EL
POST-ACUERDO SIN RUTA FIJA
David Jiménez[1]
El Presidente Juan Manuel
Santos desde su re-elección en 2014, se la ha jugado por la paz, estableciendo
como límite el 23 de marzo de 2016 para la firma del acuerdo con las FARC-EP,
del que ahora no se mira una posible firma para esa fecha; y donde ni el grupo
guerrillero, ni el mismo gobierno dan una fecha tentativa; parece un barco a la
deriva sin un norte claro donde la ciudadanía observe el camino para la paz con
la principal guerrilla.
Aunque
el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirma en RCN Radio en días pasados
“Si no se firma la Paz este 23, tampoco
será el fin del mundo de ese proceso”, en lo cual tiene razón, pero él
olvida que el proceso de paz involucra a toda la sociedad colombiana que es la
principal víctima del conflicto armado, de la cual un sector importante no cree
en el proceso de paz ni en el plebiscito.
Tampoco son los protagonistas en la Mesa de
Conversaciones en La Habana, a pesar de reconocer que la población civil es la
principal víctima del enfrentamiento entre Estado y grupos armados ilegales en
toda esta historia de guerra y violencia[2].
Para definir el rumbo del acuerdo, no solo se debe incluir al Centro
Democrático con el expresidente Álvaro Uribe como su vocero.
Ellos
representan un sector de la sociedad pero no a toda población víctima. No hay
duda que al proceso le ha faltado más democracia, incluir a la sociedad en esta
negociación, y ésta misma es responsable por falta de exigencia al gobierno
para conseguir la democratización del proceso de paz.
Ahora,
el Fiscal General de la Nación, un defensor del proceso de paz del Presidente
Santos, salió hace poco, negando la necesidad de la refrendación ciudadana de
un acuerdo donde la población civil es la principal víctima, desconociendo la
realidad social e histórica del conflicto armado sobre los civiles.
En
una democracia, los gobernantes deben tener convergencia con los votantes y la
sociedad en general, y sobre todo en un proceso de paz, donde la sociedad jugar
un papel fundamental para aceptar y apoyar un eventual proceso de
desmovilización y reincorporación a la vida civil de los ex combatientes. Esta
no solo debe ser un decisión presidencial, bajo el peregrino argumento que la Constitución
no exige la refrendación, sino que es perentorio incluir en la agenda pública y
política de los asuntos del Estado y del gobierno a la ciudadanía y a la
sociedad civil.
En
este sentido, como señala William Ospina en su columna dominical hace unas
semanas de El Espectador, el protagonista de la paz es la sociedad colombiana.
Sin embargo, no se necesita un tercer personaje para dirimir el conflicto
Uribe-Santos como alternativa política llámese Fajardo, Vargas Lleras, Jorge
Roble o el que sea. En cambio, se debe buscar la movilización ciudadana no solo
para la paz sino para exigirle a los gobernantes y congresistas su
participación en los problemas del país en educación, salud, inequidad,
pobreza, corrupción.
Donde no hay guerra, confrontación armada,
pero a la sociedad se le arrasa el futuro cada día; cuando la población pobre
no sale de su situación económica deplorable, mientras que los más poderosos
cada vez aumentan su capital y acumulan riquezas materiales e inmateriales con
la ayuda del Estado, el gobierno de turno promete la “democratización política”
en las urnas para refrendar los acuerdos de paz.
En
suma, urge que la sociedad civil le fije la ruta a la negociación definitiva de
la paz, para llegar a una democracia social y económica donde se aumente la
redistribución de la riqueza y se disminuyan las brechas sociales; de lo
contrario, el post-acuerdo no tiene la ruta fija.
[1] Politólogo, candidato a magister en
estudios políticos. Participante externo del GPYP-UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Pizarro Leongomez, Eduardo (2015).
Una lectura múltiple y pluralista de la historia. En Contribución al
entendimiento del conflicto armado en Colombia, Comisión Historia del Conflicto
y sus víctimas. Bogotá: Ediciones desde Abajo, pp. 82-97
