martes, 25 de mayo de 2010

Accountability después de la elección presidencial

Miguel Angel Herrera Zgaib

Profesor Asociado

Ciencia Política, UNAL

miguel.herrera@transpolitica.org


En el congreso nos entenderemos con los partidos, en el equipo de gobierno estarán los mejores sin considerar a qué partido pertenecen. Le tengo fobia al clientelismo…El fin no justifica los medios. Antanas Mockus, El reportaje de Yamid

Antanas dijo que no gobernará con el partido de la U, quien será entonces la oposición principal bajo el esquema gobierno oposición que se corresponde con su versión de la democracia deliberativa.[1] Lo que ha dicho del PDA, con rectificación incluida, es que éste tiene la mitad de su militancia con proclividad por la violencia armada, y en particular, que representan las guerrillas en Colombia.

En lo doctrinario, el filósofo insiste en señalar que la desigualdad no autoriza, mucho menos legitima el uso de la violencia. Lo cual en apariencia haría de él un civilista, quien, empero, no renuncia al uso legal de la fuerza del estado en su presidencia, y por lo menos la pronostica por 40 años, para quienes lo sucedan.[2]

Para Antanas tampoco existe la violencia estructural,[3] o cuando menos, rehúye a llamarla así. Hacerlo implica atacar las condiciones del capitalismo político reinante. Su permanencia le da sostén a la apelación que rebeldes e insurrectos hacen al uso de las vías armadas, a pesar del rechazo que Mockus, Uribe y el bloque en el poder hacen a estos argumentos. Sin embargo, la transformación de las condiciones de explotación, dominación y subordinación definen el talante democrático y el carácter equitativo social del PDA, y la alianza democrática de izquierda que intenta orientar la revolución ciudadana en ciernes, sin acudir ni promover el uso de las vías armadas.

Así las cosas, el PDA insistirá en concretar dicha alianza con el Partido Verde, y los demás partidos para la segunda vuelta. De no lograrlo, desde ya, tiene que disponerse a realizar un programa y una interlocución democrática radical con la población sin ellos, quienes serán sus adversarios.

Para lo cual, el bloque contra-hegemónico exigirá la deliberación sin exclusiones de todos los colombianos. Lo cual requiere realizar una asamblea constituyente que exige como cuota inicial de legalidad democrática la exclusión de la para-política como actor en el próximo congreso de Colombia.

Además, el PDA promoverá el juicio político de su máximo gobernante, que nada tiene que ver con la extradición, pero que sí incluye la determinación de las responsabilidades para quienes acompañaron el accionar ilegal y constitucional que se pruebe. La rendición de cuentas, accountability, será exigida por la ciudadanía,[4] incluirá también la revisión de la causa de los extraditados a los Estados Unidos, por causas diversas, políticas o no. La cual como bien es sabido no se ejercita por vía de un tratado, sino acciones legales con origen en el ejecutivo.

Así mismo, en ese espacio de deliberación decisoria, en igualdad de condiciones, se examinará la responsabilidad de los actores armados y a las causas que han esgrimido como justificatorias de su proceder contra la vida y las libertades de los habitantes de Colombia. La ciudadanía será esta instancia, en tanto poder constituyente de la nación deliberante la que defina el tratamiento para las conductas realizadas. Y los tratados y acuerdos militares y económicos en trance de aprobación e implementación.

Esta actuación no excluye para nada llamar al ejercicio del voto en blanco como soporte programático del bloque democrático de izquierda alternativo. Los aliados tienen que disponerse a impulsar de manera consecuente, en y después de las elecciones una acción contra-hegemónica que haga realidad las promesas del estado social de derecho de conseguir la equidad social. Ajustando cuentas con el capitalismo político y la persistencia de los privilegios coloniales, que han resistido y se han aumentado en 200 años de proclamada la independencia política.



[1] Esta democracia deliberativa es un injerto de dos talantes político intelectuales opuestos, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann, quienes sostuvieron importantes debates en vida del último fallecido en 1997, crítico acérrimo del Estado de Bienestar europeo, y quien entendió el poder como un medio de comunicación específico, que obra según la relación binaria gobierno oposición teniendo a la violencia como ultima ratio. Consultar La sociedad de la sociedad, la obra póstuma de Luhmann.

[2] El sustento está en la obra de Max Weber, quien en su sociología política habla del uso y el monopolio legítimo de la violencia por el Estado, haciéndose eco de lo dicho por el dirigente bolchevique León Trotsky cuando se instauró el gobierno proletario en la revolución rusa.

[3] Las llamadas causas objetivas con las cuales el gobierno de Belisario Bentacur dio sostén al inicio de los procesos de paz frustrada con los grupos guerrilleros, que tuvieron dos desenlaces trágicos, la masacre militar en el Palacio de Justicia, y el genocidio de la U. Patriótica, una y otra en trance todavía de ser falladas legal y constitucionalmente por instancias nacionales e internacionales.

[4] Es uno de los dos modos concretos de rendición de cuentas democráticas practicados, el otro es la tradicional accountability horizontal, que cumplen las instancias de gobierno entre sí, en los regímenes de división de poderes. Al respecto revisar la literatura producida por Guillermo O´Donnell, y Enrique Peruzotti y Catalina Smulovitz, en América Latina. Ver al respecto Controlando la Política. Buenos Aires, Grupo Editorial, 2002. Así como el trabajo de John Ackerman. Estructura institucional para la accountability: lecciones internacionales y reformas futuras. México, 2009

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