LAS
SANCIONES A LOS CONGRESISTAS, UN DEBATE SIN RESOLVER
David Jiménez[1]
El código de ética es una herramienta útil para mejorar el
desempeño del congreso
Mauricio Lizcano, Presidente del Senado, enero 25 de 2017
Hace una semana que el
presidente sancionó la Ley 1828 de 2017, por medio de la cual se expide el
estatuto ético-disciplinario del congresista. Las sanciones incorporadas son la
amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión del cargo entre
10 a 180 días.
Los comportamientos de los
congresistas como representantes elegidos democráticamente, deberían ser
investigados y castigados por funcionarios públicos autónomos e independientes,
porque tal como está el diseño institucional, son los mismos colegas de las
comisiones de ética de Senado y Cámara, quienes tendrán que proferir las
decisiones. En este caso, con los hechos de la historia reciente del país
(auxilios parlamentarios, proceso 8000, parapolítica, “mermelada
presupuestal”), que involucra a integrantes del Congreso de la Republica; que
los mismos colegas se investiguen entre sí, tal proveído no tiene sentido.
A su vez, el Procurador
General de la Nación quien tiene la potestad constitucional de investigar y
sancionar disciplinariamente a los congresistas, este es elegido por el Senado
de la Republica. Los políticos eligen quien los investiga y sanciona.
En el diseño institucional
reciente con la famosa reforma constitucional del equilibrio de poderes no
cambio nada para los políticos locales, regionales y nacionales que eligen a
los órganos de control como las Personerías, Contralores Territoriales, Contraloría
Nacional y al Procurador General desde los concejos, asambleas y congreso, pareciera
que los presuntamente responsables tuvieran inmunidad para ser sancionados.
En casos como el plagio
conocido muy a menudo en la gestión del congreso colombiano, los congresistas
han pasado inmunes, mientras que estudiantes y otras personas que lo han
cometido, han tenido que enfrentar procesos penales o disciplinarios o para el
caso de estudiantes expulsados de las instituciones de educación superior.
Solo quedan los registros en
los titulares de prensa, radio o televisión en las noticias del plagio de los
congresistas pero sin sanción alguna, algunos han responsabilizado a su Unidad
de Trabajo Legislativo como la ex congresista del Mira Gloria Stella Díaz en
2013.[2]
El primer paso para buscar
sanciones ejemplarizantes a los “padres” de la patria, es que los órganos que
los investigan y sancionan, no tenga injerencia en la postulación o elección de
estos el Congreso de la República ni las asambleas ni concejos municipales y
una rendición pública de cuentas real a la ciudadanía desde la gestión
legislativa hasta sus negocios e intereses privados.
Pero como estamos con un obstáculo
constitucional, cada vez las circunstancias políticas, económicas y sociales,
agitados por la corrupción y el clientelismo político que permea las
instituciones políticas, se requiere con urgencia una constituyente social con
la participación de los sectores históricamente excluidos. Se trata de
transformar el régimen y sistema político, en términos democráticos, para
resarcir la promesa incumplida de la constituyente de 1991 de cambiar tanto la
cultura como las prácticas políticas correspondientes.
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