La articulista del diario El Nuevo Siglo pone el dedo en la llaga, y nos ubica en el polémico y definitivo escenario del capital financiero al comando de la economía colombiana, con una ciudadanía delante de su inagotable voracidad.

Frente a la cual los gobiernos del expresidente Uribe y el que lo sucedió, a pesar de sus mohines y conducta díscola y reformadora, no aflojan en la aplicación de la receta, que hace 20 años se aplicó en la Gran Bretaña, en tiempos de Blair, el socialismo rosa, y ahora desvasta lo que queda del Welfare State en Europa.

Gracias a la diligente mirada del colega Oscar Delgado hoy escogemos este texto para divulgarlo en la red Ciudad Blanca. N de la R.

EL NUEVO SIGLO

¿Reforma pensional o ampliación de

negocios al capital financiero?

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Por Helena Villamizar García-Herreros

El Nuevo Siglo

29 de enero de 2012

Transcurridas ya casi dos décadas de la privatización parcial de las pensiones es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social

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Ante el intento de George Bush de privatizar parcialmente las pensiones, Joseph Stiglitz afirmó que no se necesita ser premio Nobel para darse cuenta de que “la privatización no protegería a los jubilados de la insolvencia del sistema de seguridad social; solamente aumentaría el enorme déficit fiscal actual, porque las privatizaciones parciales requieren que se destine dinero que se habría utilizado para cerrar la brecha entre los gastos y los ingresos gubernamentales hacia fondos privados”.

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Naturalmente si al régimen público se le restan afiliados, es decir ingresos, mientras se queda con los gastos y especialmente con aquellos afiliados que ya están devengando sus pensiones, las perspectivas del sistema público no pueden ser boyantes.

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“Los Estados Unidos y el mundo tienen que recordar que la privatización del sistema de pensiones argentino estuvo en el centro de sus recientes desdichas fiscales” afirmó el Nobel.
En Colombia, igualmente, con la implantación del sistema mixto de pensiones el déficit público lejos de reducirse se amplió.

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Las causas por supuesto son múltiples, pero lo cierto es que en 1990 el déficit del sector público no financiero ascendía al 0,59 del PIB y, en 2010 y 2011 según El Marco Fiscal de mediano Plazo 2011 a 3,2% y 3,5% del PIB respectivamente incluyendo la emergencia fiscal en el último año.

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Por su parte la deuda pública interna y externa del gobierno nacional que en 1993 representaba el 14,6% del PIB, en 2000 ya había alcanzado el 36% del PIB y en septiembre de 2011 representaba el 35,6% (1).

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La realidad derrumbó el mito de que los fondos de pensiones privados disminuirían el déficit público; de hecho la rentabilidad de dichos fondos se alimenta del déficit pues cerca del 50% de su portafolio está representado en deuda pública. Por lo demás cada punto de aumento de intereses de la deuda pública, como lo demostró Javier Fernández, tuvo gran impacto en el desequilibrio fiscal.

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Estas verdades, sin embargo, han sido convenientemente ocultadas y, por el contrario, como señaló Edmundo López Gómez, “en Colombia se ha puesto en marcha una operación envolvente por parte de dichos grupos para apoderarse del ahorro de los 'pensionistas' (así los llaman los españoles) del sector público”. (“Zarpazo contra las pensiones”, El Nuevo Siglo 20/1/2012).

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En efecto el presidente del gremio Asofondos declaró “Régimen público es inviable” (El Tiempo (14/1/2012). Es además muy sugestivo que “Los pronunciamientos de Santos y Santa María [sobre un urgente revolcón en las pensiones] se produjeron en la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2011-2012, del Consejo Privado de Competitividad (CPC), en el que se propone marchitar el régimen de prima media (como el que administra el Seguro Social), para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados” (El Tiempo 4/11/2011 las cursivas son mías).

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En realidad como reconoce dicho Informe este empeño de acabar con el régimen público de pensiones no es novedoso; existió desde la concepción de la ley 100. De hecho en el pasado se había avanzado en esta tarea de impedir nuevas afiliaciones, bajo el disfraz de sanción al ISS, cuyo real objetivo era acabar el régimen público de pensiones.

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Transcurridas ya casi dos décadas de la privatización parcial de las pensiones es inocultable que ésta no brindó soluciones a la seguridad social; engrosó sí el patrimonio de los propietarios de fondos de pensiones y cesantías AFP, los cuales manejan enormes porciones del ahorro obligatorio de los colombianos sin que su gestión siquiera represente seguridad para sus afiliados.

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Un informe del Emisor lo reconoce “Pensiones, las más expuestas a turbulencia internacional” (El Tiempo octubre 8 de 2011). Ya en 1999 Stiglitz y Peter Orszag cuestionaban diez grandes mitos alrededor de dichas privatizaciones, entre ellos que elevan el ahorro nacional o que generan mayores tasas de retorno, siendo estas posiciones críticas, según se dice, causantes del retiro de Stiglitz del Banco Mundial. La realidad le dio la razón al Nobel y los argumentos privatizadores de las pensiones de dicha institución hoy son insostenibles

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La tarea de desinformación para acabar con el régimen público es sorprendente. Se dice por ejemplo que la crisis europea es debida al generoso régimen de pensiones. Se oculta deliberadamente el papel que jugó el capital financiero y su desregulación en la debacle europea, así como los cambios en las políticas bajo el paradigma neoliberal. Maurice Allais, Nobel de economía 1988, en su “Carta a los franceses” ha señalado el cinismo en el ocultamiento de las verdaderas causas de la crisis europea.

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Que el régimen de pensiones requiere reformas es claro; entre ellas la eliminación de ciertos absurdos privilegios de la rama judicial. Pero la solución no está en sepultar el régimen de prima media, ampliando así el negocio a las AFP y al gran capital financiero internacional, como al parecer es la vía escogida por el gobierno Santos, quien ha dado pruebas de continuidad en las prioridades distributivas de su antecesor.

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Entre ellas la firma del TLC, cuyo engaño a los colombianos también en el caso de pensiones fue evidente. En efecto El “ABC del Tratado de Libre Comercio” sin ningún recato afirma: “se preservó la facultad de las autoridades económicas para el diseño y regulación del sistema de seguridad social”

(https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=637), cuando en realidad el Anexo 12.15 E lo que otorga es garantías a dichos fondos estadounidenses.

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Por consiguiente la reforma del régimen de pensiones está subordinada a los exorbitantes privilegios otorgados a dichos fondos, impidiendo regulaciones elementales para dicho sector y verdaderas soluciones en favor de los intereses de los colombianos.

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(1)/(http://www.banrep.gov.co/economia/deuda/BoletinDePu40.pdfwwwbanrep.gov.co para los dos últimos años.