martes, 26 de enero de 2016

LA VERIFICACIÓN AL CESE AL FUEGO EN UN CONTEXTO DE POLARIDAD POLÍTICA

LA VERIFICACIÓN AL CESE AL FUEGO EN UN CONTEXTO DE POLARIDAD POLÍTICA

David Jiménez[1]

La semana anterior, se publicó en los medios nacionales, el papel de las Naciones Unidas y  de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- como verificadores y observadores al cese al fuego y proceso de desarme  entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP.

A su vez, el Consejo de Seguridad de la ONU  aprobó la participación de esta organización internacional en el proceso de paz en Colombia; la financiación de dicha misión de observación deberá ser asumida por Naciones Unidas en un contexto de bajos ingresos fiscales del Gobierno Colombiano por los precios del petróleo solucionada con la venta de ISAGEN para financiar supuestamente la infraestructura.

Sin embargo, la verificación al cese al fuego, los negociadores y la misma guerrilla deben mirar la oposición que tienen en Colombia al proceso de paz el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido Centro Democrático, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares -ACORE-, José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN, por señalar los más importantes.

En otra perspectiva, existen diversas encuestas de opinión pública sobre el proceso de paz, del cual evidencia que la ciudadanía no cree ni acepta lo que está sucediendo en La Habana, demostrándose la falta de apoyo popular al mandato por la paz de Juan Manuel Santos en su relección presidencial.

El plebiscito, para ser un juego electoral y de cálculo político entre votar por la paz o la guerra, está en riesgo; y está claro que lo que se necesita es legitimidad política y social en un proceso de paz que resuelve un conflicto de más de 60 años.

En este contexto, los observadores para la verificación no debe ser solamente la ONU o la CELAC, estos pueden darle garantía a las Farc-EP o al Gobierno, pero vale la pena la pregunta ¿quién le da garantía a los ciudadanos, partidos políticos, gremios económicos y organizaciones sociales?

La respuesta obvia, sería los observadores internacionales, pero por el grado de polarización política, el Gobierno en vez de tener tantos contratos de asesores financiados a cargo del Fondo de Programas especiales para la Paz y buscar que la ciudadanía crea en el proceso de paz, debería fomentar la verificación nacional donde participen los partidos políticos opositores y de la coalición del gobierno, los gremios económicos, las universidades públicas, centros de estudios y organizaciones sociales. Sería muy interesante, confrontar un informe de verificación de la ONU y otro del Centro Democrático y FEDEGAN o de las universidades públicas; estos deberían ser financiados por el Fondo de Programas especiales para la Paz con autonomía e independencia para ejercer actividades.

Los costos de este proceso son altos, pero para buscar legitimidad, se debe incorporar a la oposición política y a la ciudadanía para que sean verificadores, en un sistema político democrático liberal. Es fundamental para las instituciones políticas la voz de la oposición que le da legitimidad, estabilidad y gobernabilidad, si es que eso pretende el Gobierno de la Unidad Nacional.



[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, participante externo GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 19 de enero de 2016

¿ POST-ACUERDO O POST-CONFLICTO?

¿ POST-ACUERDO O POST-CONFLICTO?
David Jiménez[1]

​“Vamos a tratar de cumplir acuerdo de firmar la paz el 23 de marzo: Santos”, W Radio, Enero 15 de 2016

El Gobierno Nacional viene hablando con mayor intensidad de un posible escenario de post-conflicto desde el inicio del proceso de paz en el 2012. Hasta se hacen las cuentas económicas de las ventajas de lograr la paz; y en políticas públicas aparece el Departamento Nacional de Planeación como el think tank para la formulación de programas y proyectos.

Con el supuesto que para el 23 de marzo de 2016 se firmará el acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y las Farc-EP, por el solo hecho de cerrar esa negociación, se afirma que los colombianos no tendrán post-conflicto sino un post-acuerdo.

Sin embargo

En primer lugar, en el proceso de paz no están todos los grupos armados ilegales; está por fuera por el Ejército de Liberación Nacional – ELN – y en el otro lado, se encuentran todas las bandas criminales surgidas y transformadas después del proceso de desmovilización paramilitar en 2005, y de la extradición de sus 17 comandantes en el Gobierno Uribe, y el narcotráfico diversificado y activo.

De ser así, este será otro acuerdo de paz en la historia reciente de Colombia sin contemplar todos los actores en conflicto, como pasó con la ilusión del proceso constituyente de 1991, donde a la postre solo se desmovilizó y se reincorporó a la vida civil y política la guerrilla del M-19, y el PRT.  Más aún, tampoco existe garantía en una eventual desmovilización de las Farc-EP, que un sector de ellas termine transformado en FARCRIM, tal como ya sucedió con los paramilitares.

En segundo lugar, en un post-conflicto, la seguridad urbana en las ciudades debe ser otra. Porque en la eventualidad de un post-acuerdo, las ciudades capitales e intermedias aun presentan problemas de inseguridad. Por ejemplo, existen barrios con guerras y conflictos de causas diferentes. Mientras un ciudadano vea en televisión la firma del acuerdo de paz, en su barrio puede mantenerse las fronteras invisibles como ha sucedido en la ciudad de Medellín con su carga letal en los últimos años.

Los delitos comunes y la paz

El hurto (establecimientos comerciales, callejero, residencias), los fleteos, extorsiones, la venta de estupefacientes, el control territorial del espacio público y de zonas de las ciudades, entre otros; no dejarán vivir en paz a mucha población en las ciudades colombianas con posterioridad a esa firma programada para el 23 de marzo de este año. De ahí, en parte, la simbología implícita en la breve caminata del presidente y el alcalde de Bogotá el pasado martes 19 de enero.

En tercer lugar, la ausencia de Estado no es únicamente realidad compartida en las regiones de consolidación territorial, donde el Gobierno Nacional pretende fortalecer la acción estatal en seguridad e inversión, aunque son territorios actualmente con presencia de grupos armados de toda clase. Solo basta mirar los indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de muchos municipios, para darse cuenta de la ausencia estatal, donde no se garantizan los derechos fundamentales.

 El post-acuerdo definirá territorios a intervenir: pero, por igual, qué pasará con aquellos municipios donde las Farc-EP hicieron presencia y tomas guerrilleras en décadas pasadas; pero los que hoy no tienen presencia allí y actualmente son municipios pobres y rurales. Vale la pena preguntarse, así las cosas, ¿gozarán de la paz convenida?

Finalmente, digamos, sin aventurar mucho que el proceso de paz con las Farc-EP no nos llevará a una paz completa. Por eso, pensamos que es más conveniente utilizar el concepto del post-acuerdo, porque todo será acordado únicamente con este grupo guerrillero y la política presidencial será para la paz con las Farc. Sin embargo, no caben en él todos los actores del conflicto y la violencia. Unos y otros no están “la misma cama”. En suma, no hay cama pa’ tanta gente para llegar a un post-conflicto tan publicitado por estos días.




[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos. Participante externo del GPYP, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 12 de enero de 2016

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (II)

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (II)

“No habrá espejo retrovisor. No perderé ni un minuto mirando hacia atrás. No entraré en polémicas inútiles” Luis Pérez Gutiérrez, Discurso de Posesión, 1 de enero de 2015

David Jiménez[1]

                                                         La administración departamental 2016-2019 recibe unas finanzas públicas en alerta roja, porque no tendrán gran margen de endeudamiento para financiar su plan de gobierno y un presupuesto de inversión disminuido, porque la región no tiene buena salud económica.

El nuevo gobierno, es de un estilo diferente a Fajardo, una antítesis, muy marcada en el discurso de posesión del 1o. de enero de Luis Pérez en el hall de la gobernación, y, por tanto, con prioridades distintas.

El discurso de posesión

 Luis Pérez con el mensaje “Recibo del Gobernador Sergio Fajardo un Departamento de Antioquia que está camino a la bancarrota”, muestra su incomodidad frente a la situación financiera en la que recibe a una de las principales regiones del país.  

El Gobernador Pérez no recibe una buena herencia, recibe retos y metas en materia fiscal en dos aspectos, uno es garantizar la sostenibilidad fiscal, y por el otro, financiar su programa de gobierno.

El Gobernador Sergio Fajardo Valderrama dejó la deuda pública del Departamento de Antioquia en 1, 37 billones. Cuando la recibió estaba en $640 mil millones. Una cifra preocupante para el gobernador actual donde con su equipo de gobierno deberá analizar las fuentes de financiación para su plan de desarrollo 2016-2019, y para dar satisfacción relativa a las promesas electorales en vías y desarrollo rural. Y, por sobre todo, para retribuir a los que financiaron su campaña triunfal con largueza.

Una parte de la deuda se encuentra en dólares, la deuda pública externa paso de 66 mil millones en 2011 a 424 mil millones a noviembre de 2015; cuando desde hace 2 años se venía una revaluación del dólar, la gobernación de Antioquia adquirió mayor deuda en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y la Agencia Francesa para el Desarrollo.

Para nada la Secretaria de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeación hicieron análisis sobre los costos de adquirir deuda en moneda extranjera en las vigencias 2014 y 2015. Es una lástima que el marco fiscal de Mediano Plazo 2016-2015, todavía no haga alusión de los costos y riesgos de adquirir deuda en dólares.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2015

 En su plan financiero proyecta la adquisición de deuda pública interna de 386 mil millones para el período 2016-2019, proyectando un índice de sostenibilidad (división entre saldo de la deuda / ingresos corrientes)  de la deuda en 78,17% para 2016 cuando el límite legal de la Ley 358/1997 es del 80%, al borde del margen para adquirir recursos del crédito.

 A su vez, el mismo documento señala que el saldo de la deuda pública en 2019 será de 1,21 billones de pesos, en pocas palabras, la administración de Sergio Fajardo le dejará la meta al nuevo gobernador de reducir el nivel de deuda pública y mejorar los índices de capacidad de pago.

El exgobernador Fajardo se raja

Finalmente, el exdiputado liberal Adolfo León Palacios, uno de los críticos de la gestión fiscal y financiera de la administración de Sergio Fajardo en los últimos 2 años, es quien ahora ocupa, ni más ni menos, el cargo de secretario de Hacienda Departamental de la mano de Luis Pérez.

Él deberá demostrar su capacidad y coherencia con su discurso de oposición ahora que es parte del gobierno para fortalecer las finanzas públicas de Antioquia.

El exgobernador Fajardo, por lo pronto, quedó parado en luz roja, y ni modo de argüir que no sabe de cuentas, porque es un matemático con todos los títulos, y dispuesto a ser maestro de su departamento, pero queda claro, que nunca en materia de finanzas públicas, asignatura calificada con 2,5.



[1] Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, participante externo del GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

lunes, 4 de enero de 2016

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (I)

LA ANTIOQUIA QUE RECIBE LUIS PEREZ (I)

David Jiménez*

La Gobernación de Antioquia ocupo el puesto 18 a nivel nacional en desempeño fiscal, y en el 2013 se ubicó en el puesto 14 y en el 2012 en la casilla 16, un resultado de la evaluación anual a las finanzas de las entidades territoriales por parte del Departamento Nacional de Planeación. A diferencia del gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero, del que publicaron el famoso libro blanco en dos versiones por parte del Gobernador Sergio Fajardo, el Departamento de Antioquia durante el período 2008-2011 ocupo los primeros lugares en desempeño fiscal.

Los gastos de funcionamientos, se han incrementado, pasaron de 37, 57% en 2012 a 44,4%  en 2014 de los ingresos corrientes del Departamento de Antioquia. A su vez, esta región aumento su nivel de dependencia de las transferencias del Gobierno Central, pasando del 38,68% en 2012 a 43,51% en 2014 del total de los ingresos de la administración Departamental.

El gobernador Luis Pérez, debe tener como prioridad mejorar el desempeño fiscal del Departamento de Antioquia, en relación al fortalecimiento de los recursos propios sin que conlleve a un elevado crecimiento de la burocracia pública que eleve los gastos de funcionamiento. Sin embargo, frente a sus programas y grandes obras prometidas tiene un reto, ¿cómo financiarlos?

El primer obstáculo es el alto nivel de endeudamiento de la gobernación de Antioquia, supera el billón de pesos, de la cual una parte está en dólares americanos, y la coyuntura actual del mercado cambiario promete una tasa de cambio alta de esa moneda. El segundo, la caída del precio del petróleo, tiene a la baja los ingresos fiscales del Gobierno Nacional, con lo cual, la llamada “mermelada” será reducida, no todas las obras y proyectos de alcaldes y gobernadores obtendrán la cofinanciación nacional soñada o requerida, muchos acudirán a sus jefes los congresistas de las Unidad Nacional, de la cual Luis Pérez goza de apoyo por ser elegido bajo esas banderas. El tercero, la comercialización de los productos de la Fábrica de Licores de Antioquia porque de ahí depende una gran cantidad de generación de recursos propios de la gobernación, en un mercado de licores muy competido con marcas nacionales y extranjeras, de la cual deberá formular e implementar políticas contra el contrabando de licores que afectan las finanzas departamentales.

A su vez, tendrá la misión de fortalecer no solo las finanzas departamentales sino la institucionalidad local, tal es el caso del Municipio de Toledo, ubicado en el Norte de Antioquia, con presencia histórica de las Farc-ep, una localidad sin una estructura financiera sólida, desde hace años, sus ingresos propios le permiten solo pagar sus gastos de funcionamiento sin capacidad de inversión al igual sucede con varios municipios antioqueños, y un eventual escenario de posconflicto, fortalecer la capacidad del Estado a nivel local debe estar incluido en la agenda con participación de la sociedad civil local que logre evitar la cultura política la corrupción y el clientelismo.



* Politólogo, estudiante de maestría en estudios políticos, Universidad Nacional de Colombia. Participante externo del GPYP/UNAL. E-mail: presid.y.partic@gmail.com