miércoles, 1 de marzo de 2017

LA REFORMA POLÍTICA DEL DESACUERDO

LA REFORMA POLÍTICA DEL DESACUERDO

David Jiménez[1]

En semanas anteriores, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo Bustos que a la vez juega como posible precandidato presidencial por el Partido Liberal, anunció una reforma política que incluía diversos temas como el periodo presidencial de 5 años, eliminación de vicepresidencia, listas únicas y cerradas, voto obligatorio, ciudadanía desde los 16 años de edad, para mencionar los más importantes.

Todo lo anterior ocurrió ya, a pesar que el Nuevo Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo –FARC EP-, en relación a la participación política, trae consigo una reforma al sistema electoral colombiano (p. 53) , donde se crea una misión especial electoral con 7 integrantes que representen a la Misión de Observación Electoral, el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y Universidad de los Andes, Instituto Holandés para la Democracia    Multipartidaria.

 El supuesto era que tal instancia iniciaba su funcionamiento una vez se perfeccionará la suscripción del acuerdo, y a las 4 meses siguientes ésta presentaría las propuestas para reformar el régimen y la organización electoral. Sin embargo, dicha misión tan solo fue creada el 16 de enero de 2017 mediante Resolución 0065 por parte del Ministerio del Interior.

Desde su creación, la misión especial electoral no ha realizado una discusión pública y democrática que incluya a los partidos y movimientos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, y mucho menos a los movimientos político-sociales sobre el diseño y construcción de una reforma necesaria para el sistema electoral colombiano.

Al parecer el líder de la reforma política es el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien ha depositado la tarea de carpintería en su viceministro, pero la verdad es que este papel lo debe asumir la misión especial electoral de expertos. Así aparece en el acuerdo suscrito el 24 de noviembre de 2016.

Al mismo tiempo, tampoco se conoce una posición pública y oficial sobre la propuesta de reforma política gubernamental del Movimiento Político “Voces de Paz,” quién representa a las FARC EP como voceros para la implementación de los acuerdos.

Además se amenaza con el Fast Track, es una herramienta que reduce los plazos y debate legislativo en relación con las iniciativas legislativas y de acto legislativo en relación con el acuerdo de paz; pero este dispositivo tampoco debe ser una medida para proponer una reforma político-electoral que modifica la constitución política, pasando por alto la participación de los actores políticos y sociales desde el Centro Democrático hasta la Marcha Patriótica.

Mientras existe una concentración mediática y política sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, las amnistías y la reforma legal para garantizar el espacio a los voceros de las Farc en el Congreso, el Ministerio del Interior “a la chita callando” lidera un cambio constitucional al sistema político, sin escuchar a las voces autorizadas por el nuevo acuerdo final, traducida en  la “misión especial electoral”. De la cual, por lo demás, no sabemos qué discuten, dónde se reúnen y tampoco si hacen socialización con los partidos de oposición y coalición del gobierno y con los movimientos político-sociales en todo el territorio nacional.

La paz necesita democracia, pero no un remedo de ella, y menos a empellones del gobierno, con un amargo sabor de raponazo. Así no.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

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