FINANCIACIÓN
DEL POSCONFLICTO VS REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
La posible firma de un
Tratado de Paz con las Farc en La Habana, tiene un costo estimado en 80
billones según lo reportado por Fedesarrollo en febrero de 2014; el Bank of
America lo valora en 187 billones según la Revista Semana en noviembre de 2014,
a partir de su entrada en vigencia del acuerdo de paz, para cubrir los próximos
diez años.
Sin embargo, el presupuesto
general de la Nación tiene unas obligaciones permanentes y en aumento como las
pensiones, la deuda pública y los gastos de funcionamiento. Los recursos
restantes, luego de raspada la olla son destinados al gasto público social y
seguridad. El costo estimado para la paz con la insurgencia subalterna de 80
billones, el Gobierno Nacional exige un esfuerzo adicional de generación de
ingresos por 8 billones anualmente durante 10 años.
Teniendo en cuenta que se
han dado dos reformas tributarias en 2012 y 2014, buscando generar mayores
ingresos para el Estado, afectando a la clase media y empresarial, para poder
pagar las obligaciones corrientes del gobierno central, ahora para financiar el
posconflicto el gobierno de Juan Manuel Santos y/o quien lo suceda en la tarea
de la paz a pactarse necesita hacer una reforma estructural al sistema
tributario.
Quebrarle
una vértebra
Ello significará, de una parte, quebrarle una vértebra al capital
financiero, al tiempo que ponerle “coto” al despilfarro guerrero en la derrama
de recursos para financiar a las FFAA y
la Policía, la segunda agencia empleadora del país, a sus tres niveles, comando
superior, mandos medios y tropa y efectivos policiales.
Por otra parte, la comunidad
internacional podrá dar ayuda al proceso de paz, pero con créditos, y estos se
traducen en mayor deuda pública. Serán escasos los recursos por donación para
financiar el eventual acuerdo de paz, porque muchos países desarrollados, y
Europa en particular, tienen sus propias crisis económicas desde 2008.
Adicional
a lo dicho, el precio del dólar con tendencia al alza, y manejo discrecional de
la Reserva Federal, se ve traducido en aumento de la deuda pública externa; la caída
del precio del petróleo produce menos ingresos corrientes al Gobierno Central y
de las regalías para las regiones. Hay, igualmente, un déficit de la balanza
comercial; aumento del gasto en pensiones con recursos del presupuesto
nacional.
Por
lo pronto, las cuentas nacionales no dan para alcanzar ingresos adicionales por
8 billones por año para cumplir con un posible acuerdo de paz. Dicho lo cual,
hay retórica pero no un presupuesto realista bajo las actuales condiciones de
la economía de Colombia que permita hacer una paz eficaz, en lugar de un
simulacro vacío de recursos.
Haciendo caja, cambiar el
modelo
Urge entonces conoce la cifra exacta de los valores de cada punto
aprobado en La Habana con un posible acuerdo de paz. Es urgente precisar los
diferentes estimativos para financiar el posconflicto en un contexto donde la
comunidad internacional representada en las economías desarrolladas tiene
presión fiscal por la crisis financieras y económicas desde 2008 y
estancamiento económico de países europeos.
La
única alternativa viable es tocar las exenciones fiscales con valor superior a
los 6 billones de pesos anuales según se revela en el denominado Marco Fiscal
de Mediano Plazo. Este es un asunto donde está inmiscuido el gran capital
nacional y transnacional con la famosa “seguridad jurídica inversionista” que
perpetúa el denominado capitalismo político estudiado hace varias décadas por
sociólogos, economistas y politólogos latinoamericanos. Existen las reflexiones
de Francisco Weffort, Cavarozzi y el colombiano Edgar Reveiz al respecto.
Tiene que removerse la premisa de que el
modelo político y económico no se negocia. Esto solo se logrará con una
Constituyente Subalterna. En pocas palabras, de no ocurrir el involucramiento
activo de la ciudadanía y la sociedad civil de abajo, no habrá recursos para el publicitado postconflicto. No
se tendrán el dinero contante y sonante para generar el impacto deseado, es
decir, para disminuir o eliminar las causas estructurales del conflicto armado
colombiano.
Finalmente,
en apoyo de este viraje radical, que no “revolcón gavirista,” la Comisión de
Expertos de la Reforma Estructural sustenta la tesis meridiana de que el sistema tributario de Colombia no es
progresivo ni equitativo, corresponde a uno de los países con mayor inequidad, donde el 1% de la población concentra el 20%
del ingreso total del país.
Ahora
falta esperar en los próximos meses las propuestas que salgan de aquella
comisión para gravar el ingreso, la riqueza y el patrimonio bajo el supuesto de
generar mayor progresividad y equidad, que redunde en aumentar los ingresos
tributarios del Gobierno Central, para financiar su deficitaria política social,
y el eventual proceso de paz que por estos días está trastabillando, afectado
por la idea reaccionaria de desandar lo ya caminado.
Lo
cual no poco tiene que ver con la fracasada reunión entre el superministro
Martínez Salcedo y los “cacaos” de Colombia, siendo el principal de todos, el
exalumno de la U. Nacional, Luis Carlos Sarmiento Angulo, colmado por estos
días con todos los honores, y jugosas adjudicaciones de carreteras a lo largo y
ancho de un país incomunicado en los cuatro puntos cardinales.
[1]
Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos de la Universidad
Nacional de Colombia, participante externo del Grupo Presidencialismo y
Participación Unal. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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