LAS
“GARANTÍAS” ELECTORALES: ¿UNA FICCIÓN?
David Jiménez[1]
La reforma constitucional de
la reelección presidencial en 2004,
trajo como antídoto frente al desequilibrio de la competencia electoral
la expedición de la Ley 996 de 2005 conocida como “Ley de Garantías”, pero ésta
no trajo ni lo uno ni lo otro.
Un aspecto fundamental del
sistema político, de su rendimiento, es la financiación de campañas políticas,
bajo la adopción del sistema mixto, es decir, la financiación de campañas con
recursos privados y públicos.
Las autoridades electorales
representadas en el Consejo Nacional Electoral no tienen la independencia ni capacidad técnica y
operativa para detectar, inspeccionar y sancionar la financiación ilegal de
campañas políticas. A su vez, si es un órgano electoral para vigilar las
elecciones, los magistrados son elegidos por las mayorías del Congreso de la
República, aplicándose la manida fórmula clientelar: “Yo te elijo para que vigile mi campaña”.
La
construcción de la democracia
La construcción de la
democracia en Colombia no puede ser garantía para los que tengan dinero para
hacerse elegir en campañas políticas, pero contando con instituciones políticas
– autoridades electorales – con autonomía e independencia del poder político y
económico.
De una parte, mientras los
congresistas puedan sugerir y gestionar inversiones en Departamentos y
Municipios tienen también la puerta para hacer proselitismo político;
instrumentan la inversión llevada a su “feudo electoral” de manos del
presupuesto nacional, sin ningún tipo de control para enfrentar a los que no
pertenece a las coaliciones legislativas y de gobierno.
Por otra parte, los órganos
de control y la Fiscalía no tienen suficiente personal y capacidad para hacer
presencia en 1100 municipios para detectar y sancionar los delitos electorales
y el mal uso de recursos públicos, con lo cual los candidatos opositores a
gobernaciones y alcaldías no tendrán garantías en relación a que sus denuncias
tengan agilidad y eficiencia ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.
El
problema se agrava
El problema se profundiza
aún más, desde 1991, ni el Congreso en conjunto con el Gobierno no ha logrado
expedir un estatuto de oposición, para brindar garantías en la competencia electoral
y en el ejercicio del poder político, mientras tanto seguiremos sujetos al capricho de los presidentes, gobernadores y
alcaldes cuasi todopoderosos, con sus “mayorías de papel”, sin ningún tipo
espacio para la oposición política; y con un sistema de pesos y contrapesos
desbalanceado a favor de un Presidente con su coalición.
¿Dónde controlan las
entidades del Estado en la Rama Judicial, los órganos de control, y las
entidades descentralizadas?. Ahora, dizque con la llamada reforma de equilibrio
de poderes buscan restablecerlo.
¿“Restablecer qué?”, si toda la historia del
régimen y sistema político, la élite que está en el poder se beneficia a sí
misma y nunca ha existido garantías a la oposición política, sobre todo donde
se respete mínimamente el derecho a la vida.
Para terminar, la Ley de
Garantías la publicitan el bipartidismo tradicional y el reencauchado porque
prohíbe inaugurar obras, modificar la nómina estatal, entre otros; pero, para
nada reducen ni la corrupción y el clientelismo. La garantía para una
democracia joven y endeble no puede ser ventaja para el que tiene suficiente
dinero, o quien está en el poder, para conservarlo para su grupo político se
valga de todas las clientelas e impunidad, en desventaja descarada de las otras
opciones políticas a nivel nacional, regional y local.
[1]
Politólogo y estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Unal,
integrante externo del Grupo Presidencialismo y Participación. E-mail:
presid.y.partic@gmail.com
