¿LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS TIENEN SU FUTURO “ESTAMPILLADO”?
David
Jiménez[1]
El Sistema Universitario Estatal, SUE, la estructura gremial que agrupa
las universidades públicas colombianas, muestra desde hace varios años, la
preocupación por el crecimiento en la desfinanciación de la educación superior
pública en el país; y denuncia cómo el presupuesto de las 32 instituciones se
basa en el monto establecido en 1993 indexado conforme a la inflación.
El anterior criterio supone,
de entrada, desconocer los diferentes gastos derivados de la exigencia
gubernamental de aumentar la cobertura para mayor ingreso de universitarios; la
creación de más programas académicos, generalmente, posgrados que son los “rentables”; el aumento
perverso de la planta de profesores ocasionales, quienes la mayoría de las
veces no entrarán a la planta docente; la mejora en los servicios de
infraestructura y la planta administrativa y de servicios que los atiende; la
nueva construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los campus
universitarios; la promoción en serio de la investigación básica y aplicada, por mencionar las más importantes variables
que inciden en definir las condiciones necesarias para proyectar la educación
superior en el actual mundo globalizado.
El
Boom de las Estampillas
Las Universidades Públicas
de orden departamental, con el concurso interesado de sus senadores y representantes en el Congreso
de la República; afectadas por la
debilidad de hacer lobby político y con la poca presión como actor social, político y
académico que realizan las comunidades universitarias ante la Institucionalidad,
en especial frente al Gobierno presidencialista y el Congreso, han conseguido
hasta hoy un premio de consolación para su raquítica financiación.
Varias lograron que se
aprobaran leyes de la República denominadas “Estampillas” que tienen por
finalidad cobrar un porcentaje de los contratos que ejecuten las instituciones
públicas del nivel al que pertenecen para recaudar un determinado monto de
recursos fijado en la ley.
Así que no pocas
universidades públicas han logrado ejecutar inversiones en infraestructura con
recursos provenientes del recaudo por “Estampillas”, disminuyendo ilusoriamente
la necesidad de presionar el presupuesto general de la Nación para solicitarle
de forma firme, directa y progresiva al Gobierno y al Congreso que den cabal
cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política que obliga al Estado
social de Derecho a la financiación de modo suficiente, no con migajas, la
educación superior nacional.
Actualmente, en la agenda
legislativa, como parte de las estrategias de los congresistas que esperan
reelegirse, y/o en compromiso con sus regiones, se encuentran proyectos de ley para extender
las “Estampillas” a algunas
universidades del orden departamental como la Surcolombiana[2],
UniSucre[3],
UniCundinamarca[4], UPTC[5],
por resaltar algunas a manera de ejemplo.
Además, hoy se suma la
principal universidad del país, la Universidad Nacional de Colombia,
institución sin estampilla, que ya tiene un lugar de “esperanza” en la agenda
legislativa, a través del Proyecto de
Ley No 192 de 2012 Cámara, radicado por los Senadores Roy Barreras y Carlos
Ferro y el Representante Ángel Custodio Cabrera.
Con este instrumento los
congresistas buscan recaudar 1 billón de
pesos para reparar la infraestructura en ruinas de varias de las sedes de la
Universidad Nacional de Colombia, valiéndose del gravamen a los contratos que ejecuten las entidades del
orden nacional.
El
lobby CONGRESIONAL y la ineficacia del
SUE
Vale la pena preguntarse: ¿ quién hace el lobby para impulsar estas leyes?, la mayoría
congresional, que radicó por la misma época en 2012, después del paro nacional
y la significativa movilización de estudiantes en 2011, los proyectos que tienen
por objetivo la búsqueda de mayor y
regular financiación de la educación pública condicionada por la suerte de la
contratación nacional; ó ¿ son
estas leyes modos de consolar y evitar la radicalización de las burocracia
académicas al frente de las Rectorías, Vicerrectorías, Facultades e Institutos
de las Universidades?, ó tales
iniciativas son para impulsar política y electoralmente a los autores de los
proyectos de ley de “Estampillas”, para conseguir los escasos votos que requieren
para triunfar en las elecciones de Congreso en 2014?.
En verdad, quizás resulte
realista decir, que los tres factores son concurrentes para dar impulso a la
cura de las estampillas, que busca sellar el agujero roto del despilfarro de
recursos en la guerra, cuyo único beneficio verificable es el empleo de más de
400 mil colombianos, y los privilegios exorbitantes reconocidos a quienes los
mandan, y se encuentran al frente de las armas de la república de Colombia en
guerra.
Por lo pronto, y no hay
margen para más aplazamientos, las directivas de las universidades públicas,
tanto las que cuentan con leyes de “Estampillas”, ó tienen a la vista proyectos
de ley que buscan crear las mismas, como las que no tienen ni unos ni otros,
deben pronunciarse ante sus comunidades académicas, y la sociedad toda, si, por
fin, y al unísono van a hacer cumplir el artículo 69 de la Constitución.
O si, por el contrario, y
mejorándose con descaro los sueldos que devengan, van a estar dispersos,
llorando “lágrimas de cocodrilo”, y mostrando como expediente de su fementida
“eficacia”, que van a estimular el apoyo a bancadas y mayorías legislativas,
orientadas por políticos regionales, estampillados a la aprobación de leyes de
consolación, espejismos financieros que
privatizan el derecho a la educación, y no resuelven la quiebra presupuestal de
la educación pública en general, y la superior, en particular, que no resiste
la lógica del beneficio capitalista.
Una vez más, una solución
real y efectiva al déficit presupuestal de las instituciones de educación
superior públicas colombianas, reside en la participación activa, el compromiso
de las bases de la comunidad educativa, que levante las reivindicaciones
inmediatas de una constituyente social, que no puede aplazarse más.
Se trata de seguir el
ejemplo de los cafeteros que han reclamado una redistribución en acto, in situ,
de la renta agro-minera. La educación pública no puede ser el pariente pobre
del Estado social de derecho, cuando se ve como se acrecientan en grado sumo
las fortunas de un puñado de grandes capitalistas nacionales y transnacionales.
PD: La Universidad Nacional
de Colombia necesita cerca de un billón de pesos para adecuar su
infraestructura a los retos del siglo XXI. El Presidente del Senado Roy Barrera
y asociados ¿salvarán a la “Nacho” de su muerte anunciada con una ley de
estampilla? No, mucho menos, al resto de instituciones universitarias
departamentales y municipales al borde del colapso. Se requiere un cambio
radical en el financiamiento de la educación pública, ya no da más.
[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo
Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia.
E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Institución ubicada en la ciudad de
Neiva en el Departamento del Huila. El proyecto de ley No 182 de 2012 Cámara,
presentado por el H. Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, político huilense.
[3] Institución ubicada en la ciudad de
Sincelejo en el Departamento de Sucre. El proyecto de ley No 174 de 2012
Cámara, presentado por el H. Senador Eduardo Carlos Merlano, político nacido en
el Departamento de Sucre.
[4] Institución ubicada en el
Departamento de Cundinamarca. El proyecto de ley No 173 de 2012 Cámara,
presentado por el H. Representante Jose Joaquín Camelo Ramos, político de la
región de Cundinamarca.
[5] Institución ubicada en la ciudad de
Tunja en el Departamento de Boyacá. El proyecto de ley No 162 de 2012 Cámara,
presentada por el H. Senador Edgar Espindola, político de la región.
