domingo, 25 de noviembre de 2012


¿MÁS ALLÁ DE LA HAYA?
David Jiménez[1]

La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin al conflicto limítrofe entre los países de Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, especialmente en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus cayos.

El fallo del alto tribunal cedió mar asumido desde 1928, cuando menos, como colombiano a los nicaragüenses, pero en Colombia muchos quedaron sorprendidos, porque perdimos una gran porción territorial  que contiene importantes recursos naturales, y afecta la actividad económica regular de los isleños, quienes ya protestan en las calles.

¿Es cuestión solo de soberanía y nacionalismo?

El Congreso Colombiano desde los partidos de la Unidad Nacional hasta el Movimiento Mira y el Polo Democrático, rechazan esa pérdida de mar territorial colombiano. Algunos como el expresidente Uribe proponen incluso no acatar la decisión del Tribunal de La Haya. Y la canciller Holguín responde que el fallo no se ha acatado aún.

Ahora bien, el Gobierno y la Cancillería deben actuar en marco del Derecho internacional público y la diplomacia, para solicitar tanto la revisión del fallo como las aclaraciones que sean necesarias; pero, en caso de que la decisión sea adversa para nuestros intereses, no queda más que cumplirlo.

 Hay una sencilla y poderosa razón. En la economía internacional, los inversionistas necesitan seguridad jurídica. En caso de que Colombia no acepte el fallo de la Corte Internacional de Justicia, hipotéticamente, p.e, ¿qué pasaría con el comportamiento de los inversionistas que compran títulos de deuda pública? Ellos colocan sus cuantiosas sumas de dinero en el mercado de capitales  e  instalan sus negocios para exportar ó importar productos en Colombia, y para nada puede agradarles, si un gobierno decide no cumplir con las decisiones de un tribunal de arbitramiento internacional  ó no pagar la deuda pública aduciendo que tiene un interés nacional que defender.

Algo que no pueden olvidar en el partido de la Unidad Nacional es que de los tres objetivos de seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista, este último podría estar afectado cuando un Estado de Derecho no cumple con los fallos de los tribunales internacionales.


¿Se tendrá confianza en el mercado y con los países vecinos?

                                               Por otro lado, incumplir un fallo por cuestiones limítrofes, en un futuro Colombia tendría que tomar partido en los diferentes conflictos limítrofes en toda América Latina, los cuales aún no han sido solucionados. ¿Cuál será el resultado? no afecta el mercado y las relaciones comerciales subcontinentales, claro que sí.

En estos casos, la coalición gobernante de la Unidad Nacional no debe olvidar el mercado y las relaciones comerciales con otros países, porque de hacerse la de la vista gorda, y disponerse a cantar en el altar del desacato deja un lado su principio de la confianza inversionista. Aplasta el huevito más consentido del ex Uribe, por lo cual fueron elegidos desde 2002 con él dos veces, y ahora reelección garantizada con Juan Manuel para el 2014. Pero, están jugando con candela, y podrían perderlo casi todo.

PD: Para no acatar las decisiones internacionales se debe tener poder económico y militar como EE.UU, y ni eso, porque no pocos días que tuvo que pagar por debajo de cuerda la indemnización a Nicaragua que le impuso la Corte por el minado de puertos, que realizó valiéndose de la contra-guerrilla Misquita.

EE.UU, con todo,  aún no reconoce el Tratado de Roma como instancia superior a  la Corte Penal Internacional, y es “resabio” pasarse por la faja las soberanías de los países en vías de desarrollo, siempre que le viene en gana. Empezando por Colombia, con el histórico baldón de la pérdida de Panamá que perpetró Theodor Roosevelt pretextando el apoyo a la independencia de los canaleros con el concurso del aventurero francés Buneau Varilla.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

martes, 20 de noviembre de 2012

LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?


LAS PENSIONES, ¿A COSTILLAS DE QUIÉNES?

David Jiménez[1]

La ley 100 de 1993 buscó establecer dos sistemas pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el ahorro individual con solidaridad. Desde 1994 aparecen los fondos de pensiones privados administrando el régimen de ahorro individual con las cotizaciones de servidores públicos, trabajadores dependientes e independientes.

El régimen de prima media es financiado con recursos del Estado, el requisito es 60 años para hombres y 55 para las mujeres. A partir de 2014 se incrementa la edad de jubilación en dos años para cada género.  En el régimen de ahorro individual, la pensión no tiene requisitos de edad sino de capital financiero acumulado

Sin embargo, la reforma pensional de 2005 estableció que el límite de pensiones para los fondos públicos será de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Desde entonces existen varias propuestas de reforma como eliminar el régimen de prima media para no permitir nuevos afiliados, y que todo el sistema sea mayoritariamente privado bajo  el régimen de ahorro individual. Esto es el desmonte de lo poco que queda de Estado de bienestar, en un país que no lo conoció en los términos que existió en la Europa de la segunda posguerra.

Las  reformitas pensionales

Varios congresistas de la Unidad Nacional[2] han radicado el proyecto de acto legislativo no 176 de 2012 en la Cámara, “Por medio del cual modifica el parágrafo 1º y se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 48 de la Constitución Política de Colombia”, para que la pensión máxima otorgada en el régimen de prima media no exceda los 10 salarios mínimos. El argumento es buscar la sostenibilidad fiscal del Estado frente al pago de pensiones con recursos del presupuesto general de la Nación. Así mismo, en el repertorio tienen circulando el proyecto de acto legislativo No 039 de 2012, Cámara, que busca incluir la pensión mínima para los adultos mayores.

Por otro lado, también se encuentra radicado el proyecto de Ley 049 de 2012, Cámara:  “Por medio de la cual se establecen normas tendientes a ampliar la cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y se dictan otras disposiciones”. Aquí se busca que los afiliados al régimen subsidiado en salud y los beneficiarios de los cotizantes en el régimen contributivo puedan cotizar para una pensión.  También permite a los extranjeros que trabajen en el país cotizar a un régimen de pensión.

En pocas palabras, este proyecto busca aumentar la cobertura del sistema. Aunque también a los pobres que están en el régimen contributivo sin pagar la PILA (salud y pensión), podrán quedarse como beneficiarios o afiliados en el sistema de salud sin tener que hacer el pago como cotizantes en salud sino  realizar aportes solamente para pensión.

Lo que no se toca

La ley 100 de 1993 prometió la universalidad del sistema, pero a pesar de la promesa legal ésta nunca ha sido real y efectiva. Miles de miles de colombianos cotizamos: los independientes un 16% sobre nuestro salario, y un 12% los trabajadores dependientes. Mientras,  la mentada universalidad no se ve ni por las curvas.

El grupo de privilegiados que hacen las leyes, las interpretan y las aplican, ni por equivocación tocan sus cuantiosas pensiones: la Rama Judicial, La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y los Congresistas.  Estas pensiones son los premios gordos  para alimentar las lealtades de la alta burocracia del Estado y de los que legislan a favor de las minorías.

A hoy, muchos del club de privilegiados formados por las ex altas dignidades están ganándose una mesada pensional por encima de los 25 salarios mínimos. En este caso, ¿qué es lo qué pasa con éstos magistrados, congresistas, el procurador y la contralora de antes y de ahora?.

Están pensando unos y otros en la sostenibilidad del sistema pensional para que no percibir más pensiones que sobrepasen lo fijado por la constitución y la ley. O es  sólo para los de ruana  dicha sostenibilidad que “arropa· a la mayoría de los colombianos? La ciudadanía tiene que tomarse la palabra y reorganizar esa inequitativa casa llamada Colombia.


[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.
[2] H.R. DIDIER BURGOS RAMIREZ, H.R. ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ, H.R. HOLGER HORACIO DIAZ HERNANDEZ, H.R. ATILANO ALONSO GIRALDO ARBOLEDA, H.R. MIGUEL GOMEZ MARTINEZ, H.R. WILSON HERNANDO GOMEZ VELASQUEZ, H.R. PABLO ARISTOBULO SIERRA LEON, H.R. GERARDO TAMAYO TAMAYO, H.R. DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO