¿Crisis de hegemonía glocALizada?

miguel angel herrera zgaib

El siglo XXI es un espacio tiempo global, uno que la internacionalista belga, Chantal Mouffe califica como definido por una crisis de la hegemonía neoliberal.

Bajo este contexto se abrió, según ella, un interregno que denomina “momento populista.” El cual lleva varios años, en primer lugar, obrando de manera abierta en Europa Occidental, y los Estados Unidos, que per se no se inclina ni a la derecha o a la izquierda del espectro político.

Lo anterior quiere decir que el sentido común dominante en los grupos y clases subalternas es sacudido por la destorcida neoliberal con los desastres sociales, económicos y de expectativas producidos.

Así las cosas, bajo esta ola de larga duración y de alcance global y local, en este marco caben también, para referirnos a la América Latina, para su estudio tanto los triunfos de la reacción/derecha con Emmanuel Macron en Francia, y el ascenso de Podemos y Ciudadanos en España, como los triunfos de la reacción latinoamericana con Macri, Duque y, por supuesto, Bolsonaro, de un lado.

Tenemos, de otra parte, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en México, quien luego de tres intentos triunfó y propone de sol a sol una cruzada nacionalista, que amplía la educación pública superior, con desarrollo y aprovechamiento sustentable de las riquezas naturales y respeto al ambiente, lucha anticorrupción y participación popular, un precipitado de cursos de acción que algunos encasillan con dudas como neo progresismo hoy.

Para nuestro caso y coyuntura específicas, que refiero en los términos gramscianos de una coyuntura estratégica, prosigamos con el análisis de la retórica presidencial de Iván Duque, porque del estudio citado se derivan y verifica la presencia de notables y significativos vacíos en el periodo bajo examen.

En particular es casi excepcional encontrar la referencia explícita del presidente al pasado conflicto armado interno. Más significativo aún, que no aparezca mentado el mundo rural de los tenedores y pequeños propietarios, cuando el 85 por ciento de lo establecido en los Acuerdos de La Habana y el Colón exige programas orientados a la ruralidad de Colombia.

Estas son acciones que permitirán afianzar el tránsito a la paz del posconflicto, cuando estamos a dos años de la firma de la paz neoliberal entre el gobierno de Santos y la insurgencia subalterna de las Farc-ep, una paz que el Centro Democrático anunciaba haría trizas, por boca de uno de sus más caracterizados voceros.

Disposición que fue reforzada con la intempestiva derrota del plebiscito gubernamental con el concurso de las fuerzas de la reacción y la derecha coaligadas, del instrumento de participación condicionada que puso los acuerdos de paz a consideración del común ciudadano.

Pues bien, durante los pasados 100 días, hubo mutis por el foro del presidente y sus ministros acerca de la reforma agraria integral, en cuanto a restitución de tierras, baldíos y reforma agraria. Mucho menos se atrevió él mismo a decir ni muu con respecto a la inequidad en el régimen de la propiedad y la tenencia de tierras que proviene de las antípodas colonialistas impuestas por la España imperial.

El nuevo gobierno

No atiende, en mínimo grado, a la defensa del cambio de rumbo en la consolidación de la fórmula de la gran propiedad, alimentada por poderosos empresarios legales e ilegales.

Entre ellos se cuentan, cómo ignorarlo, al senador Álvaro Uribe Vélez, y la cabeza del grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, gran banquero, contratista de obras civiles, y los que fueran beneficiarios de AIS, que terminó con la condena a 17 años del exministro Andrés Felipe Arias, hasta hoy fugitivo.

Él era el anterior favorito del gran elector colombiano para ungirlo como su presidente de bolsillo. Lugar que pareciera haber ocupado el actual presidente. De ahí el porqué de la pregunta hecha a boca de jarro por el periodista estadounidense citado con anterioridad.

En materia de vacíos, a propósito del mundo rural, del que se alimentó en modo preferente la lucha de la insurgencia subalterna de las Farc-ep durante 53 años, conviene subrayar que, en cambio, el presidente católico insiste sin reatos de conciencia, de modo elocuente en el cultivo de palma, y ampliarlo en 1 millón de has durante el cuatrenio de su gobierno.

De ahí deriva su publicidad de la progresividad de la llamada “agricultura por contrato” y, de modo general, el cuidado sanitario de los emprendedores pequeños y menores en el campo, y el tener precios fijos que hagan competitivos y confiables, para propios y extraños provenientes de economías neoliberalizadas como Chile, Perú y la Argentina de estos años.

Al no hacer alusión a la economía campesina y la propia de las comunidades étnicas afro e india, está claro qué intereses defiende el programa de gobierno de Iván Duque.

A capa y espada el modelo gran agrario es la medida de su éxito económico, mientras que el proyecto minero energético de su antecesor se mantiene y se amplía, aunque le de pintadas color naranja a la nueva apuesta económica.

Este colorido aparte del programa económico ganador de las elecciones de 2018, en particular, tiene como requisito, cuyas cartas se destapan las últimas dos semanas, el plan de rifar y entregar con descaro y a mansalva, como regalo de navidad el espectro electromagnético para su explotación por 30 años. Tal es el supuesto de la escandalosa modernización de las Tics, que defiende la ministra Silvia Constain.

Con él se busca el control monopólico del gobierno, no del estado, de las comunicación por la desaparición de la Antv. Todo se hace con el cuento de ampliar la conectividad con el acceso a más de 20 millones de colombianos unplugged.

En verdad, los casi seguros inmediatos beneficiados, si el proyecto de ley con mensaje de urgencia se aprueba en el último periodo de sesiones de diciembre, serán el gran contratista internacional, Carlos Slim, y los pulpos nacionales RCN y Caracol, controlados por Ardila Lulle y Sarmiento Angulo.

Es la política privatizadora rampante que va en detrimento de la televisión y la radio pública, cada vez más olvidadas y desaprovechadas, y las empresas menores de comunicación audivisual del tipo CM& o Noticias Uno.

Todo bajo un control efectivo en cabeza del poder ejecutivo con dos representaciones, más la que resulta de los canales públicos regionales de tv.

Es la propuesta que apadrina el Centro Democrático, y su aliado, el partido Conservador, contra la que se levanta el programador y periodista Santiago Rivas, contratista de la televisión pública, y a él se unen las voces interesadas de Yamid Amat y Daniel Coronell, socio menor en el uso privado del Canal 1.

(continua)