miércoles, 19 de diciembre de 2012

REFORMISMO CONSTITUCIONAL


REFORMISMO CONSTITUCIONAL
David Jiménez[1]

La Asamblea Nacional Constituyente estableció que los mecanismos para reformar la constitución de 1991 sería a través del congreso, referendo ó de una Asamblea Nacional Constituyente.

En la democracia colombiana, la participación ciudadana como constituyente primario y soberano para decidir el rumbo del Estado en manos de sus representantes, porque la constitución desde 1991 ha sido reformada solo por el congreso excepto por el referendo de 2003 donde se aprobó una reforma que consiste en la pérdida de derechos políticos a las personas que sean condenadas por delitos contra el patrimonio del Estado.

Los hechos 1991-2010

Desde aprobada la constitución de 1991, cada gobierno intenta reformarla sustentado en su votación popular y su mayoría legislativa con la premisa de “modernizar el Estado”.

En el periodo de Cesar Gaviria, el gobierno de facultades nunca antes de vistas a través de los parágrafos transitorios otorgados por la Asamblea Nacional Constituyente logró aprobar mediante decreto la reforma al Estado sin contar con el Congreso, y solo hasta 1993, logró aprobar tres (3) actos legislativos para modificar la carta política.

Con Ernesto Samper, se aprobarón cinco (5) actos legislativos, la reforma más conocida es la aprobación de la extradición. En el gobierno Pastrana, con una visión de reestructurar el Estado y sus proyectos de  ley para convocar a referendo y de reforma política quedaron archivados en el congreso por no contar con mayoría para su aprobación, solo logro aprobar seis (6) reformas , la más recordada, el sistema general de participaciones regulada posteriormente por la ley 715 de 2001.

Posteriormente, el periodo presidencial más largo posterior a la constitución de 1991, Álvaro Uribe logró aprobar en 8 años quince (15) reformas, en especial, la reforma política de 2003 y 2009 que han buscado fortalecer los partidos políticos  en el plano ideológico y programático con la sociedad, al parecer no sido una realidad.  De las reformas, solo el Acto Legislativo No 1 de 2008 terminó negado en su totalidad porque buscaba incorporar a los empleados públicos nombrados en provisionalidad en carrera administrativa, fue declarado inexequible dicha reforma por la Corte Constitucional.

El presente 2010-

El Gobierno Reformista de Juan Manuel Santos, no escapa a la excepción presidencial de modificar la constitución con su mayoría parlamentaria,  a Diciembre de 2012, en 2 años y 4 meses de gobierno ha logrado ocho (8) actos legislativos, y si la reforma a la justicia hubiera sido aprobada, serían 9 en total.

Ningún Presidente, en 28 meses ha logrado 8 reformas a la carta magna en la historia política de Colombia desde 1886. A parte de eso, entre septiembre de 2010 a diciembre de 2012 el Presidente ha sancionado 182 leyes cuando su antecesor en 8 años sancionó 639 leyes.

Al parecer, el Gobierno que tiene reelección asegurada por su mayoría parlamentaria y por el presupuesto general de la Nación, y con su visión reformista de la constitución de 1991, los colombianos terminaremos regulados por una constitución expedida por el gobierno de turno, en especial del Presidente que al parecer le hará mayores reformas.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

lunes, 10 de diciembre de 2012

CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN


CORRUPCIÓN Y DESREGULACIÓN
David Jiménez[1]

La mano invisible de Adam Smith no ha podido controlar la especulación y los desequilibrios entre oferta y demanda desde siempre. Seguro que él, un moralista escocés, no contaba con que muchas democracias tendrían sistemas políticos con corrupción en las instituciones y en las empresas.

Hace cerca de 2 años,  la película Inside Job, “trabajo confidencial”, dirigida por Charles Fergusson ganó el premio Oscar por mejor documental en 2011. Ella  mostraba los orígenes de la crisis financiera en EE.UU en 2008 debido a la corrupción, el conflicto de intereses, que incluyó la traición de los académicos quienes defendían el sistema financiero; y al mismo tiempo con ellos como ahora en Colombia, a los “ benditos” consultores de las grandes empresas, calificadoras de riesgo corruptas hasta el tuétano. Por nombrar a algunos de los seres que encarnan y se benefician de los “problemas” de la desregulación del mercado de capitales, y sus consecuencias económicas y sociales desvastadoras para miles de miles que construyen con su trabajo honesto y esforzado este joven e ingenuo país.

El caso colombiano

Aquí, el mercado de valores y de capitales solo es vigilado por la Superintendencia financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de resto por la Bolsa de Valores de Colombia, DECEVAL y el auto-regulador del mercado de valores. Estos son los reguladores privados de dicho mercado, esto es,  opera bajo la feria de  los intereses privados de los empresarios de la especulación, la cueva de Rolando del capital financiero transnacional.

La desregulación para la inspección y vigilancia del mercado financiero y de valores ha provocado el colapso más grande la última década: la liquidación de la empresa de origen antioqueño Interbolsa, que tuvo como su antecedente de más bajo espectro a Factor Group, del que se hizo hasta hoy poco ruido, y se masticaron muchas nueces de parte del señor Vigoda, estrella fugaz del grupo SURA.

Al parecer la especulación con recursos de inversionistas terminó, Fabricato fue el trompo de poner, porque ya no podía cumplir con las obligaciones pactadas y los beneficios prometidos a estos. Esta solo fue la apariencia, la forma para dar a conocer su descalabro económico, sin que la gran mayoría pudiera conocer la fecha exacta del declive y corrupción sobre el uso de las inversiones y el aumento ficticio del precio de la acción de Fabricato. Pero eso sí, sus directivos sí pudieron hacer su agosto, pagándose jugosas primas y salarios, y poniendo a buen recaudo parte de sus fortunas personales.

Sin embargo, todos se preguntan a posteriori, dónde estuvo la Superintendencia financiera para darse cuenta de las inconsistencias de las operaciones de Interbolsa, y notar el rosario de funcionarios que se declaraban impedidos, desde el exministro de Hacienda para abajo, para dejar que la bola de nieve rodara cuesta abajo y en silencio; ó si los auto-reguladores privados, DECEVAL, fueron afectados por una intempestiva ceguera, digna de un relato de Saramago al revés, para dejar el mercado accionario en manos de piratas depredadores, y tampoco quisieron notar las trapisondas, las supuestas  “fallas” de la empresa Interbolsa.

Lecciones por aprender

En estos tiempos de la economía de mercados desregulados y globalización tout court, insinuar la regulación estatal al mercado de valores y financieros parece estar en otros tiempos del siglo XX, arrinconada como una antigualla. Así que, es obvio que este mercado global maneje discrecionalmente sus niveles de corrupción ad infinitum  para enriquecerse con la especulación y la ingenua codicia de los peces pequeños, sin tener en cuenta las consecuencias económicas que le puede traer a un país, sacrificado en el altar del capitalismo casino, cuando dichas operaciones no tienen éxito recognoscible a nivel nacional aunque llenen las faltriqueras de otros truhanes avisados a nivel regional y global.

En la crisis de Estados Unidos y Europa desde 2008, provocada por la desregulación, obrando a través de las hipotecas basura, las “famosas” subprime, todo el sector privado acudió a golpear las puertas del Estado, y Obama compró su elección a cambio del rescate descarado de los ladrones del erario; y algo similar ocurrió con casi todos  los Bancos Centrales para que intervinieran y salvaran financieramente con los ahorros y seguridades de los muchos a  los bancos privados piratas y ladrones.

 Así que el Estado volvió a ser un protagonista comparsa para salvar a los empresarios del mercado de capitales, más no para que se les inspeccione, vigile y regule constantemente. Se volvió a repetir la advertencia del demonio Marx, que calificó a los Estados del siglo XIX como una agencia administradora de los riesgos del capital.

En Colombia, a pesar de ser un país con alto niveles de corrupción, ubicado en el puesto 94 de 174 a nivel mundial en el informe presentado por Transparencia Internacional, sus autoridades, con el presidente a la cabeza, también deben atender y resolver los problemas ocasionados por la corrupción privada en el mercado de capitales. Para diseñar sin dilaciones una regulación especial para dicho sector con sanciones penales y económicas para los miembros de las juntas directivas y cuerpos directivos de las empresas.

Así mismo, el eufemista gobierno de la prosperidad debe regular el papel de la Bolsa de Valores de Colombia, Deceval,  y fijar sanciones severas para el autoregulador del mercado de valores, y castigar con la legislación que regula el pánico financiero a los que han esquilmado la riqueza colectiva. Se trata de no acabar de rasgar del todo el velo de la ignorancia bautizado confianza inversionista, por el anterior ocupante de palacio, y aprender con sentido práctico tanto las lecciones de la película Inside Job,  y en el plano local la sobreactuada tragicomedia de Interbolsa.


[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS

martes, 4 de diciembre de 2012

LOS LÍMITES DE LA PAZ CON LAS FARC


LOS LÍMITES DE LA PAZ CON LAS FARC
David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional adelanta un proceso de negociación con las FARC. El supuesto de la reincorporación a la vida civil de los combatientes y la participación en política de sus miembros bajo el orden constitucional de 1991.

¿Los limites internacionales?

Nuestro país ha celebrado y ratificado tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario; con lo cual las negociaciones con el grupo armado ilegal ó terrorista FARC deben estar sincronizadas con esta normatividad internacional de la cual ha sido un violador sistemático con sus acciones armadas contra la población civil al incumplir en materia de derechos humanos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración Americana de los Derechos del Hombre (1948) , Convención sobre los Derechos del Niño (1990); además, en materia de Derecho internacional humanitario nunca ha cumplido los cuatro convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados.

La firma del tratado de Roma sobre la constitución de la Corte Penal Internacional, tiene jurisdicción en Colombia para castigar los crímenes de guerra, genocidio, de agresión y lesa humanidad, dónde las Farc con sus masacres no salen bien libradas.

Finalmente, desde los ataques a EE.UU el 11 de septiembre de 2001, Colombia se encuentra entre los Estados que ha condenado y cumplido las resoluciones de la ONU para combatir y perseguir el terrorismo.

Los retos

Las negociaciones con las FARC deben ser públicas de cara a la ciudadanía y a la opinión nacional e internacional. El proceso no puede estar pensando en construir un país de “Alicia en el país de las maravillas” desconociendo los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia en asuntos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Antiterrorismo, Corte Penal Internacional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ahora no podemos conseguir la paz con las Farc retirándonos de los tratados internacionales. Tal y como acaba de suceder al desconocer el gobierno de Colombia la competencia de la Corte Internacional de Justicia después de la pérdida de mar territorial con Nicaragua, porque terminaríamos induciendo una muerte letal al principio de la confianza inversionista  en  el mercado de capitales nacional y extranjero, sin lograr resolver el problema principal de las fronteras nacionales con tal remedio.



[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS