LA
COSTA CARIBE EN CRISIS ENERGÉTICA POR EL LIBRE MERCADO
David Jiménez[1]
La libre competencia,
principio promulgado en el Consenso de Washington como recomendación neoliberal
para la introducción de las reformas constitucionales en América Latina, no fue
una excepción para Colombia, porque después de la expedición de la constitución
de 1991 se aprobaron las Leyes 142 y 143 de 1994, donde se incluye la libre
competencia en materia de servicios públicos.
Los tecnócratas diseñaron la política de servicios públicos
con la lógica de la libre competencia bajo el supuesto de garantizar calidad a
los usuarios/clientes en los servicios públicos e incentivar la llegada del
capital privado para explotar los servicios públicos domiciliarios desde
entonces. Una razón adicional, del porqué no se ha elevado a derecho
fundamental el agua potable, obedece al asunto económico, porque los privados
disminuirían sus utilidades.
En los últimos meses, la
costa caribe presenta su problema histórico, la energía eléctrica, por el
servicio prestado por Electricaribe porque sufren apagones continuos como si el
país tuviera una crisis energética, y el problema es generado por la misma
empresa.
Tampoco, Empresas Públicas
de Medellín –EPM- reconocida como una de las mejores empresas en servicios
públicos domiciliarios de naturaleza pública en el país, no puede llegar a la
costa caribe, el marco legal se lo impide, porque ninguna empresa puede tener
más del 25% de posición en el mercado, normas diseñadas por el Estado como si
la libre competencia en servicios públicos se viera traducido en calidad y
eficiencia a favor de los ciudadanos; los resultados en el caribe muestran lo
contrario.
Así como se argumenta la
corrupción y la ineficiencia para privatizar empresas estatales, ahora tenemos
la prueba de mal servicio a causa del libre mercado, donde se protege al
capital y no a los ciudadanos. Sin embargo, la movilización de la población en
el Caribe no puede quedar en manos de los políticos sino de los ciudadanos,
donde le exijan al Gobierno Nacional una solución pronta y efectiva, donde el
servicio de energía sea prestado directamente por el Estado sea por EPM o
cualquier entidad pública que pueda asumir las responsabilidades judiciales,
políticas y sociales ante el constituyente primario – el pueblo-.
La reformas neoliberales de los años 90s del siglo XX que
fortalecieron el sector privado y empresarial del gran capital nacional y
extranjero, deben tener una contrarreforma en los servicios públicos
domiciliarios, como derechos fundamentales a cargo del Estado, porque son
indispensables para vivir en el siglo XXI y no tener una vida con más miseria a
causa de la pobreza y el desempleo porque sería más trágico sumarle la falta de
energía y agua potable a millones de personas a la situación de necesidades
insatisfechas, y el cambio de destino, no depende de la insistencias de
congresistas costeños al Gobierno Nacional sino de la movilización social y
ciudadana para solucionar sus problemas reales.
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