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sábado, 23 de noviembre de 2013

LA MINERÍA ILEGAL: ¿UNA CAUSA DEL LIBRE MERCADO?

LA MINERÍA ILEGAL: ¿UNA CAUSA DEL LIBRE MERCADO?

David Jiménez[1]

En los años 90s del siglo XX con la expedición de la Constitución de 1991, se instaura vía  constitucional el paso el libre mercado y la internacionalización de la economía. La liberalización económica y comercial también estaba para la minería aurífera, dado que convirtieron el mercado del oro como libre, donde el Estado pasó de ser el único comprador y aparece el sector privado a través de las Fundidoras y las compraventas de oro a nivel regional y local como comercializadoras, tal como lo estipulan el artículo 13 de la Ley 9 de 1991 y el artículo 24 de la Ley 31 de 1992.

La evidencia del mercado del oro

El mercado libre de oro, donde se aplica el principio de la libre competencia, la venta de oro solo tiene como requisito acreditar la procedencia de la mina a través del título minero o una constancia de una alcaldía si proviene de la actividad de barequeo  y los concesionarios de los títulos mineros podrán destinar libremente los recursos minerales explotados. Lo anterior protegido legalmente por el artículo 98 de la Ley 685 de 2001.

La actividad de barequeo como actividad popular es regulada y controlada por los Alcaldes Municipales (arts. 155, 156, 157,158 de la Ley 685 de 2001), y dada la debilidad institucionalidad local[2] permite la manipulación y la corrupción para explotación minera de forma ilegal.

La poca institucionalidad del Estado para intervenir y controlar la comercialización del oro a nivel nacional está dada por sus mismas normas jurídicas, que a través del mercado libre del oro permiten la corrupción y el lavado de dineros (Semana, Febrero 11, 2006. No todo lo que brilla es oro), y la penetración de los paramilitares a través de los alcaldes como afirma el ex comandante Salvatore Mancuso en sus declaraciones judiciales en Estados Unidos que son reportadas por la prensa colombiana.

En la economía criminal, la explotación de oro es una fuente para legalizar dinero proveniente del narcotráfico, tal como lo afirmó Salvatore Mancuso exjefe paramilitar  en el año 2010.  (El Tiempo, Con oro lavan dinero y se roban regalías, reveló el ex jefe 'para' Salvatore Mancuso,  31 de Julio de 2010). En particular, el Departamento del Chocó presentaba declaración ilícita de explotación de oro[3]. A su vez, una nota de la Revista Dinero en 2011[4], revela que las mafias  y bandas criminales, con base en declaraciones de Salvatore Mancuso, traen el oro de Panamá en pequeñas cantidades para venderlo en  el Banco de la República con el respaldo de alcaldes.

Finalmente, mientras el Estado decide criminalizar la pequeña minería, debería reformar el marco normativo que permite el libre mercado del oro, con el objetivo de supervisar y controlar la explotación y comercialización para detectar, investigar y judicializar a los verdaderos criminales, porque destruyendo las retroexcavadoras, la minería ilegal-criminal no se detiene, porque la enfermedad del oro no está en las sábanas, sino que por otros caminos irriga los grandes capitales financieros nacionales y transnacionales.




[1] Politólogo. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Ver más, Giraldo, J. y Muñoz Mora, J.C. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia. Medellín: Universidad EAFIT, Proantioquia
[3] Ver más, Marín Correa, A. (2013, Agosto 17). La ruta de las regalías ficticias. El Espectador, consultado el 14 de noviembre de 2013  http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/ruta-de-regalias-ficticias-articulo-440663
[4] Ver más, Dinero (2011). La nueva lavandería. Consultado el 10 de noviembre de 2013 http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/la-nueva-lavanderia/120971

jueves, 25 de julio de 2013

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MINERÍA?

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MINERÍA?

David Jiménez[1]

Los pequeños mineros desde el 17 de julio de 2013 en diferentes zonas del país están realizando protestas en contra de la política nacional minera en relación a la minería tradicional y artesanal.

Sin embargo,  el conflicto por el desarrollo minero-energético del país implementado por el Gobierno Nacional tiene varios antecedentes. En 2011 el Ministro de Minas, hoy Ministro de Hacienda, le dijo a El Tiempo (Noviembre 5, 2011):  “A la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico”.

Esa visión de la minería ilegal desborda de la realidad. Es cierto que existen actores legales o ilegales que capturan rentas, como el caso de la minería, pero tratar a todos los mineros como criminales es un notable desacierto por grandes razones.

En primer lugar, la minería tradicional y artesanal tiene  su historia desde la colonia española durante el virreinato de la Nueva Granada. En el Distrito Minero de Zaragoza, el Bagre, Segovia y Remedios tenemos mineros tradicionales y artesanales pero es una zona con alta intensidad del conflicto, donde convergen guerrillas y neoparamilitares desde hace décadas.
El Estado central no ha tenido la capacidad para confrontarlos y judicializarlos; además  existe el cáncer crónico de la corrupción histórica de las regalías; así  aún podemos ver a Segovia y Remedios sin un servicio de acueducto y alcantarillado que reúna todas las calidades técnicas y sanitarias, cuando por muchos años han recibido miles de millones en regalías que se han quedado en los bolsillos de caciques locales y regionales. El caso Pérez García, para citar uno apenas, es emblemático y sintomático de esta desgracia.

En segundo lugar, los requisitos para acceder a un titulo minero, la producción normativa que los regula, creada por el Congreso y el Gobierno Nacional está destinada para el gran capital nacional y transnacional de la minería. En resumen, un pequeño minero no tiene cómo competir con Mineros S.A. o Gran Colombia Gold para que le adjudiquen conforme a la ley vigente un título minero.

Al mismo tiempo, otro gran problema es que vemos el vergonzoso tránsito ”normal” entre directivos de las entidades públicas del orden nacional y departamental que tuvieron a su cargo al área minera, quienes una vez salen de sus cargos terminan laborando como empleados de diverso rango en las grandes empresas mineras.

De este proceder es ejemplar el caso del ex director de INGEOMINAS Julián Villarroel. Él ahora trabaja casualmente para el proyecto Gramalote de Anglogold Ashanti, sin ningún impedimento ético. Por el contrario, debería existir alguna clase de inhabilidad de los ex servidores públicos para trabajar en el sector privado que fue objeto de regulación, inspección y vigilancia cuando aquellos se desempeñaron como empleados públicos.
Eso son los temas que en verdad deben estar en la agenda legislativa del Congreso y del Gobierno, pero no ocurre así hasta hoy. Para lograr que la política minera sea transparente en el ámbito nacional y territorial sin impedimentos éticos de servidores o ex servidores públicos.

En tercer lugar, la soberanía nacional está siendo amenazada con la gran minería. Ellos con sus títulos mineros compran grandes extensiones de tierra al igual que las compañías de la llamada forestación Industrial, desplazan a pequeños mineros y campesinos. Afectan la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio, y algún día el resultado que se incuba a nuestra vista es que un gran porcentaje del suelo estará en manos de extranjeros.
Así que, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales deben declarar zonas libres de la minería por su importancia ecológica, hídrica y ambiental para el famoso “Desarrollo Sostenible” de la política ambiental desde los años 90s del siglo XX.

En cuarto lugar, las regalías reformadas por el sistema general de regalías que le da poder al Gobierno Central para aprobar y decidir en la ejecución de los proyectos, debe mostrar un horizonte de buen gobierno, y no de descarada centralización administrativa alcabalera  ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, sin claros y eficientes resultados que respalden su injerencia.

Finalmente, como dicen, el “meter a todos en un mismo costal” es un error del Gobierno Nacional, porque su debilidad histórica para confrontar, investigar y judicializar a los ilegales y criminales no puede resolverse  igualando y desconociendo las raíces coloniales de la minería tradicional y artesanal de la cual viven miles de colombianos que ahora protestan en las carreteras y poblados de la Colombia profunda que se soslaya, a no ser que proteste y se hagan sentir de diferente manera como estas últimas semanas.




[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com