domingo, 24 de marzo de 2013

LA MINERIA EN ANTIOQUIA: ¿Dónde están los Verdes?


LA MINERÍA EN ANTIOQUIA: ¿Dónde están los Verdes?

David Jiménez[1]

Colombia, desde hace años viene generando y recogiendo mucho menos de la renta minera que motiva la llegada de capitales extranjeros con los deseos de explorar y explotar los recursos minerales, en especial, aunque a muchos no les parezca, el oro.

El Departamento de Antioquia no es la excepción, y parece regresar a los tiempos novelados en La Marquesa de Yolombó (1926), recreados a través de la penetrante observación de un narrador especial, Tomás Carrasquilla, quien recrear la vida de Bárbara y su entorno antes de la independencia.

A diciembre 31 de 2012 en el Reporte del Sistema de Información de Catastro Minero Colombiano, el 17% del territorio antioqueño se encuentra titulado, y se tienen 1.103 solicitudes para contratos de concesión y 515 para legalización; con lo cual si estas solicitudes son aprobadas, el porcentaje de área de la región destinada para la minería aumentaría considerablemente.

Las cifras que preocupan

El Municipio de Caramanta ubicado en el suroeste antioqueño, tiene el 35,87% de su área titulado para minería a 2012. Es la localidad con mayor porcentaje de titulación en Antioquia, en relación a su área. A su vez, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño tiene grandes áreas tituladas, debido a que su tradición colonial sigue siendo la minería, corrida la “bicoca” de dos siglos.

A lo dicho se suma, que desde el año anterior, en el suroeste antioqueño las autoridades locales  develan su preocupación por la titulación existente y por las solicitudes pendientes, debido a que esta es la región cafetera del Departamento; con lo cual cambiaría su vocación económica con los respectivos daños sociales que trae consigo la minería irresponsable y depredadora, pobreza y delincuencia, que padecerá la gran mayoría de sus habitantes.

Como respuesta común, los municipios de Támesis, Urrao y Jardín, a través de sus concejos municipales aprobaron acuerdos para prohibir la minería con fundamento especial en   los artículos 1,8,9,53,79,80,85, 209 y 227 de la Constitución Nacional, que protegen claramente el medio ambiente. Se resalta, el Acuerdo Municipal No 08 de 2012 del  Concejo Municipal de Támesis, que prohibió la minería en su territorio, pero fue demandado el acto administrativo por parte de la Secretaria General de la Gobernación de Antioquia en nombre del Gobernador.

El gobernador Sergio Fajardo, figura del partido Verde,  justifica que dicho acuerdo no cumplió con el trámite legal entre la probación en comisión y en plenaria, y alegando que dicha corporación no tenía competencia para establecer usos del suelo y áreas protegidas.  El resultado fue un triunfo “pírrico”, ya que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaro la invalidez del acuerdo municipal por violar el artículo 73 de la ley 136 de 1994, en razón  del trámite entre la fecha de aprobación en comisión y en plenaria, y no consideró la no competencia de dicha corporación para expedir el acto administrativo.

Por otra parte, varios alcaldes del suroeste antioqueño presentan inconformidades sobre la minería en sus municipios, pero en el Gobierno Departamental del Partido Verde y en el Ministerio de Minas, ambos grupos gobernantes se fundamentan en el artículo 37 de la ley 685 de 2001, esto es, el Código Minero que prohíbe que las autoridades territoriales declaren cualquier  zona bajo su jurisdicción político administrativa excluida de la minería.


En rebeldía, al maestro con cariño

Dicho lo cual, es de resaltar el trabajo de los alcaldes del suroeste antioqueño, quienes sin contar con el respaldo del Gobernador Sergio Fajardo, elegido verde y cada vez con menos clorofila, desafían su designio con base a la Constitución Política y la autonomía territorial. Quieren poner un límite a la renta minera que trae no solo consecuencias como la violencia sino todos los problemas ambientales a futuro.

Aún no conocemos la posición del Partido Verde en Antioquia y Colombia sobre la minería. Eso sí,  serán la historia política y la ciencia política, las que nos dirán en el futuro que en un determinado momento y tiempo  del sistema político floreció una agrupación política denominada “Partido Verde” que  gobernó y nunca defendió la ecología y el medio ambiente.
O, ¿tendremos una honrosa excepción con los Verdes?, enmendándole la plana al abuso del Gobernador Fajardo. Mientras él realiza anuncios para sus propuestas y preocupaciones acerca del proceso en La Habana, ante lo que es de vital de importancia, la minería, hace mutis por el foro. El maestro no aprende las lecciones que le ofrecen la experiencia del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño que no solo cosechan con amargura violencia a granel sino deforestación y grandes problemas sociales.

PD: S.O.S para el Partido Verde, que está a tiempo de decidir si apoya la protección de los territorios frente a la minería, o si se lanza tras las ganancias de la renta minera nacional y trasnacional. Más aun, los miembros  del gabinete del Gobierno Verde de Antioquia tienen que presentarle a sus electores y aclarar ante la opinión pública si tienen intereses personales o familiares en la renta minera; así nos daremos cuenta de la coherencia de los verdes en materia de ética pública y práctica política.




[1] Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

sábado, 16 de marzo de 2013

El SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL NECESITA MÁS DEMOCRACIA


El SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL NECESITA MÁS DEMOCRACIA

David Jiménez[1]

El Sistema Universitario Estatal SUE, el gremio de las 32 universidades públicas reguladas por la ley 30 de 1992; todas tienen participación en su principal órgano de Gobierno que son los Consejos Superiores Universitarios de los gobernadores y el Ministerio de Educación, excepto a las universidades del orden nacional que solo tiene presencia el Ministerio de Educación.

Los rectores de las 32 universidades públicas, por la composición del Consejo Superior Universitario; son los que tienen el visto bueno del Ministro de Educación y de los Delegados del Presidente de la República en dicho órgano de administración.

De lo anterior, se viene planteando la necesidad de reformar el sistema universitario estatal no solo desde la parte financiera, sino desde su gobierno, para hacer pleno goce para ser un ente autónomo universitario donde en los órganos de dirección y administración se tenga presencia de la comunidad universitaria y menos injerencia de la Rama Ejecutiva.

El sistema universitario estatal tiene una parte excluida

En el sistema de educación superior pública colombiana, encontramos que Gobernaciones y Alcaldías tienen bajo la figura jurídica de “Establecimientos Públicos”  las Instituciones Universitarias; que no tienen transferencias del Gobierno Central por la ley 30 de 1992  sino de la entidad territorial Alcaldía ó Gobernación respectiva, las matriculas son más altas que en las 32 universidades públicas, poca planta de profesores y precariedad en infraestructura. A su vez, los órganos de gobierno y dirección están cooptados por el Ejecutivo Alcalde ó Gobernador.

De esta manera, en el país se tienen muchas instituciones universitarias de naturaleza pública no amparadas por la autonomía universitaria y sin responsabilidad del Gobierno Central. Así que, el Sistema Universitario Estatal, si piensa movilizar a la ciudadanía para fortalecer la educación pública, en especial los presupuestos de las 32 universidades, deben incluir a las instituciones universitarias públicas en esa movilización para hacer valer el artículo 69 de la Constitución Nacional.

Tal es el caso de Antioquia, la Gobernación tiene a su cargo el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia; instituciones universitarias del orden departamental que ofrecen diversidad de programas académicos de pregrado y posgrado; pero tienen mayoría de profesores de catedra y ocasionales, poca infraestructura e investigación y están a “años” de diferencia para alcanzar a la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad de Antioquia.

 A su vez, el Municipio de Medellín tiene el Instituto tecnológico Metropolitano ITM, el Colegio Mayor de Antioquia y el Instituto Pascual Bravo; tiene los mismos problemas que las anteriores y el Municipio de Envigado tiene la Institución Universitaria de Envigado; todas pasan por los mismos problemas, de que sus ingresos dependen enormente de sus matrículas y de los servicios que presten más no de los giros que le haga su respectiva entidad territorial.

Así que, si en la Nacho podemos ver un joven de estrato 1 pagando 70 mil pesos al semestre; en las instituciones universitarias los valores oscilan entre 300 mil y 2 millones de pesos por matricula.

Por lo anterior, las comunidades universitarias de las instituciones de educación superior públicas debe abrir su órbita de las 32 universidades del SUE y movilizar a todas las instituciones universitarias de carácter público que no solo agrupe a los 32 rectores de las universidades públicas que buscan hacer cumplir el derecho a la financiación de la educación superior sino incluir a las instituciones universitarias de carácter público, que solo ayuda para los indicadores de cobertura al Ministerio de Educación y a las protestas universitarias para reformar la ley 30 de 1992 a las 32 universidades públicas, donde la reforma debe incluir la responsabilidad del Gobierno Central e inversión proveniente del Presupuesto Nacional más allá del sistema universitario estatal vigente.

PD: En una conversación con un rector de una institución universitaria me dijo una anécdota que una vez se reunió con la Ministra María Fernanda Campo y el Viceministro de Educación Superior y le mostró su preocupación por que su institución tenía problemas presupuestales y que deseaba tener transferencias de la Nación como cualquier universidad pública y le respondieron: A ustedes nadie los obligo a crear una institución universitaria pública, la educación superior no es obligación de los municipios.


[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 10 de marzo de 2013

¿LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TIENEN SU FUTURO “ESTAMPILLADO”?


¿LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS TIENEN SU FUTURO “ESTAMPILLADO”?

David Jiménez[1]

                                                    El Sistema Universitario Estatal, SUE, la estructura gremial que agrupa las universidades públicas colombianas, muestra desde hace varios años, la preocupación por el crecimiento en la desfinanciación de la educación superior pública en el país; y denuncia cómo el presupuesto de las 32 instituciones se basa en el monto establecido en 1993 indexado conforme a la inflación.

El anterior criterio supone, de entrada, desconocer los diferentes gastos derivados de la exigencia gubernamental de aumentar la cobertura para mayor ingreso de universitarios; la creación de más programas académicos, generalmente,  posgrados que son los “rentables”; el aumento perverso de la planta de profesores ocasionales, quienes la mayoría de las veces no entrarán a la planta docente; la mejora en los servicios de infraestructura y la planta administrativa y de servicios que los atiende; la nueva construcción y mantenimiento de la infraestructura física de los campus universitarios; la promoción en serio de la investigación básica y aplicada,  por mencionar las más importantes variables que inciden en definir las condiciones necesarias para proyectar la educación superior en el actual mundo globalizado.

El Boom de las Estampillas

Las Universidades Públicas de orden departamental, con el concurso interesado de  sus senadores y representantes en el Congreso de la República; afectadas por  la debilidad de hacer lobby político  y con   la poca presión como actor social, político y académico que realizan las comunidades universitarias ante la Institucionalidad, en especial frente al Gobierno presidencialista y el Congreso, han conseguido hasta hoy un premio de consolación para su raquítica financiación.

Varias lograron que se aprobaran leyes de la República denominadas “Estampillas” que tienen por finalidad cobrar un porcentaje de los contratos que ejecuten las instituciones públicas del nivel al que pertenecen para recaudar un determinado monto de recursos fijado en la ley.

Así que no pocas universidades públicas han logrado ejecutar inversiones en infraestructura con recursos provenientes del recaudo por “Estampillas”, disminuyendo ilusoriamente la necesidad de presionar el presupuesto general de la Nación para solicitarle de forma firme, directa y progresiva al Gobierno y al Congreso que den cabal cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política que obliga al Estado social de Derecho a la financiación de modo suficiente, no con migajas, la educación superior nacional.

Actualmente, en la agenda legislativa, como parte de las estrategias de los congresistas que esperan reelegirse, y/o en compromiso con sus regiones,  se encuentran proyectos de ley para extender las “Estampillas” a  algunas universidades del orden departamental como la Surcolombiana[2], UniSucre[3], UniCundinamarca[4], UPTC[5], por resaltar algunas a manera de ejemplo.

Además, hoy se suma la principal universidad del país, la Universidad Nacional de Colombia, institución sin estampilla, que ya tiene un lugar de “esperanza” en la agenda legislativa, a través  del Proyecto de Ley No 192 de 2012 Cámara, radicado por los Senadores Roy Barreras y Carlos Ferro y el Representante Ángel Custodio Cabrera.

Con este instrumento los congresistas  buscan recaudar 1 billón de pesos para reparar la infraestructura en ruinas de varias de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, valiéndose del gravamen a  los contratos que ejecuten las entidades del orden nacional.

El lobby CONGRESIONAL  y la ineficacia del SUE

Vale la pena preguntarse: ¿ quién hace el lobby para impulsar estas leyes?, la mayoría congresional, que radicó por la misma época en 2012, después del paro nacional y la significativa movilización de estudiantes en 2011, los proyectos que tienen por objetivo la búsqueda de  mayor y regular financiación de la educación pública condicionada por la suerte de la contratación nacional;  ó  ¿ son estas leyes modos de consolar y evitar la radicalización de las burocracia académicas al frente de las Rectorías, Vicerrectorías, Facultades e Institutos de las Universidades?, ó tales iniciativas son para impulsar política y electoralmente a los autores de los proyectos de ley de “Estampillas”,  para conseguir los escasos votos que requieren para triunfar en las elecciones de Congreso en 2014?.

En verdad, quizás resulte realista decir, que los tres factores son concurrentes para dar impulso a la cura de las estampillas, que busca sellar el agujero roto del despilfarro de recursos en la guerra, cuyo único beneficio verificable es el empleo de más de 400 mil colombianos, y los privilegios exorbitantes reconocidos a quienes los mandan, y se encuentran al frente de las armas de la república de Colombia en guerra.

Por lo pronto, y no hay margen para más aplazamientos, las directivas de las universidades públicas, tanto las que cuentan con leyes de “Estampillas”, ó tienen a la vista proyectos de ley que buscan crear las mismas, como las que no tienen ni unos ni otros, deben pronunciarse ante sus comunidades académicas, y la sociedad toda, si, por fin, y al unísono van a hacer cumplir el artículo 69 de la Constitución.

O si, por el contrario, y mejorándose con descaro los sueldos que devengan, van a estar dispersos, llorando “lágrimas de cocodrilo”, y mostrando como expediente de su fementida “eficacia”, que van a estimular el apoyo a bancadas y mayorías legislativas, orientadas por políticos regionales, estampillados a la aprobación de leyes de consolación, espejismos financieros  que privatizan el derecho a la educación, y no resuelven la quiebra presupuestal de la educación pública en general, y la superior, en particular, que no resiste la lógica del beneficio capitalista.

Una vez más, una solución real y efectiva al déficit presupuestal de las instituciones de educación superior públicas colombianas, reside en la participación activa, el compromiso de las bases de la comunidad educativa, que levante las reivindicaciones inmediatas de una constituyente social, que no puede aplazarse más.

Se trata de seguir el ejemplo de los cafeteros que han reclamado una redistribución en acto, in situ, de la renta agro-minera. La educación pública no puede ser el pariente pobre del Estado social de derecho, cuando se ve como se acrecientan en grado sumo las fortunas de un puñado de grandes capitalistas nacionales y transnacionales.

PD: La Universidad Nacional de Colombia necesita cerca de un billón de pesos para adecuar su infraestructura a los retos del siglo XXI. El Presidente del Senado Roy Barrera y asociados ¿salvarán a la “Nacho” de su muerte anunciada con una ley de estampilla? No, mucho menos, al resto de instituciones universitarias departamentales y municipales al borde del colapso. Se requiere un cambio radical en el financiamiento de la educación pública, ya no da más.


[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Institución ubicada en la ciudad de Neiva en el Departamento del Huila. El proyecto de ley No 182 de 2012 Cámara, presentado por el H. Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, político huilense.
[3] Institución ubicada en la ciudad de Sincelejo en el Departamento de Sucre. El proyecto de ley No 174 de 2012 Cámara, presentado por el H. Senador Eduardo Carlos Merlano, político nacido en el Departamento de Sucre.
[4] Institución ubicada en el Departamento de Cundinamarca. El proyecto de ley No 173 de 2012 Cámara, presentado por el H. Representante Jose Joaquín Camelo Ramos, político de la región de Cundinamarca.
[5] Institución ubicada en la ciudad de Tunja en el Departamento de Boyacá. El proyecto de ley No 162 de 2012 Cámara, presentada por el H. Senador Edgar Espindola, político de la región.