LA
VERIFICACIÓN AL CESE AL FUEGO EN UN CONTEXTO DE POLARIDAD POLÍTICA
David Jiménez[1]
La semana anterior, se publicó
en los medios nacionales, el papel de las Naciones Unidas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños -CELAC- como verificadores y observadores al cese al fuego y proceso
de desarme entre el Gobierno Nacional y
las Farc-EP.
A su vez, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó la
participación de esta organización internacional en el proceso de paz en
Colombia; la financiación de dicha misión de observación deberá ser asumida por
Naciones Unidas en un contexto de bajos ingresos fiscales del Gobierno
Colombiano por los precios del petróleo solucionada con la venta de ISAGEN para
financiar supuestamente la infraestructura.
Sin embargo, la verificación
al cese al fuego, los negociadores y la misma guerrilla deben mirar la
oposición que tienen en Colombia al proceso de paz el expresidente Álvaro Uribe
Vélez y su partido Centro Democrático, la Asociación de Oficiales Retirados de
las Fuerzas Militares -ACORE-, José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN, por
señalar los más importantes.
En otra perspectiva, existen
diversas encuestas de opinión pública sobre el proceso de paz, del cual
evidencia que la ciudadanía no cree ni acepta lo que está sucediendo en La
Habana, demostrándose la falta de apoyo popular al mandato por la paz de Juan
Manuel Santos en su relección presidencial.
El plebiscito, para ser un
juego electoral y de cálculo político entre votar por la paz o la guerra, está
en riesgo; y está claro que lo que se necesita es legitimidad política y social
en un proceso de paz que resuelve un conflicto de más de 60 años.
En este contexto, los
observadores para la verificación no debe ser solamente la ONU o la CELAC,
estos pueden darle garantía a las Farc-EP o al Gobierno, pero vale la pena la pregunta
¿quién le da garantía a los ciudadanos,
partidos políticos, gremios económicos y organizaciones sociales?
La respuesta obvia, sería los
observadores internacionales, pero por el grado de polarización política, el
Gobierno en vez de tener tantos contratos de asesores financiados a cargo del
Fondo de Programas especiales para la Paz y buscar que la ciudadanía crea en el
proceso de paz, debería fomentar la verificación nacional donde participen los
partidos políticos opositores y de la coalición del gobierno, los gremios
económicos, las universidades públicas, centros de estudios y organizaciones
sociales. Sería muy interesante, confrontar un informe de verificación de la
ONU y otro del Centro Democrático y FEDEGAN o de las universidades públicas;
estos deberían ser financiados por el Fondo de Programas especiales para la Paz
con autonomía e independencia para ejercer actividades.
Los costos de este proceso son
altos, pero para buscar legitimidad, se debe incorporar a la oposición política
y a la ciudadanía para que sean verificadores, en un sistema político
democrático liberal. Es fundamental para las instituciones políticas la voz de
la oposición que le da legitimidad, estabilidad y gobernabilidad, si es que eso
pretende el Gobierno de la Unidad Nacional.
[1]
Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, participante externo
GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
