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sábado, 17 de junio de 2017

EL GOBIERNO SANTOS SIN LECCIONES PARA MADURO

EL GOBIERNO SANTOS SIN LECCIONES PARA MADURO

David Jiménez[1]

Pretenden dictarle a Venezuela pautas cuando su país está en llamas
Nicolás Maduro

En meses pasados, el régimen político venezolano adoptó a través del Tribunal Supremo la suspensión de las funciones de la Asamblea Nacional de aquel país, controlada por la oposición política interna y externa. La medida causó críticas de todos los lados del continente, y en Europa.

El diseño de la democracia moderna, constituido por Montesquieu o Locke, en particular, la división de poderes es un elemento indispensable para el sistema político democrático liberal hasta nuestros días.

Sin embargo, en Colombia, al gobierno de turno y a la oposición del CD parecen preocuparle mucho el destino de Venezuela. Empero, aquí tenemos un sistema de gobierno presidencial que controla el Congreso de la República, cuando nuestro poder legislativo, por el contrario, no está suspendido judicialmente de sus funciones.

Neopresidencialismo y superclientelismo en Colombia

Sin embargo, los congresistas que no parlamentarios llevan en Colombia dos siglos haciendo la tarea de notarios, y negociando debajo de la mesa con el Ejecutivo. Sobre todo, después de la reforma político administrativa de 1968, cuyos principales artífices fueron Jaime Vidal Perdomo, y el presidente Carlos Lleras Restrepo. Peor aún, la Constitución de 1991, en su diseño, en algunos aspectos progresiva, instauró en cambio más de lo mismo: a un presidente que corona la pirámide clientelista.

Este neo presidencialismo aparece cobijado dizque por la transparencia del DNP  y el CONPES, mientras que el Congreso no tiene modo de controlar los  consabidos repartos presupuestales, que se califican de mermelada por las denuncias reiterativas del Centro Democrático, que ahora padece de relativo ayuno, porque, eso sí, cobran puntualmente su paga como congresistas viajeros.

En este sentido, para nada sobra recordar una frase del ex magistrado Carlos Gaviria “si la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿cómo es posible que las mayorías estén desprotegidas y se encuentren en la pobreza o en la miseria?"[2].    

Porque resulta inexplicable que una mayoría de congresistas que dizque representan a los Departamentos y Municipios, cuyos territorios se mantienen en recurrente e insultante pobreza y violencia, mientras que la riqueza colombiana sigue en poder de unos pocos, y los pobres en su mayoría no están representados por el interés general en el Congreso de la República.

La hipocresía internacional  

Nadie a nivel internacional como Estados Unidos o la Unión Europea, le importan cómo funcionan las instituciones políticas, al tener un presidente que controla las demás ramas del poder público, donde la tal división del poder ni el sistema de pesos y contrapesos funcionan, porque están cooptados.

Por otra parte, algunos a nivel internacional les repugna el llamado de Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente para resolver la crisis. Pero en Colombia, algunos municipios utilizaron la herramienta constitucional de la consulta popular, para decidir si querían o no actividades mineras en sus territorios.

Sabida es que la ciudadanía decidió en contra de la minería; enseguida lo que el Gobierno Nacional intenta primero es desconocer los resultados democráticos. Pero, nadie, ni en la Unión Europea o Norteamérica se manifiesta sobre cómo un gobierno desconoce autoritariamente un resultado electoral.

 Porque en este caso sus multinacionales son las afectadas por la democracia directa y popular; no les ofrece en bandeja más privilegios mineros como acostumbran las instituciones representativas cooptadas desde la colonia española hasta nuestros días.

¿Y el ruido constitucional y legal?

También es sabido que, en 1991, Colombia adopto un modelo de república unitaria descentralizada, recientemente el Concejo Municipal de Jericó (Antioquia) aprobó prohibir actividades mineras en su territorio, pero el gobierno nacional también pretende desconocer las instituciones políticas representativas locales.

Ni que decir del Plebiscito sobre la negociación de paz con las Farc-Ep. Ganó el NO por algo más de 50.000 votos. Lo primero que hizo el gobierno fue refrendarla por una de las instituciones políticas más desprestigiadas, el Congreso. Tampoco nadie en el extranjero menciono nada. Ahora, continuando la cadena, que no nos resulte extraño cuando se desconozcan consultas populares, referendos o decisiones de autoridades locales a futuro por parte del Gobierno Centralista.

No hay duda, el Gobierno Nacional le teme más todavía a la democracia real y participativa, así que Santos no tiene mucho para mostrar, y menos darle lecciones a otro gobierno, el de Nicolás Maduro, y sus oponentes, quienes, son  iguales o peores que el nuestro.

En cantados todos, con preservar sus privilegios, y rezongar cuando los pierden frente a los nuevos inquilinos del solio de Bolívar.  La cura, por supuesto, está en la democracia, en la participación ciudadana con plenos poderes constituyentes y destituyentes, de la que habló Carlos Marx, en sus notas críticas sobre la filosofía hegeliana del derecho público, durante la primera mitad del siglo XIX. Conviene pasarle revista, en estos tiempos de “cacareos democráticos” y de supuestos “demócratas”.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del grupo Presidencialismo y Participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Revista Semana, 10 de abril de 2006

miércoles, 13 de julio de 2016

UN ANTAGONISMO GLOBAL: LA INMIGRACIÓN

UN ANTAGONISMO GLOBAL: LA INMIGRACIÓN
David Jiménez§

El modo de producción de capitalista genera personas ricas y pobres, igual pasa con las economías de los países, muchas personas con desempleo, sin oportunidades o países en conflictos, migran a las llamadas economías desarrolladas para obtener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, la libre circulación de personas es un asunto incumplido por el sistema capitalista, donde el  mercado de capitales se mueve libremente, pero las personas tienen restricciones para vivir, trabajar o visitar determinados países, sobre todo, las economías en vías de desarrollo a los países desarrollados son discriminadas. Por otra parte, el nacionalismo del primer mundo incentiva el racismo al tratar de promover cambios políticos internos con un discurso que culpa a los extranjeros de sus problemas económicos y sociales presentes o futuros.

La globalización económica y el nuevo apartheid

La globalización económica, por un lado, promueve los tratados de libre comercio y libre circulación de los mercados de capitales en las Bolsas de Valores y los Bancos de todo el planeta; así genera un antagonismo, una nueva forma de apartheid como señala Zizek (2016), en este caso se da entre los países desarrollados “primer mundo” y los llamados en vías de desarrollo, el llamado  “tercer mundo,” porque el “segundo mundo” no son más los países socialistas de la guerra fría sino quienes disputan ahora el comando del orden económico y político global como Rusia y China con el primero, donde se alinean Estados Unidos, Alemania unificada y de nuevo Japón.

Ahora se discrimina más al extranjero y se le culpa de los problemas nacionales, al acusarlo de quedarse con los empleos o ser violentos; o del alto gasto fiscal que genera su atención por los servicios sociales que se les suministran. De ahí que el discurso neo populista incentive más restricciones migratorias contra el tercer mundo, donde no solamente circula el capital transnacional que expolia sus economías, y vuela cada vez que le conviene, sino millones de personas se desplazan acicateadas por la pobreza, o la guerra que estalla en diferentes partes del planeta.


El caso de la provincia de Ontario

El crecimiento de la discriminación es una alerta, que permite revisar lo que pasa en la provincia de Ontario en Canadá. En el mes de julio de 2016 se publicaron los resultados de una encuesta dado a conocer en el diario Toronto Star con el título “Ontario facing epidemic of Islamophobia”. Anuncia que solo una tercera parte de la población acepta el Islam, la otra la rechaza, sumado a la existencia de grupos anti-inmigrantes en Toronto.

La nueva forma de apartheid, no solo se apoya en el diferente color de la piel como ha venido sucediendo hace siglos, sino en particular, subraya la nacionalidad o religión. Claro, entre los habitantes del primer mundo no existe discriminación o restricción migratoria para que un británico viaje o se haga residente en Canadá, pero si es un sirio, se enfrenta no solo a los obstáculos de las legislaciones de cada país, sino ahora al riesgo de ser atacado o golpeado por grupos radicales cuando viva en el primer mundo en caso de lograr la residencia.

Norteamérica y Europa Occidental tienen debates políticos internos de aceptar o no refugiados, o de definir cuotas por países, sumado a la movilización política anti-inmigrante de los partidos políticos de derecha. Esta bandera del apartheid mueve más la “conciencia” de la población occidental que la integración económica y política.

Tal como sucede con la Unión Europea, donde el brexit británico no solo busca salirse del bloque, sino que, principalmente, sus promotores buscan implementar políticas anti-inmigratorias y restringir la circulación de personas provenientes de los países del tercer mundo, porque dizque éstas amenazan su bienestar actual.

Los afectados de hoy son los musulmanes, pero en general siguen en turno todas las nacionalidades que no pertenecen al grupo G8 ni al club de países que son potencias económicas y militares.

No sabemos si esta epidemia el día de mañana alcance también a las “economías emergentes” de Brasil, Sudáfrica o India. Resulten los políticos acusando a extranjeros de sus problemas internos. Entonces las nuevas formas de apartheid no solo serán contra los musulmanes sino con todo aquel que migre de su país de origen por causas económicas o el conflicto interno o entre vecinos. La plaga será global y de proporciones “bíblicas”.







§ Politólogo, Magister en estudios políticos. Participante Externo GPYP Unal/unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 12 de enero de 2016

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (II)

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (II)

“No habrá espejo retrovisor. No perderé ni un minuto mirando hacia atrás. No entraré en polémicas inútiles” Luis Pérez Gutiérrez, Discurso de Posesión, 1 de enero de 2015

David Jiménez[1]

                                                         La administración departamental 2016-2019 recibe unas finanzas públicas en alerta roja, porque no tendrán gran margen de endeudamiento para financiar su plan de gobierno y un presupuesto de inversión disminuido, porque la región no tiene buena salud económica.

El nuevo gobierno, es de un estilo diferente a Fajardo, una antítesis, muy marcada en el discurso de posesión del 1o. de enero de Luis Pérez en el hall de la gobernación, y, por tanto, con prioridades distintas.

El discurso de posesión

 Luis Pérez con el mensaje “Recibo del Gobernador Sergio Fajardo un Departamento de Antioquia que está camino a la bancarrota”, muestra su incomodidad frente a la situación financiera en la que recibe a una de las principales regiones del país.  

El Gobernador Pérez no recibe una buena herencia, recibe retos y metas en materia fiscal en dos aspectos, uno es garantizar la sostenibilidad fiscal, y por el otro, financiar su programa de gobierno.

El Gobernador Sergio Fajardo Valderrama dejó la deuda pública del Departamento de Antioquia en 1, 37 billones. Cuando la recibió estaba en $640 mil millones. Una cifra preocupante para el gobernador actual donde con su equipo de gobierno deberá analizar las fuentes de financiación para su plan de desarrollo 2016-2019, y para dar satisfacción relativa a las promesas electorales en vías y desarrollo rural. Y, por sobre todo, para retribuir a los que financiaron su campaña triunfal con largueza.

Una parte de la deuda se encuentra en dólares, la deuda pública externa paso de 66 mil millones en 2011 a 424 mil millones a noviembre de 2015; cuando desde hace 2 años se venía una revaluación del dólar, la gobernación de Antioquia adquirió mayor deuda en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Agencia Francesa para el Desarrollo.

Para nada la Secretaria de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación hicieron análisis sobre los costos de adquirir deuda en moneda extranjera en las vigencias 2014 y 2015. Es una lástima que el marco fiscal de Mediano Plazo 2016-2015, todavía no haga alusión de los costos y riesgos de adquirir deuda en dólares.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2015

 En su plan financiero proyecta la adquisición de deuda pública interna de 386 mil millones para el período 2016-2019, proyectando un índice de sostenibilidad (división entre saldo de la deuda / ingresos corrientes)  de la deuda en 78,17% para 2016 cuando el límite legal de la Ley 358/1997 es del 80%, al borde del margen para adquirir recursos del crédito.

 A su vez, el mismo documento señala que el saldo de la deuda pública en 2019 será de 1,21 billones de pesos, en pocas palabras, la administración de Sergio Fajardo le dejará la meta al nuevo gobernador de reducir el nivel de deuda pública y mejorar los índices de capacidad de pago.

El exgobernador Fajardo se raja

Finalmente, el exdiputado liberal Adolfo León Palacios, uno de los críticos de la gestión fiscal y financiera de la administración de Sergio Fajardo en los últimos 2 años, es quien ahora ocupa, ni más ni menos, el cargo de secretario de Hacienda Departamental de la mano de Luis Pérez.

Él deberá demostrar su capacidad y coherencia con su discurso de oposición ahora que es parte del gobierno para fortalecer las finanzas públicas de Antioquia.

El exgobernador Fajardo, por lo pronto, quedó parado en luz roja, y ni modo de argüir que no sabe de cuentas, porque es un matemático con todos los títulos, y dispuesto a ser maestro de su departamento, pero queda claro, que nunca en materia de finanzas públicas, asignatura calificada con 2,5.



[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, participante externo del GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 13 de octubre de 2014

TODOS QUIEREN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

TODOS QUIEREN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

David Jiménez[1]

El Gobierno Presidencial de la Unidad Nacional, así como los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, quieren cambiar la constitución de 1991.  Desde la oposición, se manifiestan al respecto el Polo Democrático[2] , el Centro Democrático[3]  y la Alianza Verde[4] , por la coalición de Gobierno,[5] y  también  los conservadores[6]. Todos quieren  tener “velas en ese entierro”.

El trámite cursado hasta el momento, sin embargo,  es la iniciativa presentada por Juan Fernando Cristo en el Proyecto de Acto Legislativo No 018 de 2014[7]. Pendiente de la aprobación en plenaria para segundo debate en el Senado de la República. El propósito no es pequeño, porque pretende reformar 40 artículos de la carta política de 1991. Evidenciándose, de prosperar, una sustitución del ejercicio constitucional por parte del constituyente derivado, haciendo, en cambio, uso de su facultad constitucional de reformar la Constitución Política.

Los partidos políticos con representación en el Congreso de la República sean de la coalición u oposición, con sus iniciativas de reformar la estructura del Estado definida en 1991,  son casi sin excepción los más desprestigiados ante la opinión pública desde hace décadas y en la historia reciente. Los episodios de la utilización del presupuesto público para obtener votos, la parapolítica, la farcpolítica, la corrupción y el narcotráfico así lo prueban.

En suma, unos y otros no están en condiciones democráticas y políticas para utilizar la figura de acto legislativo para reformar los poderes de los que hacen parte e interfieren en la postulación o designación de los altos funcionarios del Estado. Más aún cuando en los ejercicios preliminares nada se ve al respecto de una verdadera democratización en el ejercicio de los poderes públicos, con una efectiva presencia ciudadana.

Es natural, el sistema político exige reformas democráticas, pero por el constituyente primario – el pueblo mediante referendo  o una constituyente-, sin que obedezca a una norma jurídica anterior y a los apetitos electorales de los gobernantes de turno, quienes deciden a su amaño cambiar las reglas de juego establecidas en el régimen político aún vigente; aunque convertido en un verdadero sayal, una colcha de retazos con algunos remiendos democráticos que son pequeños respiros a un asfixiante autoritaritarismo en progresión geométrica desde los tiempos del primer presidente César Gaviria, y sus sucesores.

Los riegos de la inestabilidad política

Eso sí, los partidos de la coalición u oposición con sus intereses de reformar la constitución y la comisión primera del Senado demostraron que podría trabajar horas y horas de martes a jueves para aprobar con prisa y sin intervención de la ciudadanía y la sociedad civil la reforma a 40 artículos de la Constitución de 1991.

Unos y otros olvidan que estamos a un año de elegir autoridades territoriales donde ya está definido un calendario electoral. Ellos hacen cuentas alegres, y presumen que la Corte Constitucional va a declarar exequible tan desbordada reforma a la constitución de 1991.

Por lo pronto, vale la pena formular  estos interrogantes:
 ¿Qué sucedería si antes de las elecciones de octubre de 2015 la Corte Constitucional declara inexequible la reforma?
¿Qué exigirán las Farc en La Habana para cambiar el sistema  judicial, de gobierno, electoral y de partidos ?

Así las cosas, la solución a la crisis orgánica del sistema político colombiano, es una constituyente para que el pueblo decida si permanece o no el statu-quo. Para lo cual para nada sobra inventariar el estado actual de los ejercicios constituyentes, que motu proprio los grupos y clases subalternas han estado ensayando contra viento y marea.  Tal es la verdadera fuerza constituyente que para nada asoma la cara en los ejercicios auto-complacientes del tradicional “país político”, eso sí, muy dispuesto a trabajar para bien de la “patria”.







[1] Politólogo y estudiante de la maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Participante externo del grupo presidencialismo y participación UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Proyecto de Acto Legislativo No 22 de 2014 Senado
[3] Proyecto de Acto Legislativo No 19 de 2014 Senado
[4] Proyecto de Acto Legislativo No 12 de 2014 Senado
[5] Proyecto de Acto Legislativo No 18 de 2014,  No 05 de 2014, No 04 de 2014, No 01 de 2014 Senado
[6] Proyecto de Acto Legislativo No 06 de 2014 Senado 
[7] Acumulado con los proyectos de acto legislativo No 02, 04, 05, 06 y 12 de 2014 Senado de reforma al equilibrio de poderes

domingo, 8 de septiembre de 2013

LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO: ¿ES UN MITO?

LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO: ¿ES UN MITO?
David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional desde 2012 nos habla de un Acuerdo para la Terminación del Conflicto,  fruto de las negociaciones en La Habana con las Farc-ep. De esta manera, el Congreso Colombiano de mayoría gobiernista aprobó el Marco Jurídico para la Paz, y muy seguramente aprobará la ley que convoca al pueblo al referendo de la paz.

Sin embargo,  debemos tener claro si el proceso de paz con las Farc-ep es un éxito, eso no será traducido en paz en todo el territorio nacional, dado la alta presencia de grupos armados ilegales en toda la geografía, la publicación de El Espectador (27.08.2013) sobre el informe de INDEPAZ  sobre la presencia de estos grupos así:

-      -    Bandas Criminales: presencia en 31 Departamentos y 409 municipios
-       -   Farc-ep:  presencia  en 28 Departamentos  y 262 municipios
-         -  ELN:  presencia en 13 Departamentos y  72 municipios

Con lo anterior, si el país tiene 32 Departamentos y 1.100 municipios aproximadamente,  se muestra la debilidad del Estado para garantizar su presencia (judicial, militar, policial, fiscal y social)  en todo el territorio. Así que, una negociación exitosa para la paz sin tener en cuenta a las Bandas Criminales o Neoparamilitares y al ELN, no se verá reflejada en paz y tranquilidad en muchos municipios del país, sin tener en cuenta que las FARC en un eventual proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil terminen algunos disientes y reincidentes en formar bandas criminales en los territorios; un gran riesgo que no se discute en el Congreso, La Habana y la Casa de Nariño.

Así que, la terminación del conflicto será ficción si no se aprende las lecciones de las pasadas negociaciones con guerrillas y paramilitares, y dado que si no se incluyen todos los actores en conflicto en el dialogo, los usos de la violencia y el terror continuaran como si nada hubiera cambiado, la solución a eso es más “Democracia Real”, que transcienda la democracia representativa incorporada en una entidad desprestigiada social y políticamente por la sociedad colombiana como lo es el Congreso de la República,  que aunque tiene la función constitucional de hacer las leyes y reformar la constitución, en episodios trascendentales para la Democracia Colombiana son cuestionables que se hagan por el constituyente derivado y no por el constituyen primario.

El referendo de la paz

El calendario electoral del 2014, con la presentación del proyecto de ley para convocar a un referendo por la paz, es cuestionable por varias razones.  En primer lugar, la democracia delegativa representada en el Congreso de la República tramitará un proyecto para convocar al pueblo a referendo cuando ni siquiera el Gobierno Nacional y las Farc-ep han firmado o suscrito acuerdos sobre temas que discuten en forma abierta y pública a la sociedad política y civil. En segundo lugar, el proyecto de referendo supone un escenario en los próximos meses de que el Gobierno Nacional firmará un acuerdo con las Far-ep, la Corte Constitucional avalará dicha ley para convocar a referendo y por último, ganarán en las urnas porque harán que la elección coincida con otra para que la participación electoral  sea mayor en contra de la abstención. Y finalmente, no conocemos bién (toda la sociedad) como va el proceso de negociación, con lo cual vale la pena estos interrogantes: ¿cuáles serán los mecanismos para incorporar todos los acuerdos a la estructura jurídico-legal del Estado?, ¿Cómo será el proceso de desmovilización, desarme y reincorporación?, ¿Quienes estarán sometidos a la justicia ordinaria y a la justicia transicional cumpliendo las normas del Derecho Internacional? , ¿Cómo serán los mecanismo de reparación a las víctimas de las Far-ep?; son algunas inquietudes que podrían resolver las reservas que tienen muchos sectores con el proceso de negociación en escenarios de polarización donde no conocemos bien lo que se negocia y discute en La Habana o si estamos en un cuento de ficción.




[1] Politólogo. Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

jueves, 25 de julio de 2013

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MINERÍA?

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA MINERÍA?

David Jiménez[1]

Los pequeños mineros desde el 17 de julio de 2013 en diferentes zonas del país están realizando protestas en contra de la política nacional minera en relación a la minería tradicional y artesanal.

Sin embargo,  el conflicto por el desarrollo minero-energético del país implementado por el Gobierno Nacional tiene varios antecedentes. En 2011 el Ministro de Minas, hoy Ministro de Hacienda, le dijo a El Tiempo (Noviembre 5, 2011):  “A la minería ilegal hay que darle el mismo tratamiento que al narcotráfico”.

Esa visión de la minería ilegal desborda de la realidad. Es cierto que existen actores legales o ilegales que capturan rentas, como el caso de la minería, pero tratar a todos los mineros como criminales es un notable desacierto por grandes razones.

En primer lugar, la minería tradicional y artesanal tiene  su historia desde la colonia española durante el virreinato de la Nueva Granada. En el Distrito Minero de Zaragoza, el Bagre, Segovia y Remedios tenemos mineros tradicionales y artesanales pero es una zona con alta intensidad del conflicto, donde convergen guerrillas y neoparamilitares desde hace décadas.
El Estado central no ha tenido la capacidad para confrontarlos y judicializarlos; además  existe el cáncer crónico de la corrupción histórica de las regalías; así  aún podemos ver a Segovia y Remedios sin un servicio de acueducto y alcantarillado que reúna todas las calidades técnicas y sanitarias, cuando por muchos años han recibido miles de millones en regalías que se han quedado en los bolsillos de caciques locales y regionales. El caso Pérez García, para citar uno apenas, es emblemático y sintomático de esta desgracia.

En segundo lugar, los requisitos para acceder a un titulo minero, la producción normativa que los regula, creada por el Congreso y el Gobierno Nacional está destinada para el gran capital nacional y transnacional de la minería. En resumen, un pequeño minero no tiene cómo competir con Mineros S.A. o Gran Colombia Gold para que le adjudiquen conforme a la ley vigente un título minero.

Al mismo tiempo, otro gran problema es que vemos el vergonzoso tránsito ”normal” entre directivos de las entidades públicas del orden nacional y departamental que tuvieron a su cargo al área minera, quienes una vez salen de sus cargos terminan laborando como empleados de diverso rango en las grandes empresas mineras.

De este proceder es ejemplar el caso del ex director de INGEOMINAS Julián Villarroel. Él ahora trabaja casualmente para el proyecto Gramalote de Anglogold Ashanti, sin ningún impedimento ético. Por el contrario, debería existir alguna clase de inhabilidad de los ex servidores públicos para trabajar en el sector privado que fue objeto de regulación, inspección y vigilancia cuando aquellos se desempeñaron como empleados públicos.
Eso son los temas que en verdad deben estar en la agenda legislativa del Congreso y del Gobierno, pero no ocurre así hasta hoy. Para lograr que la política minera sea transparente en el ámbito nacional y territorial sin impedimentos éticos de servidores o ex servidores públicos.

En tercer lugar, la soberanía nacional está siendo amenazada con la gran minería. Ellos con sus títulos mineros compran grandes extensiones de tierra al igual que las compañías de la llamada forestación Industrial, desplazan a pequeños mineros y campesinos. Afectan la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio, y algún día el resultado que se incuba a nuestra vista es que un gran porcentaje del suelo estará en manos de extranjeros.
Así que, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales deben declarar zonas libres de la minería por su importancia ecológica, hídrica y ambiental para el famoso “Desarrollo Sostenible” de la política ambiental desde los años 90s del siglo XX.

En cuarto lugar, las regalías reformadas por el sistema general de regalías que le da poder al Gobierno Central para aprobar y decidir en la ejecución de los proyectos, debe mostrar un horizonte de buen gobierno, y no de descarada centralización administrativa alcabalera  ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, sin claros y eficientes resultados que respalden su injerencia.

Finalmente, como dicen, el “meter a todos en un mismo costal” es un error del Gobierno Nacional, porque su debilidad histórica para confrontar, investigar y judicializar a los ilegales y criminales no puede resolverse  igualando y desconociendo las raíces coloniales de la minería tradicional y artesanal de la cual viven miles de colombianos que ahora protestan en las carreteras y poblados de la Colombia profunda que se soslaya, a no ser que proteste y se hagan sentir de diferente manera como estas últimas semanas.




[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 16 de junio de 2013

CORRUPCIÓN A LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIONALIDAD

CORRUPCIÓN A LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIONALIDAD

David Jiménez[1]

En el 2011 la opinión pública colombiana comenzó a darse cuenta de la corrupción en Bogotá D.C. por los medios de comunicación y la justicia con el famoso “Cartel de la Contratación” con Alcalde, Senador, Contralor,  Gerentes, Concejales y Contratistas del Distrito dispuestos en una red de captura del Estado a nivel distrital para apropiarse de las rentas públicas.
Sin embargo, lo sucedido en la Capital de la Republica ilustra una de las debilidades de la democracia colombiana: la calidad de las instituciones.

En primer lugar, el Distrito Capital al igual que cualquier municipio, además de tener la Personería Distrital cuenta en su estructura jurídico-administrativa con la Contraloría Distrital para el control fiscal de recursos públicos; y  es la única ciudad de Colombia en tener  la Veeduría Distrital, que es entidad encargada de vigilar la transparencia en la gestión de todas las entidades públicas del nivel distrital en Bogotá D.C. Pese a lo anterior, el contar con instituciones de control  de la gestión publica, la corrupción abarcó hasta el excontralor Morales Russi en  el carrusel de la contratación.

En segundo lugar, en el Distrito Capital están también las sedes principales de la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, Presidencia, Congreso y altas cortes de la Rama Judicial.  El fortalecimiento del cartel corrupto de la contratación en Bogotá se aprovechó de la ineficiencia de los organismos de control, administrativos y judiciales del orden nacional, que sin embargo actuaron por las noticias de los medios de comunicación, no por el ejercicio propio de su función.

Entonces la corrupción en Bogotá se debe las ineficientes instituciones públicas, que cooptadas por la corrupción y el clientelismo no cumplen con los fines dispuestos por la constitución política y la ley.  Vista la captura del Estado a nivel distrital con la inoperancia de las entidades del orden nacional en la misma Capital de Colombia, qué podemos pensar de la suerte de las gobernaciones y alcaldías en toda la geografía institucional del país. Estas adolecen de instituciones de control a la gestión pública.

Muchos municipios apenas tienen Personerías municipales como único órgano para vigilar la función pública; por lo que no es un secreto que en cambio existen redes y carteles de corrupción a nivel regional y local. Estos no han sido detectados por la institucionalidad cuando “acreditan” en el papel acueductos  y  vías construidas en la ficción de los informes contractuales y de interventoría de las entidades estatales, pero que en la realidad no son más que mamparas del asalto continuado al erario municipal o departamental en medio de la mayor impunidad imaginable.

El escándalo de corrupción en Bogotá revelado por medios de comunicación y probado por el sistema judicial nuestro, es el síntoma de la debilidad de las instituciones en nuestra precaria democracia liberal, porque toda la ilegalidad y criminalidad perpetrada lo fue a los ojos de la institucionalidad distrital y nacional. Las famosas reformas de la transparencia y el buen gobierno no han servido para fortalecer los órganos de control y la Rama Judicial en los más de 1100 municipios en la función de prevenir, detectar, investigar y sancionar los delitos de corrupción.

El discurso del Buen Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se ha quedado ayuno, a pesar de contabilizar el respaldo de su mayoría parlamentaria, quienes presentaron con ruido y estridencia como solución al problema el tristemente famoso Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, que fuera de la retórica moralizante no fortaleció ni técnica y mucho menos humanamente los órganos de control y la rama Judicial. Tampoco está garantizada la independencia política del Procurador, Contralor, Fiscal y sus pares en las regiones y localidades.

Finalmente, la solución es más democracia con el fortalecimiento de las instituciones,  con el control ciudadano directo, la independencia política y una capacidad presupuestal y técnica adecuadas al cumplimiento de sus funciones en toda la geografía institucional colombiana.



[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 24 de marzo de 2013

LA MINERIA EN ANTIOQUIA: ¿Dónde están los Verdes?


LA MINERÍA EN ANTIOQUIA: ¿Dónde están los Verdes?

David Jiménez[1]

Colombia, desde hace años viene generando y recogiendo mucho menos de la renta minera que motiva la llegada de capitales extranjeros con los deseos de explorar y explotar los recursos minerales, en especial, aunque a muchos no les parezca, el oro.

El Departamento de Antioquia no es la excepción, y parece regresar a los tiempos novelados en La Marquesa de Yolombó (1926), recreados a través de la penetrante observación de un narrador especial, Tomás Carrasquilla, quien recrear la vida de Bárbara y su entorno antes de la independencia.

A diciembre 31 de 2012 en el Reporte del Sistema de Información de Catastro Minero Colombiano, el 17% del territorio antioqueño se encuentra titulado, y se tienen 1.103 solicitudes para contratos de concesión y 515 para legalización; con lo cual si estas solicitudes son aprobadas, el porcentaje de área de la región destinada para la minería aumentaría considerablemente.

Las cifras que preocupan

El Municipio de Caramanta ubicado en el suroeste antioqueño, tiene el 35,87% de su área titulado para minería a 2012. Es la localidad con mayor porcentaje de titulación en Antioquia, en relación a su área. A su vez, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño tiene grandes áreas tituladas, debido a que su tradición colonial sigue siendo la minería, corrida la “bicoca” de dos siglos.

A lo dicho se suma, que desde el año anterior, en el suroeste antioqueño las autoridades locales  develan su preocupación por la titulación existente y por las solicitudes pendientes, debido a que esta es la región cafetera del Departamento; con lo cual cambiaría su vocación económica con los respectivos daños sociales que trae consigo la minería irresponsable y depredadora, pobreza y delincuencia, que padecerá la gran mayoría de sus habitantes.

Como respuesta común, los municipios de Támesis, Urrao y Jardín, a través de sus concejos municipales aprobaron acuerdos para prohibir la minería con fundamento especial en   los artículos 1,8,9,53,79,80,85, 209 y 227 de la Constitución Nacional, que protegen claramente el medio ambiente. Se resalta, el Acuerdo Municipal No 08 de 2012 del  Concejo Municipal de Támesis, que prohibió la minería en su territorio, pero fue demandado el acto administrativo por parte de la Secretaria General de la Gobernación de Antioquia en nombre del Gobernador.

El gobernador Sergio Fajardo, figura del partido Verde,  justifica que dicho acuerdo no cumplió con el trámite legal entre la probación en comisión y en plenaria, y alegando que dicha corporación no tenía competencia para establecer usos del suelo y áreas protegidas.  El resultado fue un triunfo “pírrico”, ya que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaro la invalidez del acuerdo municipal por violar el artículo 73 de la ley 136 de 1994, en razón  del trámite entre la fecha de aprobación en comisión y en plenaria, y no consideró la no competencia de dicha corporación para expedir el acto administrativo.

Por otra parte, varios alcaldes del suroeste antioqueño presentan inconformidades sobre la minería en sus municipios, pero en el Gobierno Departamental del Partido Verde y en el Ministerio de Minas, ambos grupos gobernantes se fundamentan en el artículo 37 de la ley 685 de 2001, esto es, el Código Minero que prohíbe que las autoridades territoriales declaren cualquier  zona bajo su jurisdicción político administrativa excluida de la minería.


En rebeldía, al maestro con cariño

Dicho lo cual, es de resaltar el trabajo de los alcaldes del suroeste antioqueño, quienes sin contar con el respaldo del Gobernador Sergio Fajardo, elegido verde y cada vez con menos clorofila, desafían su designio con base a la Constitución Política y la autonomía territorial. Quieren poner un límite a la renta minera que trae no solo consecuencias como la violencia sino todos los problemas ambientales a futuro.

Aún no conocemos la posición del Partido Verde en Antioquia y Colombia sobre la minería. Eso sí,  serán la historia política y la ciencia política, las que nos dirán en el futuro que en un determinado momento y tiempo  del sistema político floreció una agrupación política denominada “Partido Verde” que  gobernó y nunca defendió la ecología y el medio ambiente.
O, ¿tendremos una honrosa excepción con los Verdes?, enmendándole la plana al abuso del Gobernador Fajardo. Mientras él realiza anuncios para sus propuestas y preocupaciones acerca del proceso en La Habana, ante lo que es de vital de importancia, la minería, hace mutis por el foro. El maestro no aprende las lecciones que le ofrecen la experiencia del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño que no solo cosechan con amargura violencia a granel sino deforestación y grandes problemas sociales.

PD: S.O.S para el Partido Verde, que está a tiempo de decidir si apoya la protección de los territorios frente a la minería, o si se lanza tras las ganancias de la renta minera nacional y trasnacional. Más aun, los miembros  del gabinete del Gobierno Verde de Antioquia tienen que presentarle a sus electores y aclarar ante la opinión pública si tienen intereses personales o familiares en la renta minera; así nos daremos cuenta de la coherencia de los verdes en materia de ética pública y práctica política.




[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

sábado, 16 de marzo de 2013

El SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL NECESITA MÁS DEMOCRACIA


El SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL NECESITA MÁS DEMOCRACIA

David Jiménez[1]

El Sistema Universitario Estatal SUE, el gremio de las 32 universidades públicas reguladas por la ley 30 de 1992; todas tienen participación en su principal órgano de Gobierno que son los Consejos Superiores Universitarios de los gobernadores y el Ministerio de Educación, excepto a las universidades del orden nacional que solo tiene presencia el Ministerio de Educación.

Los rectores de las 32 universidades públicas, por la composición del Consejo Superior Universitario; son los que tienen el visto bueno del Ministro de Educación y de los Delegados del Presidente de la República en dicho órgano de administración.

De lo anterior, se viene planteando la necesidad de reformar el sistema universitario estatal no solo desde la parte financiera, sino desde su gobierno, para hacer pleno goce para ser un ente autónomo universitario donde en los órganos de dirección y administración se tenga presencia de la comunidad universitaria y menos injerencia de la Rama Ejecutiva.

El sistema universitario estatal tiene una parte excluida

En el sistema de educación superior pública colombiana, encontramos que Gobernaciones y Alcaldías tienen bajo la figura jurídica de “Establecimientos Públicos”  las Instituciones Universitarias; que no tienen transferencias del Gobierno Central por la ley 30 de 1992  sino de la entidad territorial Alcaldía ó Gobernación respectiva, las matriculas son más altas que en las 32 universidades públicas, poca planta de profesores y precariedad en infraestructura. A su vez, los órganos de gobierno y dirección están cooptados por el Ejecutivo Alcalde ó Gobernador.

De esta manera, en el país se tienen muchas instituciones universitarias de naturaleza pública no amparadas por la autonomía universitaria y sin responsabilidad del Gobierno Central. Así que, el Sistema Universitario Estatal, si piensa movilizar a la ciudadanía para fortalecer la educación pública, en especial los presupuestos de las 32 universidades, deben incluir a las instituciones universitarias públicas en esa movilización para hacer valer el artículo 69 de la Constitución Nacional.

Tal es el caso de Antioquia, la Gobernación tiene a su cargo el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia; instituciones universitarias del orden departamental que ofrecen diversidad de programas académicos de pregrado y posgrado; pero tienen mayoría de profesores de catedra y ocasionales, poca infraestructura e investigación y están a “años” de diferencia para alcanzar a la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad de Antioquia.

 A su vez, el Municipio de Medellín tiene el Instituto tecnológico Metropolitano ITM, el Colegio Mayor de Antioquia y el Instituto Pascual Bravo; tiene los mismos problemas que las anteriores y el Municipio de Envigado tiene la Institución Universitaria de Envigado; todas pasan por los mismos problemas, de que sus ingresos dependen enormente de sus matrículas y de los servicios que presten más no de los giros que le haga su respectiva entidad territorial.

Así que, si en la Nacho podemos ver un joven de estrato 1 pagando 70 mil pesos al semestre; en las instituciones universitarias los valores oscilan entre 300 mil y 2 millones de pesos por matricula.

Por lo anterior, las comunidades universitarias de las instituciones de educación superior públicas debe abrir su órbita de las 32 universidades del SUE y movilizar a todas las instituciones universitarias de carácter público que no solo agrupe a los 32 rectores de las universidades públicas que buscan hacer cumplir el derecho a la financiación de la educación superior sino incluir a las instituciones universitarias de carácter público, que solo ayuda para los indicadores de cobertura al Ministerio de Educación y a las protestas universitarias para reformar la ley 30 de 1992 a las 32 universidades públicas, donde la reforma debe incluir la responsabilidad del Gobierno Central e inversión proveniente del Presupuesto Nacional más allá del sistema universitario estatal vigente.

PD: En una conversación con un rector de una institución universitaria me dijo una anécdota que una vez se reunió con la Ministra María Fernanda Campo y el Viceministro de Educación Superior y le mostró su preocupación por que su institución tenía problemas presupuestales y que deseaba tener transferencias de la Nación como cualquier universidad pública y le respondieron: A ustedes nadie los obligo a crear una institución universitaria pública, la educación superior no es obligación de los municipios.


[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com