sábado, 8 de noviembre de 2014

DESEQUILIBRIO O EQUILIBRIO DE PODERES, ¿UN DESTINO MANIFIESTO?

DESEQUILIBRIO O EQUILIBRIO DE PODERES, ¿UN DESTINO MANIFIESTO?

David Jiménez[1]

En el Congreso de la República existen dos iniciativas contradictorias impulsadas por el Gobierno Nacional. La autollamada reforma al equilibrio de poderes y la unificación de periodos entre autoridades nacionales y territoriales.

La primera tiene la intención de acabar con la reelección para todas altas dignidades del Estado en la Presidencia, Órganos de Control y Rama Judicial. La segunda busca promover la reelección de los actuales gobernadores y alcaldes, en contravía del llamado presidencial al “re-equilibrio de poderes”, así como de la prohibición de la re-elección inmediata para alcaldes y gobernadores por los constituyentes en 1991.

Los alcaldes y gobernadores en reelección

Desde 2006, con la aplicación de Ley 996 de 2002 “Garantías Electorales”, se ha visto en la escena la imposibilidad de los órganos de control de ponerle reglas al candidato-presidente, quien cuenta con el poder del Estado y del presupuesto público con su influjo efectivo en la competencia electoral.

Aun así, la promesa re-eleccionista de ampliar periodos a los gobernadores y alcaldes, carece de sentido práctico de acuerdo con el sistema político colombiano. Por un lado, seguimos sin un Estatuto de la Oposición y un Estatuto de Garantías Electorales para todas las fuerzas políticas en Departamentos y Municipios.

El propósito fundamental  es precaver que no se cometan abusos del poder local o regional; o la consabida  corrupción de los procesos electorales donde posiblemente estarán gobernadores y alcaldes en ejercicio actuando al mismo tiempo como candidatos.

Otro riesgo no menor

El otro riesgo es de abusos de corrupción y presión electoral. Los órganos de control como lo son las Personerías, Contralorías y Procuraduría están casi siempre a merced de los políticos, quienes en las corporaciones públicas traman e implementan las fórmulas con las que eligen y nombran a dichos funcionarios, que supuestamente  ejercerán el control a la administración pública. Tal procedimiento de entranda les resta autonomía e independencia, dado el carácter político-electoral de sus nombramientos.
Cualquiera colombiano medianamente informado se pregunta:

¿Cómo será el control a los gobernadores y alcaldes en ejercicio en las elecciones de 2015? ¿Los políticos intervendrán, a favor o en contra de los gobernadores o alcaldes en relección?

Solo basta tener como ejemplo, si un ciudadano interpone una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, esta tiene unos 6 meses para la indagación preliminar y un año para la investigación. Posterior a eso la formulación de cargos hasta el fallo definitivo, es un proceso que puede ser de larga duración, o avanzar con relativa  celeridad, según sea el Personero, Procurador Provincial, Procurador Regional o del Procurador General.

¿Cómo van a obrar los actuales funcionarios que vigilarán las elecciones de 2015, con alcaldes y gobernadores en reelección?

La geografía institucional colombiana con base al desempeño y efectividad de los órganos de control – Procuraduría y Contraloría -, no tiene ni ha tenido nunca la capacidad para vigilar 32 Gobernaciones y más de 1100 alcaldías para evitar nuevos actos de corrupción, delitos electorales y de violación a las normas legales.

Y la tan publicitada  reforma nada propone al respecto, sino que por el contrario ahonda las causas de esta pandemia nacional, que convierte a las plagas más temidas hoy, en juegos de infantes.




[1] Politólogo y Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Participante externo del grupo presidencialismo y participación de la misma universidad. E-mail: presid.y.partic@gmail.com