(IN)
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y JURÍDICA
David Jiménez[1]
Acerca de los diálogos de
paz con la guerrilla de la FARC, la opinión pública y la ciudadanía colombiana
conoció de está información gracias a las críticas generadas por el
expresidente Uribe al Gobierno Nacional, cuando alertó de que está negociando
secretamente con está guerrilla en Cuba. Luego, solo por la información de
Telesur y RCN Noticias, muchos nos dimos cuenta de la realidad; y el día 27 de
agosto, el presidente Santos corroboró que existía un proceso con esta
guerrilla.
La
nueva bancada
"Si no fuese por la Corte, en el tema de parapolítica,
por ejemplo, hoy el ministro de Cultura seria Salvatore Mancuso. Y si no fuese
por la Corte, el Ministerio de educación seria 'Jorge 40' o 'HH'".
Néstor Raúl Correa, Presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura
El Fiscal General de la
Nación, encargado de la investigación y acusación de los ciudadanos en Colombia
para evitar impunidad, el señor Eduardo Montealegre señaló que: prefiere a
‘Timochenko’ en el Congreso, que verlo disparando
contra otros colombianos.[2]
Así mismo,
el Presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada dice: "sinceramente creo que es mejor tener a
una persona en el Congreso que repartiendo bala en el monte y atacando a la sociedad civil".[3]
Luego, en las instituciones más
representativas del Estado, se escuchan propuestas para permitir la
participación política y elección popular para miembros de las guerrillas. Así
que, el Congreso de la República y el Presidente tienen el poder para expedir
una ley estatutaria del marco legal para la paz (Acto Legislativo No 1 de 2012)
que garantice a los guerrilleros acceder a los derechos de elegir y ser
elegidos.
Si lo anterior ocurre, tendríamos
una bancada en la Cámara de Representantes y/o del Senado de la República
integrada por los perpetradores de masacres, terrorismo como el de Machuca
(Segovia-Antioquia por el ELN), desplazamiento forzado, reclutamiento de
menores de edad, productores y distribuidores de cocaína, extorsionistas, entre
muchos otros más delitos inexcusables. Los miembros del secretariado de las
FARC y a Gabino, Pablo Beltrán, Antonio García y Ramiro Vanegas por el ELN,
podrían obtener un 10% de escaños en el Senado, ó hasta el 7% de la Cámara
Baja. Los exguerrilleros serían importantes para establecer coaliciones con los
partidos de gobierno u oposición cuando la paz ocurra.
En las Asambleas Departamentales,
podríamos tener a los jefes de frentes y columnas guerrilleras; por ejemplo, en
Antioquia, los jefes de los Frentes 18 y 36
que instalan bombas, efectúan desplazamientos forzados, siembras minas
antipersonas, secuestran, extorsionan y derriban torres de energía, podrían ser
diputados.
En los Concejos Municipales
podrían estar los subordinados que revisan cada operación criminal a nivel
local y regional de los jefes de frente
y de columnas guerrilleras.
En las Juntas Administradoras
Locales estarán todos los guerrilleros que se encargan de ejecutar las órdenes
de sus superiores (asesinar, secuestrar, extorsionar, instalar bombas, entre
otros) del bajo nivel jerárquico en su respectiva organización.
Así como la Corte Suprema de
Justicia ha condenado penalmente a los políticos por sus relaciones con los grupos
paramilitares, y como señaló el magistrado Néstor Raúl Correa: Si no fuese por la Corte, en el tema de
parapolítica, por ejemplo, hoy el ministro de Cultura sería Salvatore Mancuso.
Ahora, ¿cuál institución del
Estado evitará la amnistía, indultos, inmunidad e impunidad para los miembros
de los grupos guerrilleros?, para decir, sino
fuere por (....), en un hoy hipotético,
el senador de la República sería Iván Márquez, ó el Ministro de Minas y Energía
Pablo Beltrán. Ó el comandante del Frente 36 de las FARC gerente de Interconexión
Eléctrica ISA ó EPM.
La
Comunidad Nacional e Internacional
Entre tanto, los organismos
internacionales y la sociedad civil colombiana deben participar en el proceso
de paz para evitar amnistías, indultos, inmunidades e impunidad por delitos
cometidos por las guerrillas.
El Gobierno Nacional, debe
hacer cumplir con los actores guerrilleros los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario, lo derivado del derecho
internacional público y de los acuerdos suscritos por Colombia contra el
terrorismo, Corte Penal Internacional y la protección de los derechos humanos.
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