EL
CONTROL POLÍTICO: ¿PARA CONTROLAR O CONTROLADO?
David Jiménez[1
La democracia colombiana con
su rasgo liberal de la representación, tiene en los cuerpos de representación
política como las Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales,
Asambleas Departamentales y el Congreso de la República los órganos encargados para que el Ejecutivo actué
acorde a su plan de desarrollo, ceñido, se supone, a
la constitución y la ley.
Las elecciones son la fuente
de legitimidad de la democracia representativa. Una vez pasan éstas se
establecen coaliciones de gobierno, sin tener más en cuenta plataformas
ideológicas y programáticas de partidos políticos y programas de campaña,
porque muchos de los representantes de los grupos y partidos perdedores se
acomodan a los intereses del gobierno de turno.
Demos
ejemplos reales
A nivel municipal, los
concejales con sus coaliciones, el primer juego que tienen es cuando algunos se
someten o se resisten frente a los Alcaldes, eligiendo por color político o
meritocracia a los Personeros Municipales, algunos quedan sometidos al silencio
para realizar debates y citaciones de control político porque sus cercanos
colaboradores laboran como cuotas en la Administración Central o
Descentralizada.
En consecuencia, quedan amenazados con su cargo laboral, porque
una vez que el concejal de marras realiza un debate de control político, moción
de censura ó efectúa derechos de petición para consultar información que nadie
conoce, de seguro corre el riesgo que saquen a sus inmediatos colaboradores
políticos del puesto que ocupan.
A nivel departamental, los
diputados quedan sometidos al Gobernador cuando eligen al Contralor “amigo” del
Ejecutivo, porque así no se garantiza nunca una evaluación independiente a la
gestión fiscal y de resultados del ente público. A su vez, cuando las Asambleas
Departamentales entregan facultades extraordinarias y autorizaciones de cualquier tipo al
Ejecutivo, se desdibuja su papel de ser órgano de control político, ó quedan
sometidos a guardar silencio.
A cambio, ocurre un trueque
ordinario, elemental por puestos y contratos en las gobernaciones y sus entes
descentralizados, que les garantiza a los diputados personas claves en las
redes clientelares que les permite ser reelegidos, o ser promovidos luego a
niveles congresionales, cuando los recursos “apropiados” se lo permitan.
En la geografía
institucional nacional, en un peldaño superior, se tiene al Senado y la Cámara
de Representantes. Ellos tienen la misma tarea de las demás
corporaciones públicas, de ejercer el control político a la administración. También
tienen los “padres de la patria”, un función constituyente derivada para
reformar la constitución, y la tradicional potestad legislativa para hacer las
leyes.
Al igual que sus pares en Departamentos y
Municipios, los congresistas quedan sometidos, guardan silencio frente a los
actos del Gobierno Nacional. La mayoría prefieren no hacer críticas, debates de
control político o de votar negativamente proyectos de ley de iniciativa
gubernamental, para hacer parte del “reparto negro” y el presupuesto disfrazado
de diversas formas.
Estos hoy se encuentran
enfrentados con una iniciativa de referendo, a cargo de un joven colega, Camilo
Romero, quien tramita su revocatoria en pleno como estrategia limpia de campaña
que redunde, por qué no, en su reelección.
Una
insultante paradoja
Así que, el control político
controlado, asegura complicidad a muchos gobernantes y demás gerentes de
entidades públicas que los representan; que no los molesten con críticas,
debates de control político y solicitudes de información. Se transforman con
pocas excepciones en soldados y peones para que pronuncien con solemnidad o el consabido cinismo que
todo “está bien cuando en realidad no está”.
Y todo esto se repite, porque estos congresistas, con sus jugosas
pensiones atornilladas junto a las de los magistrados, tienen el poder de
nombrar y remover funcionarios y de intervenir en los procesos de contratación.
Es el modo de mantener incólumne la más deshonrosa y costosa de las
“pirámides”, que hace palidecer a DMG, Interbolsa y Factor Group, para citar
apenas los escándalos más recientes.
Por todo lo dicho, ha sonado
la hora de activar el juicio político para todos los funcionarios de elección
popular. Tomar en serio las recomendaciones que en 1980 hacía la politóloga y
feminista Carole Pateman, cuando revisaba la Cultura Cívica en cinco
democracias occidentales, un ejercicio de política comparada realizado por
Sidney Verba y Gabriel Almond, publicado en 1963. Todo lo advertido sigue
ocurriendo en el funcionamiento de las democracias liberales, y las que se
acercan a ellas, después de medio siglo.
PD: En las diferentes
corporaciones públicas de elección popular y bancadas al igual que en cualquier
profesión u oficio; existen políticos y dirigentes con muchas capacidades
éticas e intelectuales que no están controlados por la burocracia nacional y
territorial. Son islas de resistencia en
medio de un mar proceloso infestado de “tiburones”.
[1]
Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
