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lunes, 26 de diciembre de 2016

IZQUIERDA A LA DERIVA

IZQUIERDA A LA DERIVA

David Jiménez[1]

La sucesión presidencial entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón en 2010, suponía la continuidad de la política de seguridad democrática tras al intento fallido de la segunda reelección de Álvaro, detenida por la Corte Constitucional en ese año. El Santos de 2010, prometió continuar con las políticas de AUV durante el debate electoral de la época, enfrentado con Antanas Mockus.

Sin embargo, la oposición política legal se da entre 2002 a 2010 por parte del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, donde se recuerda, alcanzó por primera vez una gran votación en la elección presidencial de 2006 con el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.

Esta fuerza electoral desde entonces se ha ido en caída libre con la aparición y desprendimiento de los “progresistas” de Gustavo Petro en 2011, y, actualmente, con una división interna entre la dirigencia de Jorge Robledo como propuesta de candidato presidencial único para 2018; y el ala contraria representada por Clara López e Iván Cepeda, quien se la juega por un candidato del “acuerdo de paz” para la próxima elección presidencial.

Mientras que, la oposición política del Centro Democrático contra el Gobierno Santos, es reaccionaria “defendiendo” la espalda de un gobierno de derecha. Así, las dos propuestas tienen similar política económica y social, pero las diferencian los estilos de gobernar, y, sobre todo, el acuerdo de paz pactado y refrendado.

Ahora bien, los líderes alternativos representados en el Polo Democrático y el Partido Verde, más se oponen a la reacción en el Congreso que al mismo Presidente Santos. Así las cosas, la oposición de AUV al acuerdo de paz, logró aplicar la regla de Nicolás Maquiavelo “divide y vencerás” a la izquierda colombiana.

En su mayoría, el centro y la izquierda respaldaron al Presidente Santos con la paz y varias de sus políticas; y ahora la actual reforma tributaria, un sector del Partido Verde votó a favor, aunque incluye un notable componente regresivo, más IVA para los pobres, y menos tributo para los grandes conglomerados.

El Presidente Santos no tiene nada de izquierda, pero ha logrado lo que no hizo Uribe en sus 8 años en el poder, dividir la izquierda y quitarle el poder. Ahora con el gobierno Santos, abanderado de la trasnochada “tercera vía”, la izquierda ya perdió su bastión electoral en la Capital, y muchos con ocasión de la polarización Uribe-Santos, terminaron de irse con el presidente actual. Tal como se evidencia con la Ministra de Trabajo Clara López ex candidata presidencial de la izquierda en 2014, y quien ahora protagoniza el triste papel de “campanera” en la fijación del salario mínimo para el año 2017.

Así las cosas, la izquierda anda pérdida en la nebulosa política colombiana. La alternativa se ha vuelto entre Santos o Uribe, derecha o reacción del mismo sabor retrógrado, con diferentes ingredientes y forma de implementación de políticas.

Dicho lo cual, no es nada raro que por la misma existencia del Centro Democrático y Álvaro Uribe a la cabeza de este partido político, el nuevo movimiento político “Voces de Paz y Reconciliación” termine respaldando las políticas gubernamentales, en cuyo caso la alternativa política diferente a la derecha quede a la deriva y cooptada, por ejemplo para respaldar una candidatura de Humberto de la Calle o de Álvaro Leyva.

Una decisión que correspondería al acostumbrado que todo cambie para que todo siga igual en la implementación de los acuerdos de paz: pobreza, desempleo, desfinanciación de la educación superior pública, inequidad y desigualdad social en los campos y ciudades.  
A no ser que la izquierda se atreva a agitar y organizar una propuesta autónoma, que “parta cobijas” claramente; que establezca unos mecanismos viables y creíbles para las fuerzas de izquierda y democráticas de signo diferente, y proponga una fórmula presidencial, en lo posible consensuada, resultado de una consulta previa; es decir una suerte de primarias de la izquierda, la democracia y el centro que acepte las reglas del juego y el impulso consecuente de una constituyente social que demuestre la vocación de ser gobierno para el 2018


[1]  Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 28 de junio de 2015

LAS “GARANTÍAS” ELECTORALES: ¿UNA FICCIÓN?

LAS “GARANTÍAS” ELECTORALES: ¿UNA FICCIÓN?

David Jiménez[1]

La reforma constitucional de la reelección presidencial en 2004,  trajo como antídoto frente al desequilibrio de la competencia electoral la expedición de la Ley 996 de 2005 conocida como “Ley de Garantías”, pero ésta no trajo ni lo uno ni lo otro.

Un aspecto fundamental del sistema político, de su rendimiento, es la financiación de campañas políticas, bajo la adopción del sistema mixto, es decir, la financiación de campañas con recursos privados y públicos.

Las autoridades electorales representadas en el Consejo Nacional Electoral no tienen  la independencia ni capacidad técnica y operativa para detectar, inspeccionar y sancionar la financiación ilegal de campañas políticas.  A su vez,  si es un órgano electoral para vigilar las elecciones, los magistrados son elegidos por las mayorías del Congreso de la República, aplicándose la manida fórmula clientelar: “Yo te elijo para que vigile mi campaña”.

La construcción de la democracia 

La construcción de la democracia en Colombia no puede ser garantía para los que tengan dinero para hacerse elegir en campañas políticas, pero contando con instituciones políticas – autoridades electorales – con autonomía e independencia del poder político y económico.
De una parte, mientras los congresistas puedan sugerir y gestionar inversiones en Departamentos y Municipios tienen también la puerta para hacer proselitismo político; instrumentan la inversión llevada a su “feudo electoral” de manos del presupuesto nacional, sin ningún tipo de control para enfrentar a los que no pertenece a las coaliciones legislativas y de gobierno.

Por otra parte, los órganos de control y la Fiscalía no tienen suficiente personal y capacidad para hacer presencia en 1100 municipios para detectar y sancionar los delitos electorales y el mal uso de recursos públicos, con lo cual los candidatos opositores a gobernaciones y alcaldías no tendrán garantías en relación a que sus denuncias tengan agilidad y eficiencia ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.  

El problema se agrava

El problema se profundiza aún más, desde 1991, ni el Congreso en conjunto con el Gobierno no ha logrado expedir un estatuto de oposición, para brindar garantías en la competencia electoral y en el ejercicio del poder político, mientras tanto seguiremos sujetos  al capricho de los presidentes, gobernadores y alcaldes cuasi todopoderosos, con sus “mayorías de papel”, sin ningún tipo espacio para la oposición política; y con un sistema de pesos y contrapesos desbalanceado a favor de un Presidente con su coalición.

¿Dónde controlan las entidades del Estado en la Rama Judicial, los órganos de control, y las entidades descentralizadas?. Ahora, dizque con la llamada reforma de equilibrio de poderes buscan restablecerlo.

 ¿“Restablecer qué?”, si toda la historia del régimen y sistema político, la élite que está en el poder se beneficia a sí misma y nunca ha existido garantías a la oposición política, sobre todo donde se respete mínimamente el derecho a la vida.

Para terminar, la Ley de Garantías la publicitan el bipartidismo tradicional y el reencauchado porque prohíbe inaugurar obras, modificar la nómina estatal, entre otros; pero, para nada reducen ni la corrupción y el clientelismo. La garantía para una democracia joven y endeble no puede ser ventaja para el que tiene suficiente dinero, o quien está en el poder, para conservarlo para su grupo político se valga de todas las clientelas e impunidad, en desventaja descarada de las otras opciones políticas a nivel nacional, regional y local.




[1] Politólogo y estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Unal, integrante externo del Grupo Presidencialismo y Participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 26 de octubre de 2014

UNIFICACIÓN DE PERÍODOS: LA GRAN MENTIRA CLIENTELISTA

UNIFICACIÓN DE PERÍODOS: LA GRAN MENTIRA CLIENTELISTA

David Jiménez[1]

La Asamblea Nacional Constituyente en 1991, con el fin de prevenir el clientelismo bajo las estructuras y jerarquías desde el nivel nacional al regional, dado su fortalecimiento y capacidad de conservación del poder político, optó por separar las elecciones nacionales de las territoriales. Ahora, la propuesta de unificar periodos de todas las autoridades, no busca solo que los gobernantes tengan más tiempo para cumplir sus promesas, sino, claro está, profundizar el clientelismo regional y nacional.

La ficción del constituyente derivado y la Unidad Nacional

En la pasada campaña presidencial, el entonces candidato-presidente con el propósito de persuadir a gobernadores y alcaldes propuso ampliar el periodo de estos a 6 años. Dada la inconstitucionalidad de la iniciativa, ahora salen con la invención de una transición donde los actuales pueden participar a la reelección por 2 años y, posteriormente, los periodos quedarían de 6 años igual al del Presidente, en caso de que se apruebe la mal llamada reforma al equilibrio de poderes.

A su vez, uno de los promotores de la iniciativa es la Federación Colombiana de Municipios, que a través de su director Gilberto Toro, una especie de “inamovible,” afirma que la ampliación de periodos permitirá la gobernabilidad dada la parálisis que produce la Ley de Garantías cada dos años. [2]

La verdad es que la parálisis gubernamental se da por la prohibición de la contratación directa, dado que la regla para contratar es la Licitación Pública. De un plumazo desconoce el director Gilberto Toro, el alto porcentaje de utilización de la modalidad de contratación directa que es la práctica descarada en las entidades públicas, con el exclusivo propósito de obviar los procesos abiertos y públicos.

Esta conducta aberrante es advertida por los organismos de control, pero nadie se atreve a cuestionarla por la potísima razón, que la contratación directa permite pagar los favores políticos a los copartidarios de una causa electoral, sin tener que pasar por las indeseables trabas de una licitación. En suma, el problema no es la parálisis gubernamental, sino que no quieren aplicar la modalidad de Licitación Pública en el periodo electoral: ¿A qué le temen, tirios y troyanos?

Por otra parte, la cacareada unificación de periodos permite el fortalecimiento de jerarquías desde un Presidente hasta un edil de una Junta Administradora Local. El resultado es  la obstrucción a la aparición de nuevas expresiones políticas locales y regionales que confronten el proyecto hegemónico presidencialista de turno, y su reproducción hasta el absurdo, por el clientelismo. A través del mal uso del presupuesto público para obtener votos a cambio, por medio de “inversiones envenenadas” en determinados municipios o regiones.

Finalmente, el autodenominado “constituyente derivado”, representado en el desvencijado Congreso de la República busca sustituir la Constitución de 1991, contra viento y marea. Conviene volver a recordarlo, que en ella se aprobó con sabiduría anti-clientelar un período para mandatarios territoriales de 3 años y elecciones separadas a nivel nacional y regional; pero, luego en 2002 a través de acto legislativo se amplió a 4 años.

Ahora los amantes del despilfarro y el enriquecimiento buscan in tuito personae ampliar a 6 años el negocio que desangra las entidades político-administrativas de un república cegatona, dizque con la causa justa de unificar el periodo de elecciones que redundará en buen gobierno.



[1] Politólogo y Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos Universidad Nacional de Colombia. Participante externo del grupo presidencialismo y participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Palacios Mejía, D. (Octubre 23, 2014). Gobierno logró sacar adelante su promesa, El Colombiano, [en línea] http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gobierno_logro_sacar_adelante_su_promesa/gobierno_logro_sacar_adelante_su_promesa.asp

lunes, 26 de agosto de 2013

EL REFERENDO PARA LA PAZ: EN LA ENCRUCIJADA

EL REFERENDO PARA LA PAZ: EN LA ENCRUCIJADA

David Jiménez[1]

Desde finales de año 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos viene en diálogos con el grupo armado ilegal FARC-EP, desde 2012 se instalaron oficialmente los diálogos de paz, que tienen varias contradicciones.

El Gobierno Nacional con su congreso mayoritario aprobó el Acto Legislativo No 01 de 2012 “Marco Jurídico para la Paz”, y que se está a la espera de la declaratoria de exequibilidad por la Corte Constitucional. Sin embargo, frente a la reforma constitucional del Marco Jurídico para la Paz de iniciativa del Gobierno y del expresidente del Congreso Roy Barreras, en plenos diálogos de paz, la guerrilla de las Farc-ep ha mostrado sus críticas frente a dicha normatividad constitucional en caso de aplicarse para un Acuerdo de Paz. Dado lo anterior, existe una contradicción de intereses entre guerrilla y Gobierno Nacional para llegar al famoso Acuerdo Final del Conflicto, que no será final porque está por fuera el ELN y las Bandas Criminales o Neoparamilitares, estos siguen ocasionado terror y muerte en toda la geografía nacional.

A su vez, desde La Habana, la guerrilla de las Farc-ep en su propuesta de desarrollo agrario, participación en política de excombatientes, entre otros aspectos; han señalado que dichos acuerdos deben ser reincorporados a la constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente con la participación de la sociedad colombiana.  En la otra órbita , el Gobierno Nacional dice que no está de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; desconociendo que los temas que tratan en La Habana, toca aspectos claves de la Constitución de 1991, y que si llegan a un determinado acuerdo, deberán hacerse las respectivas reformas constitucionales vía constituyente primario o derivado, con lo cual cabe la pregunta:  ¿Quién tiene más legitimidad para reformar la constitución: el Congreso o el pueblo a través de una constituyente?

Por otra parte, la semana pasada, el Ministerio del Interior con otros congresistas de su coalición  radico un proyecto de ley por medio del cual se convoca al pueblo para un referendo constitucional para avalar el famoso Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, que de finalización del conflicto no tiene nada por la existencia de organizaciones armadas en todo el territorio nacional que continúan con estructuras militares de control territorial. La exposición de motivos de dicho proyecto, señala que busca es darle participación a la sociedad colombiana, ¿ los colombianos votarán por el SI, NO o en Blanco por un Acuerdo que no conocen que temas y aspectos se acordaron o negociaron ? . Sin embargo, la inteligencia del Ministro Carrillo quedo claro en el proyecto de ley, que dicho referendo podrá coincidir con otras elecciones, el objetivo es que si hacen elección separada de referendo de otras elecciones, la participación sería minoritaria, en cambio si la hacen en elecciones de congreso o Presidente en 2014, la participación sería mayor, así mostrarían legitimidad para el proceso.

PD: ¿ las protestas sociales en Colombia fortalecen a las Farc en La Habana frente a sus críticas al desarrollo agrario y minero-energético adoptado por Colombia?



[1] Politólogo. Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 24 de febrero de 2013

COMBATIR EL CLIENTELISMO, DE LA PROMESA A LA REALIDAD


COMBATIR EL CLIENTELISMO, DE LA PROMESA A LA REALIDAD.
David Jiménez[1]

En la campaña regional para la Gobernación de Antioquia en 2011, el entonces candidato del Partido Verde, Sergio Fajardo Valderrama, hoy  Gobernador, señala públicamente que uno de los problemas de muchas regiones del Departamento de Antioquia tiene sus causas en la violencia y la corrupción. Por esa razón le apuesta a la educación como motor de transformación de la sociedad.

Los hechos

La Gobernación de Antioquia en su responsabilidad constitucional y legal  de cofinanciar los programas y proyectos de los municipios; tiene para este 2013 que entregar cemento a los alcaldes para que pavimentes sectores de la cabecera municipal.

Sin embargo, en el 2013 mientras la administración Departamental ejecuta la entrega de bultos de cemento a los Alcaldes, y mientras estos últimos terminan pavimentando las calles de las zonas urbanas, se da en un periodo electoral para Congreso y Presidencia de la República en el primer semestre de 2014.

Entonces, valdría la pena preguntarse:¿será que la entrega de cemento es para cambiar las formas de votación de la ciudadanía, o para cambiar el urbanismo de los municipios antioqueños?  O se está pavimentando la voluntad ciudadana, y el verde esperanza no logra ocultarlo.

Además, es interesante que la administración Departamental y los alcaldes, indiquen cómo será el proceso de selección de sectores urbanos que pavimentarán; porque muchos municipios de Antioquia en sus zonas urbanas tienen redes de acueducto y alcantarillado con más de treinta años, y en el futuro próximo deberán ejecutar proyectos de Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Programa Aguas para la Prosperidad-Plan Departamental de Aguas-.

Ello producirá la destrucción de las calles actuales y la repavimentación de las mismas una vez finalizado el proyecto, esperando que los contratistas no hagan lo que acostumbran, escaparse y las obras queden inconclusas o en mal estado. Luego viene el circo de la justicia nacional  y la impunidad rampantes. Ahí tenemos el caso de la capital de la República, con sus Nule y Tapia tan campantes.

Por otra parte, la Administración Departamental y los Alcaldes, deberían dar a conocer sobre la selección de la calle a pavimentar, el impacto social que genera; porque de pronto se repavimenta una calle con pocos habitantes pero con líderes locales ó con personas “adineradas”, así se les asegure a  los sectores pobres para que no sigan caminando sobre el “pantano” del olvido y la exclusión.

Finalmente, la administración Departamental en cabeza del profesor Fajardo, con base al plan de desarrollo “Antioquia la más educada” y su plataforma programática, debe aplicar los criterios técnicos en un proyecto de “entregar cemento” para que no se alimente el apetito electoral de muchos candidatos al Congreso con el aval de la clase política regional y local.
Si los alcaldes desean una transformación de la sociedad antioqueña no es con la “entrega de cemento” para pavimentar calles, porque seguimos en el circulo vicioso de la producción y reproducción del clientelismo en el sistema político, sellándole la boca a la ciudadanía que recuerdo los peores métodos de la mafia, que no depositan en el fondo del mar, eso sí, a sus víctimas porque las requieren vivas para que sigan “votando”.

PD: En los últimos once años en Antioquia, cuando un partido gobierna, al mismo tiempo gana la elección a Congreso de la República porque tiene el presupuesto departamental y alcaldes a sus pies. En las elecciones de 2002 y 2006, los Liberales obtuvieron mayores curules que otros partidos porque gobernaron entre 2001-2007 y en las elecciones de 2010 los Conservadores ganaron porque estaban en el poder 2008-2011. En el 2014, ¿pasará lo mismo con los partidos afines al Gobierno de Fajardo: Partido Verde y Alianza Social Independiente? ¿Obtendrán mayores curules en el Congreso en comparación a 2010, o estaremos delante de una primera honrosa excepción? Amanecerá y votaremos mientras tanto por la moral y buenas costumbres del profesor Fajardo y sus discípulos.



[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 20 de enero de 2013

LA REGIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: ¿ES POSIBLE CON LOS PARQUES EDUCATIVOS?


LA REGIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: ¿ES POSIBLE CON LOS PARQUES EDUCATIVOS?

David Jiménez[1]

La ciencia política anglosajona con ayuda de la economía política y la estadística desde hace más de tres décadas estudia la relación entre asignación de gasto público y partidos de gobierno, evidenciando que muchos partidos y legisladores focalizan la inversión estatal en los distritos electorales donde son victoriosos, ó para conquistar a nuevos e importantes núcleos de votantes.

El caso de Antioquia

La Gobernación de Antioquia elaboró una convocatoria para seleccionar 40 municipios para construir un Parque Educativo con una inversión aproximada de 2.500 millones por localidad. A la fecha se presentaron 108 propuestas correspondientes al número igual de municipios, y resultaron ganadoras 45 localidades el pasado mes de noviembre de 2012.

En discusión con un colega sobre dicho proyecto,  le manifesté que éste dependía que en el futuro inmediato los municipios operaran adecuadamente dichos Parques Educativos a través del tiempo, y pese a los límites que existen en gastos de funcionamiento de acuerdo con la ley 617 de 2000. Sin embargo, él  respondió que estos proyectos fueron hechos con criterios de cálculo político. Lo dudé, y para tener mayores soportes para la discusión ya abierta encontré que en los 45 municipios ganadores entre 108 en competencia, las elecciones de 2011 fueron así:

-       -    En solo 20 de los 45 municipios el Gobernador Fajardo le ganó al candidato conservador Álvaro Vasquez y del uribismo Carlos Mario Estrada;
-        -   De las 45 alcaldías: 14 son conservadores,  10 del Partido de la U, 7 Liberales y 14 de otros partidos.
-        -   Para la Asamblea Departamental  en los 45 municipios: en 20 ganaron los conservadores,  15 el liberalismo, 8 el Partido de la  U, 1  Cambio Radical y 1 el Partido Verde.

En principio, los resultados muestran que los municipios conservadores fueron los más favorecidos; con lo cual se evidencia que dicha convocatoria no  tuvo como propósito fortalecer la lealtad electoral al gobierno de turno. Además, mirando la posibilidad de brindar mayor respaldo a la coalición de sector del Partido Liberal (Aníbal Gaviria, Eugenio Prieto) con Fajardo, se encuentra que solo esa coalición electoral ganó en tres municipios de los 45 seleccionados las elecciones a gobernación, alcaldía y asamblea como Concordia, Titiribí y Tarso.  A su vez, el único municipio verde ganador es Yondo.

De esta manera, con esta gobernación se prueba prima facie que la regionalización del gasto público no es un imposible en la democracia colombiana, pero para el caso particular no se encuentra aún evidencia, ya que se debe hacer un estudio adicional a través de una línea de tiempo comparando  los resultados con las elecciones legislativas de 2014 y territoriales de 2015, cuando menos; para conocer así  la realidad de la focalización de la inversión estatal conforme al escenario electoral específico.

PD: Adicional a lo indagado y dicho, cabe la siguiente pregunta que va como ñapa para los apreciados lectores de este escrito: ¿la construcción y operación de los Parques Educativos aumentará la calidad de la educación en los 45 municipios beneficiados?, o, en cambio, ¿afectará el modo como votan las ciudadanías beneficiadas?.




[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS B/COLCIENCIAS “C”. Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Email: presid.y.partic@gmail.com.

miércoles, 31 de octubre de 2012

LA U: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?


LA U: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

David Jiménez[1]

El Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) fue fundado por Juan Manuel Santos y Luis Guillermo Vélez Trujillo en 2006, inspirados en el Uribismo de la época, alimentado por  la salida de muchos militantes del oficialismo liberal. A su vez, el Partido de la U logró obtener la mayor votación para las elecciones a congreso de 2006 y 2010, y con su aliado natural, el Partido Conservador consiguieron luego la  mayoría mínima en las cámaras.

 Ahora bien, después, su coalición actual solo ha dejado por fuera a la izquierda democrática representada en el PDA que por el desastre en Bogotá ha perdido la confianza para realizar debates de control político exitoso al Gobierno Santos, como lo hiciera con éxito en la era Uribe a través de sus capitanes Petro, Robledo y Avellaneda, entre los más notorios y ruidosos en el mejor sentido.

La participación política a la vista

El articulo 127 de la Constitución Nacional y el artículo 48 de la ley 734 de 2002 Código Disciplinario de los Servidores Públicos, prohíben la participación en política de servidores públicos. Sin embargo, es vox populi, que el Presidente en la Asamblea de la U, pronunció el discurso donde estuvo más al lado político y electoral de su partido que una convención programática para definir políticas nacionales exigidas a un gobierno por una colectividad política. Tal parece, como es el Presidente, que Santos no tendrá sanción alguna al arrancar su campaña a la reelección, como, en cambio, sí la tuvo el exgobernador Abadía, inhabilitado por invitar a los alcaldes vallunos a respaldar a Andrés Felipe Arias como precandidato presidencial.

A su vez, el Presidente invitó a no respaldar los proyectos de reforma para autorizar vía constitucional el cambio de partido ó la escisión del mismo, justificando que debilitaría a su partido, La U.

En la mañana y en la tarde: las apariciones

En la mañana, tuvimos el discurso de Uribe, y en la tarde, el de Santos. Es un hábito permanente, manifiesto, entre los dirigentes políticos y del partido de la U para evitar una confrontación ideológica y de opiniones sobre el acontecer nacional. En lo cual siguen siendo libero conservadores, y para nada democráticos. Ni se lo sueñen.

Es así como se comportaron en los ejercicios preliminares de la campaña para congreso y presidencia. Tales fueron los casos  del Encuentro de Líderes del Suroeste Antioqueño, en Betulia, Uribe llegó en la mañana y Santos en la tarde; en el Encuentro de Lideres del Occidente Antioqueño, en Santa fe de Antioquia, Uribe en la mañana y Santos en la tarde y en la Asamblea del Partido de la U, paso lo mismo.

Es hora de la definición

Los Senadores y Representantes a la Cámara, debe definir en cuál orilla estar, en la ideológica con Álvaro Uribe Vélez, ó en la burocracia que maneja el presupuesto y los más altos cargos del Estado para obtener votos, al lado presidencial.

A su vez, los diputados y concejales deben tener un espacio real sobre la definición ideológica y del futuro del Partido de la U, porque ellos son los representantes de las regiones y municipios, son los que están en permanente contacto con sus comunidades y militantes. Porque de participación no sabemos, ni los dirigentes “naturales” quieren saber nada.

PD: ¿Acaso es malo que exista oposición al Gobierno?, ¿Quién gobierna a los congresistas: su veto se compra con burocracia y presupuesto nacional? ¿Qué diría George Tsebelis[2] estudiando el caso colombiano?



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS
[2] Tsebelis, G. (2006). Jugadores con veto. Como funcionan las instituciones políticas. México D.F: FCE 

sábado, 6 de octubre de 2012

DEMOCRACIA RECONCENTRADA: VENEZUELA


DEMOCRACIA RECONCENTRADA: VENEZUELA

David Jiménez[1]

La democracia liberal y contemporánea tiene como esencia la participación ciudadana en los asuntos públicos, en términos de elegir de modo periódico a sus representantes, y un control al ejercicio del poder político de los gobernantes, con la convicción que las elecciones no garantizan la democracia real en un determinado sistema político.

La Re-cooptación

En las democracias occidentales, Hugo Chávez (1999-2012) de obtener el triunfo este domingo, será el gobernante  que más ha permanecido en el poder en las últimas tres décadas  de democratización y transiciones de la guerra a la paz, ó de tránsito del autoritarismo a la democracia en América Latina, y permanecerá  hasta el 2019, si su salud no le juega una mala pasada de nuevo.

El Presidente Chávez obtuvo el poder en 1998, con un congreso opositor, y con la constituyente lo revocó. Desde entonces ha gozado de mayoría legislativa para impulsar toda clase de reformas constitucionales, legales y de evitar un control político a las políticas que dispone y sus resultados. De modo secuencial ha logrado cooptar todas las ramas del poder público, y los órganos del Estado recreados bajo la constitución de 1999.

La constitución venezolana de 1999, los artículos 156 y 236, otorga al presidente facultades de regulación e intervención administrativa, social y económica; además con la reforma a la relección en el artículo 230, el poder presidencial venezolano desdibuja funcionalmente el poder estatal y municipal bajo un estado que se autodenomina constitucionalmente federal, y con independencia y autonomía de las ramas del poder público.

Sin embargo, el respaldo electoral obtenido por el Cdte Chávez en las urnas desdibuja la fórmula de los “checks and balances” con los que fuera craneado el régimen presidencial estadounidense para garantizar el juego de las minorías, según el decir de Madison y Hamilton en los papeles del Federalista.

¿Comprando  votos?

La política social en la Venezuela del actual presidente  ha buscado la disminución de la pobreza y garantizar condiciones mínimas de bienestar y calidad de vida a los venezolanos del común. Pero,  tiene también otro fin, los votos de la ciudadanía beneficiada. Ortega, D. & Penfold-Becerra, M. (2008) encuentran que las misiones (programas sociales) del Gobierno Chávez aumenta recursos para estas políticas en municipios y Estados afines en lo político-electoral, y los restringen en los que no le son afectos.

Al parecer, desde 1998 el Gobierno ha pasado por elecciones nacionales y referendos populares, con la cual la reproducción electoral ha sido una constante para conservar el poder, excepto cuando perdió el referendo en 2007 cuando el pueblo no decidió admitir reformas constitucionales de iniciativa gubernamental pero en 2009 Chávez logro obtener la aprobación de otro referendo para poder ser candidato presidencial en 2012 y con elecciones estar hasta el 2019.

Sin embargo, Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, han logrado estar en el poder por la falta de oposición en la Asamblea Nacional; primero, cuando los partidos opositores se abstuvieron de participar en las elecciones de 2006, dejando el camino libre a la unanimidad nacional en un cuerpo de representación populares que exige la presencia de diversos intereses sociales, económicos y políticos necesarios para la democracia.

Otra mirada

El neopopulismo de izquierda, señala Ignacio Walker (2008), ha permitido la aparición de nuevas demandas ciudadanas y movimientos sociales, pero a la vez nos retrotrae al personalismo, y las formas plebiscitarias bajo  una modalidad de democracia delegativa como la bautizara Guillermo O´Donnell.

En la democracia venezolana existen vastos sectores sociales que históricamente han sufrido exclusión social, económica y política del sistema político; pero, en respuesta en parte niveladora el poder ahora ha sido concentrado y delegado a un Presidente reelegible con cuerpos legislativos mayoritarios que impiden  un sistema de pesos y contrapesos propios del  Estado Democrático liberal contemporáneo.

Así que, los excluidos del ayer, deben estar felices, y los excluidos de hoy, en la tristeza. Será entonces que la democracia siempre es ¿exclusión? : los que ganan elecciones a un lado,  y quienes pierden en elecciones al otro. Lo cual se parece al decir de Jacques Rancière, quien habla de la democracia en términos de desencuentro contra las lacras de la “postdemocracia”, que él ve se imponían desde los años 90 alrededor del mundo.

PD: En Colombia discutimos las prerrogativas constitucionales del Presidente sobre las demás ramas del poder público y órganos del Estado. Con la aprobación fraudulenta de la relección presidencial, muchos servidores públicos en las altas dignidades del Estado tienen una afinidad política con el primer mandatario, y coartan el equilibrio de poderes. Ahora bien, ¿Venezuela nos da lecciones para evitar diseños institucionales de monarcas presidenciales?.

Referencias

Ignacio Walker (2008). Democracy and populism in Latin American, Working Paper No 347, Kellog Institute, Notre Dame University

Ortega, D. & Penfold-Becerra, M. (2008). Does clientelismo work?: electoral returns of excludable or no-excludable goods in Chavez ´s missions programs in Venezuela. Paper delivered at the American Political Science Association, Boston, August.

República Bolivariana de Venezuela. Constitución Política de 1999 . Recuperado http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS