lunes, 26 de diciembre de 2016

IZQUIERDA A LA DERIVA

IZQUIERDA A LA DERIVA

David Jiménez[1]

La sucesión presidencial entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón en 2010, suponía la continuidad de la política de seguridad democrática tras al intento fallido de la segunda reelección de Álvaro, detenida por la Corte Constitucional en ese año. El Santos de 2010, prometió continuar con las políticas de AUV durante el debate electoral de la época, enfrentado con Antanas Mockus.

Sin embargo, la oposición política legal se da entre 2002 a 2010 por parte del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda, donde se recuerda, alcanzó por primera vez una gran votación en la elección presidencial de 2006 con el exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.

Esta fuerza electoral desde entonces se ha ido en caída libre con la aparición y desprendimiento de los “progresistas” de Gustavo Petro en 2011, y, actualmente, con una división interna entre la dirigencia de Jorge Robledo como propuesta de candidato presidencial único para 2018; y el ala contraria representada por Clara López e Iván Cepeda, quien se la juega por un candidato del “acuerdo de paz” para la próxima elección presidencial.

Mientras que, la oposición política del Centro Democrático contra el Gobierno Santos, es reaccionaria “defendiendo” la espalda de un gobierno de derecha. Así, las dos propuestas tienen similar política económica y social, pero las diferencian los estilos de gobernar, y, sobre todo, el acuerdo de paz pactado y refrendado.

Ahora bien, los líderes alternativos representados en el Polo Democrático y el Partido Verde, más se oponen a la reacción en el Congreso que al mismo Presidente Santos. Así las cosas, la oposición de AUV al acuerdo de paz, logró aplicar la regla de Nicolás Maquiavelo “divide y vencerás” a la izquierda colombiana.

En su mayoría, el centro y la izquierda respaldaron al Presidente Santos con la paz y varias de sus políticas; y ahora la actual reforma tributaria, un sector del Partido Verde votó a favor, aunque incluye un notable componente regresivo, más IVA para los pobres, y menos tributo para los grandes conglomerados.

El Presidente Santos no tiene nada de izquierda, pero ha logrado lo que no hizo Uribe en sus 8 años en el poder, dividir la izquierda y quitarle el poder. Ahora con el gobierno Santos, abanderado de la trasnochada “tercera vía”, la izquierda ya perdió su bastión electoral en la Capital, y muchos con ocasión de la polarización Uribe-Santos, terminaron de irse con el presidente actual. Tal como se evidencia con la Ministra de Trabajo Clara López ex candidata presidencial de la izquierda en 2014, y quien ahora protagoniza el triste papel de “campanera” en la fijación del salario mínimo para el año 2017.

Así las cosas, la izquierda anda pérdida en la nebulosa política colombiana. La alternativa se ha vuelto entre Santos o Uribe, derecha o reacción del mismo sabor retrógrado, con diferentes ingredientes y forma de implementación de políticas.

Dicho lo cual, no es nada raro que por la misma existencia del Centro Democrático y Álvaro Uribe a la cabeza de este partido político, el nuevo movimiento político “Voces de Paz y Reconciliación” termine respaldando las políticas gubernamentales, en cuyo caso la alternativa política diferente a la derecha quede a la deriva y cooptada, por ejemplo para respaldar una candidatura de Humberto de la Calle o de Álvaro Leyva.

Una decisión que correspondería al acostumbrado que todo cambie para que todo siga igual en la implementación de los acuerdos de paz: pobreza, desempleo, desfinanciación de la educación superior pública, inequidad y desigualdad social en los campos y ciudades.  
A no ser que la izquierda se atreva a agitar y organizar una propuesta autónoma, que “parta cobijas” claramente; que establezca unos mecanismos viables y creíbles para las fuerzas de izquierda y democráticas de signo diferente, y proponga una fórmula presidencial, en lo posible consensuada, resultado de una consulta previa; es decir una suerte de primarias de la izquierda, la democracia y el centro que acepte las reglas del juego y el impulso consecuente de una constituyente social que demuestre la vocación de ser gobierno para el 2018


[1]  Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 18 de diciembre de 2016

EL DEBATE QUE NUNCA LLEGÓ

EL DEBATE QUE NUNCA LLEGÓ

David Jiménez[1]

Desde la derrota del plebiscito del pasado 2 de octubre, el Gobierno Nacional ha concentrado la agenda pública y política en el Nuevo Acuerdo Final, y por la otra orilla económica en el Capitolio Nacional, donde el trámite principal corresponde a la reforma tributaria “estructural”.

Mientras que, por un lado, para la refrendación del Nuevo Acuerdo Final, el debate se concentró entre quienes querían otro plebiscito o referendo, y los que escogieron el congreso.  A la postre, ganó la tesis de que el pueblo participa directamente o a través de sus representantes, como lo establece el art. 3o.
Este fue el argumento intelectual para darle legitimidad a la Rama Legislativa, como los honorables representantes del pueblo. Tal y como se estila en las repúblicas liberales desde la fundación de los Estados Unidos, no confederados, de América.

El Presidente con fama de jugador de póker, sin desatender los compromisos de Colombia con la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicas –OCDE-, al fin de cuentas, presentó una reforma tributaria, donde se destacaban dos extremos: la creación del impuesto a las bebidas azucaradas, y por la otra, la eliminación de impuesto a la riqueza y aumento del IVA.

El juego real de poder

En el congreso, concluyó en que el lobby de las empresas del sector de bebidas impidió el debate de la iniciativa que la afectaba, lograron salir de la reforma intactos, y los colombianos pobres y más pobres seguirán sujetos a engordar y mal nutrirse con el beneplácito del capital transnacional.

Lo particular, para la paz el congreso es vocero del pueblo, para la reforma tributaria- impuestos a bebidas azucaradas, al parlamento colombiano lo influyen las grandes empresas del sector y poco o nada los ciudadanos. La democracia contemporánea tiene unos problemas históricos, el sector privado financiando campañas políticas e incluyendo con su poder económico en las instituciones del Estado, ocasiona la construcción de una democracia corporativa a favor del gran capital y en contra de los intereses generales de la sociedad.

Para eso, el Ministro de Salud Alejandro Gaviria defendiendo políticamente el impuesto, y el Gobierno del que hace parte, lo deja sin mayorías en el congreso a merced del poder de la industria, al parecer le hace eco a su reciente publicación titulada “Alguien tiene que llevar la contraria”, pero él lleva la contraria no desde el aula de clase sino en el mismo poder del Estado donde no ha logrado una reforma al sistema de salud de mercado vigente.

El miedo a la democracia directa

Por parte de las élites políticas y económicas es grande, por eso impiden que, a través de referéndums o iniciativas populares, los ciudadanos decidan temas de economía y hacienda pública. A pesar de existir en la constitución la soberanía popular, en Colombia, la Ley 1757 de 2015 – Ley de Participación Ciudadana- impide la realización de consultas populares, referendos o iniciativas populares legislativas en relación a temas presupuestales, fiscales o tributarias.

En este caso, los ciudadanos mediante la activación de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política, tiene una restricción jurídica, de decidir en asuntos económicos. Los únicos con capacidad de decidir sin tener que pasar por unas elecciones libres, es el gran capital nacional y transnacional. Los que tienen capacidad de pagar “lobby” a personas para que permanezcan en el Capitolio Nacional todo el año, y las empresas privadas financiadoras de campañas políticas, son los que ganan en este juego de cartas marcadas, como le gusta a los tahúres de la política nacional.

Es un mal síntoma para la construcción de una paz estable y duradera, mantener unas instituciones democráticas con voz para privilegiados y poco o nada para las clases subalternas representada en millones de desempleados, pobres, campesinos, trabajadores y estudiantes.



[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 11 de diciembre de 2016

LA PAZ CON VETO: UN COMPÁS DE ESPERA.



LA PAZ CON VETO: UN COMPÁS DE ESPERA.

David Jiménez[1]

Los sistemas políticos liberales, con la inclusión del principio de la “separación de poderes”, tiene los poderes de veto institucionales entre las diferentes Ramas del Poder Público. A su vez, el juego político de la democracia también genera los poderes de veto, en este caso, los partidos de oposición al gobierno.

En este sentido, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 01 de 2016 con la intención de reducir el tiempo y el número de debates para los proyectos de ley y de reforma constitucional conocido como el “fast track, facultando al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, el Plan Plurianual de Inversiones por 20 años para las zonas afectas por el conflicto. 

Todo lo anterior está en consonancia con los procesos de implementación del Acuerdo Final de Paz. Por otra parte, esta reforma establece que el acuerdo final se hará con base al artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949, y se somete su vigencia a partir de la refrendación popular.

            Desde días anteriores, se conoció que la ponencia de la magistrada María Victoria Calle mantenía el procedimiento del “fast track” bajo la condición de la refrendación popular, sin embargo, a falta de un pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Constitucional, estamos a la espera de una decisión sobre el alcance y efectos del Acto Legislativo 01 de 2016 por el máximo órgano judicial en Colombia.

La juridización de la política 

No solamente en este acto legislativo, la Corte Constitucional tendrá poder de veto, sino que determinará en sus sentencias los diferentes alcances y límites de las reformas constitucionales y leyes sobre la implementación del acuerdo de paz. En este caso, el Congreso de la República como órgano de representación popular ni el Presidente tendrán la última palabra en relación a la implementación del acuerdo final mediante actos legislativos, leyes y decretos con fuerza de ley.

Sin embargo, no se puede desconocer que, desde los inicios de los diálogos de paz en 2012, el Presidente Santos manifestó en algún momento "Los colombianos tendrán la última palabra sobre los diálogos" (Revista Semana, 2016/02/09), cuando hace unas semanas fue refrendado el acuerdo final por el congreso. A su vez, el espíritu del Acto Legislativo 01 de 2016 en su trámite parlamentario, las ponencias en Senado y Cámara que fueron aprobadas establecen:

(…) los congresistas estamos llamados a desarrollar un mecanismo que permita la implementación, ágil, eficaz y fiel de aquello que los colombianos refrenden en las urnas. No es un tema menor, serán los colombianos quienes previamente y de forma democrática nos den el aval para utilizar estos procedimientos que hoy proponemos con este Acto Legislativo.

El acto legislativo 01 de 2016, desde el inicio de su trámite, estaba claro que la refrendación popular sería en las urnas por parte del pueblo, y darle viabilidad a esa norma constitucional por parte de la Corte, sería desconocer el espíritu de la misma y de sus autores. Porque los cambios de posturas post-plebiscito es el no a la “democracia directa”.

Ahora

                                                       Tanto las Farc y el Gobierno Nacional quedaron temerosos con la “democracia directa” y buscaron la refrendación por el Congreso. En pocas palabras, no activaron el artículo 40, 103 y 374 de la Constitución de 1991, para que se incluya la ciudadanía y a la sociedad en las decisiones para fortalecer la “soberanía popular”. También, los insurgentes de las Farc que pedían a gritos una asamblea constituyente y críticos del régimen político vigente, se sometieron al Poder, reconocen el Estado de Derecho y al Congreso actual como legitimos por encima de la democracia popular directa a la que casi siempre apelaron. 

Mañana, el partido de las Farc, que habrá dejado las armas, en las calles y en el congreso no podrá desconocer decisiones futuras, porque si hoy reconocen el status quo vigente para la refrendación e implementación, sin activar la democracia popular directa de la ciudadanía, al día siguiente no pueden declararlo ilegitimo cuando los poderes públicos elegidos en 2018 y 2022 tomen decisiones que no les convenga o no estén de acuerdo con ellas.


[1] Politólogo, magister en estudios políticos. Participante externo del GPYP/Unal-unijus. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

domingo, 4 de diciembre de 2016

EL RETROCESO DEL PARTIDO CONSERVADOR. VELITAS PARA SANTOS, ¿HASTA CUÁNDO?

EL RETROCESO DEL PARTIDO CONSERVADOR. VELITAS PARA SANTOS.
 ¿HASTA CUÁNDO?

David Jiménez[1]

El pasado 27 de noviembre de 2016, se celebró la Convención Nacional Conservadora, un encuentro para elegir su Directorio Nacional, y debatir preferencias entre congresistas y dirigentes Santistas y Uribistas. En nada, los conservadores definieron su plataforma político-ideológica para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, al parecer se quedaron sin discurso político.

En el período de 2002 a 2010, el ideario conservador recobró vigencia con el discurso de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Entre 1998-2002 fue el discurso de la paz fracasada de Andrés Pastrana. Ahora, el discurso del conflicto armado, los diálogos de paz y las victimas que hacen parte de la agenda del Presidente Santos desde 2010, los conservadores no tienen “cabida” propia, ni apropiación efectiva para esos temas de la agenda política nacional.

El discurso del ideario floreció con la demagogia publicística de Álvaro Uribe a la cabeza. Los “godos” hicieron suyos sus ideales de justicia y seguridad, mientras el liberalismo oficialista y la oposición en el congreso, mantuvieron un discurso sin éxito electoral. Ahora, con Santos el liberalismo cobra vigencia, y los conservadores con derrotas desde 2011, están ayunos de poder local y regional. No tienen gobernaciones y ni alcaldías de las principales ciudades del país.

Los conservadores parecen erráticos en busca de los oasis de la política clientelista. No saben si estar dentro o fuera del gobierno, tal como lo demuestra el apoyo decidido de David Barguil, cuando fungió como Presidente del partido. Entonces él apoyo el SI en el plebiscito, mientras Martha Lucía y el expresidente se fueron con el NO. Luego Barguil, en la Convención crítica al gobierno y a las Farc, pero no parecen oírlo en su reclamo de “premios” futuros.

La democratización partidista y las microempresas electorales

Por otra parte, en los procesos de democratización interna de los partidos políticos, los Conservadores dieron ejemplo, cuando en 2005 eligieron por primera vez a través de votación popular los integrantes de los directorios departamentales, distritales y municipales en todo el país.

A su vez, ellos fueron el primer partido político colombiano en elegir por votación popular a su Directorio Nacional en 2008. Era increíble, ese ejemplo de democratización interna “goda” en el siglo XXI. Pero, al parecer, no les quedó gustando el “bichito” de la democracia interna de las bases. Pronto regresaron al fantasma de las convenciones para elegir a sus dirigentes, sin la participación de las bases del partido. 

El arquitecto de la democracia interna de los godos, fue el ex senador y ex ministro Carlos Holguín Sardi, quien pedía pista para más altas aspiraciones presidenciales. En todo caso, logró unir a todas esas fuerzas conservadores en el Congreso de la República antes de la reforma política de 2003. Entonces reinaban los micropartidos en el Capitolio Nacional, o mejor, las llamadas “microempresas electorales,” cuya personería tuvo Alfonso López Michelsen, para parar a una promisoria tercera fuerza AD/M19.   Aquella es la denominación dada por Eduardo Pizarro Leóngómez, cuando se volvió epidemia en la década de los años 90s.

La democracia interna conservadora pasó sin pena ni gloria de la votación popular directa de sus bases a las reuniones de convenciones. El partido sigue sin identidad, tampoco tiene un camino claro para llegar a la Casa de Nariño con un presidente elegido a nombre del Partido Conservador.

Mientras tanto

Sus congresistas y directorio nacional debatirán si estar dentro o fuera del gobierno, o como los niños, prenderle velas al diablo y a los santos. Para el próximo 2018 podrán los godos quedar más golpeados en su corazón, Antioquia. La tierra del ex presidente Uribe y el ex gobernador Luis Alfredo Ramos, recién liberado por la Corte Suprema de Justicia, quien comanda el Uribismo Conservador en las montañas del Departamento de Antioquia.
El azul conservador, al parecer se tornará más claro, y todo parece indicar que se asociará como antaño con el uribismo metamorfoseado en el Centro Democrático, para ayudarle a ganar la presidencia. Incluso podría llegar a presionar con otras pretensiones un candidato del bloque reaccionario, pero antes tendría que ajustar con la mayoría de los conservadores que le encendieron las velitas a Santos, porque no quieren quedarse por fuera del reparto de los recursos que fluyen al altar de la paz neoliberal, aunque tengan que compartir con el coro de monaguillos non sanctos.




[1] Politólogo, magister en estudios políticos y participante externo del GPYP/Unal. E-mail: presid.y.partic@gmail.com