LA
REFORMA POLÍTICA DEL DESACUERDO
David Jiménez[1]
En semanas anteriores, el
Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos que a la vez juega como
posible precandidato presidencial por el Partido Liberal, anunció una reforma
política que incluía diversos temas como el periodo presidencial de 5 años,
eliminación de vicepresidencia, listas únicas y cerradas, voto obligatorio,
ciudadanía desde los 16 años de edad, para mencionar los más importantes.
Todo
lo anterior ocurrió ya, a pesar que el Nuevo Acuerdo Final suscrito por el
Gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del
Pueblo –FARC EP-, en relación a la participación política, trae consigo una
reforma al sistema electoral colombiano (p. 53) , donde se crea una misión especial
electoral con 7 integrantes que representen a la Misión de Observación
Electoral, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Nacional y Universidad de los Andes, Instituto Holandés para la
Democracia Multipartidaria.
El supuesto era que tal instancia iniciaba su
funcionamiento una vez se perfeccionará la suscripción del acuerdo, y a las 4
meses siguientes ésta presentaría las propuestas para reformar el régimen y la
organización electoral. Sin embargo, dicha misión tan solo fue creada el 16 de
enero de 2017 mediante Resolución 0065 por parte del Ministerio del Interior.
Desde
su creación, la misión especial electoral no ha realizado una discusión pública
y democrática que incluya a los partidos y movimientos políticos reconocidos
por el Consejo Nacional Electoral, y mucho menos a los movimientos
político-sociales sobre el diseño y construcción de una reforma necesaria para
el sistema electoral colombiano.
Al
parecer el líder de la reforma política es el Ministro del Interior Juan
Fernando Cristo, quien ha depositado la tarea de carpintería en su
viceministro, pero la verdad es que este papel lo debe asumir la misión
especial electoral de expertos. Así aparece en el acuerdo suscrito el 24 de
noviembre de 2016.
Al
mismo tiempo, tampoco se conoce una posición pública y oficial sobre la
propuesta de reforma política gubernamental del Movimiento Político “Voces de
Paz,” quién representa a las FARC EP como voceros para la implementación de los
acuerdos.
Además
se amenaza con el Fast Track, es una
herramienta que reduce los plazos y debate legislativo en relación con las
iniciativas legislativas y de acto legislativo en relación con el acuerdo de
paz; pero este dispositivo tampoco debe ser una medida para proponer una
reforma político-electoral que modifica la constitución política, pasando por
alto la participación de los actores políticos y sociales desde el Centro
Democrático hasta la Marcha Patriótica.
Mientras
existe una concentración mediática y política sobre la Jurisdicción Especial
para la Paz, las amnistías y la reforma legal para garantizar el espacio a los
voceros de las Farc en el Congreso, el Ministerio del Interior “a la chita
callando” lidera un cambio constitucional al sistema político, sin escuchar a
las voces autorizadas por el nuevo acuerdo final, traducida en la “misión especial electoral”. De la cual,
por lo demás, no sabemos qué discuten, dónde se reúnen y tampoco si hacen
socialización con los partidos de oposición y coalición del gobierno y con los
movimientos político-sociales en todo el territorio nacional.
La
paz necesita democracia, pero no un remedo de ella, y menos a empellones del
gobierno, con un amargo sabor de raponazo. Así no.
[1] Politólogo, magister en estudios
políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail:
presid.y.partic@gmail.com
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