CORRUPCIÓN
A LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIONALIDAD
David Jiménez[1]
En
el 2011 la opinión pública colombiana comenzó a darse cuenta de la corrupción
en Bogotá D.C. por los medios de comunicación y la justicia con el famoso
“Cartel de la Contratación” con Alcalde, Senador, Contralor, Gerentes, Concejales y Contratistas del
Distrito dispuestos en una red de captura del Estado a nivel distrital para
apropiarse de las rentas públicas.
Sin
embargo, lo sucedido en la Capital de la Republica ilustra una de las debilidades
de la democracia colombiana: la calidad
de las instituciones.
En
primer lugar, el Distrito Capital al igual que cualquier municipio, además de
tener la Personería Distrital cuenta en su estructura jurídico-administrativa
con la Contraloría Distrital para el control fiscal de recursos públicos;
y es la única ciudad de Colombia en
tener la Veeduría Distrital, que es
entidad encargada de vigilar la transparencia en la gestión de todas las
entidades públicas del nivel distrital en Bogotá D.C. Pese a lo anterior, el
contar con instituciones de control de
la gestión publica, la corrupción abarcó hasta el excontralor Morales Russi en el carrusel de la contratación.
En
segundo lugar, en el Distrito Capital están también las sedes principales de la
Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría
General de la Republica, Presidencia, Congreso y altas cortes de la Rama
Judicial. El fortalecimiento del cartel
corrupto de la contratación en Bogotá se aprovechó de la ineficiencia de los
organismos de control, administrativos y judiciales del orden nacional, que sin
embargo actuaron por las noticias de los medios de comunicación, no por el
ejercicio propio de su función.
Entonces
la corrupción en Bogotá se debe las ineficientes instituciones públicas, que
cooptadas por la corrupción y el clientelismo no cumplen con los fines
dispuestos por la constitución política y la ley. Vista la captura del Estado a nivel distrital
con la inoperancia de las entidades del orden nacional en la misma Capital de
Colombia, qué podemos pensar de la suerte de las gobernaciones y alcaldías en
toda la geografía institucional del país. Estas adolecen de instituciones de
control a la gestión pública.
Muchos
municipios apenas tienen Personerías municipales como único órgano para vigilar
la función pública; por lo que no es un secreto que en cambio existen redes y carteles de corrupción a nivel regional y
local. Estos no han sido detectados por la institucionalidad cuando
“acreditan” en el papel acueductos y vías construidas en la ficción de los
informes contractuales y de interventoría de las entidades estatales, pero que
en la realidad no son más que mamparas del asalto continuado al erario
municipal o departamental en medio de la mayor impunidad imaginable.
El
escándalo de corrupción en Bogotá revelado por medios de comunicación y probado
por el sistema judicial nuestro, es el síntoma de la debilidad de las
instituciones en nuestra precaria democracia liberal, porque toda la ilegalidad
y criminalidad perpetrada lo fue a los ojos de la institucionalidad distrital y
nacional. Las famosas reformas de la transparencia y el buen gobierno no han
servido para fortalecer los órganos de control y la Rama Judicial en los más de
1100 municipios en la función de prevenir, detectar, investigar y sancionar los
delitos de corrupción.
El
discurso del Buen Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se ha quedado
ayuno, a pesar de contabilizar el respaldo de su mayoría parlamentaria, quienes
presentaron con ruido y estridencia como solución al problema el tristemente
famoso Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, que fuera de la retórica
moralizante no fortaleció ni técnica y mucho menos humanamente los órganos de
control y la rama Judicial. Tampoco está garantizada la independencia política
del Procurador, Contralor, Fiscal y sus pares en las regiones y localidades.
Finalmente,
la solución es más democracia con el fortalecimiento de las instituciones, con el control ciudadano directo, la
independencia política y una capacidad presupuestal y técnica adecuadas al
cumplimiento de sus funciones en toda la geografía institucional colombiana.
[1]
Politólogo. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la
Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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