sábado, 27 de abril de 2013

HUELE A CONSTITUYENTE PARA 2013, O 2014


HUELE A CONSTITUYENTE PARA 2013, O 2014
David Jiménez[1]

                                           Desde el año 2012, el senador Juan Carlos Vélez Uribe y el representante Miguel Gómez tienen la idea de convocar mediante un proyecto de ley una Asamblea Nacional Constituyente con una competencia limitada para reformar asuntos como la fallida “reforma a la justicia”  tras la transacción de beneficios entre legisladores, magistrados y gobierno. Tal esperpento, por suerte, nunca salió aprobado por una nueva intervención  preconstitucional del Presidente, quien  convocó a sesiones extras para archivar un acto legislativo.

El Congreso actuó como constituyente derivado. La Constitución del 91 solo señalaba que dichas citaciones son para los proyectos de ley, ahora esa tradición cambió para conjurar una catástrofe que rechazó en red el constituyente primario. Ahora, las circunstancias actuales hacen pensar que sí habrá una constituyente, pero no con las ideas del Senador Vélez Uribe ni tampoco del Representante Miguel Gómez, quien está dedicado a la revocatoria de Petro, que espera le dará los votos suficientes para ser reelecto, o para pasar a la categoría mayor.

Los hechos

La semana pasada, en el encuentro de los alcaldes con la cabeza del gobierno nacional, el presidente Juan Manuel Santos propuso un periodo de 6 años sin reelección para todos incluyendo a gobernadores y alcaldes. Obviamente, para cambiar las reglas de juego definidas en la constitución hay tres vías: aprobar un acto legislativo, hacer un referendo,  o convocar una Asamblea Nacional Constituyente. 

En Colombia, todos los servidores públicos de elección popular se pueden reelegir periodo tras periodo para concejales, diputados y congresistas y por una sola vez el Presidente, excepto para gobernadores y alcaldes que pueden ser reelegidos las veces que sean siempre y cuando no sean continuas.  La reelección de alcaldes y gobernadores no ha pasado en el Congreso: ¿será que la Unidad Nacional en plena campaña política promoverá un cambio para alcaldes y gobernadores: un periodo más largo ó reelección inmediata?

Esta semana que termina, las Farc desde La Habana, señalaron que los acuerdos firmados deben incorporarse en la constitución política para un proceso de paz, sin más preámbulo, tendremos un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente.

Un posible escenario

El Gobierno Nacional con su poder en el presupuesto nacional y con la decisión de vetar proyectos del sistema general de regalías, puede promover en la Unidad Nacional reformas políticas como ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores o su relección inmediata, o hasta el mismo cambio de periodo del Presidente de la República.

Sin embargo, como a  los gobernadores y alcaldes por medio de acto legislativo no se les puede extender el periodo de gobierno, tal vez lo podrían hacer por medio de una Asamblea Nacional Constituyente en su función de constituyente primario que no obedece a una norma jurídica anterior con toda la competencia para hacerlo. Igualmente si el Presidente Santos quiere estar solo hasta el 2016, sería con el aval de una Asamblea Nacional Constituyente, si Chávez lo hizo en 1999 en la Constitución Venezolana ampliando su periodo hasta 2006, acá también se puede cambiar la constitución como “cambiarse de ropa”.

Entre la paz y la revocatoria

Por otra parte, los resultados del proceso de paz en La Habana, como dicen las Farc, deben quedar incorporados en la constitución, son tantos temas tan extensos y profundos  que un referendo quedaría corto para la aprobación o rechazo por la ciudadanía.

El camino por seguir abre las puertas a una Asamblea Nacional Constituyente, y posterior a eso,  un referendo constitucional para avalar la nueva constitución aprobada. Esto último ocurriría, si se hace por la primera vez bajo todos los mecanismos democráticos y participativos que nos ofrece la democracia liberal y moderna en Occidente, y que fueron incorporados en la constitución vigente desde 1991.

Finalmente, con un proceso electoral para elegir 168 Representantes a la Cámara y 102 Senadores de la República el próximo 9 de marzo de 2014; con el ambiente político propicio de una Asamblea Nacional Constituyente para ampliar periodos de elección popular, a la vez que incorporar los acuerdos firmados en La Habana con las Farc-ep.

Todo podría terminar con la revocatoria del próximo Congreso 2014-2018, si prospera la iniciativa que impulsa el senador Camilo Romero, o  por parte de una Asamblea Nacional Constituyente, como ya pasó en 1991. No sería improbable que pasara ahora, sin que la historia se repitiera como farsa, al modo como lo recordaba aquel revolucionario que escribiera El 18 brumario de Luis Bonaparte.



[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 21 de abril de 2013

¿EN LA HABANA HACE FALTA MÁS GENTE?


¿EN LA HABANA HACE FALTA MÁS GENTE?
David Jiménez[1]

En el mes de noviembre de 2012, Iván Márquez anuncio un cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC entre el 20 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 2013, pero después de ese gran anuncio continuaron los hostigamientos y acciones bélicas por parte de este grupo armado ilegal en varios departamento del país.

Sin embargo, el expresidente Pastrana reclamó al Gobierno Nacional sobre la necesidad que en la mesa éste la llamada ala militar de las Farc; pero ante esta recomendación del expresidente, debemos aprender en Colombia que una negociación con los “jefes o comandantes” sin involucrar a los “mandos medios” terminó  transformada en bandas criminales, Bacrim, para el caso de las Auc, a la que pretendieron darle, en falso, el estatus de fuerza política, alegando para su caso el delito de sedición. Ello fracasó en la Corte por vicios de procedimiento.

¿Le sucederá esto a la Farc ?

Ante las lecciones que debemos tomar del proceso de negociación con los paramilitares donde se evidencio la falta de unidad política y militar de las AUC y su atomización por bloques en toda la geografía nacional, se negoció, sin transparencia alguna, con los comandantes de “bloques” y “los mandos medios” unos se desmovilizaron y otros no lo hicieron y se fueron a ejercer la autoridad y mando en las zonas de influencia paramilitar
.
Las FARC con todos los miembros del secretariado, los comandantes de bloques y de frentes, deben participar en La Habana, para que la negociación no termine con la desmovilización del secretariado y algunos comandantes de bloque y algunos guerrilleros; mientras los comandantes de “Frente” queden por fuera y conformen, eventualmente, su propia “Farcrim” Fuerza Armada Criminal; y quedemos con una paz en el país de Alicia en las Maravillas.  Aunque es claro, que unos y otros, juegan en el ajedrez político papeles diferentes.

Como ejemplo, podemos observar el caso de Antioquia, donde existen los Frentes 9, 18 y 36 de las Farc. Ellos operan en el Nordeste  y Norte Antioqueño respectivamente. Una vez anunciado el cese de hostilidades en La Habana, a los días siguientes reiniciaron el derribo de torres de energía. Lo anterior, es una señal para los negociadores y el Gobierno Nacional, una situación que deben analizar; si todo la estructura política y militar de las Farc tienen “unidad de mando y autoridad”, porque la guerrilla de hoy no es la misma que negoció con Pastrana y Belisario Betancur.

Ahora conviene recordar también que las Farc-ep propusieron, una vez más, el cese de las hostilidades, y antes el acuerdo humanitario. Ninguna de las anteriores propuestas fue aceptada por los gobiernos Uribe y Santos.

El futuro de la negociación con las Farc no radica  solo en que se cumpla con la legislación interna y el derecho internacional, sino que se revise la posible “atomización” de la guerrilla durante el posconflicto. A la vista están más 40 años donde los comandantes de “Frentes” y “Columnas”  que son los que ejercen la autoridad en las regiones y municipios, ordenan extorsiones, secuestros, carros bombas, entre otras.

No conviene propiciar que terminen aislados en La Habana y surjan alianzas entre estos y las bandas criminales para el control territorial en toda la geografía. Es necesario democratizar los espacios de deliberación al interior de las organizaciones guerrilleras, y no solo para la sociedad civil.

 ¿Si aún el Estado no ha podido combatir, perseguir y judicializar a los integrantes de las Bacrim, habiendo extraditado a sus comandantes, tampoco lo haría con las Farcrim? El trayecto de las negociaciones que se reanudaron en La Habana definirá el rumbo, y la certidumbre en la negociación de la paz en Colombia.

PD: El Gobierno Nacional en La Habana debe tocar también el tema de las “minas antipersona”, para que entre las partes se haga un desminado en todo el país, y seguramente, las Farc-ep, también pondrán el índice en los bombardeos y los efectos colaterales que resultan, sobre todo, ahora que se habla de la existencia en su poder de misiles Sam 7, según lo revelado y declarado por el Comando Sur estadounidense. Porque ¿estamos, o no, en el plan de liberarnos de la guerra?.



[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 14 de abril de 2013

LA REFORMA PENITENCIARIA Y FALSA DESCENTRALIZACIÓN


LA REFORMA PENITENCIARIA Y FALSA DESCENTRALIZACIÓN
David Jiménez[1]

Hace aproximadamente un mes, el Tribunal Superior de Medellín resolvió una acción de tutela que obligó a la Cárcel Bellavista a no recibir más presos por el hacinamiento en dicho establecimiento penitenciario administrado por el INPEC.

A su vez, el sistema penitenciario y carcelario nacional presenta serios problemas de hacinamiento, donde la Ministra de Justicia radicó el pasado mes de marzo el proyecto de ley para reformar la ley 65 de 1993, al parecer la solución a la descongestión.

El proyecto de ley, en sus artículos 7 y 8; obliga a las entidades territoriales a ser los responsables par a recluir a los ciudadanos con medidas preventivas y a destinar en sus presupuestos las partidas necesarios para su creación, funcionamiento y vigilancia.  De lo anterior, la solución del Gobierno Nacional fue trasladarles el problema a los Gobernadores y Alcaldes sin recursos fiscales. Sin embargo, solo excluyen a los municipios de quinta y sexta categoría clasificados según la ley 617 de 2000 de esta responsabilidad administrativa y presupuestal.

Las decisiones para descongestionar las cárceles nacionales, es que los condenados son responsabilidad del INPEC y los presos con medidas preventiva de las entidades territoriales; a la Ministra de Justicia en su calidad de abogada se le olvida que existen miles de presos con medida preventiva sin condenas porque no existen los suficientes defensores públicos, jueces y fiscales  para que los procesos penales tengan celeridad y eficiencia, así que, una verdadera salida es que la Defensoría del Pueblo tenga defensores públicos suficientes y distribuidos geográficamente para atender los procesos judiciales de muchos ciudadanos, que el Consejo Superior de la Judicatura nombre más jueces de ejecución de penas  y la Fiscalía pueda tener mayor disponibilidad de fiscales para que cumplan la función de investigar y acusar.

De lo anterior, la solución fácil es “tirarle la pelota” a los gobernadores y alcaldes sin recursos presupuestales, y la otra, es que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda se destinen los recursos fiscales para nombrar defensores públicos, jueces y fiscales a lo largo del país; con el objetivo de que los procesos judiciales sean eficientes y los detenidos en las cárceles sean los condenados solamente y que ningún ciudadano deba pasar meses y meses o hasta años para que el Sistema Judicial le demuestra si es culpable o inocente.
 En segundo lugar, los establecimientos carcelarios, deben ser centros para resocialización de los delincuentes, y no para que sean sitios de mayor delincuencia donde extorsionan y hasta trafican narcóticos.

Por otra parte, la descentralización que adelgaza al Estado y al Gobierno Central trasladándole funciones a los gobiernos subnacionales o territoriales desde los años 90s del siglo XX sin los recursos presupuestales y con el centralismo de la inversión pública en Bogotá, y  dónde los Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales guardan silencio frente a proyectos de ley que les traslada funciones sin presupuesto y con la rigidez de cumplir las normas endeudamiento (Ley 358/1997), limite a gastos de funcionamiento (ley 617/2000) y de la sostenibilidad fiscal (ley 819/2003) ó  ¿ será que las autoridades territoriales les dará miedo manifestar su desacuerdo al Presidente y al Congreso por el temor de ser castigados con menos recursos para la inversión vía cofinanciación ?


[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

martes, 9 de abril de 2013

LAS AUTOPISTAS DE LA “POSTERIDAD” EN ANTIOQUIA


David Jiménez[1]

                                                                  El proyecto de dobles calzadas denominado Autopistas de la Montaña fue concebido inicialmente como el desarrollo de la infraestructura vial más importante de los antioqueños. Con la finalización del Gobierno Uribe, las cosas cambiaron para los antioqueños, los estudios demostraron que los costos se incrementaron, además que los tramos no serían los inicialmente proyectados en 2009 sino diferentes, y lo peor, no serán en dobles calzadas.

 Además, la Asamblea Departamental de Antioquia autorizó en 2009 al Gobernador Luis Alfredo Ramos para comprometer 600 mil millones de pesos para realizar los aportes al proyecto, lo mismo lo hizo el Concejo de Medellín ese mismo año al autorizar al Alcalde Alonso Salazar para realizar un aporte de 400 mil millones; pero aún no conocemos nada sobre el uso de estas facultades a los actuales mandatarios, el Gobernador Fajardo y el Alcalde Aníbal Gaviria, valdría la pena preguntar ¿ cuántos recursos autorizados por la Asamblea de Antioquia y Concejo de Medellín se han utilizado y en cuáles inversiones? .


La competividad en infraestructura

La Comisión de Infraestructura, publicó a través de Fedesarrollo (2012) un informe técnico y recomendaciones para el diseño e implementación de políticas para el sector de infraestructura. El paranorama de Colombia en calidad de sus carreteras, la ubica en el puesto 126 de 144 países, por encima están países con el “bichito” del socialismo del siglo XXI como Nicaragua y Ecuador; en vías férreas ocupa el puesto 109, en puertos el 125 y en transporte aéreo ubicados en la posición 109.

De esta manera, es importante que el Gobierno Nacional atienda las recomendaciones de la Comisión de Infraestructura y su documento de propuestas no termine en los archivos del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Transporte.

Respecto a la infraestructura vial, es importante que el proyecto Autopistas de la Prosperidad tenga las especificaciones internacionales en dobles calzadas, con túneles, viactuctos y puentes; si es que la clase política nacional y regional desean aumentar el ranking en competividad en la infraestructura del transporte. 

Por otra parte, el Presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Juan Martín Caicedo Ferrer (El Tiempo, 31-03-2013) alarma a los antioqueños para que no se cambien los diseños contratados por ISA para los 840 kms para el proyecto de autopistas de la montaña que debe tener velocidades de 80 km/h.  Así que, el exgerente de EPM Federico Restrepo actual Gerente del Proyecto  y el Gobernador Fajardo deben aclararle a la opinión pública y a la ciudadanía que está a la expectativa, y cabe entonces formular y absolver el siguiente conjunto de preguntas:

 1. ¿Si el proyecto autopistas de la prosperidad tienen especificaciones internacionales?
2. ¿Cuándo inician las obras?,
3. ¿Cuántos son los aportes reales de la Nación, Departamento y Municipio de Medellín?,
4. ¿Cuánto han sido los gastos en estudios técnicos, legales, ambientales y financieros? Y
5. ¿Cómo han sido los cambios en los diseños del proyecto entre 2009 a 2013?  ,

Conforme al cuestionario anterior es casi imposible que para diciembre 31 de 2015, el gobernador Fajardo haya podido inaugurar un solo tramo del proyecto.

PD: La ejecución de los grandes obras para la infraestructura del transporte tiene retrasos increíbles a nivel Nacional, pero para la firma y ratificación de tratados de libre comercio, el Gobierno y el Congreso han demostrado mucha eficiencia y rapidez; y no son eficientes  para mejorar con inversión los niveles de competitividad en carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. Dicho lo cual, cabría la siguiente pregunta: ¿qué hará el Presidente Santos con los antioqueños para impulsar su reelección?




[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com