viernes, 19 de junio de 2015

FINANCIACIÓN DEL POSCONFLICTO VS REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

FINANCIACIÓN DEL POSCONFLICTO VS REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL

David Jiménez[1]

La posible firma de un Tratado de Paz con las Farc en La Habana, tiene un costo estimado en 80 billones según lo reportado por Fedesarrollo en febrero de 2014; el Bank of America lo valora en 187 billones según la Revista Semana en noviembre de 2014, a partir de su entrada en vigencia del acuerdo de paz, para cubrir los próximos diez años.

Sin embargo, el presupuesto general de la Nación tiene unas obligaciones permanentes y en aumento como las pensiones, la deuda pública y los gastos de funcionamiento. Los recursos restantes, luego de raspada la olla son destinados al gasto público social y seguridad. El costo estimado para la paz con la insurgencia subalterna de 80 billones, el Gobierno Nacional exige un esfuerzo adicional de generación de ingresos por 8 billones anualmente durante 10 años.

Teniendo en cuenta que se han dado dos reformas tributarias en 2012 y 2014, buscando generar mayores ingresos para el Estado, afectando a la clase media y empresarial, para poder pagar las obligaciones corrientes del gobierno central, ahora para financiar el posconflicto el gobierno de Juan Manuel Santos y/o quien lo suceda en la tarea de la paz a pactarse necesita hacer una reforma estructural al sistema tributario.

Quebrarle una vértebra
                                                
Ello significará, de una parte, quebrarle una vértebra al capital financiero, al tiempo que ponerle “coto” al despilfarro guerrero en la derrama de recursos para financiar a las FFAA  y la Policía, la segunda agencia empleadora del país, a sus tres niveles, comando superior, mandos medios y tropa y efectivos policiales.
Por otra parte, la comunidad internacional podrá dar ayuda al proceso de paz, pero con créditos, y estos se traducen en mayor deuda pública. Serán escasos los recursos por donación para financiar el eventual acuerdo de paz, porque muchos países desarrollados, y Europa en particular, tienen sus propias crisis económicas desde 2008.
Adicional a lo dicho, el precio del dólar con tendencia al alza, y manejo discrecional de la Reserva Federal, se ve traducido en aumento de la deuda pública externa; la caída del precio del petróleo produce menos ingresos corrientes al Gobierno Central y de las regalías para las regiones. Hay, igualmente, un déficit de la balanza comercial; aumento del gasto en pensiones con recursos del presupuesto nacional.

Por lo pronto, las cuentas nacionales no dan para alcanzar ingresos adicionales por 8 billones por año para cumplir con un posible acuerdo de paz. Dicho lo cual, hay retórica pero no un presupuesto realista bajo las actuales condiciones de la economía de Colombia que permita hacer una paz eficaz, en lugar de un simulacro vacío de recursos.

Haciendo caja, cambiar el modelo

                                                       Urge entonces conoce la cifra exacta de los valores de cada punto aprobado en La Habana con un posible acuerdo de paz. Es urgente precisar los diferentes estimativos para financiar el posconflicto en un contexto donde la comunidad internacional representada en las economías desarrolladas tiene presión fiscal por la crisis financieras y económicas desde 2008 y estancamiento económico de países europeos.

La única alternativa viable es tocar las exenciones fiscales con valor superior a los 6 billones de pesos anuales según se revela en el denominado Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este es un asunto donde está inmiscuido el gran capital nacional y transnacional con la famosa “seguridad jurídica inversionista” que perpetúa el denominado capitalismo político estudiado hace varias décadas por sociólogos, economistas y politólogos latinoamericanos. Existen las reflexiones de Francisco Weffort, Cavarozzi y el colombiano Edgar Reveiz al respecto.

 Tiene que removerse la premisa de que el modelo político y económico no se negocia. Esto solo se logrará con una Constituyente Subalterna. En pocas palabras, de no ocurrir el involucramiento activo de la ciudadanía y la sociedad civil de abajo, no habrá  recursos para el publicitado postconflicto. No se tendrán el dinero contante y sonante para generar el impacto deseado, es decir, para disminuir o eliminar las causas estructurales del conflicto armado colombiano.

Finalmente, en apoyo de este viraje radical, que no “revolcón gavirista,” la Comisión de Expertos de la Reforma Estructural sustenta la tesis meridiana  de que el sistema tributario de Colombia no es progresivo ni equitativo, corresponde a uno de los países con mayor inequidad,  donde el 1% de la población concentra el 20% del ingreso total del país.

Ahora falta esperar en los próximos meses las propuestas que salgan de aquella comisión para gravar el ingreso, la riqueza y el patrimonio bajo el supuesto de generar mayor progresividad y equidad, que redunde en aumentar los ingresos tributarios del Gobierno Central, para financiar su deficitaria política social, y el eventual proceso de paz que por estos días está trastabillando, afectado por la idea reaccionaria de desandar lo ya caminado.

Lo cual no poco tiene que ver con la fracasada reunión entre el superministro Martínez Salcedo y los “cacaos” de Colombia, siendo el principal de todos, el exalumno de la U. Nacional, Luis Carlos Sarmiento Angulo, colmado por estos días con todos los honores, y jugosas adjudicaciones de carreteras a lo largo y ancho de un país incomunicado en los cuatro puntos cardinales.




[1] Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, participante externo del Grupo Presidencialismo y Participación Unal. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

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