martes, 21 de marzo de 2017

REFORMA POLÍTICA POR, PARA Y DESDE LOS CIUDADANOS

REFORMA POLÍTICA POR, PARA Y DESDE LOS CIUDADANOS

David Jimènez[1]

                                                    En Colombia, el sistema político reproduce la corrupción y clientelismo como regla general, es una práctica política desde 1810. La constitución de 1991, la promesa de transformar la cultura política quedo incumplida, porque la ciudadanía no activa el articulo 40 y 95 de la carta magna en relación a la democracia participativa.

Una corrupción consuetudinaria

Las noticias de corrupción en la historia reciente, no activan la ciudadanía sino a los mismos productores y reproductores de corrupción – los partidos políticos -. Tal como sucedió con la infiltración del cartel de Cali en la campaña presidencial de 1994, con el implicado principal, Ernesto Samper. Luego, en su gobierno crearon la comisión de reforma a los partidos políticos con destacadas figuras como Eduardo Pizarro Leóngómez y Fernando Cepeda Ulloa, de la cual se quedó solo en informes.

 Posteriormente, con la llegada de Álvaro Uribe se hizo la reforma política de 2003 y 2009, la cual se hizo a través del Congreso en un escenario de peor imagen del congreso y de la parapolítica, luego de la visita de los parapolíticos, y las revelaciones de Salvatore Mancuso. Los partidos políticos implicados en la corrupción regular aprobaron reforma constitucional.

Ahora, con los dineros entregados por la compañía Odebrecht, sacados del bolsillo de los colombianos, el gobierno Santos, señalado de recibir financiación ilegal a su campaña política, a través del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, impulsa la enésima reforma política. Así las cosas, son demasiadas las coincidencias históricas.

La “bendita” caducidad

Mientras tanto, los partidos políticos y las campañas políticas que han sido implicadas en casos de corrupción y financiación ilegal, los culpables o responsables, se benefician “providencialmente” de una regla del derecho procesal, la caducidad para presentar demandas o reclamaciones. Lo anterior, es significado de impunidad – penal y política -, y los ciudadanos en otra orilla sin injerencia alguna.

La insurgencia armada, siempre manifestó la convocatoria a una asamblea constituyente, pero ahora ha cambiado tanto de posiciones que avaló el plebiscito y luego de su derrota salió victoriosa, sacando pecho con la refrendación por parte del congreso – institución política con peor imagen ante la opinión pública -.

 Ahora la dirigencia guerrillera ni se inmuta por mencionar la democracia participativa, y menos la constituyente. Al parecer les interesa más las amnistías, indultos, jurisdicción especial de paz y la creación del partido político para disfrutar los beneficios del Estado; y no para luchar por lo que tanto han “vociferado” por décadas.

Al parecer nos encontramos en presencia de una nueva “revolución pasiva,” parecida a lo vivido ya con el M y las otras guerrillas, para recordar y actualizar a Gramsci: cambiar para que todo siga igual, siguiendo las líneas del conde de Lampedusa.

            Entonces, los movimientos sociales y los ciudadanos son los que deben liderar la reforma política, son las principales víctimas de la corrupción y clientelismo, porque la transformación del sistema político y del poder, no tienen caducidad.

 No podemos quedarnos a esperar que los padres de la “patria” representados en los partidos políticos que se pavonean en el congreso de la república, y el presidente Santos con su precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, nos digan ahora qué rumbo tomar para cambiar el régimen político, como líderes de la ética y la moral social, cuando sus partidos políticos son protagonistas de primera línea, y han estado salpicados en los principales casos de corrupción del país, incluyendo a las últimas campañas presidenciales cuestionadas, dignos continuadores de la saga iniciada por el ciudadano que caminaba de espaldas.






[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del grupo Presidencialismo y Participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

miércoles, 8 de marzo de 2017

EL PARTIDO DE LA U EN ANTIOQUIA, ¿HERIDO DE MUERTE?

EL PARTIDO DE LA U EN ANTIOQUIA, ¿HERIDO DE MUERTE?

David Jiménez[1]

El Partido Social de Unidad Nacional conocido como – Partido de la U, fundado por Juan Manuel Santos para representar la tesis de Álvaro Uribe Vélez para la relección presidencial de 2006, fue uno de los partidos recién creados con registros de altas votaciones desde las elecciones legislativas de 2006 a 2014, abanderado de la tesis inicial de – seguridad democrática – y, posteriormente, con el imaginario de la paz, le ha generado grandes réditos electorales.

Para el caso de Antioquia, en las elecciones de 2006, en su estreno, logró obtener 3 de 17 curules en la Cámara de Representantes y 2 Senadores-. En el 2007, en coalición, respaldaron a Alonso Salazar para la Alcaldía de Medellín y a Luis Alfredo Ramos Botero para la Gobernación de Antioquia. Ambos con victorias, al ser los cargos más importantes a nivel regional.

Para 2010, el Partido de la U, logra obtener la elección de 4 representantes y 3 senadores, incrementando su representación legislativa en relación a los resultados de 2006. Para 2011, fue el partido mayor votado para la Asamblea Departamental de Antioquia, pero salió derrotado para la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, enfrentando a Uribe a bordo en el proselitismo electoral y político.

Pero en 2012 todo cambió, cuando el distanciamiento político entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos queda en evidencia pública, primero por las negociaciones iniciadas con las Farc, la aprobación del marco jurídico para la paz, y los atentados a Fernando Londoño Hoyos por esa época.

No sobra recordar la convención del Partido de la U, donde hablaron tanto Uribe y Santos en horarios diferentes, y, por supuesto, sus discursos eran diferentes que mostraba la descohesión entre los dos más importantes líderes naturales del partido.

Así, Álvaro Uribe lideró desde 2012 la creación del nuevo partido político – Centro Democrático-, y trajo consigo en Antioquia a un sector del Partido Conservador – Fabio Valencia Cossio, Juan Gómez Martínez y Luis Alfredo Ramos Botero-, y por supuesto, a un sector del partido de la U – Juan Carlos Vélez Uribe-, dejándolo débil electoralmente para las elecciones a congreso de 2014.

Así, el Partido de la U solo eligió 2 representantes y 2 senadores y el Partido Conservador 3 representantes y 3 senadores en relación a sus resultados de 2010. De ese modo, el nuevo jugador – Centro Democrático- ocupó en coalición un nuevo espacio político-electoral.

Recientemente, dos altos funcionarios de la gobernación de Luis Pérez, con caudal electoral, quienes participaron en las elecciones de 2014, migraron del partido de la U, uno para el Centro Democrático y el otro para Cambio Radical. Ahora, el partido de la U en Antioquia solo representa al sector de Germán Hoyos y el representante Juan Felipe Lemos Uribe.

Novedades del CD en Antioquia y proyección nacional

 Con estas novedades, en particular la salida de los dos liderazgos electorales para otros partidos políticos, es evidente, sintomática la crisis del partido de Santos, y el fortalecimiento efectivo, en su lugar, del Centro Democrático en su eje de operaciones de Rionegro donde se experimentó tanto la derrota de Santos en su relección 2014 como en el plebiscito de 2016.

Tales indicadores electorales generan la impresión de que la región que representó y representa el laboratorio de la seguridad democrática, gira más fácil al Uribismo que a los partidos de la Unidad Nacional.

 En especial es indicativo, porque muchos votos del partido de la U, el PSUN, en Antioquia migran al Centro Democrático y a Cambio Radical, animando y fortaleciendo un posible bloque reaccionario, de nuevo con centro de operaciones en Antioquia, contrario a la implementación de la paz pactada en el Teatro Colón en Bogotá, entre el gobierno neoliberal de Santos y las Farc-ep, la insurgencia subalterna más temida, que se dispone a competir electoralmente por la orientación de la sociedad civil nacional.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

miércoles, 1 de marzo de 2017

LA REFORMA POLÍTICA DEL DESACUERDO

LA REFORMA POLÍTICA DEL DESACUERDO

David Jiménez[1]

En semanas anteriores, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos que a la vez juega como posible precandidato presidencial por el Partido Liberal, anunció una reforma política que incluía diversos temas como el periodo presidencial de 5 años, eliminación de vicepresidencia, listas únicas y cerradas, voto obligatorio, ciudadanía desde los 16 años de edad, para mencionar los más importantes.

Todo lo anterior ocurrió ya, a pesar que el Nuevo Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo –FARC EP-, en relación a la participación política, trae consigo una reforma al sistema electoral colombiano (p. 53) , donde se crea una misión especial electoral con 7 integrantes que representen a la Misión de Observación Electoral, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y Universidad de los Andes, Instituto Holandés para la Democracia    Multipartidaria.

 El supuesto era que tal instancia iniciaba su funcionamiento una vez se perfeccionará la suscripción del acuerdo, y a las 4 meses siguientes ésta presentaría las propuestas para reformar el régimen y la organización electoral. Sin embargo, dicha misión tan solo fue creada el 16 de enero de 2017 mediante Resolución 0065 por parte del Ministerio del Interior.

Desde su creación, la misión especial electoral no ha realizado una discusión pública y democrática que incluya a los partidos y movimientos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, y mucho menos a los movimientos político-sociales sobre el diseño y construcción de una reforma necesaria para el sistema electoral colombiano.

Al parecer el líder de la reforma política es el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien ha depositado la tarea de carpintería en su viceministro, pero la verdad es que este papel lo debe asumir la misión especial electoral de expertos. Así aparece en el acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016.

Al mismo tiempo, tampoco se conoce una posición pública y oficial sobre la propuesta de reforma política gubernamental del Movimiento Político “Voces de Paz,” quién representa a las FARC EP como voceros para la implementación de los acuerdos.

Además se amenaza con el Fast Track, es una herramienta que reduce los plazos y debate legislativo en relación con las iniciativas legislativas y de acto legislativo en relación con el acuerdo de paz; pero este dispositivo tampoco debe ser una medida para proponer una reforma político-electoral que modifica la constitución política, pasando por alto la participación de los actores políticos y sociales desde el Centro Democrático hasta la Marcha Patriótica.

Mientras existe una concentración mediática y política sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, las amnistías y la reforma legal para garantizar el espacio a los voceros de las Farc en el Congreso, el Ministerio del Interior “a la chita callando” lidera un cambio constitucional al sistema político, sin escuchar a las voces autorizadas por el nuevo acuerdo final, traducida en  la “misión especial electoral”. De la cual, por lo demás, no sabemos qué discuten, dónde se reúnen y tampoco si hacen socialización con los partidos de oposición y coalición del gobierno y con los movimientos político-sociales en todo el territorio nacional.

La paz necesita democracia, pero no un remedo de ella, y menos a empellones del gobierno, con un amargo sabor de raponazo. Así no.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com