¿LA
UNIVERSIDAD NACIONAL “ESTAMPILLADA”?
David
Jiménez[1]
La Universidad Nacional de
Colombia pasa por una crisis fiscal al igual que todas las universidades
públicas colombianas. No es la oveja blanca en medio de tanto “balido”.
Con la anterior situación crítica
crónica, dado que no se incrementa los
ingresos de la universidad vía Presupuesto General de la Nación, en el 2012, se
radicó el Proyecto de Ley No 192 de 2012 Cámara. Fue un proyecto presentado por
los Senadores Roy Barreras y Carlos Ferro y el representante conservador Ángel
Custodio Cabrera. Hoy es la Ley 1697 de 2013, y ellos, cuando menos dos, fueron
reelegidos congresistas.
La bolsa de “jugosos”
recursos provendrá de todos los contratos de obra que suscriban las entidades
del orden nacional. Durante los primeros 5 años, el 70% será para la UN y el
30% restante para las demás universidades públicas. Más aún, para los primeros
cinco años, la destinación serán
obras para la maltrecha y ruinosa
infraestructura inatendida por más de 30 años.
También está “planillada” la
construcción del prometido hospital universitario de la UN, un anhelo que se
extiende desde la crisis de la Hortúa, cuando el rector era Luis Carlos Pérez,
y decano de medicina Guillermo Fergusson, y los estudiantes de ciencias de salud
se levantaron, protestaron y a la postre resultaron vencidos por la inercia
burocrática y los intereses corporativos de sus propios profesores pegados al
interés privado como lapas.
Que
no se descarrile la locomotora de la infraestructura
Para nadie es un secreto el
lobby político de rectores en el Congreso de la República cuando se dio la
aprobación, y después a raíz del trámite
del presupuesto General de la Nación; o en los proyectos de ley de estampilla
para alguna universidad pública en específico. Con el fin de obtener mayores
recursos para invertir en las instituciones a su cargo, y con el premio que
alguno aspire a cosechar como futuro congresista para coronar su hazaña.
A su vez, el presupuesto
anual de la UN pasa ya el billón de pesos; sumado a lo que recibirá en los
próximos 5 años desde 2014 por el concepto de estampilla pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades públicas. La idea de una revolución
de la infraestructura en la sede Bogotá es loable, con lo cual la contratación de
construcción y mantenimiento será mayor, y la tentación de beneficios a los
cercanos contratistas también.
Sin embargo, por lo dicho,
es importante que la comunidad universitaria de la UN vigile toda la inversión
en infraestructura, procesos de contratación, interventoría y calidad de las
obras. Para que académicos y políticos, los prohombres que lideraron y votaron
afirmativamente la ley de estampilla pro UN a través de sus intermediarios no
se conviertan en un cartel de la contratación, y empañen la imagen pública del
alma mater de los colombianos, o, mucho
peor, que toda la contratación sea usada por fines irregulares al interior de
la universidad.
Finalmente, si en Bogotá los
hermanos Moreno Rojas crearon su propio cartel de contratación, a las puertas
de toda la institucionalidad nacional y distrital (Órganos de Control,
Ministerio Público, Congreso y Gobierno Nacional) también le podría suceder a la UN, ahora que
el ruido se trasladó a las salas ansiosas de un congreso dedicado a la elección
o reelección de presidente..
PD: Es tiempo ya que las universidades públicas no
se denominen así no por el acto que las crea (Ley,
Ordenanza Departamental o Acuerdo Municipal) y el régimen legal que las ampara,
sino por el monto de la financiación estatal que reciben, y entonces, más de
una, dejarían de exhibir el rótulo de privadas, y hacer inversiones en
entidades financieras especulativas que le burlan los recursos a los
colombianos, cosechados en estos casos dizque “sin “ánimo de lucro”.
[1]
Integrante externo del Grupo
Presidencialismo y participación. Estudioso de Políticas Públicas y Análisis de
coyuntura local y nacional. Escribe para la revista Interlocuciones.
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