Dentro del conflicto armado colombiano se encuentran planamente identificados los actores de la guerra. (ésta en consecuencia origina diversas formas de violencia) ¿Cuáles son esos actores del conflicto? En Colombia los orígenes de la guerra y la violencia en el conflicto armado se remontan a la época de las luchas bipartidistas entre los partidos liberal y conservador en la década de 1950. Son estas disputas interpartidistas (con la persecución hacia los liberales, la pobreza, la falta de educación, la corrupción y en general el abandono estatal) las que permitieron el nacimiento de grupos armados ilegales contra el Estado; las guerrillas (FARC, ELN, M 19). Posteriormente figuran en el conflicto otros actores armados paraestatales, contrainsurgentes, que reproducen aun más sus acciones militares a través de coaliciones, ello en función de organizar sus estructuras, (económicas, militares, políticas) y modos de operación. Primero los llamados paramilitares, después autodefensas campesinas y por ultimo autodefensas unidas de Colombia (AUC) (éste último grupo producto de la “metamorfosis” se desmovilizo atreves de la ley 975 de justicia y paz. Hoy sus máximos jefes se encuentran extraditados en los EE.UU). Para el análisis de este trabajo, el periodo que se ha denominado reacomodamiento, habla de neoparamilitares, es decir, una nueva forma de grupos armados contrainsurgentes. Para dar respuesta a la pregunta anterior, en Colombia los actores del conflicto armado son: el Estado, las guerrillas de las FARC, el ELN y los grupos armados Neoparamilitares. En este sentido, definidos los actores del conflicto armado, surge (dentro de este periodo de estudio del conflicto) un nuevo marco político; la política de seguridad democrática. Esta generalmente consiste en modernizar y/o dotar el aparato militar del Estado de (tecnología, doctrina y estrategia) todo ello en función de destruir militarmente los grupos insurgentes. También busca “fortalecer las actividades y presencia de los órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional, y que al mismo tiempo debe ser la sociedad y no sólo los órganos de seguridad quien debe colaborar para obtener un éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, que lleve a la desmovilización o rendición de sus miembros”. “Se incluye además la creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa nacional” .
Esta política económicamente se financia con dineros del plan Colombia y el impuesto al patrimonio, éste ultimo impulsado por el presidente Álvaro Uribe Vélez y que permitió la recaudación de un poco más de 8 billones de pesos. La puesta en práctica de la política de seguridad democrática evidentemente genero cambios dentro del conflicto, principalmente tres, a mi modo de percibir. El primero tiene que ver con la incompleta desmovilización de las AUC, en segundo lugar la recuperación de la iniciativa u ofensiva estatal en contra de los grupos insurgentes, provocado una “marginalización del conflicto” es decir, el replique de los grupos guerrilleros hacia los territorios menos poblados y periféricos del país y por ultimo genero otras formas de “victimización” menos letales como el secuestro y el desplazamiento forzado. No menos importante se puede sumar en función de los grupos insurgentes las nuevas estrategias que estos deben adoptar (producto de la ofensiva Estatal) en función de mantener su fuerza dentro del conflicto (las Farc opto por pequeños grupos móviles retrocediendo a los orígenes de la incursión guerrillera y el ELN estableció coaliciones con los grupos neoparamilitares) .
A la par de los cambios planteados al interior del conflicto, la política de seguridad democrática también género otros cambios sociales y económicos importantes por “fuera del conflicto”, primero permitió recuperar cierta confianza y seguridad en muchas regiones del país -con la presencia institucional del Estado- que antes eran de influencia de las guerrillas, segundo, se dio de alguna manera, cierta seguridad para la movilidad por las carreteras nacionales, también permitió la protección de la infraestructura del país (sobretodo eléctrica) por ultimo permitió resguardar la economía nacional y generar un poco mas de confianza inversionista. A la luz de estos cambios, es indiscutible que la política de seguridad democrática promovida por el presidente Álvaro Uribe Vélez no cumplió su cometido fundamental (acabar definitivamente con los grupos armados, en especial las Farc) o por los menos sus esfuerzos aunque son significativos no despejan el panorama del conflicto armado, por el contrario, esta plantea mayores interrogantes y desafíos por resolver; ¿Por qué se han reorganizado los actores paramilitares desmovilizados? ¿Cómo desestructurar definitivamente a los grupos armados ilegales? ¿Cuáles deberían ser las responsabilidades de las fuerzas militares frente a los falsos positivos? ¿Cómo frenar los altos índices de delincuencia común ligados al conflicto, asesinatos, secuestros, amenazas y extorciones? ¿Cómo reparar integralmente las victimas? Todos estos y más interrogantes no los resuelve la política de seguridad democrática y aunque paradójicamente ésta haya priorizado el ámbito militar, no logro finiquitar los actores de la guerra y la violencia en Colombia; solo estimulo mayores incertidumbres y nuevas formas de violencia.
En este orden de ideas, la política de seguridad democrática se preocupo más por los resultados militares (cifras de muertos en combates y acciones unilaterales) que por instaurar un orden de seguridad integral (protección y garantías de derechos fundamentales) para las poblaciones flageladas por el conflicto, además su verticalidad limito una verdadera transformación del orden social. En consecuencia dicha política presenta dificultades estructurales que no vislumbran las salidas del conflicto armado. Estos problemas esbozan un espacio muy importante para el debate sobre la situación actual del conflicto, pero más trascendental aun es diseñar las políticas funcionales para intentar alcanzar la seguridad integral de la población civil.
La política de seguridad democrática actual no es la panacea para desarticular los actores insurgentes del conflicto armado, si se arguye que la vía militar es la solución para “alcanzar la paz”; un poco más de ocho años de su implementación demuestra todo lo contrario, la debilidad para concluir dicho conflicto. Además los grupos insurgentes han mostrado su capacidad para adaptarse a esta nueva guerra; lo demuestra un artículo del diario el País reproducido por el Ministerio de Defensa, el 16 de Noviembre de 2006 “en el periodo de reacomodamiento es posible identificar varios ciclos de aprendizaje, cuya duración parece acortarse con la evolución de la guerra. Un primer ciclo de aprendizaje lo tuvieron las FARC entre 1999 y 2003, lo que les permitió resistir efectivamente el Plan Patriota en años recientes en sus territorios históricos en el sur del país. En este sentido, resulta ilustrativo que haya sido el mismo general Castellanos, quien triunfo en Cundinamarca comandando la Operación Libertad una, el que ahora fracase usando la misma estrategia y al mando de la Fuerza de Tarea Omega en el sur del país, con un contexto de guerra diferente y en un terreno y condiciones diferentes y en un terreno y en condiciones socioeconómicas radicalmente opuestas a las de Cundinamarca. Este fracaso también puede explicarse porque en el 2004, la FARC se habían adaptado en buena parte a la reorientación estratégica y de doctrina de las fuerzas militares.”
Los retos para construir la paz implican un mayor análisis del conflicto armado por parte de sociedad civil colombiana, además el Estado debe brindar las garantías para que se de una especie de conceso nacional para plantear acciones políticas frente al conflicto y la seguridad social, Por último, se deben dar las soluciones a los problemas endémicos del Estado colombiano. Al respecto “nuestro primer y gran problema es aceptar que la pacificación del país pasa por transformar el orden social en muchas partes de Colombia, lo cual implica que salir del conflicto seria un proceso muy largo y muy costoso. Pero si ese orden no se cambia, si la vida económica, política y social sigue exigiendo un sistema de regulaciones distinto de los que ofrece un Estado moderno, seguirán existiendo las guerrillas, los paramilitares o las mafias. Podrán llamarse de otra manera y podrán asumir otras modalidades, pero conservaran su capacidad de desafiar el monopolio legítimo de la fuerza por parte de los subsiguientes gobiernos, y de crear por eso Estados paralelos en la periferia. (Duncan, 8 de marzo de 2009)
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