EL
ANUNCIO DE REFORMA PENSIONAL CON LA OCDE
David Jiménez[1]
La OCDE publicó
recientemente el informe titulado Economics
Survey: Colombia 2015, sus principales recomendaciones de política pública son mejorar la calidad de
la educación, la infraestructura del transporte bajo la coordinación entre el
nivel subnacional y nacional, fomentar la competencia, aumentar los impuestos al consumo, aumentar
la edad de jubilación, y expandir el programa Colombia Mayor y de Beneficios
Económicos Periódicos.
La
reforma pensional bajo la lupa
El Gobierno Nacional en
el año 2013 tuvo la intención de presentar una reforma pensional a través del
entonces Ministro de Trabajo Rafael Pardo; pero al final se concentró en la
reforma del sistema de salud a través de una ley estatutaria que fue aprobada,
y una ley ordinaria que fue archivada.
La intención
gubernamental parece fortalecer el esquema privado en pensiones denominado
“capitalización” a través del régimen de ahorro individual con solidaridad
RAIS. A su vez, para la mayoría de los
países integrantes de la OCDE, esta tiene una edad promedio de pensión para
hombres y mujeres de 65 años. En la propuesta para Colombia, proponen aumentar
la edad de jubilación y que sea igualitaria para hombres y mujeres de acuerdo a
la esperanza de vida por sostenibilidad financiera.
¿Aumentarán las semanas de cotización y edad?, ¿se igualará la edad de
pensión de hombres y mujeres? ¿Habrá régimen de transición?, ¿quiénes seremos
los perjudicados?, ¿se prohibirán nuevas afiliaciones a COLPENSIONES?, ¿se
fortalecerán los fondos privados?, son los interrogantes que deben
responder tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Trabajo en los
próximos meses.
La puerta a la reforma
pensional con intenciones de incrementar semanas y edad para el régimen de
prima media con prestación definida administrado por los fondos públicos quedó con más sustento porque en nuestra
carta política se incorporó el principio de sostenibilidad fiscal bajo el Acto
Legislativo 03 de 2011 y la regla fiscal en la Ley 1473 de 2011. Ahora el gobierno
tiene todo el músculo normativo constitucional y legal para contra-reformar el
sistema pensional bajo la bandera de la “sostenibilidad fiscal y financiera”.
Sin embargo, el otro
asunto pendiente, si pensamos en las finanzas del Estado, es reducir el tope
máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los altos
funcionarios del Estado (Congresistas, Magistrados, Ministros, entre otros),
para dejarlo en un límite de 20 SMMLV. El objetivo es reducir los subsidios
para las pensiones más altas para los servidores públicos de altos ingresos
para que no sean tan desiguales como lo son.
Finalmente, el Gobierno
debe reconsiderar a las personas que cumplan la edad de la pensión y que por
semanas cotizadas no cumplen el requisito para acceder a la pensión de vejez, para
que puedan ser incluidos en el programa Colombia
Mayor al igual que la población pobre mayor de 65 años, si lo cierto es que
buscan equidad y protección a la vejez, y no un simple acto declamatorio.
PD: A propósito, hoy es
también una pregunta abierta cómo el gobierno incluirá a los guerrilleros
mayores de 50 años, quienes no puedan ingresar en un mercado laboral en un
escenario de posconflicto, Entonces vale la pena preguntarse: ¿los
incluirán en Colombia Mayor para subsidios, o en la modalidad de la pensión
mínima vitalicia?
[1]
Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante externo
del Grupo Presidencialismo y Participación, Unal. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
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