lunes, 30 de enero de 2017

LAS SANCIONES A LOS CONGRESISTAS, UN DEBATE SIN RESOLVER

LAS SANCIONES A LOS CONGRESISTAS, UN DEBATE SIN RESOLVER

David Jiménez[1]

El código de ética es una herramienta útil para mejorar el desempeño del congreso
Mauricio Lizcano, Presidente del Senado, enero 25 de 2017

Hace una semana que el presidente sancionó la Ley 1828 de 2017, por medio de la cual se expide el estatuto ético-disciplinario del congresista. Las sanciones incorporadas son la amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión del cargo entre 10 a 180 días.

Los comportamientos de los congresistas como representantes elegidos democráticamente, deberían ser investigados y castigados por funcionarios públicos autónomos e independientes, porque tal como está el diseño institucional, son los mismos colegas de las comisiones de ética de Senado y Cámara, quienes tendrán que proferir las decisiones. En este caso, con los hechos de la historia reciente del país (auxilios parlamentarios, proceso 8000, parapolítica, “mermelada presupuestal”), que involucra a integrantes del Congreso de la Republica; que los mismos colegas se investiguen entre sí, tal proveído no tiene sentido.

A su vez, el Procurador General de la Nación quien tiene la potestad constitucional de investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas, este es elegido por el Senado de la Republica. Los políticos eligen quien los investiga y sanciona.

En el diseño institucional reciente con la famosa reforma constitucional del equilibrio de poderes no cambio nada para los políticos locales, regionales y nacionales que eligen a los órganos de control como las Personerías, Contralores Territoriales, Contraloría Nacional y al Procurador General desde los concejos, asambleas y congreso, pareciera que los presuntamente responsables tuvieran inmunidad para ser sancionados.

En casos como el plagio conocido muy a menudo en la gestión del congreso colombiano, los congresistas han pasado inmunes, mientras que estudiantes y otras personas que lo han cometido, han tenido que enfrentar procesos penales o disciplinarios o para el caso de estudiantes expulsados de las instituciones de educación superior.

Solo quedan los registros en los titulares de prensa, radio o televisión en las noticias del plagio de los congresistas pero sin sanción alguna, algunos han responsabilizado a su Unidad de Trabajo Legislativo como la ex congresista del Mira Gloria Stella Díaz en 2013.[2]

El primer paso para buscar sanciones ejemplarizantes a los “padres” de la patria, es que los órganos que los investigan y sancionan, no tenga injerencia en la postulación o elección de estos el Congreso de la República ni las asambleas ni concejos municipales y una rendición pública de cuentas real a la ciudadanía desde la gestión legislativa hasta sus negocios e intereses privados.

 Pero como estamos con un obstáculo constitucional, cada vez las circunstancias políticas, económicas y sociales, agitados por la corrupción y el clientelismo político que permea las instituciones políticas, se requiere con urgencia una constituyente social con la participación de los sectores históricamente excluidos. Se trata de transformar el régimen y sistema político, en términos democráticos, para resarcir la promesa incumplida de la constituyente de 1991 de cambiar tanto la cultura como las prácticas políticas correspondientes.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2]Ver, Reinoso Rodríguez, G. (2013, Abril 14). El 'copy paste' hace carrera en el Congreso, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12740959

sábado, 14 de enero de 2017

CON LA PAZ NO HAY DESACUERDO

CON LA PAZ NO HAY DESACUERDO
David Jiménez[1]

“Gobierno de transición propuesto por las Farc no es viable”. Armando Benedetti, enero 5 de 2017, W Radio

Las negociaciones de paz desde 2012 ha ocasionado debates de quienes se encuentran a favor o en oposición al gobierno nacional, en especial el bloque que representa el actual Presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su enfrentamiento por los diálogos con las Farc-ep.

En este caso, vale la pena recordar la obra del filósofo Jacques Rancière titulada “El desacuerdo: política y filosofía”. Allí nos explica que existe un desacuerdo cuando no hay un objeto común de las partes, se presenta litigio por ambas.

El acuerdo de paz actual, tiene dos líneas rojas trazadas por la afirmación del gobierno: “el modelo económico y político no se negocia”. El famoso acuerdo de paz no soluciona las causas estructurales de la guerra y el conflicto: pobreza, desempleo, inequidad; por mencionar algunos.

Sin embargo, tiene un punto sobre desarrollo agrario integral, pero este queda sometido a la voluntad presupuestal de los gobiernos de turno, sujetos a la famosa regla fiscal que impide al Estado Colombiano adquirir compromisos que aumenten el déficit fiscal de las cuentas públicas.

El sistema político y económico

Es el causante de los conflictos sociales y las desigualdades mismas, no solo en Colombia sino a nivel global, sumado a la exclusión social y política de millones de trabajadores, campesinos y desempleados. El orden estructural vigente, no fue objeto de discusión en La Habana.

Así, el acuerdo de paz aparece reducido a cómo los guerrilleros entran en un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil y política para “gozar” de los indultos y amnistías en la justicia transicional; para eso necesitaban con urgencia el “fast track” en el trámite legislativo.

En cambio, temas tan transcendentales como el salario mínimo de millones de trabajadores y pensionados y la reforma tributaria, ni las Farc, ni tampoco el flamante movimiento político Voces de la Paz fijaron una posición pública al respecto. Al parecer, no quieren tocar las líneas rojas, porque tienen un objeto común que cuidar con el gobierno actual: el statu quo del régimen político vigente desde 1991, y su pareja, la economía de mercado donde se privilegia el gran capital nacional y extranjero. Ambos son intocables para tirios y troyanos.

Cero Debates

Actualmente encontramos cero debates sobre la justicia social y las condiciones de vida de millones de colombianos. Al parecer vamos hacia  una ampliación de la “revolución pasiva,” como dice Gramsci.

Es un lánguido cierre histórico de una guerra de 60 años, sin cambiar el rumbo de las causas del conflicto que se alimentan de la pobreza, el desempleo y la precaria presencia estatal en servicios sociales e infraestructura de calidad en miles de veredas y corregimientos de la otra Colombia.

Por ahora, tres actores: las Farc, la coalición del gobierno Santos y el Uribismo, ninguno pretende cambiar el statu-quo vigente que resume el régimen político y el sistema económico capitalista.

Las discusiones actuales son la forma de hacer de la paz, un simulacro, porque no debaten sobre las condiciones de vida y bienestar de los colombianos que logren una paz y justicia social verdaderas.

La solución es una democracia activa de la sociedad colombiana representada en el hacer directo de millones de ciudadanos, quienes son los que sufren en el campo y la ciudad por sus precarias condiciones de vida, bienestar y salarios, los que resisten todas las exclusiones y padecen todas las discriminaciones.

PD: Al gobierno de transición, no le juegan la coalición del gobierno Santos ni mucho menos el Centro Democrático, el bloque hegemonico del sistema político  



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com