sábado, 12 de noviembre de 2016

LA COSTA CARIBE EN CRISIS ENERGÉTICA POR EL LIBRE MERCADO

LA COSTA CARIBE EN CRISIS ENERGÉTICA POR EL LIBRE MERCADO

David Jiménez[1]

La libre competencia, principio promulgado en el Consenso de Washington como recomendación neoliberal para la introducción de las reformas constitucionales en América Latina, no fue una excepción para Colombia, porque después de la expedición de la constitución de 1991 se aprobaron las Leyes 142 y 143 de 1994, donde se incluye la libre competencia en materia de servicios públicos.

            Los tecnócratas diseñaron la política de servicios públicos con la lógica de la libre competencia bajo el supuesto de garantizar calidad a los usuarios/clientes en los servicios públicos e incentivar la llegada del capital privado para explotar los servicios públicos domiciliarios desde entonces. Una razón adicional, del porqué no se ha elevado a derecho fundamental el agua potable, obedece al asunto económico, porque los privados disminuirían sus utilidades.

En los últimos meses, la costa caribe presenta su problema histórico, la energía eléctrica, por el servicio prestado por Electricaribe porque sufren apagones continuos como si el país tuviera una crisis energética, y el problema es generado por la misma empresa.

Tampoco, Empresas Públicas de Medellín –EPM- reconocida como una de las mejores empresas en servicios públicos domiciliarios de naturaleza pública en el país, no puede llegar a la costa caribe, el marco legal se lo impide, porque ninguna empresa puede tener más del 25% de posición en el mercado, normas diseñadas por el Estado como si la libre competencia en servicios públicos se viera traducido en calidad y eficiencia a favor de los ciudadanos; los resultados en el caribe muestran lo contrario.

Así como se argumenta la corrupción y la ineficiencia para privatizar empresas estatales, ahora tenemos la prueba de mal servicio a causa del libre mercado, donde se protege al capital y no a los ciudadanos. Sin embargo, la movilización de la población en el Caribe no puede quedar en manos de los políticos sino de los ciudadanos, donde le exijan al Gobierno Nacional una solución pronta y efectiva, donde el servicio de energía sea prestado directamente por el Estado sea por EPM o cualquier entidad pública que pueda asumir las responsabilidades judiciales, políticas y sociales ante el constituyente primario – el pueblo-.
            La reformas neoliberales de los años 90s del siglo XX que fortalecieron el sector privado y empresarial del gran capital nacional y extranjero, deben tener una contrarreforma en los servicios públicos domiciliarios, como derechos fundamentales a cargo del Estado, porque son indispensables para vivir en el siglo XXI y no tener una vida con más miseria a causa de la pobreza y el desempleo porque sería más trágico sumarle la falta de energía y agua potable a millones de personas a la situación de necesidades insatisfechas, y el cambio de destino, no depende de la insistencias de congresistas costeños al Gobierno Nacional sino de la movilización social y ciudadana para solucionar sus problemas reales.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo de GPYP Unal/Unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

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