Mostrando entradas con la etiqueta Economía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Economía. Mostrar todas las entradas

jueves, 28 de julio de 2016

LA INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ES FICCIÓN QUE DUELE

LA INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ES FICCIÓN QUE DUELE

David Jiménez[1]

En el año 2016 la ciudad de Medellín obtuvo el premio Lee Kuan Yew World City Prize, y en el 2013 el premio de la ciudad más innovadora del mundo. Sin embargo, “venderla” como la mejor ciudad no solo del país y una de las mejores del continente, es la estrategia gubernamental hacia la opinión pública.

Como mosco en leche
Pero, cómo poder catalogar la ciudad como la mejor en urbanismo cuando tiene un transporte público colectivo ineficiente, que no tiene punto de comparación con ciudades como Toronto en Canadá, donde el orden, las frecuencias, el acceso a personas con movilidad reducida y adultos mayores son de envidiar.

Además, es una ciudad donde no florecen los vehículos amarillos “taxis”, sino el transporte público colectivo. Más grave aún, en Medellín no todo el sistema de transporte público está adaptado para estos grupos poblacionales. Esta es una de las razones por las cuales no comprendo por qué Medellín es una ciudad innovadora.

En otras ciudades, existe cultura ciudadana, no la famosa cultura metro, es una cultura donde las personas se comportan en la vida social de acuerdo a parámetros legales, éticos y morales que hacen y fortalecen la convivencia y la seguridad.  Para el caso colombiano y latinoamericano, la inseguridad urbana y los problemas de convivencia social como los enfrentamientos de hinchas por los partidos de futbol, para nada hacen a una ciudad innovadora la intolerancia ciudadana.

Por otra parte, definirla como una ciudad innovadora donde hay presencia notoria del crimen organizado y cuando la opinión pública conoce las famosas “fronteras invisibles”. Cuando no se puede  ni visitar sectores de la ciudad so pena de ser amenazado o asesinado. Estas “cualidades” no hacen que una ciudad sea innovadora en seguridad y convivencia.

Una ciudad de extremos
Una ciudad donde grupos del crimen organizado tienen control y presencia en diferentes territorios sumado a la precariedad de la presencia institucional y social del gobierno Local; con nuevas formas de apartheid urbano, donde un sector como El Poblado se equipara a una ciudad del primer mundo, mientras que el otro extremo están sectores excluidos económicamente por la pobreza y el desempleo. Estos extremos tampoco hacen posible una ciudad innovadora.

Sumado a lo anterior, el Estado no garantiza los valores constitucionales a la vida e integridad personal para evitar el desplazamiento forzado intraurbano de grandes proporciones, apeñuscado en cinturones miserables. Una problemática que aqueja desde hace décadas a la ciudad de la innovación.

En otra perspectiva, esta es una ciudad que tiene una de las mejores empresas latinoamericanas de servicios públicos domiciliarios, EPM, pero al mismo tiempo tiene a cientos de familias desconectadas de estos servicios básicos y a otras las tiene en apuros para pagar las facturas mensuales, porque no tienen un empleo digno y estable para soportar las diferentes cargas económicas de “alta tensión”.

Donde también deambulan a la vista de todos, se tiene la presencia de los famosos “habitantes de la calle” que representan el extremo de la pobreza y la exclusión. Es común verlos como parte “normal” del paisaje urbano en ciudades como Medellín, pero, a pesar de la recesión de 2008, no es tan frecuente ver homeless en Toronto o New York.

Para terminar, es muy bueno que se construyan los parques, las bibliotecas, el metro, el tranvía, metro-cable y cualquier obra pública que impacte la comunidad; pero estos hechos no hacen que Medellín sea la ciudad más innovadora y transformadora del Mundo cuando la inseguridad, la exclusión, la pobreza y el desempleo la mantienen sitiada.

Tales son los problemas principales que deben enfrentar y resolver los políticos y los empresarios antioqueños. Por lo pronto, sea esta la oportunidad, sin echarnos cuentos que cuestan un “ojo de la cara”, reconocer que en otras ciudades del mundo viven mejor y tienen mejor calidad de vida y bienestar real que en la urbe galardonada.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

miércoles, 6 de julio de 2016

LA DEMOCRACIA Y LA “CONFIANZA” INVERSIONISTA

LA DEMOCRACIA Y LA “CONFIANZA” INVERSIONISTA

David Jiménez*

“Mi mandato no procede del pueblo europeo”
Cecilia Malmstrom, Comisaria de Comercio en la Comisión Europea (Zizek, 2016, 20-21)

“la implicación más grave es para los pacientes, pues si las compañías desconfían de las reglas del país se puede retrasar la llegada de medicamentos que requieren”
María Cristina Álvarez, presidenta de Novartis en Colombia, El Colombiano, Junio 28 de 2016

Slavoj Zizek (2016)[1] plantea el fortalecimiento de un ataque a la democracia, que consiste el derecho a las empresas de demandar a los Estados y a sus gobiernos elegidos democráticamente cuando una política determinada afecta sus beneficios.

Con lo anterior, vale la pena preguntar, ¿sirve la democracia y las elecciones?, a la hora de elegir parlamentos y gobiernos por determinadas promesas de campaña que buscan atender las necesidades y demandas de los ciudadanos al interior del sistema político; cuando las decisiones de estos quedan sujetas a los acuerdos y tratados de libre comercio, donde una determinada política pública que afecte los beneficios y el patrimonio de las empresas o corporaciones, estas últimas pueden demandar a los Estados con el fin de obtener indemnizaciones cuantiosas, que a la postre son financiadas por todos los contribuyentes que pagan impuestos.

Ahora un aspirante a ser Presidente o Primer Ministro, sea de izquierda o de derecha en los sistemas políticos democráticos que pretenda defender el medio ambiente de los desechos tóxicos o nucleares, proteger los bosques, declarar zonas libre de minería, controlar los precios de los medicamentos para que millones de personas puedan acceder a servicios de salud, aumentar impuestos a las grandes empresas para financiar política social o cualquier medida que afecte los ingresos y beneficios de las grandes empresas nacionales y transnacionales, lo pueden hacer, pero dispuestos a pagar multimillonarias condenas en tribunales pactados en los “socorridos” Tratados de Libre Comercio.

El caso griego
Tenemos el caso de Grecia, con la llegada de la izquierda al poder; con su propuesta social y económica, están bajo tutela del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, por más democracia y propuestas críticas recogidas por Platón, Aristóteles y Sócrates quienes fueron los primeros críticos del autogobierno en el mundo antiguo.

Ellos no se imaginarían el poder de los órganos supracionales y de las organizaciones privadas para influir en las políticas gubernamentales en contravía de las decisiones de los ciudadanos. Aunque sí conocieron y padecieron las experiencias de la liga de Delos y del Peloponeso. En tiempos actuales el debate electoral no se da en el Ágora sino en las elecciones y el resultado de las políticas no depende de éstas, sino de los pactos y tratados comerciales internacionales.

Por otra parte, la Corte Constitucional en este 2016, el máximo órgano jurídico en Colombia, quienes sus integrantes son elegidos por el Senado de la República quien se nombra por votación popular, tomo decisiones transcentales en defensa del territorio: exclusión de paramos de la actividad minera, consulta previa con indígenas y comunidades afrodescendientes para el desarrollo de proyectos mineros y declaro la inexequibilidad de la norma que prohibía a Departamentos y Municipios restringir territorios de la minería.

Pues bien, ahora los privados afectados amenazan al Gobierno colombiano con demandas en tribunales o cortes internacionales para obtener indemnizaciones por afectar sus proyectos y beneficios al restringir la actividad minero-energético amparándose en pactos y tratados internacionales. 

En la otra esquina del ring global, se encuentra Alejandro Gaviria, controvertido Ministro de Salud quién se enfrenta a la industria farmacéutica que dizque defiende la confianza inversionista y la propiedad intelectual de patentes para desplumar a los pacientes.

¿Por qué?
El gobierno pretende controlar precios de medicamentos de alto costo en el país en un sistema de salud donde acceder a servicios de esta naturaleza es, por demás, para grupos privilegiados que pueden tener pólizas o medicina prepagada para cubrir los tratamientos médicos de forma ágil y oportuna, o sus EPS, las menos, les garantiza todos los servicios con calidad.

En los anteriores casos, la democracia liberal que se expresa mediante el voto popular directo o indirecto de los sistemas políticos, descubre que las plataformas políticas no dependen si el candidato es de izquierda o derecha, sino del mismo capitalismo global que a través de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales le garantiza a las empresas la defensa de sus intereses y beneficios por encima de lo que disponga el gobierno elegido por los ciudadanos.

Si el gobernante implementa una política que los afecta, estos entes transnacionales y globales privados pueden obtener reparaciones económicas cuantiosas. ¿quién manda a quién en el orden político y económico  actual: las empresas o los ciudadanos?



* Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo GPYP UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[1] Zizek, S. (2016). La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror. Barcelona: Editorial Anagrama

lunes, 10 de diciembre de 2012

CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN


CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN
David Jiménez[1]

La mano invisible de Adam Smith no ha podido controlar la especulación y los desequilibrios entre oferta y demanda desde siempre. Seguro que él, un moralista escocés, no contaba con que muchas democracias tendrían sistemas políticos con corrupción en las instituciones y en las empresas.

Hace cerca de 2 años,  la película Inside Job, “trabajo confidencial”, dirigida por Charles Fergusson ganó el premio Oscar por mejor documental en 2011. Ella  mostraba los orígenes de la crisis financiera en EE.UU en 2008 debido a la corrupción, el conflicto de intereses, que incluyó la traición de los académicos quienes defendían el sistema financiero; y al mismo tiempo con ellos como ahora en Colombia, a los “ benditos” consultores de las grandes empresas, calificadoras de riesgo corruptas hasta el tuétano. Por nombrar a algunos de los seres que encarnan y se benefician de los “problemas” de la desregulación del mercado de capitales, y sus consecuencias económicas y sociales desvastadoras para miles de miles que construyen con su trabajo honesto y esforzado este joven e ingenuo país.

El caso colombiano

Aquí, el mercado de valores y de capitales solo es vigilado por la Superintendencia financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de resto por la Bolsa de Valores de Colombia, DECEVAL y el auto-regulador del mercado de valores. Estos son los reguladores privados de dicho mercado, esto es,  opera bajo la feria de  los intereses privados de los empresarios de la especulación, la cueva de Rolando del capital financiero transnacional.

La desregulación para la inspección y vigilancia del mercado financiero y de valores ha provocado el colapso más grande la última década: la liquidación de la empresa de origen antioqueño Interbolsa, que tuvo como su antecedente de más bajo espectro a Factor Group, del que se hizo hasta hoy poco ruido, y se masticaron muchas nueces de parte del señor Vigoda, estrella fugaz del grupo SURA.

Al parecer la especulación con recursos de inversionistas terminó, Fabricato fue el trompo de poner, porque ya no podía cumplir con las obligaciones pactadas y los beneficios prometidos a estos. Esta solo fue la apariencia, la forma para dar a conocer su descalabro económico, sin que la gran mayoría pudiera conocer la fecha exacta del declive y corrupción sobre el uso de las inversiones y el aumento ficticio del precio de la acción de Fabricato. Pero eso sí, sus directivos sí pudieron hacer su agosto, pagándose jugosas primas y salarios, y poniendo a buen recaudo parte de sus fortunas personales.

Sin embargo, todos se preguntan a posteriori, dónde estuvo la Superintendencia financiera para darse cuenta de las inconsistencias de las operaciones de Interbolsa, y notar el rosario de funcionarios que se declaraban impedidos, desde el exministro de Hacienda para abajo, para dejar que la bola de nieve rodara cuesta abajo y en silencio; ó si los auto-reguladores privados, DECEVAL, fueron afectados por una intempestiva ceguera, digna de un relato de Saramago al revés, para dejar el mercado accionario en manos de piratas depredadores, y tampoco quisieron notar las trapisondas, las supuestas  “fallas” de la empresa Interbolsa.

Lecciones por aprender

En estos tiempos de la economía de mercados desregulados y globalización tout court, insinuar la regulación estatal al mercado de valores y financieros parece estar en otros tiempos del siglo XX, arrinconada como una antigualla. Así que, es obvio que este mercado global maneje discrecionalmente sus niveles de corrupción ad infinitum  para enriquecerse con la especulación y la ingenua codicia de los peces pequeños, sin tener en cuenta las consecuencias económicas que le puede traer a un país, sacrificado en el altar del capitalismo casino, cuando dichas operaciones no tienen éxito recognoscible a nivel nacional aunque llenen las faltriqueras de otros truhanes avisados a nivel regional y global.

En la crisis de Estados Unidos y Europa desde 2008, provocada por la desregulación, obrando a través de las hipotecas basura, las “famosas” subprime, todo el sector privado acudió a golpear las puertas del Estado, y Obama compró su elección a cambio del rescate descarado de los ladrones del erario; y algo similar ocurrió con casi todos  los Bancos Centrales para que intervinieran y salvaran financieramente con los ahorros y seguridades de los muchos a  los bancos privados piratas y ladrones.

 Así que el Estado volvió a ser un protagonista comparsa para salvar a los empresarios del mercado de capitales, más no para que se les inspeccione, vigile y regule constantemente. Se volvió a repetir la advertencia del demonio Marx, que calificó a los Estados del siglo XIX como una agencia administradora de los riesgos del capital.

En Colombia, a pesar de ser un país con alto niveles de corrupción, ubicado en el puesto 94 de 174 a nivel mundial en el informe presentado por Transparencia Internacional, sus autoridades, con el presidente a la cabeza, también deben atender y resolver los problemas ocasionados por la corrupción privada en el mercado de capitales. Para diseñar sin dilaciones una regulación especial para dicho sector con sanciones penales y económicas para los miembros de las juntas directivas y cuerpos directivos de las empresas.

Así mismo, el eufemista gobierno de la prosperidad debe regular el papel de la Bolsa de Valores de Colombia, Deceval,  y fijar sanciones severas para el autoregulador del mercado de valores, y castigar con la legislación que regula el pánico financiero a los que han esquilmado la riqueza colectiva. Se trata de no acabar de rasgar del todo el velo de la ignorancia bautizado confianza inversionista, por el anterior ocupante de palacio, y aprender con sentido práctico tanto las lecciones de la película Inside Job,  y en el plano local la sobreactuada tragicomedia de Interbolsa.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

domingo, 25 de noviembre de 2012


¿MÁS ALLÁ DE LA HAYA?
David Jiménez[1]

La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin al conflicto limítrofe entre los países de Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos.

El fallo del alto tribunal cedió mar asumido desde 1928, cuando menos, como colombiano a los nicaragüenses, pero en Colombia muchos quedaron sorprendidos, porque perdimos una gran porción territorial  que contiene importantes recursos naturales, y afecta la actividad económica regular de los isleños, quienes ya protestan en las calles.

¿Es cuestión solo de soberanía y nacionalismo?

El Congreso Colombiano desde los partidos de la Unidad Nacional hasta el Movimiento Mira y el Polo Democrático, rechazan esa pérdida de mar territorial colombiano. Algunos como el expresidente Uribe proponen incluso no acatar la decisión del Tribunal de La Haya. Y la canciller Holguín responde que el fallo no se ha acatado aún.

Ahora bien, el Gobierno y la Cancillería deben actuar en marco del Derecho internacional público y la diplomacia, para solicitar tanto la revisión del fallo como las aclaraciones que sean necesarias; pero, en caso de que la decisión sea adversa para nuestros intereses, no queda más que cumplirlo.

 Hay una sencilla y poderosa razón. En la economía internacional, los inversionistas necesitan seguridad jurídica. En caso de que Colombia no acepte el fallo de la Corte Internacional de Justicia, hipotéticamente, p.e, ¿qué pasaría con el comportamiento de los inversionistas que compran títulos de deuda pública? Ellos colocan sus cuantiosas sumas de dinero en el mercado de capitales  e  instalan sus negocios para exportar ó importar productos en Colombia, y para nada puede agradarles, si un gobierno decide no cumplir con las decisiones de un tribunal de arbitramiento internacional  ó no pagar la deuda pública aduciendo que tiene un interés nacional que defender.

Algo que no pueden olvidar en el partido de la Unidad Nacional es que de los tres objetivos de seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, este último podría estar afectado cuando un Estado de Derecho no cumple con los fallos de los tribunales internacionales.


¿Se tendrá confianza en el mercado y con los países vecinos?

                                               Por otro lado, incumplir un fallo por cuestiones limítrofes, en un futuro Colombia tendría que tomar partido en los diferentes conflictos limítrofes en toda América Latina, los cuales aún no han sido solucionados. ¿Cuál será el resultado? no afecta el mercado y las relaciones comerciales subcontinentales, claro que sí.

En estos casos, la coalición gobernante de la Unidad Nacional no debe olvidar el mercado y las relaciones comerciales con otros países, porque de hacerse la de la vista gorda, y disponerse a cantar en el altar del desacato deja un lado su principio de la confianza inversionista. Aplasta el huevito más consentido del ex Uribe, por lo cual fueron elegidos desde 2002 con él dos veces, y ahora reelección garantizada con Juan Manuel para el 2014. Pero, están jugando con candela, y podrían perderlo casi todo.

PD: Para no acatar las decisiones internacionales se debe tener poder económico y militar como EE.UU, y ni eso, porque no pocos días que tuvo que pagar por debajo de cuerda la indemnización a Nicaragua que le impuso la Corte por el minado de puertos, que realizó valiéndose de la contra-guerrilla Misquita.

EE.UU, con todo,  aún no reconoce el Tratado de Roma como instancia superior a  la Corte Penal Internacional, y es “resabio” pasarse por la faja las soberanías de los países en vías de desarrollo, siempre que le viene en gana. Empezando por Colombia, con el histórico baldón de la pérdida de Panamá que perpetró Theodor Roosevelt pretextando el apoyo a la independencia de los canaleros con el concurso del aventurero francés Buneau Varilla.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

martes, 20 de noviembre de 2012

LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?


LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?

David Jiménez[1]

La ley 100 de 1993 buscó establecer dos sistemas pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el ahorro individual con solidaridad. Desde 1994 aparecen los fondos de pensiones privados administrando el régimen de ahorro individual con las cotizaciones de servidores públicos, trabajadores dependientes e independientes.

El régimen de prima media es financiado con recursos del Estado, el requisito es 60 años para hombres y 55 para las mujeres. A partir de 2014 se incrementa la edad de jubilación en dos años para cada género.  En el régimen de ahorro individual, la pensión no tiene requisitos de edad sino de capital financiero acumulado

Sin embargo, la reforma pensional de 2005 estableció que el límite de pensiones para los fondos públicos será de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Desde entonces existen varias propuestas de reforma como eliminar el régimen de prima media para no permitir nuevos afiliados, y que todo el sistema sea mayoritariamente privado bajo  el régimen de ahorro individual. Esto es el desmonte de lo poco que queda de Estado de bienestar, en un país que no lo conoció en los términos que existió en la Europa de la segunda posguerra.

Las  reformitas pensionales

Varios congresistas de la Unidad Nacional[2] han radicado el proyecto de acto legislativo no 176 de 2012 en la Cámara, “Por medio del cual modifica el parágrafo 1º y se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia”, para que la pensión máxima otorgada en el régimen de prima media no exceda los 10 salarios mínimos. El argumento es buscar la sostenibilidad fiscal del Estado frente al pago de pensiones con recursos del presupuesto general de la Nación. Así mismo, en el repertorio tienen circulando el proyecto de acto legislativo No 039 de 2012, Cámara, que busca incluir la pensión mínima para los adultos mayores.

Por otro lado, también se encuentra radicado el proyecto de Ley 049 de 2012, Cámara:  “Por medio de la cual se establecen normas tendientes a ampliar la cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y se dictan otras disposiciones”. Aquí se busca que los afiliados al régimen subsidiado en salud y los beneficiarios de los cotizantes en el régimen contributivo puedan cotizar para una pensión.  También permite a los extranjeros que trabajen en el país cotizar a un régimen de pensión.

En pocas palabras, este proyecto busca aumentar la cobertura del sistema. Aunque también a los pobres que están en el régimen contributivo sin pagar la PILA (salud y pensión), podrán quedarse como beneficiarios o afiliados en el sistema de salud sin tener que hacer el pago como cotizantes en salud sino  realizar aportes solamente para pensión.

Lo que no se toca

La ley 100 de 1993 prometió la universalidad del sistema, pero a pesar de la promesa legal ésta nunca ha sido real y efectiva. Miles de miles de colombianos cotizamos: los independientes un 16% sobre nuestro salario, y un 12% los trabajadores dependientes. Mientras,  la mentada universalidad no se ve ni por las curvas.

El grupo de privilegiados que hacen las leyes, las interpretan y las aplican, ni por equivocación tocan sus cuantiosas pensiones: la Rama Judicial, La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los Congresistas.  Estas pensiones son los premios gordos  para alimentar las lealtades de la alta burocracia del Estado y de los que legislan a favor de las minorías.

A hoy, muchos del club de privilegiados formados por las ex altas dignidades están ganándose una mesada pensional por encima de los 25 salarios mínimos. En este caso, ¿qué es lo qué pasa con éstos magistrados, congresistas, el procurador y la contralora de antes y de ahora?.

Están pensando unos y otros en la sostenibilidad del sistema pensional para que no percibir más pensiones que sobrepasen lo fijado por la constitución y la ley. O es  sólo para los de ruana  dicha sostenibilidad que “arropa· a la mayoría de los colombianos? La ciudadanía tiene que tomarse la palabra y reorganizar esa inequitativa casa llamada Colombia.


[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.
[2] H.R. DIDIER BURGOS RAMIREZ, H.R. ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ, H.R. HOLGER HORACIO DIAZ HERNANDEZ, H.R. ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA, H.R. MIGUEL GOMEZ MARTINEZ, H.R. WILSON HERNANDO GOMEZ VELASQUEZ, H.R. PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON, H.R. GERARDO TAMAYO TAMAYO, H.R. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

lunes, 15 de octubre de 2012

LA CRISIS: CAFÉ Y CACAO


LA CRISIS: CAFÉ Y CACAO
David Jiménez[1]

En un recorrido sobre el Nordeste Antioqueño, los pequeños productores de café y cacao (personas con predios de menos de 100 hectáreas), se comprueba que afrontan una de las peores crisis, se están empobreciendo cada vez más. Les aclaro en seguida los siguientes puntos a discutir por ambos sectores.

Los cacaocultores
La cacaocultura, afronta una especie de monopsonio, pues solo dos son los compradores de sus productos, la empresa Nacional de Chocolates y la Casa Luker. La mano invisible de Adam Smith parece jugarle mal a los cacaocultores.  Estos gremios económicos cuasi todopoderosos deciden el valor de compra; pueden importar cacao para presionar la disminución de los precios internos del producto, afectando el ingreso de miles de familias que subsisten en el sector.

Es obvia la falta de regulación e intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para evitar las prácticas de los grandes del sector de chocolates en Colombia, porque si esperamos que la mano invisible del mercado solucione los desequilibrios entre oferta y demanda, los campesinos estarán más pobres.

Así mismo, las reglas de los créditos con las entidades financieras para renovar y rehabilitar cultivos, son más costosas que el precio real, profundizado con la caída del precio para la venta a los dos compradores del mercado nacional, algunos señalan que es fácil señalar un monto para rehabilitar por hectárea, desconociendo los verdaderos costos de insumos y de mano de obra en el mercado , el estado de las vías terciarias y la geografía, en pocas palabras, no es lo mismo San Vicente de Chucuri  (Santander) que Anorí (Antioquia).

Por otro lado, la locomotora del desarrollo agropecuario, no brinda asistencia técnica continua y permanente a los cacaocultores con personal de tiempo completo. El Gobierno Nacional desconoce la capacidad fiscal de los municipios de categoría sexta que no pueden contratar personal de tiempo completo para estas actividades ó lo peor de todo, no tienen presupuesto para cofinanciar un proyecto de asistencia técnica con las Secretarias de Agricultura Departamental y/o  entidades nacionales (ICA, Minanagricultura).

Los caficultores
Las familias campesinas que subsistente del café vienen desde el siglo XIX. El Gobierno Nacional desde hace décadas ha dejado la producción, asistencia técnica, comercialización y distribución nacional e internacional en manos de la Federación Nacional de Cafeteros.
Los cafeteros, con la famosa contribución cafetera que se traduce en impuestos para financiar la burocracia de Fedecafé más la caída del precio, se están empobreciendo al igual que los cacaocultores.

Los técnicos de Fedecafé no están de forma continua en un determinado municipio, están en los más productores, y las entidades municipales invierten poco por su falta de capacidad fiscal en asistencia técnica agropecuaria de calidad y permanente. De este modo, los cafeteros sufren al igual que los cacaocultores: precios bajos, subsidios escasos y poca asistencia técnica. De esta manera, las federaciones no deben convertirse en clubes sociales y exclusivos para élites empresariales dentro de cada sector, se debe aumentar su participación en todos los escenarios económicos y políticos de los pequeños productores en la formulación e implementación de políticas públicas para el bienestar y calidad de vida de la mayoría de las familias campesinas caficultoras.

La asistencia técnica, los créditos con tasas de interés subsidiado, y el control del monopsonio de los compradores en el mercado; la intervención en la economía es una tarea que el Estado no debe abandonar al libre mercado; porque la mano invisible no controla la corrupción privada del sector financiero y empresarial,  tal como está probado en las crisis económicas en Estados Unidos y Europa; la falta de control termina en especulación que se traduce en desempleo y pobreza.

PD: La locomotora del desarrollo agropecuario en la Unidad Nacional, tiene que decidir si coloca en primera categoría a los campesinos pobres, o si sigue  empobreciendo ó no a las familias campesinas, cacaoteras y caficultoras, con sus políticas desorientadas que afectan la calidad de vida e ingreso de millones de personas, en beneficio de una infinita minoría que los explota sin contemplaciones. Es una tarea para el presidente convaleciente, y para el vicepresidente que no se designa a ser arrumado en el cuarto de los muebles viejos.  



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS