El debate político regional en Antioquia: hidroituango

El debate político regional en Antioquia: Hidroituango

David Jiménez[1]

El proyecto de generación de energía eléctrica conocido como “Hidroituango”, tiene a los principales protagonistas de la política regional antioqueña en divergencia; por un lado, el Gobernador Luis Pérez, quién hace fuertes cuestionamientos a Empresas Públicas de Medellín – EPM-, al definirse que la Gobernación de Antioquia es el socio mayoritario del proyecto.

            El semestre anterior, se dieron a conocer los problemas del proyecto hidroeléctrico, por lo cual se debieron tomar acciones preventivas en el Bajo Cauca antioqueño por la posibilidad de un colapso de la presa. Así fue, cuando una carta conjunta del Gobernador, Alcalde de Medellín y Gerente de EPM solicitaron apoyo al Gobierno Nacional para evitar una tragedia social; a lo cual la respuesta de Juan Manuel Santos, el 16 de mayo de 2018, ,fue: “les reitero la necesidad de mantener adecuadamente informada a la opinión pública”.

A la fecha, la opinión pública no conoce una verdad técnica y científica sobre lo ocurrido en Hidroituango. Las declaraciones de los últimos meses de Luis Pérez, Federico Gutiérrez y EPM son tan divergentes sobre las causas, responsables y el patrimonio económico despilfarrado, que aún no se sabe lo real, el meollo del asunto. Tampoco el debate de control político en la Cámara de Representantes de finales de septiembre, determinó el patrimonio colapsado y los responsables.

Tras la crisis 

EPM tiene un proyecto de vender activos que surte trámite en el Concejo de Medellín con el proyecto de acuerdo 150 de 2018, para obtener recursos debido a la contingencia generada por Hidroituango. De manera súbita, hasta congresistas del Centro Democrático, que en la era Juan Manuel Santos se opusieron a la venta de Isagen, hoy respaldan la venta de activos de EPM.

Sumado lo anterior, existe un silencio absoluto, más que significativo, del ex gobernador y ex candidato presidencial Sergio Fajardo sobre el proyecto, al igual que hace mutis por el foro otro personaje local, Aníbal Gaviria, quien fungió como Alcalde de Medellín entre 2012-2015. ¿Por qué?

En este sentido, queda claro que las instituciones políticas regionales no tienen la capacidad y confianza institucional para informar a la opinión pública con información real y veraz. Por un lado, la Contraloría General de Antioquia tiene a su titular suspendido del cargo en proceso disciplinario; y por el otro, la Contraloría General de Medellín, su contralor fue elegido por el Concejo de Medellín. 

Las anteriores instituciones son los órganos "naturales" de control público, llamados, por tanto, a revelar la verdad técnica sobre lo ocurrido. La única alternativa que queda es la Contraloría General de la República, pero que no goza de toda la autonomía e independencia, porque recientemente fue elegido su titular por las mayorías del Congreso de la República. Esta última instancia, fruto envenenado de la democracia representativa, cuenta con altos índices de desfavorabilidad ante la opinión pública.

De esta manera, para conocer el impacto fiscal, social y ambiental del proyecto Hidroituango,  es conditio sine qua non la conformación de una comisión de expertos nacionales e internacionales, con plena autonomía e independencia para sus estudios y hallazgos. 

En particular, conviene recordar, que tenemos en Latinoamérica la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que fue perseguida por el presidente en funciones. No sería mala idea replicar una comisión similar, para develar la verdad sobre Hidroituango, con la vuelta del magistrado Velásquez que tantos dolores de cabeza causó al expresidente Uribe, quien ahora no se atreve a "sacar las castañas del fuego".

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[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com