En el marco del interés reformista que impulsa el gobierno Santos y el bloque político que lo apoya, la Unidad Nacional, el PNUD ofrece un boletín sobre el rumbo sobre la reforma rural que tiene asidero en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un ejercicio polémico y significativo en la dirección de clarificar la realidad de la propiedad en el campo colombiano afectada por el drama del desplazamiento y el despojo de millones de campesinos y comunidades raizales, indígenas y afrocolombianas. Es en suma la vuelta de la cuestión agraria con ocasión del programa de la prosperidad democrática, que ha de ser leida desde la perspectiva del trabajo, de los grupos y clases subalternas, para enrutar la democracia más allá de la manipulación que ha sufrido en los anteriores gobiernos. N de la R.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011

Colombia rural, Razones para la esperanza

BOLETIN DE PRENSA 01

Colombia:

REFORMA RURAL TRANSFORMADORA PARA MODERNIZAR Y DEMOCRATIZAR

A COLOMBIA, PROPONE INFORME DE DESARROLLO HUMANO 2011 DEL PNUD.

Bogotá, D.C., 28 de septiembre/2011.- Colombia no podrá insertarse plenamente en el mundo globalizado, modernizar su economía, superar la pobreza, resolver el conflicto armado y saldar el histórico conflicto agrario sin una reforma rural transformadora que no da más espera, concluye el Informe de Desarrollo Humano 2011 ‘Colombia Rural, Razones para la Esperanza’, que publica hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[1]/.

La reforma rural transformadora requiere concertar los esfuerzos del gobierno, la sociedad y la comunidad internacional para rectificar el modelo de desarrollo rural y vincularlo umbilicalmente al de las ciudades; incorporar una agenda redistributiva, propiciar cambios en un orden social inequitativo e incluir a los pobladores rurales más vulnerados; rediseñar la institucionalidad que atiende el sector según sus nuevas dinámicas; alcanzar eficiencia, productividad, innovación y competitividad; y además, recuperar y replantear el papel y liderazgo del Estado frente al mundo rural y a las fuerzas del mercado.

El estudio será recibido por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la 1:30 de la tarde de hoy, en un acto público al que concurrirán legisladores, responsables gubernamentales de alto nivel, diplomáticos y cooperantes internacionales, empresarios, líderes políticos y sociales, investigadores y voceros de centenares de organizaciones no gubernamentales y de los movimientos y organizaciones sociales del sector rural.

APROVECHAR UN MOMENTO HISTÓRICO

Según Bruno Moro, Representante Residente del PNUD en Colombia, la reforma rural transformadora es una invitación a “hacer de lo rural un eje fundamental del desarrollo del país, con equidad, inclusión y democracia, es decir, con una renovada apuesta por el desarrollo humano”.

Para Moro, es relevante que el Informe se concentre en “algunos factores estructurales que pudieron facilitar la expansión y degradación el conflicto y en sus efectos sobre el tejido social y la gente, antes que en la dinámica o la lógica de los actores armados”.

La sociedad y el Estado tienen hoy la oportunidad histórica de impulsar esa reforma rural transformadora y a juicio de Moro “el mejor aliciente es un gobierno respaldado por una coalición liderada por sectores modernizantes que entienden que esta es una oportunidad única para superar la pobreza y la desigualdad y remover algunas causas estructurales del conflicto”.

La reforma rural transformadora

Debe ser fruto de acuerdos nacionales, regionales y locales que transformen la actual estructura agraria y sus relaciones con la sociedad, el Estado y la política. Pero los acuerdos sólo serán posibles, legítimos y sostenibles con la organización y participación de todos los actores sociales y los agentes económicos y la adopción de visiones y actitudes diferentes sobre el desarrollo, considera el economista Absalón Machado, director académico del Informe.

Por ser un proyecto nacional de largo aliento, la reforma rural transformadora debe ser diseñada, ejecutada, ajustada y evaluada a la luz de la mejor información social y especializada disponible.

DESHACER LOS ERRORES DEL PASADO

1. Se le dio la espalda al mundo rural

La reforma rural transformadora busca rectificar el error histórico de haber creído que Colombia podía modernizarse prescindiendo del sector rural y de sus pobladores e ignorando los vínculos crecientes y dinámicos entre los conglomerados urbanos y las zonas rurales, en parte porque prosperó la imagen de país de ciudades, creada por la apuesta urbanizadora como ruta hacia el desarrollo. Por acción u omisión, el mensaje que la sociedad colombiana ha enviado a los pobladores rurales ha sido que su progreso o el de sus familias dependen de abandonar el campo.

El Informe sorprende con un gran hallazgo académico. Según el inédito índice de ruralidad (IR) desagregado por municipio, el país es más rural de lo que se creía: el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005) y cubren el 94,4% del territorio. Reconocer la ruralidad que aquí se plantea, es el primer paso cambiar la forma como se planea, ejecuta y evalúa la gestión de los gobiernos, tanto del nacional como de los territoriales.

2. Fue bloqueado el reformismo agrario y abandonado el desarrollo rural

La reforma rural transformadora se plantea para deshacer los impactos nefastos del bloqueo a la reforma agraria de la década de 1960, su sustitución por subsidios a pequeños propietarios para facilitarles el acceso a un mercado imperfecto de tierras, el abandono de los programas de desarrollo rural y la prelación dada a la gran economía, en detrimento de la campesina.

3. Se estigmatizó y desconoció el rol político y social de los pobladores rurales más vulnerados.

Los imaginarios, percepciones y actitudes hacia las mujeres rurales, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas expresan, con frecuencia, visiones fatalistas y resignadas sobre su condición de sujetos con derechos y deberes, su presunta incapacidad para entender sus realidades, construir proyectos de vida y propuestas viables. En general, se les asocia con una carga indeseada, desde el punto de vista presupuestal y fiscal y se les reduce a la condición de simples víctimas

4. Se desdibujó la visión territorial y, por tanto, todo esfuerzo sistemático por ordenar el territorio en función de su ocupación productiva y social.

El campo quedó dotado solo de atributos productivos, sin otras dimensiones estructurales en el concepto del “territorio” (espacial, ambiental, social, cultural, política e institucional). Y, por cuenta del conflicto armado, se ha enfatizado su condición de “escenario de guerra”.

5. Se trató, como iguales, temas diferentes aunque interrelacionados (conflicto agrario tradicional y conflicto armado), que necesitan respuestas diferenciadas.

En la medida en que conflicto agrario y conflicto armado se mezclan y articulan en el territorio, el problema del acceso equitativo a la tierra se ha hecho más difícil de entender y sobre todo, de resolver. Hay una enorme necesidad de conocer la realidad y sutilezas regionales y locales, de las cuales quizás la más importante sea el papel de las élites rurales y su articulación con las instituciones públicas y con los actores del conflicto.

El Informe invita a evitar la generalización y el encajonamiento de la relación tierra-conflicto en el molde del conflicto histórico por la tierra.

Y afirma que si bien la consecución de la paz en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la tierra; esta es una condición necesaria pero no suficiente. Resolverlos es un imperativo de la política pública y representa una ayuda significativa para intervenir y solucionar el problema agrario, y avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida rural y la disminución de la vulnerabilidad de sus pobladores. Pero aun resolviendo una problemática de tanta complejidad, quedarían sobre el tapete las motivaciones, las lógicas, los incentivos, los actores y los recursos del conflicto armado.

El llamado del Informe es a tratar en forma diferente lo que, en efecto, es diferente. Eso exige decisiones políticas, diálogos con actores, políticas públicas y estrategias diferenciales, que apunten eso sí al objetivo común de construir la paz.

RESCATAR EL PAPEL Y EL LIDERAZGO DEL ESTADO

La reforma rural transformadora toma nota de que mientras el Estado concentraba esfuerzos para recuperar militarmente vastos territorios rurales y consolidar su presencia y la gobernabilidad, se desvanecía buena parte de la institucionalidad que atendía al sector agropecuario, mientras ganaban peso y capacidad decisoria agentes privados nacionales e internacionales y se rendía culto a las fuerzas del mercado.

Por tanto, la reforma rural transformadora incluye el rediseño de la institucionalidad que atiende a la sociedad y al complejo sector rural de hoy. Su complejidad se explica por los impactos de la apertura económica y los tratados de libre comercio; la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación; su pobre desempeño productivo; la poca gestión del agua y cultura del riego; el caos en la ocupación social y productiva del territorio; el cambio climático y la gestión de mitigación y adaptación; las dinámicas socioeconómicas generadas por los megaproyectos (mineros, energéticos, forestales o agroindustriales), la demanda creciente de combustibles y la inseguridad alimentaria.

SUPERAR UNA CRISIS SOCIAL RECURRENTE

En ese contexto, la reforma rural transformadora apunta a superar lo que el Informe llama una “crisis estructural recurrente”, analizando las relaciones entre:

1. La globalización de los mercados y la economía.

2. El modelo de desarrollo rural, la vulnerabilidad del sector rural y las brechas que lo separan de las ciudades.

3. Las reformas y leyes agrarias, los programas de desarrollo rural y la institucionalidad estatal.

4. El ordenamiento y ocupación productiva del territorio, los asentamientos humanos, la sostenibilidad ambiental y la gestión del riesgo.

5. La concentración de la propiedad rural, los conflictos por uso y tenencia del suelo y del subsuelo y el mercado de tierras.

6. El conflicto armado interno y su relación con el despojo y abandono de tierras, con el desplazamiento forzado y la persistencia de un social rural injusto y no democrático.

7. La heterogeneidad de la sociedad rural, sus dinámicas, fortalezas y debilidades, la inequidad de géneros y la inexistencia de mínimos de ciudadanía; y la atención especial que requieren las mujeres rurales, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.

8. El desarrollo tecnológico, la innovación y el desempeño productivo del sector agropecuario. (Fin/cch).

Carlos Alberto Chica

Coordinador de Comunicaciones

Informe Nacional de Desarrollo Humano

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

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