¿QUÉ
HAY DETRÁS DE LA MINERÍA?
David Jiménez[1]
Los pequeños mineros desde
el 17 de julio de 2013 en diferentes zonas del país están realizando protestas
en contra de la política nacional minera en relación a la minería tradicional y
artesanal.
Sin embargo, el conflicto por el desarrollo minero-energético
del país implementado por el Gobierno Nacional tiene varios antecedentes. En
2011 el Ministro de Minas, hoy Ministro de Hacienda, le dijo a El Tiempo
(Noviembre 5, 2011): “A la minería ilegal hay que darle el mismo
tratamiento que al narcotráfico”.
Esa visión de la minería
ilegal desborda de la realidad. Es cierto que existen actores legales o
ilegales que capturan rentas, como el caso de la minería, pero tratar a todos
los mineros como criminales es un notable desacierto por grandes razones.
En primer lugar, la minería
tradicional y artesanal tiene su historia
desde la colonia española durante el virreinato de la Nueva Granada. En el
Distrito Minero de Zaragoza, el Bagre, Segovia y Remedios tenemos mineros tradicionales
y artesanales pero es una zona con alta intensidad del conflicto, donde
convergen guerrillas y neoparamilitares desde hace décadas.
El Estado central no ha
tenido la capacidad para confrontarlos y judicializarlos; además existe el cáncer crónico de la corrupción
histórica de las regalías; así aún
podemos ver a Segovia y Remedios sin un servicio de acueducto y alcantarillado
que reúna todas las calidades técnicas y sanitarias, cuando por muchos años han
recibido miles de millones en regalías que se han quedado en los bolsillos de
caciques locales y regionales. El caso Pérez García, para citar uno apenas, es
emblemático y sintomático de esta desgracia.
En segundo lugar, los
requisitos para acceder a un titulo minero, la producción normativa que los
regula, creada por el Congreso y el Gobierno Nacional está destinada para el
gran capital nacional y transnacional de la minería. En resumen, un pequeño
minero no tiene cómo competir con Mineros S.A. o Gran Colombia Gold para que le
adjudiquen conforme a la ley vigente un título minero.
Al mismo tiempo, otro gran
problema es que vemos el vergonzoso tránsito ”normal” entre directivos de las
entidades públicas del orden nacional y departamental que tuvieron a su cargo
al área minera, quienes una vez salen de sus cargos terminan laborando como
empleados de diverso rango en las grandes empresas mineras.
De este proceder es ejemplar
el caso del ex director de INGEOMINAS Julián Villarroel. Él ahora trabaja
casualmente para el proyecto Gramalote de Anglogold Ashanti, sin ningún
impedimento ético. Por el contrario, debería existir alguna clase de
inhabilidad de los ex servidores públicos para trabajar en el sector privado
que fue objeto de regulación, inspección y vigilancia cuando aquellos se
desempeñaron como empleados públicos.
Eso son los temas que en
verdad deben estar en la agenda legislativa del Congreso y del Gobierno, pero
no ocurre así hasta hoy. Para lograr que la política
minera sea transparente en el ámbito nacional y territorial sin impedimentos
éticos de servidores o ex servidores públicos.
En tercer lugar, la
soberanía nacional está siendo amenazada con la gran minería. Ellos con sus
títulos mineros compran grandes extensiones de tierra al igual que las
compañías de la llamada forestación Industrial, desplazan a pequeños mineros y
campesinos. Afectan la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio,
y algún día el resultado que se incuba a nuestra vista es que un gran
porcentaje del suelo estará en manos de extranjeros.
Así que, el Ministerio del
Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales deben declarar zonas
libres de la minería por su importancia ecológica, hídrica y ambiental para el
famoso “Desarrollo Sostenible” de la política ambiental desde los años 90s del
siglo XX.
En cuarto lugar, las
regalías reformadas por el sistema general de regalías que le da poder al
Gobierno Central para aprobar y decidir en la ejecución de los proyectos, debe
mostrar un horizonte de buen gobierno, y no de descarada centralización
administrativa alcabalera ejercida por
el Departamento Nacional de Planeación, sin claros y eficientes resultados que
respalden su injerencia.
Finalmente, como dicen, el “meter a todos en un mismo costal” es un
error del Gobierno Nacional, porque su debilidad histórica para confrontar,
investigar y judicializar a los ilegales y criminales no puede resolverse igualando y desconociendo las raíces
coloniales de la minería tradicional y artesanal de la cual viven miles de
colombianos que ahora protestan en las carreteras y poblados de la Colombia
profunda que se soslaya, a no ser que proteste y se hagan sentir de diferente
manera como estas últimas semanas.
[1]
Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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