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martes, 8 de diciembre de 2015

LA DEMOCRACIA PLEBLISCITARIA POR LA PAZ

LA DEMOCRACIA PLEBLISCITARIA POR LA PAZ

David Jiménez*

Desde hace décadas, en América Latina se habla de la democracia plebiscitaria, un continente con tradiciones populistas y neo populistas que impiden el desarrollo de sistemas políticos democráticos, del cual Colombia no escapa en su historia política reciente.  Ahora con el proceso de paz, el Gobierno Nacional entre las fórmulas de refrendación tales como constituyente, referéndum, plebiscito, optó por esta última para convocar a la ciudadanía.

El plebiscito es una manifestación del pueblo convocada por el Presidente de la República, avalando o rechazando una decisión gubernamental.  Por ahora, el proyecto de ley estatutaria 094 de 2015 Senado – 156 Cámara de 2015, para regular el plebiscito por la paz fue aprobado hace una semana. En los debates de comisiones y plenarias, la coalición de la  Unidad Nacional demuestra mayoría absoluta para aprobar la iniciativa, es un hecho que se ha impuesto en toda la agenda legislativa.

A su vez, el plebiscito es una forma democrática para “oir” la voz del pueblo mediante un “Si” o un “No”; sin ningún tipo de discusión por parte de la ciudadanía. Es una forma incompleta de apelar al pueblo para las decisiones que le convienen al gobierno. La iniciativa aprobada en primer y segundo debate en Senado y Cámara, consagra que el plebiscito por la paz es aprobado por el “si” con la obtención de votos mayor al 13% del censo electoral y le gane al “no”.

El gobierno y su coalición, quieren lograr el apoyo para este mecanismo de participación democrática mediante el mínimo  electoral posible, en un país donde la abstención oscila entre 50% a 40%, de acuerdo con los resultados registrados en las elecciones de carácter nacional o territorial. En pocas palabras, se trata de asegurar el resultado a favor del gobierno, en materia de mecanismo refrendatorio, porque las Farc-ep han insistido en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

En el 2003, cuando el Presidente no controlaba la Corte Constitucional, a propósito entonces del Referendo implementado por Álvaro Uribe, muchas de sus preguntas fueron declaradas inexequibles por el alto tribunal, porque éstas confundían a la ciudadanía. Ahora el plebiscito confundirá aún más cuando la opción de la tarjeta electoral será un “SI” o un “No”; pero, en todo caso, vale la pena el interrogante inmediato:

¿La Corte Constitucional avalará la constitucionalidad de ese plebiscito cuya finalidad es el aval popular para las reformas de orden constitucional y legal fruto del proceso de negociación de la paz con las Farc-ep?

La democracia por y para la paz requiere algo más con urgencia, una democracia en términos reales, es decir, con deliberación y participación ciudadana en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. La paz no puede usarse como instrumento de manipulación ciudadana por las vías electorales, para justificar las próximas reformas constitucionales en varios tópicos relevantes: justicia transicional, sistema electoral, congreso, entre otros; sino a la construcción de una ciudadanía responsable.

 Finalmente, basta recordar al constitucionalista exiliado en Salamanca, a raíz de la destitución del general Arias Cabrales, Hernando Valencia Villa, para quien las reformas a la constitución colombiana son Cartas de batalla; pero en este caso, un plebiscito para argumentar cualquier clase de reforma a la constitución, llega a “disparar” con pólvora mojada.

El Gobierno Nacional con su  “botín presupuestal”, reducido por la baja de los ingresos fiscales para 2016 por los precios del petróleo y la turbulencia económica internacional, pero “encantado” con el tesoro del bajel San José ; tiene la misión de ganar y movilizar a los votantes a favor de este plebiscito. Lo hará acudiendo a dos estrategias: el apoyo de su bancada de congresistas, compensados con su fórmula de “mermelada en Departamentos y Municipios”; y  utilizando una herramienta efectiva de control de masas, los medios de comunicación, tal como lo ordena el artículo 5 del aprobado proyecto de ley por el plebiscito por la paz. 

Pero, le falta el asentimiento de la contra parte, la insurgencia subalterna de las Farc-EP, que así como lo hizo con el referendo, antes, ahora, dice también no al mecanismo del plebiscito; y se queda sola en la exigencia de una asamblea constituyente, porque la “verdadera oposición”, el Centro Democrático con su prohombre ya defeccionó también en su altisonante petición inicial de una constituyente, hecha a su medida, esto es, con el menor de los riesgos posibles. 










* Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos. Participante externo del GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 6 de julio de 2015

¿UNA NUEVA OPOSICIÓN POLÍTICA?

¿UNA NUEVA OPOSICIÓN POLÍTICA?
David Jiménez[1]

El presidente de la República sancionó el pasado 1o.  de julio de 2015 el Acto Legislativo 02, conocido por todos como la reforma al equilibrio de poderes.

Al respecto, en materia de la oposición política, la reforma asigna una curul para los candidatos que ocupen el segundo lugar en elecciones para Presidente y Vicepresidente en Senado y Cámara de Representantes, respectivamente. A su vez, para las regiones los candidatos que ocupen el segundo lugar en elecciones a gobernaciones y alcaldías tendrán una curul en la Asamblea Departamental y Concejo Municipal.

Sin embargo, tomando por casos las elecciones presidenciales de 2006, 2010 y 2014; el candidato que ocupó el segundo lugar, no obtendría suficientes curules en el Congreso de la República para hacer una oposición crítica y responsable. 

Mencionemos,  a manera de ejemplo, si actualmente el Centro Democrático obtuviera una curul más en Senado y Cámara para Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, ellos no tendrían ventajas numéricas efectivas en relación a los partidos que apoyan bajo la modalidad de coalición al Presidente Santos en el Congreso durante el presente año.

Para el anterior  caso, la oposición ¾la de derecha o izquierda¾, necesita no solamente una curul adicional en Senado, Cámara, Asambleas y Concejos, sino que requiere con urgencia la expedición, en lugar de placebos, de un Estatuto de la Oposición que sea un verdadero contrapeso al gobierno de turno sea nacional, departamental o local. 

Lo que supone acceso efectivo a medios de comunicación; financiación suficiente de campañas con recursos públicos; y luego la participación en mesas directivas de las corporaciones públicas, la  representación adecuada  en las autoridades electorales, entre otras urgentes reformas.

Por otra parte, la oposición desde cualquier ideología, necesita un mínimo la seguridad y protección del Estado, para que sus directivos y militantes no sean eliminados físicamente, para no recordar y peor aún repetir los episodios de la historia política reciente en Colombia.  Este es, por supuesto, uno de los puntos de mayor debate y preocupación en la mesa negociadora de La Habana, documentadas como están más de 5.000 víctimas de la Unión Patriótica a partir de su presencia pública electoral.

Es fundamental también precaver la debilidad de los partidos políticos para hacer efectiva la prohibición de la doble militancia y el cambio de partido para el congresista, diputado o concejal en ejercicio. Igualmente, es necesario reformar la Ley 974 de 2005 con el objetivo de que las organizaciones políticas tengan mayor disciplina y pueden quedarse con la cúrul cuando uno de sus militantes infringe las reglas partidista  con su doble militancia.

En verdad, hasta ahora lo que pueden hacer los partidos políticos es quitarle el derecho a votar, sin perder la curul quién la sigue ocupando.

Finalmente, mientras no exista la institucionalización y disciplina partidista a nivel nacional y territorial de los partidos políticos y un estatuto de oposición que brinde verdaderas garantías, está claro, que la curul adicional para los candidatos de segundo lugar en las presidenciales, gobernaciones y alcaldías cambiará para que todo siga igual.  

Mucho aprenderían los “reformadores” gatopardistas de la ley electoral mexicana, la que, sin embargo, no logró suprimir hasta ahora a los partidos “paleros”, como acaba de ocurrir con el PRI y su aliado “verde” de ocasión.




[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos de la Unal. Integrante externo del grupo presidencialismo y participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 16 de febrero de 2015

EL JUEGO DE INTERESES: EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

EL JUEGO DE INTERESES: EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
David Jiménez[1]

La semana anterior, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley 200 de 2015 en la Cámara de Representantes, esto es, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” con un monto aproximado de 703 billones de pesos.

A su vez, El Tiempo (7 de Febrero, 2015), en la entrevista a Simón Gaviria, Director de Planeación Nacional, reportó el recorte de casi 90 billones sufrido por el plan de inversiones del nuevo plan de desarrollo, supuestamente explicable por las variables macroeconómicas.

Ahora el más importante de los documentos nacionales continuará su trámite y debate político en el Congreso de la República. Así como su examen por parte del Consejo Nacional de Planeación, sin que estas dos instituciones tengan poder de veto sobre él. Habida consideración que el régimen presidencial de Colombia le da efectiva primacía a la cabeza del ejecutivo nacional.

Para este caso, el país modificó a partir de 1968 una tradición milenaria de los regímenes de representación en Occidente que nos transporta a la Inglaterra de Juan sin Tierra, cuando se creó la conocida como Carta Magna, cuando la proto-cámara de los lores exigió entonces al monarca representación, y una suerte de poder compartido, en términos de control sobre las ejecutorias de la autoridad real.

El Juego Político en escena electoral

                                                    Al mismo tiempo, el próximo 25 de octubre de 2015, tendremos elecciones de autoridades territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles), mediante las cuales muchos congresistas buscarán afianzar su poder político en Departamentos y Municipios, quienes les aseguren su reproducción electoral “natural”, sin excluir la mermelada oficial, en el 2018, esto es, ¿cómo no?, la ayuda de la burocracia y presupuesto territorial.

En resumen, los honorables Senadores y Representantes buscarán pre-elegir a gobernadores y alcaldes afines a su poder político, y pocas veces fallan en una práctica democrática corrompida por el clientelismo y el “dinerito”  legal e ilegal. Esta inversión resulta una “bicoca” si se compara con los depósitos en el banco suizo HSBC, que alcanzan a U.S $ 50.000 millones mal contados, sabidos a raíz de la filtración de uno de sus empleados encargado de llevar esta contabilidad “secreta”.

Por otra parte, la coalición de Unidad Nacional, sus congresistas buscarán incluir partidas presupuestales para regionalizar proyectos de inversión que les asegure la gestión de obras en sus feudos electorales con el propósito manifiesto de obtener réditos electorales en 2015 y 2018.

Esta tarea la tendrá Simón Gaviria como Director de Planeación Nacional y Mauricio Cárdenas como Ministro de Hacienda, quienes manejan la “ventanilla siniestra”,  para sus negociaciones con los legisladores buscando afianzar la mayoría parlamentaria en el Congreso para todas las iniciativas gubernamentales.

Claro, ellos atenderán a lo que disponga su jefe máximo, y el conciliábulo de sus superministros, que cuidan con celo los intereses del capital financiero, a cuya cabeza sigue, un rey sin corona, pero con dólares, euro, acciones, y pesitos a granel, el  cuasi todo poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo, hijo dilecto del alma mater de la nación colombiano, de donde salió graduado como ingeniero civil,  

Teoría de juegos y política republicana

                                                Vale la pena recordar el trabajo de los economistas Cesar Pallares, Claudia Medina y Marcela Palacios (2010) de la Universidad de Antioquia, donde con la ayuda de la teoría de juegos, demuestran que la región con mayor peso político y electoral en las comisiones económicas  del Congreso de la República, obtienen mayor inversión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.

La investigación realizada de 1998-2010, encontró que la Región Occidental (Antioquia, Caldas, Cauca, Choco, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) al tener mayor presencia de congresistas, obtuvo mayor inversión nacional durante tres presidencias seguidas.

Ahora con el antecedente periodístico sobre la distribución de la llamada “mermelada” para las elecciones de 2014, el nuevo proyecto de plan de desarrollo será más que un proceso de discusión técnica y democrática. Lo real serán los vetos o aprobaciones que se impartan desde el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para rechazar o incluir iniciativas de regionalización de la inversión en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Finalmente, los parlamentarios de la Unidad Nacional, no aprobarán sin cuenta de cobro en las comisiones económicas de Senado y Cámara, el texto tal cual como fue presentado sin que primero tengan luces de regionalización de inversiones en los Departamentos y Municipios donde se encuentran sus electores.



[1] Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos, participante externo del grupo presidencialismo y participación Unal. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 10 de junio de 2013

¿ LAS COMISIONES DE ÉTICA TIENEN UTILIDAD Y SENTIDO?

¿ LAS COMISIONES DE ÉTICA TIENEN UTILIDAD Y SENTIDO?

David Jiménez[1]

En las corporaciones públicas de elección popular tales como el Congreso, Asamblea y Concejos Municipales existen las llamadas “Comisiones de ética”, con el objetivo de velar por el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de los corporados; y para precaver de la no existencia de conflictos de interés en el trámite y aprobación de leyes, ordenanzas y acuerdos, respectivamente.

Sin embargo, en la institucionalidad colombiana, solo basta ir a consultar los archivos de estas corporaciones y de las “comisiones de ética” para ver su poca funcionalidad cuando los casos de corrupción, clientelismo y conflictos de interés desbordan el “diligente quehacer” de los honorables concejales, diputados y congresistas.

Como ejemplo, podemos tomar el Concejo Distrital de Bogotá, como lo prueba el trabajo articulado y corrupto de algunos concejales en el Carrusel de la Contratación. Lo sabemos por las denuncias de prensa, primero, y luego por lo probado en el sistema judicial nuestro. De no ser así, con el puro quehacer de la “comisión de ética” tendríamos más impunidad. 

A su vez, está el caso de la Asamblea Departamental de Antioquia, donde un diputado repartiendo dinero a los ciudadanos, desdibuja a dos manos la democracia representativa y participativa.  Ejemplifica la ola perenne del clientelismo: “dinero por votos”. Ahora sólo queda esperar que la “comisión de ética” lo sancione y le dé traslado a la Procuraduría General de la Nación para la correspondiente investigación disciplinaria. Si no lo hace, es un argumento más de que dichas comisiones no son para velar por el cumplimiento de la ética sino para garantizar la impunidad y el silencio de nuestra “democracia” ciega y sorda.

Para cerrar este fresco desgarrador, conviene actualizar el fenómeno de la parapolítica, donde muchos congresistas se vieron involucrados en relaciones con grupos al margen de la ley, la Corte Suprema de Justicia actuó, pero la comisión de ética del congreso guardó un atronador silencio.

Una posible explicación

De una parte, la  tradición corrupta y clientelista del sistema político colombiano es una explicación para la poca funcionalidad de las comisiones de ética de las corporaciones públicas. De otra parte, resulta que los mismos corporados, los ilustres miembros de las comisiones de ética, y basta con recordar a Heyne Mogollón, no tienen la responsabilidad misma de denunciar e investigar a sus colegas. Entonces  vale la pena formular este esclarecedor interrogante:
¿Existirá “colegaje” en dichas comisiones?

No por casualidad, las pomposas reformas políticas de 2003 y 2009, que declaran buscar el fortalecimiento de los partidos políticos y la responsabilidad política, sufren de amnesia al respecto. Para nada tocaron las “comisiones de ética” de las corporaciones públicas. Ellas compiten casi por igual con la eficacia de las “comisiones/tribunales de Ética” de los partidos políticos colombianos que las más de las veces son figuras estatutarias y no funcionales, grabadas en mármol pegadas  a la sentencia pre-electoral del actual presidente de Colombia: “no habrá nuevos impuestos”. Pero, entonces, ¿cómo pagar las clientelas que los eligen y re-eligen?

Es así que para evitar comportamientos corruptos, clientelistas y anti éticos de congresistas, diputados y concejales solo queda, de una parte, en verdad, fortalecer la independencia política de los órganos de control, porque entre ellos mismos “no se pisan la manguera”; y de otra, que se establezca la revocatoria del mandato de los congresistas de ahora en adelante.
PD: Permítanme compartir una inquietud diplomática: ¿el proceso de paz en La Habana depende de Venezuela o de todos colombianos?



[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

sábado, 27 de abril de 2013

HUELE A CONSTITUYENTE PARA 2013, O 2014


HUELE A CONSTITUYENTE PARA 2013, O 2014
David Jiménez[1]

                                           Desde el año 2012, el senador Juan Carlos Vélez Uribe y el representante Miguel Gómez tienen la idea de convocar mediante un proyecto de ley una Asamblea Nacional Constituyente con una competencia limitada para reformar asuntos como la fallida “reforma a la justicia”  tras la transacción de beneficios entre legisladores, magistrados y gobierno. Tal esperpento, por suerte, nunca salió aprobado por una nueva intervención  preconstitucional del Presidente, quien  convocó a sesiones extras para archivar un acto legislativo.

El Congreso actuó como constituyente derivado. La Constitución del 91 solo señalaba que dichas citaciones son para los proyectos de ley, ahora esa tradición cambió para conjurar una catástrofe que rechazó en red el constituyente primario. Ahora, las circunstancias actuales hacen pensar que sí habrá una constituyente, pero no con las ideas del Senador Vélez Uribe ni tampoco del Representante Miguel Gómez, quien está dedicado a la revocatoria de Petro, que espera le dará los votos suficientes para ser reelecto, o para pasar a la categoría mayor.

Los hechos

La semana pasada, en el encuentro de los alcaldes con la cabeza del gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos propuso un periodo de 6 años sin reelección para todos incluyendo a gobernadores y alcaldes. Obviamente, para cambiar las reglas de juego definidas en la constitución hay tres vías: aprobar un acto legislativo, hacer un referendo,  o convocar una Asamblea Nacional Constituyente. 

En Colombia, todos los servidores públicos de elección popular se pueden reelegir periodo tras periodo para concejales, diputados y congresistas y por una sola vez el Presidente, excepto para gobernadores y alcaldes que pueden ser reelegidos las veces que sean siempre y cuando no sean continuas.  La reelección de alcaldes y gobernadores no ha pasado en el Congreso: ¿será que la Unidad Nacional en plena campaña política promoverá un cambio para alcaldes y gobernadores: un periodo más largo ó reelección inmediata?

Esta semana que termina, las Farc desde La Habana, señalaron que los acuerdos firmados deben incorporarse en la constitución política para un proceso de paz, sin más preámbulo, tendremos un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente.

Un posible escenario

El Gobierno Nacional con su poder en el presupuesto nacional y con la decisión de vetar proyectos del sistema general de regalías, puede promover en la Unidad Nacional reformas políticas como ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores o su relección inmediata, o hasta el mismo cambio de periodo del Presidente de la República.

Sin embargo, como a  los gobernadores y alcaldes por medio de acto legislativo no se les puede extender el periodo de gobierno, tal vez lo podrían hacer por medio de una Asamblea Nacional Constituyente en su función de constituyente primario que no obedece a una norma jurídica anterior con toda la competencia para hacerlo. Igualmente si el Presidente Santos quiere estar solo hasta el 2016, sería con el aval de una Asamblea Nacional Constituyente, si Chávez lo hizo en 1999 en la Constitución Venezolana ampliando su periodo hasta 2006, acá también se puede cambiar la constitución como “cambiarse de ropa”.

Entre la paz y la revocatoria

Por otra parte, los resultados del proceso de paz en La Habana, como dicen las Farc, deben quedar incorporados en la constitución, son tantos temas tan extensos y profundos  que un referendo quedaría corto para la aprobación o rechazo por la ciudadanía.

El camino por seguir abre las puertas a una Asamblea Nacional Constituyente, y posterior a eso,  un referendo constitucional para avalar la nueva constitución aprobada. Esto último ocurriría, si se hace por la primera vez bajo todos los mecanismos democráticos y participativos que nos ofrece la democracia liberal y moderna en Occidente, y que fueron incorporados en la constitución vigente desde 1991.

Finalmente, con un proceso electoral para elegir 168 Representantes a la Cámara y 102 Senadores de la República el próximo 9 de marzo de 2014; con el ambiente político propicio de una Asamblea Nacional Constituyente para ampliar periodos de elección popular, a la vez que incorporar los acuerdos firmados en La Habana con las Farc-ep.

Todo podría terminar con la revocatoria del próximo Congreso 2014-2018, si prospera la iniciativa que impulsa el senador Camilo Romero, o  por parte de una Asamblea Nacional Constituyente, como ya pasó en 1991. No sería improbable que pasara ahora, sin que la historia se repitiera como farsa, al modo como lo recordaba aquel revolucionario que escribiera El 18 brumario de Luis Bonaparte.



[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 18 de febrero de 2013

EL CONTROL POLÍTICO: ¿PARA CONTROLAR O CONTROLADO?


EL CONTROL POLÍTICO: ¿PARA CONTROLAR O CONTROLADO?

David Jiménez[1
]
La democracia colombiana con su rasgo liberal de la representación, tiene en los cuerpos de representación política como las Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y el Congreso de la República  los órganos encargados para que el Ejecutivo actué acorde a  su plan de desarrollo,  ceñido, se supone, a la constitución y la ley.

Las elecciones son la fuente de legitimidad de la democracia representativa. Una vez pasan éstas se establecen coaliciones de gobierno, sin tener más en cuenta plataformas ideológicas y programáticas de partidos políticos y programas de campaña, porque muchos de los representantes de los grupos y partidos perdedores se acomodan a los intereses del gobierno de turno.

Demos ejemplos reales

A nivel municipal, los concejales con sus coaliciones, el primer juego que tienen es cuando algunos se someten o se resisten frente a los Alcaldes, eligiendo por color político o meritocracia a los Personeros Municipales, algunos quedan sometidos al silencio para realizar debates y citaciones de control político porque sus cercanos colaboradores laboran como cuotas en la Administración Central o Descentralizada.

En consecuencia,  quedan amenazados con su cargo laboral, porque una vez que el concejal de marras realiza un debate de control político, moción de censura ó efectúa derechos de petición para consultar información que nadie conoce, de seguro corre el riesgo que saquen a sus inmediatos colaboradores políticos del puesto que ocupan.

A nivel departamental, los diputados quedan sometidos al Gobernador cuando eligen al Contralor “amigo” del Ejecutivo, porque así no se garantiza nunca una evaluación independiente a la gestión fiscal y de resultados del ente público. A su vez, cuando las Asambleas Departamentales entregan facultades extraordinarias y  autorizaciones de cualquier tipo al Ejecutivo, se desdibuja su papel de ser órgano de control político, ó quedan sometidos a guardar silencio.

A cambio, ocurre un trueque ordinario, elemental por puestos y contratos en las gobernaciones y sus entes descentralizados, que les garantiza a los diputados personas claves en las redes clientelares que les permite ser reelegidos, o ser promovidos luego a niveles congresionales, cuando los recursos “apropiados” se lo permitan.

En la geografía institucional nacional, en un peldaño superior, se tiene al Senado y la Cámara de Representantes. Ellos   tienen la misma tarea de las demás corporaciones públicas, de ejercer el control político a la administración. También tienen los “padres de la patria”, un función constituyente derivada para reformar la constitución, y la tradicional potestad legislativa para hacer las leyes.

 Al igual que sus pares en Departamentos y Municipios, los congresistas quedan sometidos, guardan silencio frente a los actos del Gobierno Nacional. La mayoría prefieren no hacer críticas, debates de control político o de votar negativamente proyectos de ley de iniciativa gubernamental, para hacer parte del “reparto negro” y el presupuesto disfrazado de diversas formas.

Estos hoy se encuentran enfrentados con una iniciativa de referendo, a cargo de un joven colega, Camilo Romero, quien tramita su revocatoria en pleno como estrategia limpia de campaña que redunde, por qué no, en su reelección.

Una insultante paradoja

Así que, el control político controlado, asegura complicidad a muchos gobernantes y demás gerentes de entidades públicas que los representan; que no los molesten con críticas, debates de control político y solicitudes de información. Se transforman con pocas excepciones en soldados y peones para que pronuncien  con solemnidad o el consabido cinismo que todo “está bien cuando en realidad no está”.

Y todo esto se repite,  porque estos congresistas, con sus jugosas pensiones atornilladas junto a las de los magistrados, tienen el poder de nombrar y remover funcionarios y de intervenir en los procesos de contratación. Es el modo de mantener incólumne la más deshonrosa y costosa de las “pirámides”, que hace palidecer a DMG, Interbolsa y Factor Group, para citar apenas los escándalos más recientes.

Por todo lo dicho, ha sonado la hora de activar el juicio político para todos los funcionarios de elección popular. Tomar en serio las recomendaciones que en 1980 hacía la politóloga y feminista Carole Pateman, cuando revisaba la Cultura Cívica en cinco democracias occidentales, un ejercicio de política comparada realizado por Sidney Verba y Gabriel Almond, publicado en 1963. Todo lo advertido sigue ocurriendo en el funcionamiento de las democracias liberales, y las que se acercan a ellas, después de medio siglo.

PD: En las diferentes corporaciones públicas de elección popular y bancadas al igual que en cualquier profesión u oficio; existen políticos y dirigentes con muchas capacidades éticas e intelectuales que no están controlados por la burocracia nacional y territorial.  Son islas de resistencia en medio de un mar proceloso infestado de “tiburones”.


[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com