¿ES POSIBLE DEFENDER LO INDEFENSABLE: LOS PARTIDOS?

¿ES POSIBLE DEFENDER LO INDEFENSABLE: LOS PARTIDOS?

David Jiménez[1]

                                                      El profesor David Roll de la Universidad Nacional de Colombia en su columna titulada “En defensa del Liberalismo”, publicada en el periódico El Mundo de Medellín el 11 de diciembre de 2013, defiende al Partido Liberal.  Resalta que es un partido más de izquierda que derecha, responde las críticas internas que hacen sus líderes en el partido, y concluye que es el partido para agrupar a la izquierda tras las negociaciones de paz.

En los sistemas políticos contemporáneos existe una crisis de representación, la poca identidad partidista y la baja confianza en los partidos políticos en las democracias occidentales. En nuestro caso colombiano, defender a los partidos en un contexto de corrupción, infiltración de organizaciones criminales en la política y clientelismo es difícil sostenerlo, y mucho menos ahora, dado que la evidencia empírica de corrupción y captura del Estado están latentes en el sistema político, y el liberalismo no está fuera de tales conductas.

La participación en el posconflicto

                                                            El líder conservador Álvaro Gómez Hurtado señalaba días antes de su asesinato que la solución no era derrocar el gobierno, sino cambiar el régimen que eligió al presidente Ernesto Samper. Con los anteriores antecedentes, los paros y movilizaciones sociales, así como las estudiantiles y campesinas desde 2011 en toda la geografía colombiana.

Tales  demandas sociales podría llevar en un eventual escenario de posconflicto a la constitución de un partido agrario y campesino como lo ha sostenido el profesor Miguel Ángel Herrera Zgaib, dado que los problemas de la tierra y del campo hacen parte de la raíces históricas del conflicto armado desde hace 60 años.

Los partidos tradicionales – Liberal y Conservador – llevan más de 160 años turnándose en el poder político, y desde 1991 manipulan el sistema político colombiano, sin tener responsabilidad política histórica con los problemas nacionales.

 Ahora bien, defender, como lo hace el académico liberal, que alguno de estos dos partidos históricos, o sus apéndices, el uribismo o el partido de la U; o que en este caso puntual el liberalismo que conocemos es el futuro para la izquierda democrática, los sectores excluidos y subalternos, o para la paz. En buen romance, hacerle caso a esta sugerencia pública  es garantizar la dominación del clientelismo asociado con corrupción y la no democratización colombiana.

PD: Las Farc-ep prometió y volvió a declarar el cese unilateral de hostilidades, pero, al mismo tiempo el pasado fin de semana realizó hostigamientos a la fuerza pública en el Municipio de Anorí (Antioquia) afectando a la población civil, como acto de cierre. ¿Esa es la paz?

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[1] Politólogo y estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO: ¿ES UN MITO?

LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO: ¿ES UN MITO?

David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional desde 2012 nos habla de un Acuerdo para la Terminación del Conflicto,  fruto de las negociaciones en La Habana con las Farc-ep. De esta manera, el Congreso Colombiano de mayoría gobiernista aprobó el Marco Jurídico para la Paz, y muy seguramente aprobará la ley que convoca al pueblo al referendo de la paz.

Sin embargo,  debemos tener claro si el proceso de paz con las Farc-ep es un éxito, eso no será traducido en paz en todo el territorio nacional, dado la alta presencia de grupos armados ilegales en toda la geografía, la publicación de El Espectador (27.08.2013) sobre el informe de INDEPAZ  sobre la presencia de estos grupos así:

-      -    Bandas Criminales: presencia en 31 Departamentos y 409 municipios

-       -   Farc-ep:  presencia  en 28 Departamentos  y 262 municipios

-         -  ELN:  presencia en 13 Departamentos y  72 municipios

Con lo anterior, si el país tiene 32 Departamentos y 1.100 municipios aproximadamente,  se muestra la debilidad del Estado para garantizar su presencia (judicial, militar, policial, fiscal y social)  en todo el territorio. Así que, una negociación exitosa para la paz sin tener en cuenta a las Bandas Criminales o Neoparamilitares y al ELN, no se verá reflejada en paz y tranquilidad en muchos municipios del país, sin tener en cuenta que las FARC en un eventual proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil terminen algunos disientes y reincidentes en formar bandas criminales en los territorios; un gran riesgo que no se discute en el Congreso, La Habana y la Casa de Nariño.

Así que, la terminación del conflicto será ficción si no se aprende las lecciones de las pasadas negociaciones con guerrillas y paramilitares, y dado que si no se incluyen todos los actores en conflicto en el dialogo, los usos de la violencia y el terror continuaran como si nada hubiera cambiado, la solución a eso es más “Democracia Real”, que transcienda la democracia representativa incorporada en una entidad desprestigiada social y políticamente por la sociedad colombiana como lo es el Congreso de la República,  que aunque tiene la función constitucional de hacer las leyes y reformar la constitución, en episodios trascendentales para la Democracia Colombiana son cuestionables que se hagan por el constituyente derivado y no por el constituyen primario.

El referendo de la paz

El calendario electoral del 2014, con la presentación del proyecto de ley para convocar a un referendo por la paz, es cuestionable por varias razones.  En primer lugar, la democracia delegativa representada en el Congreso de la República tramitará un proyecto para convocar al pueblo a referendo cuando ni siquiera el Gobierno Nacional y las Farc-ep han firmado o suscrito acuerdos sobre temas que discuten en forma abierta y pública a la sociedad política y civil. En segundo lugar, el proyecto de referendo supone un escenario en los próximos meses de que el Gobierno Nacional firmará un acuerdo con las Far-ep, la Corte Constitucional avalará dicha ley para convocar a referendo y por último, ganarán en las urnas porque harán que la elección coincida con otra para que la participación electoral  sea mayor en contra de la abstención. Y finalmente, no conocemos bién (toda la sociedad) como va el proceso de negociación, con lo cual vale la pena estos interrogantes: ¿cuáles serán los mecanismos para incorporar todos los acuerdos a la estructura jurídico-legal del Estado?, ¿Cómo será el proceso de desmovilización, desarme y reincorporación?, ¿Quienes estarán sometidos a la justicia ordinaria y a la justicia transicional cumpliendo las normas del Derecho Internacional? , ¿Cómo serán los mecanismo de reparación a las víctimas de las Far-ep?; son algunas inquietudes que podrían resolver las reservas que tienen muchos sectores con el proceso de negociación en escenarios de polarización donde no conocemos bien lo que se negocia y discute en La Habana o si estamos en un cuento de ficción.

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[1] Politólogo. Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

LA CONSTITUYENTE: FICCIÓN O REALIDAD

LA CONSTITUYENTE: FICCIÓN O REALIDAD

David Jiménez[1]

El proceso de paz que se “negocia” entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-ep en La Habana tiene como punto álgido la convocatoria a una constituyente, una petición que la guerrilla hace por una simple razón, porque las propuestas de desarrollo agrario integral, participación en política de excombatientes, victimas, implementación de los acuerdos y refrendación bajo el régimen político presidencialista definido, acotado por la Constitución de 1991 no las permite por diferente razones.

En primer lugar, el desarrollo agrario integral, necesita no solo modificar la constitución donde se especifique la responsabilidad del Estado de prestar asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores del campo y de redistribuir la propiedad rural bajo criterios de equidad, sino que también exige la expedición un Estatuto de Desarrollo Rural que reglamente todas las funciones, competencias, responsabilidades y financiación de la política de desarrollo agrario y de redistribución de la tierra entre la Nación, las entidades territoriales y el sector privado.

Conviene recordar, sí, que para tales casos existen leyes como la ley 101/93 y 160/1994, - para señalar las más importantes -, donde las circunstancias actuales para que una reforma de desarrollo agrario integral “prospere” requiere, sin embargo, un nuevo marco jurídico que asegure el desarrollo rural y la redistribución de la tierra en los 1.100 municipios colombianos.

En segundo lugar, el congreso de la República por su mala imagen ante la opinión pública, la presencia activa de la parapolítica en los últimos tres periodos presidenciales, sumados la pobre calidad de los debates y el poder de los gremios económicos del sector agrario, no está en capacidad de aprobar un Estatuto de Desarrollo Rural.

Por lo demás,  los grandes intereses agrarios y rurales, legales e ilegales están en el Congreso sobre-representados. El único camino que queda es a través de una constituyente con la partipación de todos los sectores políticos, sociales, comunitarios, campesinos y económicos.

En tercer lugar, a propósito de la participación política, la constitución de 1991 tiene un régimen de inhabilidades para ser elegido congresista. Leyes como la ley 136/94 y 617/2000 establecen las inhabilidades para ser alcalde o concejal. Con estas reglas de juego no podrían participar ex combatientes de la guerrilla o el paramilitarismo en política por tener condenas penales vigentes.

A su vez, la reforma política de 2009 estableció un umbral del 3% para que una organización política sea reconocida jurídica y políticamente por el Consejo Nacional Electoral. Esa norma le impide a movimientos políticos como el Polo, MIRA y el Verde continuar como partidos políticos. A los excombatientes le sería difícil conquistar curules en el congreso bajo ese esquema del sistema electoral actual que fortalece al bipartidismo y sus “placebos”.  Una nueva apertura del sistema político, que cuente con los de abajo, requiere una participación real y efectiva de los ciudadanos por dos vías: la Constituyente y el Congreso.

En cuarto lugar, la ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no puede quedarse solo en la reparación económica, sino que requiere  fortalecer el sistema judicial para que investigue y sancione a todos los responsables y victimarios del conflicto armado, para aplicar los postulados de Verdad y Justicia.

 Los grupos al margen de la ley, y los potentados rapaces deben devolver toda la tierra que han conquistado con las armas, el narcotráfico, o la ilegalidad, a la vez que contarle a la justicia y la ciudadanía sus relaciones con sectores políticos y económicos. Con el fracaso de la reforma a la justicia vía Congreso, las víctimas y la justicia requieren un diseño institucional a través de una constituyente, porque el legislador y los honorables magistrados solo quieren prebendas para sí mismos.

En suma, la refrendación de los acuerdos que son puntos que afectarán artículos de la constitución política, exige una constituyente que luego sea refrendada por el pueblo en las urnas, algo que no paso en 1991. Convocar a un Plebiscito o una Consulta Popular para votar SI/NO sería un absurdo más en tiempos de democracia participativa.

Finalmente, el miedo de Humberto de La Calle es que se sabe cómo inician las constituyentes pero no cómo terminan, dado que no obedecen a norma anterior. Es verdad lo dicho, es la naturaleza del poder constituyente, es un riesgo que le corresponde tomar a una ciudadanía madura. Por lo demás, las reformas acordadas en La Habana no tiene fundamento que el Congreso de la República las trámite vía Acto Legislativo. ¿Dónde quedarían los ciudadanos de todos los sectores ideológicos y la sociedad civil? El Gobierno nacional debe revelar la verdad sobre  lo acordado para el trámite de las reformas al régimen y al sistema político vigentes: constituyente, congreso, plebiscito, referéndum o consulta popular.

PD: El proceso de paz en La Habana tampoco podrá olvidar la vigencia del Estatuto de Roma que da competencia a la Corte Penal Internacional para conocer  y fallar las graves violaciones a los derechos humanos que afectan el derecho internacional humanitario, o, ¿será que cambiar la constitución de Colombia bastará para eludir su competencia?

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[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

EL CÓDIGO MINERO Y LA (DES)PROTECCIÓN AMBIENTAL

EL CÓDIGO MINERO Y LA  (DES)PROTECCIÓN AMBIENTAL

David Jiménez[1]

La renta minera y la consiguiente dependencia de los recursos naturales no renovables ha sido el boom en el país durante la última década. Por esa razón al Gobierno Nacional le urge la expedición de un código minero que respetando la consulta previa  establezca unas reglas de juego claras para las empresas nacionales y transnacionales mineras.

Sin embargo, aunque el mercado global y las transnacionales de los grandes empresas mineras les urge tener unas reglas claras y seguridad jurídica para sus inversiones, al Gobierno y el Congreso Nacional le corresponde fijarse en otros aspectos.

Pero, la Agencia Nacional de Minería ANM, no tiene la suficiente capacidad técnica, operativa y humana para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control a la minería. Aunque cuenta con sedes regionales fuera de la Capital, la realidad es que no ejercen una vigilancia real de las empresas mineras. Solo lo advertimos cuando se producen grandes accidentes con muertes incluidas. Entonces nos  darnos cuenta de las fallas por la ausencia de control e intervención.

A su vez, la expedición de títulos mineros y solicitudes de legalización por parte de las autoridades mineras a los  nacionales y extranjeros debe tener mayores plazos, con estudios del impacto ambiental; declarar las zonas de protección y libres de la minería en toda la geografía nacional. Es un asunto de geopolítica y de suministro de recursos naturales para las nuevas generaciones, haciendo realidad ese cuento del “Desarrollo Sostenible o Sustentable”.

Por otra lado, el nuevo sistema general de regalías que “reparte la mermelada” en toda la geografía, como lo explicaba el profesor y exministro Juan Carlos Echeverry,  una vez  aprobado por el Congreso, no se contempló la inversión obligatoria dirigida a la protección, conservación y recuperación ambiental, para compensar las pingües ganancias de la actividad minera y energética que degrada el medio ambiente.

En otra óptica, muchos pensábamos que el nacimiento del Partido Verde en las elecciones de 2010 y 2011, sería la entrada al juego político de una agrupación en defensa del medio ambiente y la biodiversidad; pero este partido se sumó a la Unidad Nacional y como tal es un apéndice del Ejecutivo.  Ese sueño solo duró un periodo electoral. La Gobernación “Verde” de Antioquia continúa su proceso de expedición de títulos mineros sin una defensa cabal del medio ambiente y los recursos naturales en Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Suroeste antioqueño.

De esta manera, con la entrada en vigencia del anterior Código Minero contemplado en la ley 685 de 2001, está deberá ser reformada; claro, no para favorecer la degradación ambiental por la obtención de una renta pasajera e ilusoria.

Según nuestra constitución de 1991, está en manos del Congreso de la República, la solución para estos abusos producidos por los megaproyectos. La fórmula es más “democracia”, pero no la tradicional, donde votan en las sesiones regulares  y extraordinarias los bucaneros de los intereses clientelistas y el lobby empresarial, sino aquella participación activa de la sociedad civil y la ciudadanía.

Dicha realidad impide estas componendas y conciliábulos a través de su movilización nacional; y en su defecto que el Presidente, los Gobernadores y Alcaldes utilicen los mecanismos de participación ciudadana la convoquen para avalar las decisiones sobre el rumbo de la minería y los recursos naturales del país, que es la garantía de vida futura para nuestros padres, hijos, nietos y bisnietos.

PD: Con el esquema actual de títulos mineros, en un futuro muy cercano, encontraremos municipios en nuestra geografía  donde las zonas rurales en su mayoría no tendrán campesinos y propietarios de Haciendas sino territorios enajenados a la voluntad depredadora de las empresas mineras, con el nefasto resultado de la “muerte y el fin del campesinado”, para dar paso a  nuevas configuraciones sociales y territoriales, que afianza lo establecido ya en las tesis de Michel Serres (Hominiscencia, 2003 ) y, el historiador recién fallecido, Eric Hobsbawm (Historia del siglo XX, 1995).

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[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com