiene dos líneas rojas trazadas por la afirmación del gobierno: “el modelo económico y político no se negocia”. El famoso acuerdo de paz no soluciona las causas estructurales de la guerra y el conflicto: pobreza, desempleo, inequidad; por mencionar algunos.

Sin embargo, tiene un punto sobre desarrollo agrario integral, pero este queda sometido a la voluntad presupuestal de los gobiernos de turno, sujetos a la famosa regla fiscal que impide al Estado Colombiano adquirir compromisos que aumenten el déficit fiscal de las cuentas públicas.

El sistema político y económico

Es el causante de los conflictos sociales y las desigualdades mismas, no solo en Colombia sino a nivel global, sumado a la exclusión social y política de millones de trabajadores, campesinos y desempleados. El orden estructural vigente, no fue objeto de discusión en La Habana.

Así, el acuerdo de paz aparece reducido a cómo los guerrilleros entran en un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil y política para “gozar” de los indultos y amnistías en la justicia transicional; para eso necesitaban con urgencia el “fast track” en el trámite legislativo.

En cambio, temas tan transcendentales como el salario mínimo de millones de trabajadores y pensionados y la reforma tributaria, ni las Farc, ni tampoco el flamante movimiento político Voces de la Paz fijaron una posición pública al respecto. Al parecer, no quieren tocar las líneas rojas, porque tienen un objeto común que cuidar con el gobierno actual: el statu quo del régimen político vigente desde 1991, y su pareja, la economía de mercado donde se privilegia el gran capital nacional y extranjero. Ambos son intocables para tirios y troyanos.

Cero Debates

Actualmente encontramos cero debates sobre la justicia social y las condiciones de vida de millones de colombianos. Al parecer vamos hacia  una ampliación de la “revolución pasiva,” como dice Gramsci.

Es un lánguido cierre histórico de una guerra de 60 años, sin cambiar el rumbo de las causas del conflicto que se alimentan de la pobreza, el desempleo y la precaria presencia estatal en servicios sociales e infraestructura de calidad en miles de veredas y corregimientos de la otra Colombia.

Por ahora, tres actores: las Farc, la coalición del gobierno Santos y el Uribismo, ninguno pretende cambiar el statu-quo vigente que resume el régimen político y el sistema económico capitalista.

Las discusiones actuales son la forma de hacer de la paz, un simulacro, porque no debaten sobre las condiciones de vida y bienestar de los colombianos que logren una paz y justicia social verdaderas.

La solución es una democracia activa de la sociedad colombiana representada en el hacer directo de millones de ciudadanos, quienes son los que sufren en el campo y la ciudad por sus precarias condiciones de vida, bienestar y salarios, los que resisten todas las exclusiones y padecen todas las discriminaciones.

PD: Al gobierno de transición, no le juegan la coalición del gobierno Santos ni mucho menos el Centro Democrático, el bloque hegemonico del sistema político  



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 11 de diciembre de 2016

LA PAZ CON VETO: UN COMPÁS DE ESPERA.



LA PAZ CON VETO: UN COMPÁS DE ESPERA.

David Jiménez[1]

Los sistemas políticos liberales, con la inclusión del principio de la “separación de poderes”, tiene los poderes de veto institucionales entre las diferentes Ramas del Poder Público. A su vez, el juego político de la democracia también genera los poderes de veto, en este caso, los partidos de oposición al gobierno.

En este sentido, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 01 de 2016 con la intención de reducir el tiempo y el número de debates para los proyectos de ley y de reforma constitucional conocido como el “fast track, facultando al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, el Plan Plurianual de Inversiones por 20 años para las zonas afectas por el conflicto. 

Todo lo anterior está en consonancia con los procesos de implementación del Acuerdo Final de Paz. Por otra parte, esta reforma establece que el acuerdo final se hará con base al artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, y se somete su vigencia a partir de la refrendación popular.

            Desde días anteriores, se conoció que la ponencia de la magistrada María Victoria Calle mantenía el procedimiento del “fast track” bajo la condición de la refrendación popular, sin embargo, a falta de un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, estamos a la espera de una decisión sobre el alcance y efectos del Acto Legislativo 01 de 2016 por el máximo órgano judicial en Colombia.

La juridización de la política 

No solamente en este acto legislativo, la Corte Constitucional tendrá poder de veto, sino que determinará en sus sentencias los diferentes alcances y límites de las reformas constitucionales y leyes sobre la implementación del acuerdo de paz. En este caso, el Congreso de la República como órgano de representación popular ni el Presidente tendrán la última palabra en relación a la implementación del acuerdo final mediante actos legislativos, leyes y decretos con fuerza de ley.

Sin embargo, no se puede desconocer que, desde los inicios de los diálogos de paz en 2012, el Presidente Santos manifestó en algún momento "Los colombianos tendrán la última palabra sobre los diálogos" (Revista Semana, 2016/02/09), cuando hace unas semanas fue refrendado el acuerdo final por el congreso. A su vez, el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2016 en su trámite parlamentario, las ponencias en Senado y Cámara que fueron aprobadas establecen:

(…) los congresistas estamos llamados a desarrollar un mecanismo que permita la implementación, ágil, eficaz y fiel de aquello que los colombianos refrenden en las urnas. No es un tema menor, serán los colombianos quienes previamente y de forma democrática nos den el aval para utilizar estos procedimientos que hoy proponemos con este Acto Legislativo.

El acto legislativo 01 de 2016, desde el inicio de su trámite, estaba claro que la refrendación popular sería en las urnas por parte del pueblo, y darle viabilidad a esa norma constitucional por parte de la Corte, sería desconocer el espíritu de la misma y de sus autores. Porque los cambios de posturas post-plebiscito es el no a la “democracia directa”.

Ahora

                                                       Tanto las Farc y el Gobierno Nacional quedaron temerosos con la “democracia directa” y buscaron la refrendación por el Congreso. En pocas palabras, no activaron el artículo 40, 103 y 374 de la Constitución de 1991, para que se incluya la ciudadanía y a la sociedad en las decisiones para fortalecer la “soberanía popular”. También, los insurgentes de las Farc que pedían a gritos una asamblea constituyente y críticos del régimen político vigente, se sometieron al Poder, reconocen el Estado de Derecho y al Congreso actual como legitimos por encima de la democracia popular directa a la que casi siempre apelaron. 

Mañana, el partido de las Farc, que habrá dejado las armas, en las calles y en el congreso no podrá desconocer decisiones futuras, porque si hoy reconocen el status quo vigente para la refrendación e implementación, sin activar la democracia popular directa de la ciudadanía, al día siguiente no pueden declararlo ilegitimo cuando los poderes públicos elegidos en 2018 y 2022 tomen decisiones que no les convenga o no estén de acuerdo con ellas.


[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 17 de octubre de 2016

LA PAZ PARA TODOS. REFORMA TRIBUTARIA CONTRA LOS POBRES

LA PAZ PARA TODOS. REFORMA TRIBUTARIA CONTRA LOS POBRES

David Jiménez[1]

“El comercio internacional es la sangre que da vida a la economía global e impulsa a las empresas a especializarse e innovar”
Mauricio Cárdenas
Discurso del Presidente de la Junta de Gobernadores del FMI-Banco Mundial, Octubre 8 de 2016

Los resultados del plebiscito, tiene a un sector de la multitud marchando en las principales ciudades, en torno a un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La paz tiene sus dividendos económicos, lo han explicado mucho desde las altas esferas del gobierno Santos, donde la economía tendrá un crecimiento adicional, pero nunca han explicado si los ingresos y la calidad de vida de los estratos 1, 2 y 3 van a aumentar en el post-conflicto. Por ahora la propuesta de reforma tributaria, le trae un dividendo a la élite económica, la eliminación del impuesto a la riqueza.

La intención del Gobierno Nacional de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, donde pertenecen las economías desarrolladas y con crecimiento económico, ahora se viene con un ajuste estructural en la economía, los impuestos.

En primer lugar, se crea el monotributo, un nuevo impuesto para los pequeños comerciantes, donde ejecutan sus actividades especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Los “pequeños” comerciantes no hacen parte del gran capital nacional y extranjero que goza de privilegios tributarios.

Pero el Ministro de Hacienda argumenta la reforma bajo el supuesto de la formalización, pero que desconoce que los pequeños comerciantes (tenderos, peluquerías, misceláneas, entre otros) si pagan impuestos, por un lado pagan el Impuesto de Industria y Comercio a los municipios y por el otro venden productos que ya vienen cargados o facturados con el IVA.

Sin embargo, no todos los pequeños comerciantes tienen altos niveles de ingreso, pero el Ministerio de Hacienda con la falacia de la “formalización” se inventaron una nueva carga tributaria para los comerciantes pobres que no hacen parte de ninguna sociedad comercial o grupo empresarial, porque para controlar la evasión fiscal en el pequeño comercio, deben aumentar la inspección fiscal y tributaria para detectar a evasores sin crear un nuevo tributo sin ninguna distinción, donde se hace sobre los ingresos del pequeño comerciante y no sobre sus utilidades. La nueva reforma, no discrimina cuanto es la utilidad para el comerciante que vende 50, 100 o 200 mil pesos diarios sino que los grava sobre la totalidad de sus ingresos anuales.

En segundo lugar, se propone eliminar el impuesto a la riqueza, un tributo creado para las personas naturales y jurídicas de altos ingresos, dará privilegios a las grandes empresas, una medida anti-progresiva, al eliminar una carga tributaria para las empresas más poderosas del país y por el otro lado aumentar el IVA a los consumidores, en especial  afecta a millones de colombianos que no tienen un ingreso digno para soportar las nuevas cargas tributarias en todo lo que necesite consumir para sobrevivir.

Al parecer, el traidor de Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno de Juan Manuel Santos con esa política busca generar “confianza inversionista” al gran capital nacional y extranjero, uno de los pilares de la política económica Uribista y Santista donde la concentración de la propiedad y la riqueza no cambian de rumbo frente a la vida de millones de campesinos y desempleados excluidos del sistema económico y sus beneficios.

El Gobierno Nacional quiere tapar la caída de sus ingresos en 24 billones, poniendo a tributar a los pobres con más IVA y a los pequeños comerciantes con el “monotributo”, y por el otro lado, el Ministro de Hacienda no habla del valor de 9,2 billones de pesos que cuestan las exoneraciones y beneficios tributarios, de la cual no se quiere derrumbar porque perjudica a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Por lo pronto, parece una ilusión que los principios de equidad y progresividad tributaria, que consiste en que los que tienen más dinero y capital, paguen más impuestos, no hace parte de la ola de la democratización de la paz y del #AcuerdoYa.

En la paz ganamos todos, pero con la reforma tributaria pierden los pobres y los pequeños comerciantes. Por lo que es necesario modificar las pretensiones neoliberales de cobrar la paz a las multitudes de pobres, trabajadores, mujeres, indígenas, afro-colombianos, expoliados y explotados a lo largo de medio siglo, en que la guerra hizo más ricos a los ricos.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP Unal/Unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 27 de septiembre de 2016

PAZ CON SABOR NEOLIBERAL

PAZ CON SABOR NEOLIBERAL

David Jiménez[1]

“La paz es pagable”
Christine Lagarde, Directora del FMI, Portafolio, 27 de septiembre de 2016

El acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos en nombre del Gobierno Nacional y Timoleón Jiménez “Timochencko” en representación de las FARC-EP, el día 26 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cartagena, tiene otra mirada más allá de ese evento protocolario, la paz neoliberal.

Mencionar “paz neoliberal” es hacer alusión al sistema económico de libre mercado y libre comercio con un Estado Mínimo, donde los derechos sociales y económicos no quedan a cargo del Estado sino del sector privado y el mercado, porque el “Acuerdo de Paz” no establece nada del modelo económico, el cual es la fuente de la inequidad y desigualdad social histórica.

La presencia de Christine Lagarde como Directora del Fondo Monetario Internacional –FMI-, es una garantía que el Estado Colombiano no está ni va ad-portas del Castro-chavismo, porque el acuerdo no cuestiona el papel del sector privado y del mercado en la economía, mucho menos pretende el gobierno de la “prosperidad democrática” nacionalizar los recursos minero-energéticos.  

En la entrevista para el Diario Económico Portafolio, la directora del FMI manifestó que el Acuerdo va “de la mano de la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal”, con lo cual, los criterios de sostenibilidad fiscal irán por encima de todo para implementar la paz colombiana. Tampoco los grandes empresarios y el sector financiero han dejado claro, si aumentará el crecimiento económico por hacer tránsito a la paz; si solo ganarán mayores utilidades y dividendos, o si, para nuestra incredulidad, los dividendos de la paz los obtendrán millones de trabajadores y campesinos, quienes gozarían de aumento de sus ingresos y salarios reales.

Ahora bien, no hay certeza si por razones fiscales o de estabilidad macroeconómica desde el FMI al Gobierno Nacional, y no por la fuente tradicional de legitimidad democrática que será la refrendación de los acuerdos mediante el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, se busca la “construcción de paz estable y duradera”.

Entonces podría ocurrir que el gobierno no implemente la reforma agraria integral porque el estudio de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano la cuantifica en 190 billones de pesos de 2016 a 2030.  Por otra parte, la intención del Gobierno de ingresar al “club” de la OCDE, tiene pendiente la asignatura doble de la reforma tributaria y pensional, con la que busca aumentar los ingresos y disminuir el gasto en pensiones; y muy seguramente privilegiar los fondos de pensiones privados, que, con los dineros de los trabajadores, financiarían las autopistas 4G.

Desde la otra orilla están los mineros tradicionales e informales, muchos en zonas de conflicto con presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales, tal como sucede en el Bajo Cauca y Nordeste en el Departamento de Antioquia. A hoy, ellos no tienen una salida jurídica si el Estado va seguir privilegiando las concesiones y títulos mineros a las empresas multinacionales y transnacionales de la minería; o de lo contrario, continuarán en conflicto y lucha por sus derechos.

Por ahora, el Ministro de Hacienda y el Director de Planeación Nacional que se perfilan como precandidatos presidenciales de los partidos tradicionales – Conservador y Liberal -, definirán quienes serán los ganadores económicos del post-acuerdo y hasta qué punto implementarán las medidas ordenadas por el FMI, OCDE y el Banco Mundial. Para saldar la deuda histórica en la educación, salud y agricultura, y, en particular, con el crecimiento y expansión de los derechos sociales y económicos de los colombianos en relación a las pensiones, salarios, educación superior, empleo y vivienda digna.

Decisiones todas que no son de agrado de las organizaciones multilaterales que definen la política y la economía en el mundo neoliberal del siglo XXI. Está más que claro para todos: ellas han hecho retroceder el Estado de Bienestar en los países del primer mundo europeo, acercándolos a lo niveles de la segunda posguerra, desmantelando buena parte de las conquistas obreras obtenidas por su participación en la defensa del capital nacional y transnacional de los aliados.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos Unal. Participante externo del GPYP Unal/Unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

sábado, 26 de marzo de 2016

EL POST-ACUERDO SIN RUTA FIJA

EL POST-ACUERDO SIN RUTA FIJA

David Jiménez[1]

El Presidente Juan Manuel Santos desde su re-elección en 2014, se la ha jugado por la paz, estableciendo como límite el 23 de marzo de 2016 para la firma del acuerdo con las FARC-EP, del que ahora no se mira una posible firma para esa fecha; y donde ni el grupo guerrillero, ni el mismo gobierno dan una fecha tentativa; parece un barco a la deriva sin un norte claro donde la ciudadanía observe el camino para la paz con la principal guerrilla.

Aunque el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirma en RCN Radio en días pasados “Si no se firma la Paz este 23, tampoco será el fin del mundo de ese proceso”, en lo cual tiene razón, pero él olvida que el proceso de paz involucra a toda la sociedad colombiana que es la principal víctima del conflicto armado, de la cual un sector importante no cree en el proceso de paz ni en el plebiscito.

 Tampoco son los protagonistas en la Mesa de Conversaciones en La Habana, a pesar de reconocer que la población civil es la principal víctima del enfrentamiento entre Estado y grupos armados ilegales en toda esta historia de guerra y violencia[2]. Para definir el rumbo del acuerdo, no solo se debe incluir al Centro Democrático con el expresidente Álvaro Uribe como su vocero.

Ellos representan un sector de la sociedad pero no a toda población víctima. No hay duda que al proceso le ha faltado más democracia, incluir a la sociedad en esta negociación, y ésta misma es responsable por falta de exigencia al gobierno para conseguir la democratización del proceso de paz.

Ahora, el Fiscal General de la Nación, un defensor del proceso de paz del Presidente Santos, salió hace poco, negando la necesidad de la refrendación ciudadana de un acuerdo donde la población civil es la principal víctima, desconociendo la realidad social e histórica del conflicto armado sobre los civiles.

En una democracia, los gobernantes deben tener convergencia con los votantes y la sociedad en general, y sobre todo en un proceso de paz, donde la sociedad jugar un papel fundamental para aceptar y apoyar un eventual proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil de los ex combatientes. Esta no solo debe ser un decisión presidencial, bajo el peregrino argumento que la Constitución no exige la refrendación, sino que es perentorio incluir en la agenda pública y política de los asuntos del Estado y del gobierno a la ciudadanía y a la sociedad civil.

En este sentido, como señala William Ospina en su columna dominical hace unas semanas de El Espectador, el protagonista de la paz es la sociedad colombiana. Sin embargo, no se necesita un tercer personaje para dirimir el conflicto Uribe-Santos como alternativa política llámese Fajardo, Vargas Lleras, Jorge Roble o el que sea. En cambio, se debe buscar la movilización ciudadana no solo para la paz sino para exigirle a los gobernantes y congresistas su participación en los problemas del país en educación, salud, inequidad, pobreza, corrupción.

 Donde no hay guerra, confrontación armada, pero a la sociedad se le arrasa el futuro cada día; cuando la población pobre no sale de su situación económica deplorable, mientras que los más poderosos cada vez aumentan su capital y acumulan riquezas materiales e inmateriales con la ayuda del Estado, el gobierno de turno promete la “democratización política” en las urnas para refrendar los acuerdos de paz.  

En suma, urge que la sociedad civil le fije la ruta a la negociación definitiva de la paz, para llegar a una democracia social y económica donde se aumente la redistribución de la riqueza y se disminuyan las brechas sociales; de lo contrario, el post-acuerdo no tiene la ruta fija.



[1] Politólogo, candidato a magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP-UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Pizarro Leongomez, Eduardo (2015). Una lectura múltiple y pluralista de la historia. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Historia del Conflicto y sus víctimas. Bogotá: Ediciones desde Abajo, pp. 82-97

martes, 26 de enero de 2016

LA VERIFICACIÓN AL CESE AL FUEGO EN UN CONTEXTO DE POLARIDAD POLÍTICA

LA VERIFICACIÓN AL CESE AL FUEGO EN UN CONTEXTO DE POLARIDAD POLÍTICA

David Jiménez[1]

La semana anterior, se publicó en los medios nacionales, el papel de las Naciones Unidas y  de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- como verificadores y observadores al cese al fuego y proceso de desarme  entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP.

A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU  aprobó la participación de esta organización internacional en el proceso de paz en Colombia; la financiación de dicha misión de observación deberá ser asumida por Naciones Unidas en un contexto de bajos ingresos fiscales del Gobierno Colombiano por los precios del petróleo solucionada con la venta de ISAGEN para financiar supuestamente la infraestructura.

Sin embargo, la verificación al cese al fuego, los negociadores y la misma guerrilla deben mirar la oposición que tienen en Colombia al proceso de paz el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido Centro Democrático, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares -ACORE-, José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN, por señalar los más importantes.

En otra perspectiva, existen diversas encuestas de opinión pública sobre el proceso de paz, del cual evidencia que la ciudadanía no cree ni acepta lo que está sucediendo en La Habana, demostrándose la falta de apoyo popular al mandato por la paz de Juan Manuel Santos en su relección presidencial.

El plebiscito, para ser un juego electoral y de cálculo político entre votar por la paz o la guerra, está en riesgo; y está claro que lo que se necesita es legitimidad política y social en un proceso de paz que resuelve un conflicto de más de 60 años.

En este contexto, los observadores para la verificación no debe ser solamente la ONU o la CELAC, estos pueden darle garantía a las Farc-EP o al Gobierno, pero vale la pena la pregunta ¿quién le da garantía a los ciudadanos, partidos políticos, gremios económicos y organizaciones sociales?

La respuesta obvia, sería los observadores internacionales, pero por el grado de polarización política, el Gobierno en vez de tener tantos contratos de asesores financiados a cargo del Fondo de Programas especiales para la Paz y buscar que la ciudadanía crea en el proceso de paz, debería fomentar la verificación nacional donde participen los partidos políticos opositores y de la coalición del gobierno, los gremios económicos, las universidades públicas, centros de estudios y organizaciones sociales. Sería muy interesante, confrontar un informe de verificación de la ONU y otro del Centro Democrático y FEDEGAN o de las universidades públicas; estos deberían ser financiados por el Fondo de Programas especiales para la Paz con autonomía e independencia para ejercer actividades.

Los costos de este proceso son altos, pero para buscar legitimidad, se debe incorporar a la oposición política y a la ciudadanía para que sean verificadores, en un sistema político democrático liberal. Es fundamental para las instituciones políticas la voz de la oposición que le da legitimidad, estabilidad y gobernabilidad, si es que eso pretende el Gobierno de la Unidad Nacional.



[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, participante externo GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 19 de enero de 2016

¿ POST-ACUERDO O POST-CONFLICTO?

¿ POST-ACUERDO O POST-CONFLICTO?
David Jiménez[1]

​“Vamos a tratar de cumplir acuerdo de firmar la paz el 23 de marzo: Santos”, W Radio, Enero 15 de 2016

El Gobierno Nacional viene hablando con mayor intensidad de un posible escenario de post-conflicto desde el inicio del proceso de paz en el 2012. Hasta se hacen las cuentas económicas de las ventajas de lograr la paz; y en políticas públicas aparece el Departamento Nacional de Planeación como el think tank para la formulación de programas y proyectos.

Con el supuesto que para el 23 de marzo de 2016 se firmará el acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y las Farc-EP, por el solo hecho de cerrar esa negociación, se afirma que los colombianos no tendrán post-conflicto sino un post-acuerdo.

Sin embargo

En primer lugar, en el proceso de paz no están todos los grupos armados ilegales; está por fuera por el Ejército de Liberación Nacional – ELN – y en el otro lado, se encuentran todas las bandas criminales surgidas y transformadas después del proceso de desmovilización paramilitar en 2005, y de la extradición de sus 17 comandantes en el Gobierno Uribe, y el narcotráfico diversificado y activo.

De ser así, este será otro acuerdo de paz en la historia reciente de Colombia sin contemplar todos los actores en conflicto, como pasó con la ilusión del proceso constituyente de 1991, donde a la postre solo se desmovilizó y se reincorporó a la vida civil y política la guerrilla del M-19, y el PRT.  Más aún, tampoco existe garantía en una eventual desmovilización de las Farc-EP, que un sector de ellas termine transformado en FARCRIM, tal como ya sucedió con los paramilitares.

En segundo lugar, en un post-conflicto, la seguridad urbana en las ciudades debe ser otra. Porque en la eventualidad de un post-acuerdo, las ciudades capitales e intermedias aun presentan problemas de inseguridad. Por ejemplo, existen barrios con guerras y conflictos de causas diferentes. Mientras un ciudadano vea en televisión la firma del acuerdo de paz, en su barrio puede mantenerse las fronteras invisibles como ha sucedido en la ciudad de Medellín con su carga letal en los últimos años.

Los delitos comunes y la paz

El hurto (establecimientos comerciales, callejero, residencias), los fleteos, extorsiones, la venta de estupefacientes, el control territorial del espacio público y de zonas de las ciudades, entre otros; no dejarán vivir en paz a mucha población en las ciudades colombianas con posterioridad a esa firma programada para el 23 de marzo de este año. De ahí, en parte, la simbología implícita en la breve caminata del presidente y el alcalde de Bogotá el pasado martes 19 de enero.

En tercer lugar, la ausencia de Estado no es únicamente realidad compartida en las regiones de consolidación territorial, donde el Gobierno Nacional pretende fortalecer la acción estatal en seguridad e inversión, aunque son territorios actualmente con presencia de grupos armados de toda clase. Solo basta mirar los indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de muchos municipios, para darse cuenta de la ausencia estatal, donde no se garantizan los derechos fundamentales.

 El post-acuerdo definirá territorios a intervenir: pero, por igual, qué pasará con aquellos municipios donde las Farc-EP hicieron presencia y tomas guerrilleras en décadas pasadas; pero los que hoy no tienen presencia allí y actualmente son municipios pobres y rurales. Vale la pena preguntarse, así las cosas, ¿gozarán de la paz convenida?

Finalmente, digamos, sin aventurar mucho que el proceso de paz con las Farc-EP no nos llevará a una paz completa. Por eso, pensamos que es más conveniente utilizar el concepto del post-acuerdo, porque todo será acordado únicamente con este grupo guerrillero y la política presidencial será para la paz con las Farc. Sin embargo, no caben en él todos los actores del conflicto y la violencia. Unos y otros no están “la misma cama”. En suma, no hay cama pa’ tanta gente para llegar a un post-conflicto tan publicitado por estos días.




[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos. Participante externo del GPYP, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com