LOS CUIDADOS DE UNA REFORMA POLÍTICA

LOS CUIDADOS DE UNA REFORMA POLÍTICA

David Jiménez[1]

Hace varias semanas se anuncia una reforma política para cambiar reglas de juego del sistema político colombiano, merece una re-lectura sobre sus implicaciones. Desde la coalición de Unidad Nacional y la oposición, se escuchan una serie de propuestas que deben ser analizadas, porque adoptarlas traería consecuencias en la calidad de la democracia.

En el 2003 y 2009 se intentó cambiar las reglas de juego del sistema político colombiano. Al parecer quedó corta la reforma para solucionar la crisis orgánica del régimen, pero tampoco puede ser una forma de consolidación de las élites mayoritarias que habitan el Congreso de la República y la Presidencia desde 1810. 

La ampliación de periodos

La ampliación de periodos a las autoridades territoriales y la unificación con el periodo presidencial. Con esta propuesta, se observa que la voluntad del elector el 30 de octubre de 2011 para elegir ediles, concejales, diputados, gobernadores y alcaldes lo hicieron por 4 años y no por 6 años, en caso de ser aprobado la ampliación de periodo por el constituyente derivado es una vulneración a la Constitución de 1991 y a la voluntad popular. 

A su vez, se quieren unificar en una sola elección todos los cargos públicos, sería el regreso a más hegemonía de pirámides y jerarquías políticas, donde el partido político con mayor financiación y presupuesto estatal podría conquistar en un mismo día la Presidencia, gobernaciones y alcaldías y corporaciones públicas; con lo cual las expresiones nacionales y territoriales de disidencia a las “maquinarias electorales” para consolidarse como alternativas de poder serían cada vez difíciles. 

En segundo lugar, la circunscripción electoral para Senado que deja a Departamentos sin senadores, debe ser analizada para que no sea eliminada en su totalidad, para no volver a la Constitución de 1986, donde los senadores representaban feudos electorales en cada Departamento,  aunque ahora muchos senadores concentran la votación en una determinada región, en las últimas elecciones el panorama ha cambiado.

En tercer lugar, incluir el voto obligatorio, no solo debe buscarse para legitimar las elecciones con mayor participación, la abstención es un derecho a los ciudadanos, y sancionar al ciudadano que no vote es congestionar el aparato judicial y administrativo del Estado.

En cuarto lugar, la eliminación del voto preferente. Se sugiere tener cuidado, si los partidos van en listas cerradas, pueden aparecer sectores de extrema izquierda o extrema derecha con posiciones ortodoxas en política y economía que si se sometieran a las urnas, nunca saldrían elegidos. 

El asunto de los avales

Además, los partidos tendrían más poder para otorgar el aval en lista cerrada y las personas que al interior buscan transformaciones en las organizaciones políticas les quedarían más difíciles. Por esa razón, es buscar otra clase de sanciones a los partidos políticos como multas pecuniarias cuando den avales a personas que sean condenadas, exigirles devolución de aportes de campaña provenientes de recursos estatales y medidas como prohibirles presentar candidatos en una determinada elección y circunscripción cuando sus candidatos o gobernantes sean condenados por delitos contra la administración pública.

La silla vacía debe ampliarse como sanción a los partidos políticos, no solo por relaciones con grupos armados ilegales y narcotráfico, debe también aplicarse cuando un edil, concejal, diputado o congresista sea condenado por delitos contra la administración pública y exigirles que devuelvan los recursos por reposición de votos.

Conviene, igualmente, precisar de una vez por todas en qué consiste un juicio político, y hacerlo extensivo a todos los cargos de elección popular, y a quienes desempeñen responsabilidades de gobierno, incluidos, por supuesto, los funcionarios cabeza de las entidades de control,  Procuraduría, Contraloría, y Fiscalía, y, por qué no, a los magistrados de las altas cortes y tribunales, para empezar.

Finalmente, la reforma debe tener en la agenda la lucha contra la corrupción, bajo el fortalecimiento de los órganos de control con independencia política en relación a las demás Ramas del Poder Público para que actúen con celeridad y eficiencia en las denuncias en cada uno de los 32 Departamentos y 1100 municipios.

PD: ¿La reforma política debe incluir las propuestas que resulten de los acuerdos de La Habana sobre participación política de excombatientes, una vez refrendados estos?

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[1] Politólogo y Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia y participante externo del Grupo Presidencialismo y Participación. E-mail: presid.y.partic@gmail.com