¿CONSTITUYENTE
YA?
La Corte Constitucional en
su estudio sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2015 conocido
como la Reforma del Equilibro de Poderes, decidió mantener el Consejo Superior
de la Judicatura.
Sin
embargo, el Congreso de la República falló en su intento de reformar el sistema
judicial buscando garantizar bajo el “supuesto” de la independencia y
transparencia de la Rama Judicial, cuando la problemática radica en la
desconfianza ciudadana por las autoridades judiciales, y peor aún, por la
impunidad a la hora de investigar y sancionar responsables de cualquier delito,
en especial para los delincuentes de “cuello blanco” asociados a las altas
esferas del sector público o privado.
En
este sentido, sectores políticos como el senador Armando Benedetti indico la
necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, para equilibrar al Estado, en
pocas palabras, una contrarreforma institucional; pero el asunto no es el
funcionamiento del Estado, de cómo llamar a un determinado órgano sea Comisión
de Aforados o Comisión de Acusaciones, o cómo elegirlo sea por altas cortes o
por congresistas, y determinar sus funciones.
El
desempeño de las instituciones políticas colombianas se debe a la patología del
sistema político, enfermo de corrupción y clientelismo, porque no se ha logrado
cambiar las prácticas políticas que generen una cultura política democrática y
crítica del régimen político. En suma, la cuestión no es de diseño institucional,
es socio-político.
Podemos tener burocracias y su funcionamiento
igual o similar a los países de la OCDE, pero la calidad sería diferente, son
dos sistemas con culturas políticas diferentes.
Solo basta mirar casos, por ejemplo, Alemania durante 2011 renuncio un
Ministro acusado de plagio, mientras en Colombia se acusa de plagio a
congresistas, ministros o cualquier alto funcionario del Estado y siguen en sus
cargos. Esto sucede allí porque en cada país la cultura política y la exigencia
ética y moral a los políticos son diferentes.
La
Asamblea Nacional Constituyente podría eliminar las funciones electorales de
las altas cortes; incluir el concurso público de méritos para elegir altos
funcionarios del Estado por parte del Congreso de la República, o cualquier
temática semejante; pero cuando el sistema social representando por los
ciudadanos funciona conforme con el clientelismo y la corrupción, donde aún se
compran votos, se financian campañas políticas de forma ilegal, paralelo con
altos índices de pobreza y exclusión, falta de acceso a educación y servicios
de salud, no podemos esperar un buen desempeño de las instituciones políticas,
porque están reproducen la esencia del sistema.
Si
hay pobreza y exclusión; comprar votos en una democracia frágil no es difícil
cuando millones de personas no tienen sus derechos fundamentales y seguridad
social, mínimamente garantizados y respetados por el Estado.
La
constituyente no sólo debe preocuparse por el diseño institucional, sino
también de incluir a los sectores históricamente excluidos del sistema político
representados en los sindicatos, estudiantes, campesinos, indígenas,
afrodescendientes, mujeres, minorías sexuales; donde estos puedan transformar
el régimen político para construir una cultura política democrática.
Para que la comunidad política toda logre
incidir en que el Estado deba tener a su cargo la responsabilidad de asegurarle
a todo ciudadano sus derechos fundamentales, la seguridad social y los
servicios públicos domiciliarios. Revertir el neoliberalismo a favor de la
ciudadanía subalterna, porque si tan solo cambiamos aspectos funcionales de las
instituciones estatales, cambiamos para que todo siga igual, mientras no se
logre una metamorfosis social y política. Esto último pasa por abolir la
telaraña de privilegios centenarios.
* Politólogo. Magister en estudios
políticos Unal. Participante externo del GPYP Unal/Unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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