domingo, 14 de abril de 2013

LA REFORMA PENITENCIARIA Y FALSA DESCENTRALIZACIÓN


LA REFORMA PENITENCIARIA Y FALSA DESCENTRALIZACIÓN
David Jiménez[1]

Hace aproximadamente un mes, el Tribunal Superior de Medellín resolvió una acción de tutela que obligó a la Cárcel Bellavista a no recibir más presos por el hacinamiento en dicho establecimiento penitenciario administrado por el INPEC.

A su vez, el sistema penitenciario y carcelario nacional presenta serios problemas de hacinamiento, donde la Ministra de Justicia radicó el pasado mes de marzo el proyecto de ley para reformar la ley 65 de 1993, al parecer la solución a la descongestión.

El proyecto de ley, en sus artículos 7 y 8; obliga a las entidades territoriales a ser los responsables par a recluir a los ciudadanos con medidas preventivas y a destinar en sus presupuestos las partidas necesarios para su creación, funcionamiento y vigilancia.  De lo anterior, la solución del Gobierno Nacional fue trasladarles el problema a los Gobernadores y Alcaldes sin recursos fiscales. Sin embargo, solo excluyen a los municipios de quinta y sexta categoría clasificados según la ley 617 de 2000 de esta responsabilidad administrativa y presupuestal.

Las decisiones para descongestionar las cárceles nacionales, es que los condenados son responsabilidad del INPEC y los presos con medidas preventiva de las entidades territoriales; a la Ministra de Justicia en su calidad de abogada se le olvida que existen miles de presos con medida preventiva sin condenas porque no existen los suficientes defensores públicos, jueces y fiscales  para que los procesos penales tengan celeridad y eficiencia, así que, una verdadera salida es que la Defensoría del Pueblo tenga defensores públicos suficientes y distribuidos geográficamente para atender los procesos judiciales de muchos ciudadanos, que el Consejo Superior de la Judicatura nombre más jueces de ejecución de penas  y la Fiscalía pueda tener mayor disponibilidad de fiscales para que cumplan la función de investigar y acusar.

De lo anterior, la solución fácil es “tirarle la pelota” a los gobernadores y alcaldes sin recursos presupuestales, y la otra, es que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda se destinen los recursos fiscales para nombrar defensores públicos, jueces y fiscales a lo largo del país; con el objetivo de que los procesos judiciales sean eficientes y los detenidos en las cárceles sean los condenados solamente y que ningún ciudadano deba pasar meses y meses o hasta años para que el Sistema Judicial le demuestra si es culpable o inocente.
 En segundo lugar, los establecimientos carcelarios, deben ser centros para resocialización de los delincuentes, y no para que sean sitios de mayor delincuencia donde extorsionan y hasta trafican narcóticos.

Por otra parte, la descentralización que adelgaza al Estado y al Gobierno Central trasladándole funciones a los gobiernos subnacionales o territoriales desde los años 90s del siglo XX sin los recursos presupuestales y con el centralismo de la inversión pública en Bogotá, y  dónde los Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales guardan silencio frente a proyectos de ley que les traslada funciones sin presupuesto y con la rigidez de cumplir las normas endeudamiento (Ley 358/1997), limite a gastos de funcionamiento (ley 617/2000) y de la sostenibilidad fiscal (ley 819/2003) ó  ¿ será que las autoridades territoriales les dará miedo manifestar su desacuerdo al Presidente y al Congreso por el temor de ser castigados con menos recursos para la inversión vía cofinanciación ?


[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

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