REFORMA POLÍTICA POR, PARA Y DESDE LOS CIUDADANOS
David Jimènez[1]
En Colombia, el sistema político reproduce la corrupción y clientelismo
como regla general, es una práctica política desde 1810. La constitución de
1991, la promesa de transformar la cultura política quedo incumplida, porque la
ciudadanía no activa el articulo 40 y 95 de la carta magna en relación a la
democracia participativa.
Una corrupción consuetudinaria
Las noticias de corrupción en la
historia reciente, no activan la ciudadanía sino a los mismos productores y
reproductores de corrupción – los partidos políticos -. Tal como sucedió con la
infiltración del cartel de Cali en la campaña presidencial de 1994, con el
implicado principal, Ernesto Samper. Luego, en su gobierno crearon la comisión
de reforma a los partidos políticos con destacadas figuras como Eduardo Pizarro
Leóngómez y Fernando Cepeda Ulloa, de la cual se quedó solo en informes.
Posteriormente, con la llegada de Álvaro Uribe
se hizo la reforma política de 2003 y 2009, la cual se hizo a través del Congreso
en un escenario de peor imagen del congreso y de la parapolítica, luego de la
visita de los parapolíticos, y las revelaciones de Salvatore Mancuso. Los
partidos políticos implicados en la corrupción regular aprobaron reforma
constitucional.
Ahora, con los dineros entregados por
la compañía Odebrecht, sacados del bolsillo de los colombianos, el gobierno
Santos, señalado de recibir financiación ilegal a su campaña política, a través
del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, impulsa la enésima reforma
política. Así las cosas, son demasiadas las coincidencias históricas.
La “bendita” caducidad
Mientras tanto, los partidos políticos
y las campañas políticas que han sido implicadas en casos de corrupción y
financiación ilegal, los culpables o responsables, se benefician
“providencialmente” de una regla del derecho procesal, la caducidad para
presentar demandas o reclamaciones. Lo anterior, es significado de impunidad – penal
y política -, y los ciudadanos en otra orilla sin injerencia alguna.
La insurgencia armada, siempre
manifestó la convocatoria a una asamblea constituyente, pero ahora ha cambiado
tanto de posiciones que avaló el plebiscito y luego de su derrota salió
victoriosa, sacando pecho con la refrendación por parte del congreso –
institución política con peor imagen ante la opinión pública -.
Ahora la dirigencia guerrillera ni se inmuta
por mencionar la democracia participativa, y menos la constituyente. Al parecer
les interesa más las amnistías, indultos, jurisdicción especial de paz y la
creación del partido político para disfrutar los beneficios del Estado; y no
para luchar por lo que tanto han “vociferado” por décadas.
Al parecer nos encontramos en presencia
de una nueva “revolución pasiva,” parecida a lo vivido ya con el M y las otras
guerrillas, para recordar y actualizar a Gramsci: cambiar para que todo siga
igual, siguiendo las líneas del conde de Lampedusa.
Entonces,
los movimientos sociales y los ciudadanos son los que deben liderar la reforma
política, son las principales víctimas de la corrupción y clientelismo, porque
la transformación del sistema político y del poder, no tienen caducidad.
No podemos quedarnos a esperar que los padres de
la “patria” representados en los partidos políticos que se pavonean en el
congreso de la república, y el presidente Santos con su precandidato
presidencial Juan Fernando Cristo, nos digan ahora qué rumbo tomar para cambiar
el régimen político, como líderes de la ética y la moral social, cuando sus
partidos políticos son protagonistas de primera línea, y han estado salpicados
en los principales casos de corrupción del país, incluyendo a las últimas
campañas presidenciales cuestionadas, dignos continuadores de la saga iniciada
por el ciudadano que caminaba de espaldas.
[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del grupo
Presidencialismo y Participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
