El
SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL NECESITA MÁS DEMOCRACIA
David Jiménez[1]
El Sistema Universitario
Estatal SUE, el gremio de las 32 universidades públicas reguladas por la ley 30
de 1992; todas tienen participación en su principal órgano de Gobierno que son
los Consejos Superiores Universitarios de los gobernadores y el Ministerio de
Educación, excepto a las universidades del orden nacional que solo tiene
presencia el Ministerio de Educación.
Los rectores de las 32
universidades públicas, por la composición del Consejo Superior Universitario;
son los que tienen el visto bueno del Ministro de Educación y de los Delegados
del Presidente de la República en dicho órgano de administración.
De lo anterior, se viene
planteando la necesidad de reformar el sistema universitario estatal no solo
desde la parte financiera, sino desde su gobierno, para hacer pleno goce para
ser un ente autónomo universitario donde en los órganos de dirección y
administración se tenga presencia de la comunidad universitaria y menos injerencia
de la Rama Ejecutiva.
El
sistema universitario estatal tiene una parte excluida
En el sistema de educación
superior pública colombiana, encontramos que Gobernaciones y Alcaldías tienen
bajo la figura jurídica de “Establecimientos Públicos” las Instituciones Universitarias; que no
tienen transferencias del Gobierno Central por la ley 30 de 1992 sino de la entidad territorial Alcaldía ó
Gobernación respectiva, las matriculas son más altas que en las 32 universidades
públicas, poca planta de profesores y precariedad en infraestructura. A su vez,
los órganos de gobierno y dirección están cooptados por el Ejecutivo Alcalde ó
Gobernador.
De esta manera, en el país
se tienen muchas instituciones universitarias de naturaleza pública no
amparadas por la autonomía universitaria y sin responsabilidad del Gobierno
Central. Así que, el Sistema Universitario Estatal, si piensa movilizar a la
ciudadanía para fortalecer la educación pública, en especial los presupuestos
de las 32 universidades, deben incluir a las instituciones universitarias
públicas en esa movilización para hacer valer el artículo 69 de la Constitución
Nacional.
Tal es el caso de Antioquia,
la Gobernación tiene a su cargo el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y
el Tecnológico de Antioquia; instituciones universitarias del orden
departamental que ofrecen diversidad de programas académicos de pregrado y
posgrado; pero tienen mayoría de profesores de catedra y ocasionales, poca
infraestructura e investigación y están a “años” de diferencia para alcanzar a
la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad de Antioquia.
A su vez, el Municipio de Medellín tiene el
Instituto tecnológico Metropolitano ITM, el Colegio Mayor de Antioquia y el
Instituto Pascual Bravo; tiene los mismos problemas que las anteriores y el
Municipio de Envigado tiene la Institución Universitaria de Envigado; todas
pasan por los mismos problemas, de que sus ingresos dependen enormente de sus
matrículas y de los servicios que presten más no de los giros que le haga su respectiva
entidad territorial.
Así que, si en la Nacho
podemos ver un joven de estrato 1 pagando 70 mil pesos al semestre; en las
instituciones universitarias los valores oscilan entre 300 mil y 2 millones de
pesos por matricula.
Por lo anterior, las comunidades
universitarias de las instituciones de educación superior públicas debe abrir
su órbita de las 32 universidades del SUE y movilizar a todas las instituciones
universitarias de carácter público que no solo agrupe a los 32 rectores de las
universidades públicas que buscan hacer cumplir el derecho a la financiación de
la educación superior sino incluir a las instituciones universitarias de
carácter público, que solo ayuda para los indicadores de cobertura al
Ministerio de Educación y a las protestas universitarias para reformar la ley
30 de 1992 a las 32 universidades públicas, donde la reforma debe incluir la
responsabilidad del Gobierno Central e inversión proveniente del Presupuesto
Nacional más allá del sistema universitario estatal vigente.
PD: En una conversación con
un rector de una institución universitaria me dijo una anécdota que una vez se
reunió con la Ministra María Fernanda Campo y el Viceministro de Educación
Superior y le mostró su preocupación por que su institución tenía problemas
presupuestales y que deseaba tener transferencias de la Nación como cualquier
universidad pública y le respondieron: A
ustedes nadie los obligo a crear una institución universitaria pública, la educación superior no es obligación de
los municipios.
[1]
Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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