lunes, 30 de enero de 2017

LAS SANCIONES A LOS CONGRESISTAS, UN DEBATE SIN RESOLVER

LAS SANCIONES A LOS CONGRESISTAS, UN DEBATE SIN RESOLVER

David Jiménez[1]

El código de ética es una herramienta útil para mejorar el desempeño del congreso
Mauricio Lizcano, Presidente del Senado, enero 25 de 2017

Hace una semana que el presidente sancionó la Ley 1828 de 2017, por medio de la cual se expide el estatuto ético-disciplinario del congresista. Las sanciones incorporadas son la amonestación privada, la amonestación pública y la suspensión del cargo entre 10 a 180 días.

Los comportamientos de los congresistas como representantes elegidos democráticamente, deberían ser investigados y castigados por funcionarios públicos autónomos e independientes, porque tal como está el diseño institucional, son los mismos colegas de las comisiones de ética de Senado y Cámara, quienes tendrán que proferir las decisiones. En este caso, con los hechos de la historia reciente del país (auxilios parlamentarios, proceso 8000, parapolítica, “mermelada presupuestal”), que involucra a integrantes del Congreso de la Republica; que los mismos colegas se investiguen entre sí, tal proveído no tiene sentido.

A su vez, el Procurador General de la Nación quien tiene la potestad constitucional de investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas, este es elegido por el Senado de la Republica. Los políticos eligen quien los investiga y sanciona.

En el diseño institucional reciente con la famosa reforma constitucional del equilibrio de poderes no cambio nada para los políticos locales, regionales y nacionales que eligen a los órganos de control como las Personerías, Contralores Territoriales, Contraloría Nacional y al Procurador General desde los concejos, asambleas y congreso, pareciera que los presuntamente responsables tuvieran inmunidad para ser sancionados.

En casos como el plagio conocido muy a menudo en la gestión del congreso colombiano, los congresistas han pasado inmunes, mientras que estudiantes y otras personas que lo han cometido, han tenido que enfrentar procesos penales o disciplinarios o para el caso de estudiantes expulsados de las instituciones de educación superior.

Solo quedan los registros en los titulares de prensa, radio o televisión en las noticias del plagio de los congresistas pero sin sanción alguna, algunos han responsabilizado a su Unidad de Trabajo Legislativo como la ex congresista del Mira Gloria Stella Díaz en 2013.[2]

El primer paso para buscar sanciones ejemplarizantes a los “padres” de la patria, es que los órganos que los investigan y sancionan, no tenga injerencia en la postulación o elección de estos el Congreso de la República ni las asambleas ni concejos municipales y una rendición pública de cuentas real a la ciudadanía desde la gestión legislativa hasta sus negocios e intereses privados.

 Pero como estamos con un obstáculo constitucional, cada vez las circunstancias políticas, económicas y sociales, agitados por la corrupción y el clientelismo político que permea las instituciones políticas, se requiere con urgencia una constituyente social con la participación de los sectores históricamente excluidos. Se trata de transformar el régimen y sistema político, en términos democráticos, para resarcir la promesa incumplida de la constituyente de 1991 de cambiar tanto la cultura como las prácticas políticas correspondientes.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2]Ver, Reinoso Rodríguez, G. (2013, Abril 14). El 'copy paste' hace carrera en el Congreso, El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12740959

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