miércoles, 16 de abril de 2014

¿LA UNIVERSIDAD NACIONAL “ESTAMPILLADA”?

¿LA UNIVERSIDAD NACIONAL “ESTAMPILLADA”?

David Jiménez[1]

La Universidad Nacional de Colombia pasa por una crisis fiscal al igual que todas las universidades públicas colombianas. No es la oveja blanca en medio de tanto “balido”.

Con la anterior situación crítica crónica, dado que no se incrementa  los ingresos de la universidad vía Presupuesto General de la Nación, en el 2012, se radicó el Proyecto de Ley No 192 de 2012 Cámara. Fue un proyecto presentado por los Senadores Roy Barreras y Carlos Ferro y el representante conservador Ángel Custodio Cabrera. Hoy es la Ley 1697 de 2013, y ellos, cuando menos dos, fueron reelegidos congresistas.

La bolsa de “jugosos” recursos provendrá de todos los contratos de obra que suscriban las entidades del orden nacional. Durante los primeros 5 años, el 70% será para la UN y el 30% restante para las demás universidades públicas. Más aún, para los primeros cinco años, la destinación serán  obras  para la maltrecha y ruinosa infraestructura inatendida por más de 30 años.

También está “planillada” la construcción del prometido hospital universitario de la UN, un anhelo que se extiende desde la crisis de la Hortúa, cuando el rector era Luis Carlos Pérez, y decano de medicina Guillermo Fergusson, y los estudiantes de ciencias de salud se levantaron, protestaron y a la postre resultaron vencidos por la inercia burocrática y los intereses corporativos de sus propios profesores pegados al interés privado como lapas.

Que no se descarrile la locomotora de la infraestructura

Para nadie es un secreto el lobby político de rectores en el Congreso de la República cuando se dio la aprobación, y después a raíz  del trámite del presupuesto General de la Nación; o en los proyectos de ley de estampilla para alguna universidad pública en específico. Con el fin de obtener mayores recursos para invertir en las instituciones a su cargo, y con el premio que alguno aspire a cosechar como futuro congresista para coronar su hazaña.

A su vez, el presupuesto anual de la UN pasa ya el billón de pesos; sumado a lo que recibirá en los próximos 5 años desde 2014 por el concepto de estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades públicas. La idea de una revolución de la infraestructura en la sede Bogotá es loable, con lo cual la contratación de construcción y mantenimiento será mayor, y la tentación de beneficios a los cercanos contratistas también.

Sin embargo, por lo dicho, es importante que la comunidad universitaria de la UN vigile toda la inversión en infraestructura, procesos de contratación, interventoría y calidad de las obras. Para que académicos y políticos, los prohombres que lideraron y votaron afirmativamente la ley de estampilla pro UN a través de sus intermediarios no se conviertan en un cartel de la contratación, y empañen la imagen pública del alma mater de los colombianos,  o, mucho peor, que toda la contratación sea usada por fines irregulares al interior de la universidad.

Finalmente, si en Bogotá los hermanos Moreno Rojas crearon su propio cartel de contratación, a las puertas de toda la institucionalidad nacional y distrital (Órganos de Control, Ministerio Público, Congreso y Gobierno Nacional)  también le podría suceder a la UN, ahora que el ruido se trasladó a las salas ansiosas de un congreso dedicado a la elección o reelección de presidente..

PD:  Es tiempo ya que las universidades públicas no se denominen así no por el acto que las crea (Ley, Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal) y el régimen legal que las ampara, sino por el monto de la financiación estatal que reciben, y entonces, más de una, dejarían de exhibir el rótulo de privadas, y hacer inversiones en entidades financieras especulativas que le burlan los recursos a los colombianos, cosechados en estos casos dizque “sin  “ánimo de lucro”.




[1] Integrante externo del Grupo Presidencialismo y participación. Estudioso de Políticas Públicas y Análisis de coyuntura  local y nacional.  Escribe para la revista Interlocuciones.