COMBATIR EL CLIENTELISMO, DE LA PROMESA A LA REALIDAD

COMBATIR EL CLIENTELISMO, DE LA PROMESA A LA REALIDAD.

David Jiménez[1]

En la campaña regional para la Gobernación de Antioquia en 2011, el entonces candidato del Partido Verde, Sergio Fajardo Valderrama, hoy  Gobernador, señala públicamente que uno de los problemas de muchas regiones del Departamento de Antioquia tiene sus causas en la violencia y la corrupción. Por esa razón le apuesta a la educación como motor de transformación de la sociedad.

Los hechos

La Gobernación de Antioquia en su responsabilidad constitucional y legal  de cofinanciar los programas y proyectos de los municipios; tiene para este 2013 que entregar cemento a los alcaldes para que pavimentes sectores de la cabecera municipal.

Sin embargo, en el 2013 mientras la administración Departamental ejecuta la entrega de bultos de cemento a los Alcaldes, y mientras estos últimos terminan pavimentando las calles de las zonas urbanas, se da en un periodo electoral para Congreso y Presidencia de la República en el primer semestre de 2014.

Entonces, valdría la pena preguntarse:¿será que la entrega de cemento es para cambiar las formas de votación de la ciudadanía, o para cambiar el urbanismo de los municipios antioqueños?  O se está pavimentando la voluntad ciudadana, y el verde esperanza no logra ocultarlo.

Además, es interesante que la administración Departamental y los alcaldes, indiquen cómo será el proceso de selección de sectores urbanos que pavimentarán; porque muchos municipios de Antioquia en sus zonas urbanas tienen redes de acueducto y alcantarillado con más de treinta años, y en el futuro próximo deberán ejecutar proyectos de Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Programa Aguas para la Prosperidad-Plan Departamental de Aguas-.

Ello producirá la destrucción de las calles actuales y la repavimentación de las mismas una vez finalizado el proyecto, esperando que los contratistas no hagan lo que acostumbran, escaparse y las obras queden inconclusas o en mal estado. Luego viene el circo de la justicia nacional  y la impunidad rampantes. Ahí tenemos el caso de la capital de la República, con sus Nule y Tapia tan campantes.

Por otra parte, la Administración Departamental y los Alcaldes, deberían dar a conocer sobre la selección de la calle a pavimentar, el impacto social que genera; porque de pronto se repavimenta una calle con pocos habitantes pero con líderes locales ó con personas “adineradas”, así se les asegure a  los sectores pobres para que no sigan caminando sobre el “pantano” del olvido y la exclusión.

Finalmente, la administración Departamental en cabeza del profesor Fajardo, con base al plan de desarrollo “Antioquia la más educada” y su plataforma programática, debe aplicar los criterios técnicos en un proyecto de “entregar cemento” para que no se alimente el apetito electoral de muchos candidatos al Congreso con el aval de la clase política regional y local.

Si los alcaldes desean una transformación de la sociedad antioqueña no es con la “entrega de cemento” para pavimentar calles, porque seguimos en el circulo vicioso de la producción y reproducción del clientelismo en el sistema político, sellándole la boca a la ciudadanía que recuerdo los peores métodos de la mafia, que no depositan en el fondo del mar, eso sí, a sus víctimas porque las requieren vivas para que sigan “votando”.

PD: En los últimos once años en Antioquia, cuando un partido gobierna, al mismo tiempo gana la elección a Congreso de la República porque tiene el presupuesto departamental y alcaldes a sus pies. En las elecciones de 2002 y 2006, los Liberales obtuvieron mayores curules que otros partidos porque gobernaron entre 2001-2007 y en las elecciones de 2010 los Conservadores ganaron porque estaban en el poder 2008-2011. En el 2014, ¿pasará lo mismo con los partidos afines al Gobierno de Fajardo: Partido Verde y Alianza Social Independiente? ¿Obtendrán mayores curules en el Congreso en comparación a 2010, o estaremos delante de una primera honrosa excepción? Amanecerá y votaremos mientras tanto por la moral y buenas costumbres del profesor Fajardo y sus discípulos.

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[1] Politólogo Unal. Miembro del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

EL CONTROL POLÍTICO: ¿PARA CONTROLAR O CONTROLADO?

EL CONTROL POLÍTICO: ¿PARA CONTROLAR O CONTROLADO?

David Jiménez[1

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La democracia colombiana con su rasgo liberal de la representación, tiene en los cuerpos de representación política como las Juntas Administradoras Locales, Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y el Congreso de la República  los órganos encargados para que el Ejecutivo actué acorde a  su plan de desarrollo,  ceñido, se supone, a la constitución y la ley.

Las elecciones son la fuente de legitimidad de la democracia representativa. Una vez pasan éstas se establecen coaliciones de gobierno, sin tener más en cuenta plataformas ideológicas y programáticas de partidos políticos y programas de campaña, porque muchos de los representantes de los grupos y partidos perdedores se acomodan a los intereses del gobierno de turno.

Demos ejemplos reales

A nivel municipal, los concejales con sus coaliciones, el primer juego que tienen es cuando algunos se someten o se resisten frente a los Alcaldes, eligiendo por color político o meritocracia a los Personeros Municipales, algunos quedan sometidos al silencio para realizar debates y citaciones de control político porque sus cercanos colaboradores laboran como cuotas en la Administración Central o Descentralizada.

En consecuencia,  quedan amenazados con su cargo laboral, porque una vez que el concejal de marras realiza un debate de control político, moción de censura ó efectúa derechos de petición para consultar información que nadie conoce, de seguro corre el riesgo que saquen a sus inmediatos colaboradores políticos del puesto que ocupan.

A nivel departamental, los diputados quedan sometidos al Gobernador cuando eligen al Contralor “amigo” del Ejecutivo, porque así no se garantiza nunca una evaluación independiente a la gestión fiscal y de resultados del ente público. A su vez, cuando las Asambleas Departamentales entregan facultades extraordinarias y  autorizaciones de cualquier tipo al Ejecutivo, se desdibuja su papel de ser órgano de control político, ó quedan sometidos a guardar silencio.

A cambio, ocurre un trueque ordinario, elemental por puestos y contratos en las gobernaciones y sus entes descentralizados, que les garantiza a los diputados personas claves en las redes clientelares que les permite ser reelegidos, o ser promovidos luego a niveles congresionales, cuando los recursos “apropiados” se lo permitan.

En la geografía institucional nacional, en un peldaño superior, se tiene al Senado y la Cámara de Representantes. Ellos   tienen la misma tarea de las demás corporaciones públicas, de ejercer el control político a la administración. También tienen los “padres de la patria”, un función constituyente derivada para reformar la constitución, y la tradicional potestad legislativa para hacer las leyes.

 Al igual que sus pares en Departamentos y Municipios, los congresistas quedan sometidos, guardan silencio frente a los actos del Gobierno Nacional. La mayoría prefieren no hacer críticas, debates de control político o de votar negativamente proyectos de ley de iniciativa gubernamental, para hacer parte del “reparto negro” y el presupuesto disfrazado de diversas formas.

Estos hoy se encuentran enfrentados con una iniciativa de referendo, a cargo de un joven colega, Camilo Romero, quien tramita su revocatoria en pleno como estrategia limpia de campaña que redunde, por qué no, en su reelección.

Una insultante paradoja

Así que, el control político controlado, asegura complicidad a muchos gobernantes y demás gerentes de entidades públicas que los representan; que no los molesten con críticas, debates de control político y solicitudes de información. Se transforman con pocas excepciones en soldados y peones para que pronuncien  con solemnidad o el consabido cinismo que todo “está bien cuando en realidad no está”.

Y todo esto se repite,  porque estos congresistas, con sus jugosas pensiones atornilladas junto a las de los magistrados, tienen el poder de nombrar y remover funcionarios y de intervenir en los procesos de contratación. Es el modo de mantener incólumne la más deshonrosa y costosa de las “pirámides”, que hace palidecer a DMG, Interbolsa y Factor Group, para citar apenas los escándalos más recientes.

Por todo lo dicho, ha sonado la hora de activar el juicio político para todos los funcionarios de elección popular. Tomar en serio las recomendaciones que en 1980 hacía la politóloga y feminista Carole Pateman, cuando revisaba la Cultura Cívica en cinco democracias occidentales, un ejercicio de política comparada realizado por Sidney Verba y Gabriel Almond, publicado en 1963. Todo lo advertido sigue ocurriendo en el funcionamiento de las democracias liberales, y las que se acercan a ellas, después de medio siglo.

PD: En las diferentes corporaciones públicas de elección popular y bancadas al igual que en cualquier profesión u oficio; existen políticos y dirigentes con muchas capacidades éticas e intelectuales que no están controlados por la burocracia nacional y territorial.  Son islas de resistencia en medio de un mar proceloso infestado de “tiburones”.

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[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

Las Asambleas Departamentales: ¿AÚN SIRVEN?

Las Asambleas Departamentales: ¿AÚN SIRVEN?

David Jiménez[1]

El columnista Francisco Gutiérrez Sanín (El Espectador, Diciembre 6 de 2012) reabrió el debate sobre el papel y función de las Asambleas Departamentales en la democracia representativa colombiana. Él señala que dichos cuerpos de representación se encuentran en el cuarto de San Alejo del sistema político, y que a diferencia del congreso y los concejos; las Asambleas no hacen ruido ni estorban como si lo hacen los primeros.

Al cuidado de San Alejo sí, esto es, de la reproducción monda y lironda del sistema clientelista, en tanto obran como bisagra que articula la clientela municipal al sistema electoral nacional. Pero, esta hipótesis la recorreré en otro escrito. Fijemos la atención en otro problema más inmediato y aparente.

¿El ruido sin ó con sentido?

Las Asambleas Departamentales, tiene su régimen en el Decreto 1222 de 1986, que ha sufrido cambios con la constitución de 1991, la ley 617 de 2000 y las reformas políticas de 2003 y 2009; pero no hacen ruido ni en la prensa nacional, solo en 2012 la Asamblea Departamental de Antioquia estuvo en radio y prensa nacional porque un Diputado no estaba de acuerdo con ejecutar inversión al Departamento del Choco por decir "La plata que uno le mete al Chocó es como meterle perfume a un bollo"; nos dimos cuenta que existen las Asambleas en el sistema político por un registro en la prensa y noticias a nivel nacional.

Sin embargo, las Asambleas al igual que los concejos, todas las iniciativas que comprendan gasto público, son exclusivas del Ejecutivo, a diferencia de un congresista que puede radicar un proyecto de ley para conmemorar la fundación de un Municipio y obligar a inversiones con recursos del presupuesto general de la Nación, un diputado no podría hacerlo sin contar con el aval de Gobernador. Además, los gastos de las Asambleas se encuentran regulados por la ley 617 de 2000, de 32 que hay en el país, 17 incumplen esta norma de ajuste de fiscal.

Así mismo, los concejos Municipales tienen competencia en temas que afectan a los ciudadanos, por eso hacen ruido, cuando aprueban el plan de ordenamiento territorial, los usos del suelo, el estatuto tributario, por mencionar. Solo basta comparar la imagen del Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia ¿Quién sesiona más? ¿Cuál  hace más debates de control político? Y ¿Cuál estorba y hace más ruido?.

Cuando se expide una Ordenanza en la Asamblea Departamental, no son vinculantes jurídicamente con los municipios, a no ser que una ley obligue, en un Asamblea se puede aprobar una determinada política pública y en los concejos una con el mismo nombre pero con enfoque y financiación diferente.

Por otro lado, con el proceso de descentralización, los municipios administran y prestan los servicios de salud, servicios públicos, deporte, cultura, vivienda y educativos; el Departamento es solo un “intermediario” entre el nivel central, en eso que hacen las Asambleas, no se sienten.

Las propuestas de reforma

El Gobierno Pastrana tenía una propuesta de convocar a referendo en el año 2000, en la agenda estaba la “supresión de las asambleas departamentales y creación de consejos departamentales”, aunque no logró su aprobación en el congreso, lo hizo con la ley 617 de 2000, dónde las Asambleas tienen un presupuesto escaso para pagar los sueldos de diputados y sus unidades de apoyo, y muchas Asambleas quedan a voluntad del Gobernador de turno para que les suministre seguridad privada,  dotación de computadores, servicio de aseo interno  y hasta para pagar los tintos.

Los Consejos Departamentales, elegidos por concejales de acuerdo a la división geográfica de cada Departamento podrían hacer más ruido y estorbar más que la estructura actual de las Asambleas; ó para  los tecnócratas que se preocupan por el ajuste fiscal y la eficiencia, podrían proponer la conservación de las Asambleas en su coma profundo como dice Gutiérrez Sanín, donde el congreso apruebe la reducción de salarios de los Diputados que solo ganan cuando sesionan  ordinariamente (Marzo,Abril,Junio,Julio,Octubre y Noviembre) o extraordinariamente y cumplan con su ajuste fiscal que nunca le exigen al Congreso.

PD: Una vez estaba con un Diputado, un periodista de un medio regional le dijo que lo quería entrevistar para que explicará los resultados del periodo de sesiones, el diputado le respondió con una risa: “Que voy a decir si no hicimos nada”, el periodista le dijo: así sea que diga cualquier cosita.

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[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

LA DESIGUALDAD POLÍTICA: ENTRE CONGRESISTAS Y SUS DIPUTADOS Y CONCEJALES

LA DESIGUALDAD POLÍTICA: ENTRE CONGRESISTAS Y SUS DIPUTADOS Y CONCEJALES

David Jiménez[1]

Los cuerpos de representación política en la democracia están determinados por la constitución y la ley que los reglamente en el Congreso, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.

En el sistema político y en la política colombiana, algunos de sus miembros tienen una estructura piramidal que va desde un edil hasta un senador de la República, cada uno con su núcleo electoral a nivel local, municipal y regional.

Sin embargo, muchas personas que ocupan cargos a nivel territorial en asambleas o concejos en su carrera política, deciden aspirar al congreso, para fortalecer su capacidad política y electoral en la Rama Legislativa.

El origen de la desigualdad: “los aventajados”

El Congreso en el año 2003, con la reforma política incluyo en el artículo 178 numeral 8 de la Constitución que los miembros de las corporaciones públicas si aspiraran a ser elegidos en otro cargo y coincidía en el tiempo, así renunciarán quedarían inhabilitados para ser candidatos; en pocas palabras un diputado, concejal o edil para aspirar al congreso tendría que esperar que termina su periodo constitucional para poder ser candidato y ser elegido.  En 2009, la segunda reforma política consagro que si estos desean aspirar al congreso tendrían que renunciar a sus cargos un año antes de la elección. Sin embargo, dichas normas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional (C-332/05 y C-040/10).

En este caso, en la Cámara de Representantes donde ha nacido la introducción de esa inhabilidad y donde muchos son jefes políticos de diputados y concejales, en el 2003 y 2009 han intentado inhabilitarlos para que si desean aspirar para hacerles competencia por los votos, deben renunciar a sus cargos y al hacerlo pierden remuneración y capacidad de gestión y lobby ante el gobierno departamental a favor de sus núcleos electorales porque los congresistas en cambio siguen en sus cargos ganando sueldo mensual, con unidad de trabajo legislativo y el lobby al gobierno a favor de sus regiones.

Por otra parte, los diputados y concejales solo tiene remuneración en el periodo de sesiones, mientras que los congresistas tienen un sueldo los 12 meses del año más sus prestaciones sociales más un régimen especial de pensión (artículo 17 de la ley 4/92). Así mismo, los familiares hasta el segundo grado de afinidad, conyugues de diputados y concejales no pueden ser designados como empleados públicos (art. 292 de la Constitución) cuando el hermano de Juan Manuel Galán Pachón que tiene la calidad de Senador de la República se reproducen políticamente cuando su hermano Carlos Fernando es secretario de transparencia de la Presidencia de la República nombrado por el Gobierno, ó cuando el hijo del Senador Aurelio Iragorri  del Partido de la U  su hijo Aurelio Iragorri Valencia fue designado gobernador encargado del Valle del Cauca en 2012. En la otra orilla, un hermano de un diputado no puede ser nombrado secretario de despacho,  ni en un cargo en provisionalidad  como auxiliar administrativo y en ningún cargo del orden departamental mientras que para un congresista las cosas son diferentes.

Además, los congresistas  aventajados han intentado aumentar el régimen de inhabilidades a familiares  de diputados y concejales a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad “hasta los primos”  para que no sean nombrados en cargos públicos (ley 1448 de 2007), pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible (C-903-08).

De esta manera, la desigualdad en el régimen de inhabilidades e incompatilidades de miembros de corporaciones públicas establecidas por el Legislador, las hace para que sus pares en departamentos y municipios, nunca aumenten su capital político y nunca los desafíen para obtener una cúrul en el congreso, solo han tenido por obstáculo la Corte Constitucional.

PD: Ahora los Legisladores con el auspicio del Gobierno Nacional quieren cambiar las reglas de juego, que los congresistas elegidos el 9 de marzo de 2014 puedan ser designados ministros de despacho, lo que buscan es regresar a la constitución de 1886 para negociar votos con los candidatos presidenciales.

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[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com