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sábado, 18 de febrero de 2017

REFORMAS POLITICAS SIN FORMACIÒN POLÌTICA

REFORMAS POLITICAS SIN FORMACIÒN POLÌTICA

David Jiménez[1]

“Si la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿cómo es posible que las mayorías estén desprotegidas, y se encuentren en la pobreza o en la miseria?"
Carlos Gaviria Díaz, 10 de abril de 2006, entrevista con la revista Semana.

La gran reforma al sistema político colombiano fue la constitución de 1991, hecha con la promesa de cambiar las realidades del momento, corrupción, violencia, clientelismo, pobreza, garantía de derechos fundamentales, mediante la construcción de una cultura política democrática y participativa.

            El Estado Colombiano aún no se ha transformado, aunque ha logrado la modernización en algunos aspectos económicos y tecnológicos, poco ha cambiado poco o casi nada las ideas y valores como nación.

En las encuestas de opinión pública o en los sondeos de opinión, siempre nuestras instituciones políticas no tienen buena percepción ciudadana, pero todo sigue igual, no cambia nada después de divulgarlas. Todo se debe a la pobrísima formación política de los ciudadanos.

En el escenario pos-constitución de 1991 tenemos varios episodios de infiltración del crimen y la ilegalidad espaciados en el tiempo, pero sintomáticos. Tales como el proceso 8000, la parapolítica, y el caso Odebrecht, por mencionar los más importantes. Entre tanto nada cambia, ni con la reforma política de 2003, y tampoco con la 2009 que modifico el sistema electoral y las reglas de juego para los partidos políticos.

El germen de la corrupción sigue como si nada, sin antídoto para el sistema político colombiano, y empieza de nuevo a agenciarse otra reforma política que por lo empieza a filtrarse no atacará el mal verdadero y palpitante.

La tesis de los politólogos Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila en su gran trabajo titulado “Clientelismo: el sistema político y su expresión regional” de los años 90s del siglo pasado, donde indican que el clientelismo ha sido parte del sistema desde siempre y su reproducción igual, esto quiere decir, que la corrupción política acompaña a la república desde el nacimiento, y nuestro país tiene esa patología o diagnostico político incorporado al sentido común imperante.

La corrupción y el clientelismo consuetudinarios

La reproducción de la corrupción y el clientelismo, se debe principalmente a la falta de formación política democrática y crítica de los ciudadanos. Actualmente, encontramos cómo el Departamento de la Guajira tiene a sus últimos gobernadores elegidos con compra descarada y sistemática de votos para mitigar por días la pobreza de los electores, y rodeados de problemas judiciales, pero nadie ha mirado los niveles educativos de la población guajira.

Tampoco han revisado la oferta y calidad educativa en la educación básica, media y superior; y no solo la que se ofrece en esa región, sino para casi todos los Departamentos y Municipios del país.

Para la transformación de la cultura política, un principal eje fundamental es la transformación del sistema educativo público, donde aparte de los indicadores de calidad educativa que evalúan la OCDE para decirnos si estamos mal o no en matemáticas, compresión de lectura o inglés; se debe dignificar y mejorar de tajo la labor docente, donde los profesores en colegios y universidades publicas sean los mejores y bien remunerados, para que la educación pública de calidad se ofrezca en todos los niveles en todas las regiones del país.

  Es igualmente necesario un modelo educativo que incorpora la autocrítica y critica, y el empleo regular de las estadísticas, orientadas bajo los principios democráticos tanto en las aulas y fuera de estas en la sociedad civil. En ellas debe formarse la joven ciudadanía bajo las premisas de la autonomía individual y colectiva.

Esta es la principal escuela donde se forma políticamente esa gran mayoría de colombianos de estratos 1, 2 y 3, y a la que deben acceder millones de trabajadores, desempleados y campesinos durante los fines de semana, quienes concurran a las aulas de las instituciones de educación pública, si se quiere hacer de Colombia la más educada para el año 2025, como lo declama el actual presidente en todo escenario público.

Unos y otros serán quienes desmonten el poder de las clientelas y la feria de la compra de los votos a una ciudadanía famélica, poniendo en su sitio a las elites políticas y económicas tradicionales, quienes llevan disfrutando de los privilegios del poder del Estado desde el 20 de julio de 1810. Estamos pendientes de la nueva independencia que abra las avenidas de la democracia por y para los muchos.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 10 de marzo de 2013

¿LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TIENEN SU FUTURO “ESTAMPILLADO”?


¿LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TIENEN SU FUTURO “ESTAMPILLADO”?

David Jiménez[1]

                                                    El Sistema Universitario Estatal, SUE, la estructura gremial que agrupa las universidades públicas colombianas, muestra desde hace varios años, la preocupación por el crecimiento en la desfinanciación de la educación superior pública en el país; y denuncia cómo el presupuesto de las 32 instituciones se basa en el monto establecido en 1993 indexado conforme a la inflación.

El anterior criterio supone, de entrada, desconocer los diferentes gastos derivados de la exigencia gubernamental de aumentar la cobertura para mayor ingreso de universitarios; la creación de más programas académicos, generalmente,  posgrados que son los “rentables”; el aumento perverso de la planta de profesores ocasionales, quienes la mayoría de las veces no entrarán a la planta docente; la mejora en los servicios de infraestructura y la planta administrativa y de servicios que los atiende; la nueva construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los campus universitarios; la promoción en serio de la investigación básica y aplicada,  por mencionar las más importantes variables que inciden en definir las condiciones necesarias para proyectar la educación superior en el actual mundo globalizado.

El Boom de las Estampillas

Las Universidades Públicas de orden departamental, con el concurso interesado de  sus senadores y representantes en el Congreso de la República; afectadas por  la debilidad de hacer lobby político  y con   la poca presión como actor social, político y académico que realizan las comunidades universitarias ante la Institucionalidad, en especial frente al Gobierno presidencialista y el Congreso, han conseguido hasta hoy un premio de consolación para su raquítica financiación.

Varias lograron que se aprobaran leyes de la República denominadas “Estampillas” que tienen por finalidad cobrar un porcentaje de los contratos que ejecuten las instituciones públicas del nivel al que pertenecen para recaudar un determinado monto de recursos fijado en la ley.

Así que no pocas universidades públicas han logrado ejecutar inversiones en infraestructura con recursos provenientes del recaudo por “Estampillas”, disminuyendo ilusoriamente la necesidad de presionar el presupuesto general de la Nación para solicitarle de forma firme, directa y progresiva al Gobierno y al Congreso que den cabal cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política que obliga al Estado social de Derecho a la financiación de modo suficiente, no con migajas, la educación superior nacional.

Actualmente, en la agenda legislativa, como parte de las estrategias de los congresistas que esperan reelegirse, y/o en compromiso con sus regiones,  se encuentran proyectos de ley para extender las “Estampillas” a  algunas universidades del orden departamental como la Surcolombiana[2], UniSucre[3], UniCundinamarca[4], UPTC[5], por resaltar algunas a manera de ejemplo.

Además, hoy se suma la principal universidad del país, la Universidad Nacional de Colombia, institución sin estampilla, que ya tiene un lugar de “esperanza” en la agenda legislativa, a través  del Proyecto de Ley No 192 de 2012 Cámara, radicado por los Senadores Roy Barreras y Carlos Ferro y el Representante Ángel Custodio Cabrera.

Con este instrumento los congresistas  buscan recaudar 1 billón de pesos para reparar la infraestructura en ruinas de varias de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, valiéndose del gravamen a  los contratos que ejecuten las entidades del orden nacional.

El lobby CONGRESIONAL  y la ineficacia del SUE

Vale la pena preguntarse: ¿ quién hace el lobby para impulsar estas leyes?, la mayoría congresional, que radicó por la misma época en 2012, después del paro nacional y la significativa movilización de estudiantes en 2011, los proyectos que tienen por objetivo la búsqueda de  mayor y regular financiación de la educación pública condicionada por la suerte de la contratación nacional;  ó  ¿ son estas leyes modos de consolar y evitar la radicalización de las burocracia académicas al frente de las Rectorías, Vicerrectorías, Facultades e Institutos de las Universidades?, ó tales iniciativas son para impulsar política y electoralmente a los autores de los proyectos de ley de “Estampillas”,  para conseguir los escasos votos que requieren para triunfar en las elecciones de Congreso en 2014?.

En verdad, quizás resulte realista decir, que los tres factores son concurrentes para dar impulso a la cura de las estampillas, que busca sellar el agujero roto del despilfarro de recursos en la guerra, cuyo único beneficio verificable es el empleo de más de 400 mil colombianos, y los privilegios exorbitantes reconocidos a quienes los mandan, y se encuentran al frente de las armas de la república de Colombia en guerra.

Por lo pronto, y no hay margen para más aplazamientos, las directivas de las universidades públicas, tanto las que cuentan con leyes de “Estampillas”, ó tienen a la vista proyectos de ley que buscan crear las mismas, como las que no tienen ni unos ni otros, deben pronunciarse ante sus comunidades académicas, y la sociedad toda, si, por fin, y al unísono van a hacer cumplir el artículo 69 de la Constitución.

O si, por el contrario, y mejorándose con descaro los sueldos que devengan, van a estar dispersos, llorando “lágrimas de cocodrilo”, y mostrando como expediente de su fementida “eficacia”, que van a estimular el apoyo a bancadas y mayorías legislativas, orientadas por políticos regionales, estampillados a la aprobación de leyes de consolación, espejismos financieros  que privatizan el derecho a la educación, y no resuelven la quiebra presupuestal de la educación pública en general, y la superior, en particular, que no resiste la lógica del beneficio capitalista.

Una vez más, una solución real y efectiva al déficit presupuestal de las instituciones de educación superior públicas colombianas, reside en la participación activa, el compromiso de las bases de la comunidad educativa, que levante las reivindicaciones inmediatas de una constituyente social, que no puede aplazarse más.

Se trata de seguir el ejemplo de los cafeteros que han reclamado una redistribución en acto, in situ, de la renta agro-minera. La educación pública no puede ser el pariente pobre del Estado social de derecho, cuando se ve como se acrecientan en grado sumo las fortunas de un puñado de grandes capitalistas nacionales y transnacionales.

PD: La Universidad Nacional de Colombia necesita cerca de un billón de pesos para adecuar su infraestructura a los retos del siglo XXI. El Presidente del Senado Roy Barrera y asociados ¿salvarán a la “Nacho” de su muerte anunciada con una ley de estampilla? No, mucho menos, al resto de instituciones universitarias departamentales y municipales al borde del colapso. Se requiere un cambio radical en el financiamiento de la educación pública, ya no da más.


[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Institución ubicada en la ciudad de Neiva en el Departamento del Huila. El proyecto de ley No 182 de 2012 Cámara, presentado por el H. Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, político huilense.
[3] Institución ubicada en la ciudad de Sincelejo en el Departamento de Sucre. El proyecto de ley No 174 de 2012 Cámara, presentado por el H. Senador Eduardo Carlos Merlano, político nacido en el Departamento de Sucre.
[4] Institución ubicada en el Departamento de Cundinamarca. El proyecto de ley No 173 de 2012 Cámara, presentado por el H. Representante Jose Joaquín Camelo Ramos, político de la región de Cundinamarca.
[5] Institución ubicada en la ciudad de Tunja en el Departamento de Boyacá. El proyecto de ley No 162 de 2012 Cámara, presentada por el H. Senador Edgar Espindola, político de la región.

lunes, 28 de enero de 2013

¿LAS TABLETS REDUCIRÁN EL ANALFABETISMO DIGITAL?


¿LAS TABLETS REDUCIRÁN EL ANALFABETISMO DIGITAL?

David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional está entregando Tablets para los estudiantes de secundaria de varios municipios del país a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, miles de familias y jóvenes están felices por acceder a la tecnología digital y las comunicaciones on line.

La realidad digital

La OCDE a través del El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2009 aplicó la prueba internacional en lectura a 19 países en lectura, aplicada a jóvenes de 15 años, en una Columna de Armando Montenegro (El Espectador, Julio 10 de 2011) señala la deficiencia de los estudiantes colombianos para “aprender, absorber conocimientos y tecnologías en el mundo actual”. En la misma opinión, Montenegro  afirma que los resultados se evidencian por la carencia de computadores en los estratos bajos y que el 65% de las escuelas no dispone de computadores.

Sin embargo, el Gobierno actual y hasta alcaldías municipales hace algunos años se la pasan entregando PCs o Tablets, argumentando el desarrollo de la educación en Colombia en términos de competitividad y equidad, aunque los gobiernos territoriales y Central nunca se preguntan  ¿Los profesores de primaria y secundaria están capacitados y actualizados para incorporar el uso de las TICs en los procesos de enseñanza de niños y jóvenes?, ¿ Estamos construyendo en docentes, estudiantes y padres de familia el respeto por los derechos de autor para prevenir el copiar y pegar en los trabajos académicos consultados en  la web?.

Los anteriores interrogantes son necesarios para la política de masificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para que la entrega de computados y tablets no sea una inversión que no genere competitividad y mejore los niveles de calidad de la educación con el fin de que los estudiantes se apasionen a la lectura de E-books gratuitos de las grandes obras de literatura de García Márquez, Vargas Llosa, Sábato y no se salgan por la vía fácil,  estudiar un resumen encontrado en la web sin mejorar la competencia lectora ó que  la elaboración del ensayo como proceso de análisis y lectura crítica para la producción de textos no sea violando los derechos de autor .

El acceso a internet, computadores y tablets para los estratos más bajos y para los colegios públicos; es una política adecuada para aumentar la competitividad y equidad de un país de desigualdad, pero para que la inversión no sea una falacia; tenemos que empezar a capacitar a los docentes, estudiantes y padres de familia sobre la incorporación de las TICs a la educación; para que las nuevas generaciones  no se acostumbren a violar los derechos de autor, a tener dificultad para producir textos y comprenderlos  para que no sean solamente  expertos en el uso las redes sociales.


[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación COLCIENCIAS/UNIJUS de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com