miércoles, 18 de diciembre de 2013

¿ES POSIBLE DEFENDER LO INDEFENSABLE: LOS PARTIDOS?

¿ES POSIBLE DEFENDER LO INDEFENSABLE: LOS PARTIDOS?

David Jiménez[1]

                                                      El profesor David Roll de la Universidad Nacional de Colombia en su columna titulada “En defensa del Liberalismo”, publicada en el periódico El Mundo de Medellín el 11 de diciembre de 2013, defiende al Partido Liberal.  Resalta que es un partido más de izquierda que derecha, responde las críticas internas que hacen sus líderes en el partido, y concluye que es el partido para agrupar a la izquierda tras las negociaciones de paz.

En los sistemas políticos contemporáneos existe una crisis de representación, la poca identidad partidista y la baja confianza en los partidos políticos en las democracias occidentales. En nuestro caso colombiano, defender a los partidos en un contexto de corrupción, infiltración de organizaciones criminales en la política y clientelismo es difícil sostenerlo, y mucho menos ahora, dado que la evidencia empírica de corrupción y captura del Estado están latentes en el sistema político, y el liberalismo no está fuera de tales conductas.

La participación en el posconflicto
                                                            El líder conservador Álvaro Gómez Hurtado señalaba días antes de su asesinato que la solución no era derrocar el gobierno, sino cambiar el régimen que eligió al presidente Ernesto Samper. Con los anteriores antecedentes, los paros y movilizaciones sociales, así como las estudiantiles y campesinas desde 2011 en toda la geografía colombiana.

Tales  demandas sociales podría llevar en un eventual escenario de posconflicto a la constitución de un partido agrario y campesino como lo ha sostenido el profesor Miguel Ángel Herrera Zgaib, dado que los problemas de la tierra y del campo hacen parte de la raíces históricas del conflicto armado desde hace 60 años.

Los partidos tradicionales – Liberal y Conservador – llevan más de 160 años turnándose en el poder político, y desde 1991 manipulan el sistema político colombiano, sin tener responsabilidad política histórica con los problemas nacionales.

 Ahora bien, defender, como lo hace el académico liberal, que alguno de estos dos partidos históricos, o sus apéndices, el uribismo o el partido de la U; o que en este caso puntual el liberalismo que conocemos es el futuro para la izquierda democrática, los sectores excluidos y subalternos, o para la paz. En buen romance, hacerle caso a esta sugerencia pública  es garantizar la dominación del clientelismo asociado con corrupción y la no democratización colombiana.

PD: Las Farc-ep prometió y volvió a declarar el cese unilateral de hostilidades, pero, al mismo tiempo el pasado fin de semana realizó hostigamientos a la fuerza pública en el Municipio de Anorí (Antioquia) afectando a la población civil, como acto de cierre. ¿Esa es la paz?



[1] Politólogo y estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

viernes, 6 de diciembre de 2013



¿Y LA PAZ DE COLOMBIA? DE GRAMSCI A MADIBA. 

“Decir la verdad es revolucionario.” Ferdinand Lassalle, citado por A. Gramsci (1891-1937).

“Dejad que la libertad reine.” Nelson R. Mandela (1918-2013).



Antecedentes dolorosos 

                                                             En el transcurso de esta semana han coincido dos situaciones, la muerte de Nelson Rolihlaha Mandela, “Madiba”, y la sesión final del VIII Seminario Internacional Gramsci. Este fue un evento realizado en los predios de la Ciudad Blanca, que a lo largo de sus cuatro sesiones que empezaron el 13 de noviembre, se orientó a reflexionar sobre la Paz, la Democracia y la Constituyente Social en Colombia y la región Andino Amazónica. 


Así mismo se buscó recordar el legado de cuatro figuras intelectuales relacionadas con la realidad política y social de la humanidad, Nicolás Maquiavelo, Eric Hobsbawn, Marshall Berman y Luis Eduardo Nieto Arteta, en tres escenarios diferentes, Economía, Psicología, y en el recinto Margarita González de posgrados de Ciencias Humanas, y el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho de la Ciudad Blanca.

El edificio se cerró cuando colapsaron los cielo rasos del segundo piso del más emblemático de los lugares de la Universidad restaurada en 1938, en terrenos donados por el patricio liberal Nemesio Camacho, una zona tachonada por humedales sabaneros, y blasonado con las imágenes del cura Camilo Torres,  y el guerrillero heroico, Ernesto Guevara.

Misterios gozosos

“Contrariamente a los análisis del Estado reducido, del aparato gubernativo neutro o clasista (…) descubrió en los años 20 y en la crisis del 29, una nueva fase de la historia del Estado, poniendo fin de manera definitiva, al Estado liberal clásico y a la autonomía anterior de la sociedad civil reducida al mercado y al único burgués privado, el individuo separado de la familia.” Christine Buci-Glucksmann, Gramsci y el Estado, p. 163.


                                                          Empleando como leit motiv el legado de Antonio Gramsci y sus cultores en América Latina y el resto del mundo. en la sesión final del Seminario, realizada en el Auditorio que recuerda la obra de la historiadora Margarita González, el 4 de diciembre, con ocasión del lanzamiento del libro Gramsci y la crisis de hegemonía. La refundación de la Ciencia Política, se realizó un conversatorio en el que además de su autor, participaron docentes nacionales e internacionales. 

El exrector de la Nacional, Ricardo Mosquera, vinculado a la investigación con la facultad de Economía, Jairo Iván Peña, exdecano de la Facultad de Derecho, Unal; el profesor investigador Peter Ives, U. Winnipeg, autor de Language and Hegemony in Gramsci (2004). Mario Forero, autor de Incidencia del Neopopulismo (2013), profesor investigador de la U. Jorge Tadeo Lozano, politólogo internacionalista y filósofo.

Igualmente, intervinieron, el editor del libro Gramsci y la crisis de Hegemonía (2013), Juan Carlos García Lozano, maestro y estudiante del doctorado en Historia, y Yolanda Rodríguez Rincón, maestra y doctorante en estudios políticos, IEPRI/Ciencia Política, en representación del Grupo presidencialismo y participación, (GPyP), Colciencias/Unijus.

Hubo aproximaciones explicativas y críticas, aplicadas a Colombia en presente, y al calor de los escritos de Gramsci, a propósito de los grupos y clases subalternas, y la guerra de posiciones actual, marcada por la disputa epocal entre democracia y guerra examinando las realidades contemporáneas, con China como invitada principal.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Principio del formulario
COLOMBIA  Y  LA CAUSA DE LOS PLAGIOS

El  colega Carlos Medina Gallego me comparte este texto que circula con la firma de Mario Jursich, en el cual se recuerda un caso de "plagio" que afectó el ejercicio periodístico y analítico de Hernando Gómez Buendía, quien estuvo al frente del IEL, caído en desgracia, y cuyo nombre se quiere ahora reivindicar. 

La vida intelectual nacional es, la verdad sea dicha, bastante pobre y laudatoria. Este incidente quizá ayude a reanimar "el cadáver insepulto" de lo que aún se llama, sin sonrojarse, opinión pública. Es posible también, de contera, que Hernando quiera prueba suerte en las próximas elecciones para Congreso, y esta incursión pública podría ayudarle.  N de la R.

EN FAVOR DE
GÓMEZ BUENDÍA POR MARIO JURSICH DURÁN

En el año 2004, Hernando Gómez Buendía fue acusado de plagio. Pese a que dos jurados distintos lo absolvieron de esa acusación, y pese a que había recibido numerosas distinciones –entre ellas, el Premio Simón Bolívar al mejor columnista–, nunca pudo volver a escribir en la gran prensa de Colombia. ¿No es hora de que reparemos una colosal injusticia?

Hace unos tres meses, más o menos, recibí una carta de uno de nuestros suscriptores. El señor Marín había empezado a leer El Malpensante en 1999; estuvo suscrito hasta el 2004, año en que dejó Colombia para adelantar una maestría en Alemania. En ese lapso, a veces entraba a la página web y picoteaba uno que otro artículo, pero solo fue hasta su regreso en mayo de este año cuando volvió a leer de manera continua la revista. En su carta, me manifestaba su perplejidad al descubrir en nuestra actual nómina de colaboradores a Hernando Gómez Buendía. Según su recuerdo, Gómez Buendía había recibido una seria acusación de plagio poco antes de que él se marchara al extranjero y, hasta donde le alcanzaba la memoria, nunca había podido dar explicaciones satisfactorias.

  “¿Por qué –me preguntaba el corresponsal– eligieron a una persona con tantos cuestionamientos éticos? Ustedes han escrito mucho sobre ese tema y, sin embargo, no parecen haberlo tenido en cuenta a la hora de escoger a uno de sus columnistas”.

En mi respuesta le explicaba nuestras razones y creo que mis palabras le resultaron convincentes, pues a partir de allí empezamos una correspondencia que se ha prolongado hasta el día de hoy. El tema hubiera podido llegar hasta ese punto si él mismo no me hubiera propuesto que hiciéramos público nuestro intercambio. “A mí me gusta mucho esa sección del New York Times en que los editores explican por qué tomaron determinadas decisiones. ¿No cree que sería una magnífica oportunidad para aclimatar  algo parecido en Colombia? EnLa Silla Vacía, Juanita León lo ha hecho en varias ocasiones y eso les da una transparencia que falta en los demás medios”.

Aunque al principio me desconcerté –esas cartas, a mi juicio, eran demasiado divagativas– finalmente me  pareció que mi corresponsal tenía razón. Así pues, la misiva que sigue no solo es la transformación de unas explicaciones privadas en una conversación pública, sino también la apertura de una sección cuya frecuencia dependerá de la curiosidad de los lectores.

Estimado señor Marín:

Usted no es la primera persona que me lo pregunta. Desde que Gómez Buendía empezó a colaborar en El Malpensante varios amigos me han manifestado su misma perplejidad y a todos les he respondido más o menos lo mismo. En su caso, sin embargo, me creo obligado no solo a darle una respuesta más elaborada sino a ponerlo al tanto de ciertos episodios que por vivir en Alemania en aquella época usted seguramente desconoce. Tenga en cuenta, además, que las acusaciones tuvieron lugar hace nueve años.

El caso empezó a finales del 2003, cuando Gómez Buendía dictó una conferencia informal en el posgrado de periodismo de la Universidad de los Andes. La charla era parte de un ciclo organizado por la revista Semana y pretendía llevar “a sus columnistas y periodistas al ámbito más crítico de todos –el universitario– para abrir la discusión sobre los medios, sus poderes y la democracia en Colombia”. La charla se grabó y una practicante hizo una primera versión escrita que, posteriormente, María Teresa Ronderos corrigió a fondo pues Gómez Buendía no estaba satisfecho con el resultado.

Finalmente, ese texto y otros nueve conformaron el libro Poder & medio, que apareció en febrero de 2004 bajo el sello conjunto de Aguilar y Publicaciones Semana. Unos meses más tarde, Diana Giraldo, una estudiante de la maestría, leyó “Los retos del periodismo en una democracia” y descubrió 16 frases idénticas o parecidas entre esa charla de Gómez Buendía y el célebre manual Los elementos del periodismo, de Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Llena de dudas, le expuso su hallazgo a Daniel Samper Ospina, entonces uno de sus profesores, y él decidió, además de publicar la denuncia en el número de noviembre de SoHo, “acudir a una instancia objetiva, que no se sintiera, como él, inhabilitado, para que se conociera pública e imparcialmente el caso”.

No sé, señor Marín, si usted recuerda que apenas un mes antes Gómez Buendía había obtenido el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en la categoría de mejor columnista; eso, aunado al hecho de que tanto él como el director de SoHo estaban vinculados a Publicaciones Semana, propició que se le encargara a Javier Darío Restrepo, máxima autoridad en asuntos de ética de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, una evaluación del caso y por supuesto una opinión al respecto.

No bien se publicó la denuncia, tanto las editoras del libro como el mismo Gómez Buendía explicaron que se trataba de un error involuntario. Según ellos, en el proceso de transformar la charla en un capítulo escrito de Poder & medio se omitió por descuido la referencia al manual de Kovach y Rosenstiel. Gómez Buendía incluso escribió una columna en Semana en la que reconocía sin reservas que

las 16 frases idénticas o parecidas que la abogada Diana Giraldo encontró entre mi texto y el libro de Kovach y Rosenstiel son ciertas, y así lo admití desde el principio.

No es todo: a mediados de noviembre Gómez Buendía también le envió una carta al profesor Kovach, en la cual asumía la responsabilidad de no haber revisado la versión final de la conferencia y se comprometía a que, en caso de publicarse una segunda edición de Poder & medio, la omisión sería restituida. Estoy firmemente convencido de que todo el asunto hubiera parado allí si el programa radial La W no se hubiera involucrado en la polémica.

Es posible –no puedo saberlo con certeza– que la negativa de Gómez Buendía a participar en el programa hubiera creado algunas suspicacias en su contra. Sea como haya sido, desde que el reclamo se filtró a los medios, más o menos hacia el 15 de noviembre de 2004, Julio Sánchez Cristo estuvo dándole “spin” a la noticia, de tal modo que a finales de diciembre lo que parecía un litigio menor en vías de resolución acabó por tomar unas dimensiones insospechadas. 

Piense nada más señor Marín en que, si bien Javier Darío Restrepo absolvió a Gómez Buendía de cualquier falla ética en el número de diciembre de SoHo, Juan Manuel Santos, nuestro actual presidente, no vio en ello un obstáculo para pedir en su columna del 26 de diciembre en El Tiempo que se le asignara un segundo jurado:

¿Existe todavía el tribunal ético del cpb? ¿No sería bueno revivirlo? ¿O que las directivas de la revista Semana (coeditora del libro donde aparece el supuesto plagio) conformen su propio tribunal de honor?

Me late que usted no sentirá ninguna sorpresa si le digo que ese mismo día Semanapublicó una “Nota del director” en que se anunciaba que “dada la confusión generada en el debate público y en aras de la transparencia frente a nuestros lectores, hemos decidido poner este caso a consideración de una comisión de expertos de la mayor respetabilidad internacional para que se pronuncie al respecto”. (Nadie pareció advertir que esas palabras ponían en entredicho la labor de Javier Darío Restrepo, que era y sigue siendo una autoridad en asuntos de ética periodística).

Yo puedo aceptar que a Hernando Gómez Buendía se le haya cometido la primera injusticia de endilgarle responsabilidad sobre un texto que no salió de su mano. Cuando lo interrogué al respecto, me dijo con mucho humor que “para su desgracia” la edición la había hecho María Teresa Ronderos: el texto había quedado tan vigorosamente escrito que le resultaba difícil convencer a los demás de que solo era la transcripción de una charla. También puedo aceptar, por más discutible que sea desde el punto de vista del derecho, que se le hayan nombrado jueces de manera unilateral y que se le haya sometido a dos tribunales distintos por una misma falta.

En su caso era indispensable demostrar que se le absolvía por su inocencia, no por su prestancia, y si para eso fue necesario hacerlo pasar por las horcas caudinas de dos procesos, pues bien que así haya sido. Lo que me resulta inaceptable es que, una vez nombrada la comisión de expertos, Semana hubiera tenido no solo la extrema inelegancia de ignorar y esconder el segundo fallo en que de nuevo se absolvía de manera tajante a Gómez Buendía, sino el capricho –ese sí legítimo– de despedirlo unas horas después invocando el inverosímil pretexto de que en una de sus columnas se había dizque “autoplagiado” –una falta que no existe en ningún manual de periodismo en el mundo–.

Señor Marín, si usted busca hoy en día el fallo, lo encontrará sin mayores tropiezos. Pero tenga en cuenta que eso solo se logró dos años más tarde, después de que Carlos Gaviria, Alfonso Llano y Alejandro Sanz de Santamaría, los tres miembros de la Comisión de Ética convocada por el director de la revista Semana, le dirigieran a este una muy explícita carta que, hasta donde sé, tampoco fue publicada:

Bogotá, marzo 16 de 2007

Señor Director:

En un programa transmitido por Caracol Radio dijo usted que el columnista Hernando Gómez Buendía “cometió plagio” y que Semana se abstuvo de publicar –o al menos de resumir– el concepto que en su momento emitimos sobre este asunto porque era “demasiado largo” y difícil de interpretar.
Puesto que fue usted mismo quien nos pidió analizar el caso y emitir un concepto, nos sentimos en el deber de aclarar que nuestra investigación concluyó de manera inequívoca que en este caso hubo “total ausencia de mala fe” y que “el doctor Gómez Buendía cometió el error de omisión que se ha señalado y él ha reconocido, pero este error no conlleva ninguna grave falta a la ética”.

Esperamos que esta aclaración reciba el mismo despliegue que merecieron las excesivas acusaciones formuladas contra el doctor Gómez Buendía.

Alfonso Llano Escobar, SJ
Carlos Gaviria Díaz
Alejandro Sanz de Santamaría

Le recuerdo estos detalles, señor Marín, porque si usted piensa que “Gómez Buendía nunca dio unas explicaciones satisfactorias” o “que su caso nunca fue aclarado” es por el tantas veces descrito problema de asimetría en los medios. A veces da la impresión de que para acusar y poner en la picota pública las revistas y los periódicos tienen todas las páginas disponibles, pero para rectificar carecen hasta del breve espacio de un párrafo. Considere lo siguiente: más o menos en las mismas fechas en que Gaviria, Llano y Sanz de Santamaría le enviaban la carta a Alejandro Santos, un grupo amplísimo de ciudadanos hizo circular en Internet una carta de apoyo a Gómez Buendía y de protesta contra el ocultamiento del fallo.

Para ellos, Gómez Buendía había sido sometido a “una campaña de difamación absurda e infundada” y se mostraban inquietos “por lo que este incidente dice sobre la sociedad en su conjunto y en especial sobre los medios de comunicación”. Daniel Samper Ospina reaccionó frente a esa más bien inofensiva carta publicando otra vez las supuestas pruebas en contra de Gómez Buendía –“para que cada quien juzgue si la revista realmente inició una persecución o si el lamentable descuido del profesor Gómez Buendía justifica lo que le sucedió”–, antecedidas de un airado prólogo en que revelaba que cuando le encargó a Javier Darío Restrepo un concepto sobre el caso, lo publicó porque “ese fue el compromiso de SoHo”, aunque a su juicio el veredicto “era un poco evasivo y no respondía algunos cuestionamientos”.

Yo estoy de acuerdo con Samper Ospina en que el fallo de Javier Darío Restrepo era impreciso y dejaba cabos sueltos, pero ese no es el punto: el punto para mí es que si uno designa a un juez –y más aún si lo hace de manera unilateral– debe acatar lo que ese juez conceptúe, con independencia de si a uno le agrada el fallo o no. Controvertir los dictámenes de un tribunal que uno mismo ha nombrado no solo implica pasarse por el asterisco los principios del estado de derecho sino incurrir en los mismos excesos que se denunciaban –vaya paradoja– en el libro de Poder & medio.
*
Ahora bien, señor Marín, una de las consecuencias más deprimentes de esta discusión es que nadie leyó la conferencia de Hernando Gómez Buendía. Todo el mundo prefirió especular en abstracto o, en su defecto, lanzar conjeturas tan delirantes como irresponsables. En una pieza publicada en abril de 2005 en El Nuevo Siglo, Néstor Morales sugirió que Gómez Buendía era un plagiario de vieja data porque en 1963, es decir, cuarenta y dos años antes, había pronunciado otra conferencia en la Universidad Javeriana cuyo contenido “era casi idéntico” al de un artículo publicado en una revista de la Universidad Católica de Chile. 

Estoy seguro de que si usted le pidiera a Morales el audio de esa conferencia y una fotocopia del artículo para corroborar si es cierto lo que afirma, se encontraría con que él nunca ha visto esos materiales y que simplemente está repitiendo lo que alguna fuente de buena o mala fe le ha soplado. De ese tamaño es la ligereza con que en Colombia se juzga la honra de los demás.

Le insisto en que leer “Los retos del periodismo en una democracia” disipa un buen número de los malentendidos sobre el texto de Gómez Buendía. De entrada, se advierte que la explicación dada por él y por María Teresa Ronderos es perfectamente plausible: en el texto Gómez Buendía no solo nombra a 15 autores (desde Popper hasta Mario Benedetti), sino que en varias partes enfatiza que está parafraseando las ideas de otros (por ejemplo, las del sociólogo alemán Niklas Luhman). No veo ninguna razón para que ocultara intencionalmente que estaba utilizando las categorías de Kovach y Rosenstiel como herramientas de análisis.

Además, señor Marín, no pierda de vista que cada una de las frases puestas en entredicho es una breve explicación de las normas universales del periodismo y por eso tienen tanta similitud con las nueve categorías de Kovach y Rosenstiel. Algunas de ellas incluso son lugares comunes, para los cuales sería imposible reclamar algún tipo de paternidad. ¿De quién es, por ejemplo, “la obligación básica del periodismo es decir la verdad”? Más que de copia, habría que hablar de inevitable coincidencia. Y en todo caso esas frases afectan apenas un 5 o 6 por ciento de la conferencia, de suerte que el resto de la charla no tiene nada que ver con el libro en cuestión.

A la hora de juzgar un plagio existen algunos criterios estándar, como preguntarse si hubo una intención deliberada para cometerlo y, de ser ello cierto, qué beneficios materiales o de prestigio se derivan de esa intención. (Esos fueron grosso modo los parámetros que aplicó la Comisión de Ética de la revista Semana.) Yo creo que a esas dos preguntas debe añadirse la consideración extra de si el supuesto plagio es un indicador de pereza o de incapacidad, pues al final del camino eso es lo que determina la gravedad de la falta. En muchos sentidos, el plagio es como la plusvalía: solo importa si no se produce.

Cuando Diana Giraldo pregunta en su escrito acusatorio: “¿Puede omitirse una cita 16 veces? Y si es así, ¿puede basarse toda una conferencia en una idea ajena?”, da la impresión de que Gómez Buendía se limita a parafrasear las categorías de Kovach y Rosenstiel sin añadir nada de su propio peculio. Pero se trata de una impresión falsa, pues quien haya leído la conferencia notará al instante que Gómez Buendía toma esos postulados y a partir de ellos crea una extraordinaria riqueza interpretativa que no debe nada a su punto de partida. En el principio relativo a la “independencia”, no cabe duda de que la categoría general, abstracta, proviene de los autores norteamericanos, pero el desarrollo es puro Gómez Buendía:

Yo digo a veces en chiste, pero gráficamente, que lo peor que le sucede a Semana –y lo digo críticamente– es que uno abre la revista y casi toda la gente mencionada ahí vive en Bogotá, de la calle 72 para el norte, inclusive los hampones. Es terrible que, en un país que tiene 44 millones de habitantes, toda la gente que aparezca en sus medios viva en diez cuadras de Bogotá. Así uno se hace una idea del sesgo profundo que esto implica en la manera de entender el mundo.

Y lo mismo se podría decir de lo relativo a “guardar las proporciones y el balance”, apartado en que señala, con una década de anticipación, un problema cuya aguijoneante actualidad ningún periodista puede ignorar:

…en Colombia faltan muchísimas voces. Falta, por ejemplo, la voz de los campesinos. Hay siete millones de personas campesinas que no tienen voz. Tienen voz, tal vez, la sac, los terratenientes, pero no los campesinos. No solamente en el sentido de que no escriban sino en el de que sus puntos de vista, sus cosmovisiones –la del negro, la del indígena, la de la mujer, la de los habitantes de las regiones alejadas–, no están suficientemente reflejadas en los medios, sobre todo en los medios serios.

Al invitar a Gómez Buendía a escribir una columna en El Malpensante a mí me interesaba, sí, resarcir de algún modo el terrible daño moral que esos juicios le causaron, pero ese empeño palidecía frente a la perplejidad de ver que un analista tan sagaz no encontrara dónde articular sus opiniones. ¿Cómo es posible que alguien con las capacidades de Gómez Buendía no haya podido escribir durante una década en la gran prensa colombiana?

¿Cómo es posible que un intelectual de su experiencia y originalidad tenga cerradas las puertas de los grandes medios? ¿Cómo es posible que un columnista a quien se le concedió el Premio Simón Bolívar y a quien Enrique Santos Calderón llegó a calificar como el mejor del país ahora solo encuentre una audiencia en Internet y en las revistas minoritarias? El nuestro, señor Marín, es un país en el cual falta la opinión cualificada. En últimas, mi invitación a Gómez Buendía es un reconocimiento explícito de que sus artículos elevan el nivel de la conversación pública. ¿De cuántos periodistas en Colombia cree usted que se pueda decir lo mismo?

Reciba todos mis saludos.

MARIO JURSICH DURÁN (VALLEDUPAR, 1964).
Es el director de El Malpensante.


sábado, 23 de noviembre de 2013

LA MINERÍA ILEGAL: ¿UNA CAUSA DEL LIBRE MERCADO?

LA MINERÍA ILEGAL: ¿UNA CAUSA DEL LIBRE MERCADO?

David Jiménez[1]

En los años 90s del siglo XX con la expedición de la Constitución de 1991, se instaura vía  constitucional el paso el libre mercado y la internacionalización de la economía. La liberalización económica y comercial también estaba para la minería aurífera, dado que convirtieron el mercado del oro como libre, donde el Estado pasó de ser el único comprador y aparece el sector privado a través de las Fundidoras y las compraventas de oro a nivel regional y local como comercializadoras, tal como lo estipulan el artículo 13 de la Ley 9 de 1991 y el artículo 24 de la Ley 31 de 1992.

La evidencia del mercado del oro

El mercado libre de oro, donde se aplica el principio de la libre competencia, la venta de oro solo tiene como requisito acreditar la procedencia de la mina a través del título minero o una constancia de una alcaldía si proviene de la actividad de barequeo  y los concesionarios de los títulos mineros podrán destinar libremente los recursos minerales explotados. Lo anterior protegido legalmente por el artículo 98 de la Ley 685 de 2001.

La actividad de barequeo como actividad popular es regulada y controlada por los Alcaldes Municipales (arts. 155, 156, 157,158 de la Ley 685 de 2001), y dada la debilidad institucionalidad local[2] permite la manipulación y la corrupción para explotación minera de forma ilegal.

La poca institucionalidad del Estado para intervenir y controlar la comercialización del oro a nivel nacional está dada por sus mismas normas jurídicas, que a través del mercado libre del oro permiten la corrupción y el lavado de dineros (Semana, Febrero 11, 2006. No todo lo que brilla es oro), y la penetración de los paramilitares a través de los alcaldes como afirma el ex comandante Salvatore Mancuso en sus declaraciones judiciales en Estados Unidos que son reportadas por la prensa colombiana.

En la economía criminal, la explotación de oro es una fuente para legalizar dinero proveniente del narcotráfico, tal como lo afirmó Salvatore Mancuso exjefe paramilitar  en el año 2010.  (El Tiempo, Con oro lavan dinero y se roban regalías, reveló el ex jefe 'para' Salvatore Mancuso,  31 de Julio de 2010). En particular, el Departamento del Chocó presentaba declaración ilícita de explotación de oro[3]. A su vez, una nota de la Revista Dinero en 2011[4], revela que las mafias  y bandas criminales, con base en declaraciones de Salvatore Mancuso, traen el oro de Panamá en pequeñas cantidades para venderlo en  el Banco de la República con el respaldo de alcaldes.

Finalmente, mientras el Estado decide criminalizar la pequeña minería, debería reformar el marco normativo que permite el libre mercado del oro, con el objetivo de supervisar y controlar la explotación y comercialización para detectar, investigar y judicializar a los verdaderos criminales, porque destruyendo las retroexcavadoras, la minería ilegal-criminal no se detiene, porque la enfermedad del oro no está en las sábanas, sino que por otros caminos irriga los grandes capitales financieros nacionales y transnacionales.




[1] Politólogo. Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[2] Ver más, Giraldo, J. y Muñoz Mora, J.C. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia. Medellín: Universidad EAFIT, Proantioquia
[3] Ver más, Marín Correa, A. (2013, Agosto 17). La ruta de las regalías ficticias. El Espectador, consultado el 14 de noviembre de 2013  http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/ruta-de-regalias-ficticias-articulo-440663
[4] Ver más, Dinero (2011). La nueva lavandería. Consultado el 10 de noviembre de 2013 http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/la-nueva-lavanderia/120971

viernes, 15 de noviembre de 2013

EN CORTO
EL DUELO MILLOS  NACIONAL, UN RESULTADO MEDIOCRE.

Esta semana también tuvimos fútbol. Hubo dos encuentros  que indican bien en qué estamos en esta materia, local y globalmente. De una parte empezó el doblete entre Nacional y Millos, que se cerró con empate, y de otra tuvimos la victoria de la selección Colombia sobre Bélgica 2-0, en el segundo tiempo. 

Estos resultados dejan alivios pasajeros y mantienen interrogantes abiertos. En lo local, el nivel futbolero es mediocre. El Nacional es capaz de ponerse adelante, pero no es capaz de "despachar" al rival en el segundo. Esto es, el Nacional parece ser todavía un equipo de primer tiempo. Por el contrario, Millos, como el combinado nacional, parecen ser lo contrario, equipos de segundo tiempo.

De esta característica encontrada, la más ventajosa, por supuesto, es la de los equipos del segundo tiempo, porque entonces es posible que empaten y hasta ganen. Pero, un verdadero equipo, lo es en dos tiempos, y es lo que hace que se le asocia con verdaderos motores de creación y rendimiento.

El Nacional está más lejos en la constitución como un equipo, mientas que Millos suple esa carencia con la presencia de un goleador en alza, Dayron Moreno. Pero no nos podemos llevar a engaño.

Por lo pronto, estos interrogantes pronto se resolverán, en el partido de vuelta, para salir de la mediocridad, que no es necesariamente un defecto, como no lo es la medianía. Pero estas "cualidades" no bastan para hacer grandes clubes. Y veremos también a qué selección enfrenta nuestra selección, porque la Bélgica que se derrotó estaba disminuida en su línea titular. Y no podemos olvidarlo. ¿Por qué iba a ser así?

domingo, 10 de noviembre de 2013

EL CALVARIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS

EL CALVARIO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS[1]

David Jiménez[2]

La Ley 1438 de 2011, en sus artículos 80 y 81, estableció que el Ministerio de Salud anualmente evaluaría el riesgo financiero de las Empresas Sociales del Estado E.S.E, y que las que se encontrarán en nivel alto o medio deberían someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

Así mismo, el artículo 82 de la mencionada ley, trae el camino de su privatización abierto así:

-         -  Cuando la E.S.E incumpla el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá someterse a un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999) con el Ministerio de Hacienda ( art. 8 de la Ley 1608 de 2013)
-     -  Cuando la E.S.E no recupere su viabilidad financiera mediante el Acuerdo de Reestructuración Pasivos deberá someterse a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, y posterior si continua la inviabilidad fiscal, el camino de la supresión, liquidación o fusión de la entidad.


El panorama de Antioquia con ejemplos
                                                            En el Departamento de Antioquia, en el año 2013, aparecen en riesgo financiero alto y medio, 71 Empresas Sociales del Estado, que vienen con el mismo riesgo financiero del año 2012. Pero, en el 2013, ingresaron otras 13 calificadas en riesgo alto y medio, para un total de 84 entidades públicas de salud[3].  Este es un número alto debido a que Antioquia tiene 125 municipios, que deben someterse a un Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, y en caso de incumplirlo, tomar el camino del artículo 82 de la Ley 1438 de 2011.

La E.S.E Hospital Antonio Roldán Betancur del Municipio de Apartadó de II nivel de complejidad, el principal centro urbano de la subregión del Urabá Antioqueño, será liquidado y lo entrará a operar la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia[4]; así mismo, pasará con la E.S.E. Hospital La Cruz del Municipio de Puerto Berrío (el centro urbano más importante del Magdalena Medio Antioqueño) de II nivel de complejidad, dado que su liquidación fue aprobada por el Concejo Municipal. [5]

La Universidad de Antioquia con su IPS Universitaria[6], favorecida por su autonomía universitaria,  de contratación “tercerizada” de prestación de servicios de salud y por contar con personal residente de los pregrados y posgrados de las Facultades de Medicina de la ciudad de Medellín, ha entendido el negocio financiero de comprar hospitales y clínicas en los últimos años. Primero que todo, al obtener la Clínica León XIII del Instituto de Seguro  Social, bajo el fantasma que dicen de “Rescatar Hospitales públicos en Colombia”[7], cuando en la realidad no los rescatan, sino que una vez liquidados y privatizados entran a operarlos, y no vuelven a ser patrimonio público estatal.

El negocio de la IPS Universitaria de la U.de.A continúa ahora en Barranquilla y San Andrés; y con las políticas de privatización y liquidación de hospitales (Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013), el negocio llegará a más hospitales, bajo la figura de pública, pero en la realidad, bajo un sistema privado de mercado de la salud y de flexibilidad laboral.

Este es un neoliberalismo llevado al colmo, revestido de público bajo la figura de la Universidad de Antioquia con su flamante IPS Universitaria, y no es de extrañar que pronto haga carrera este “adefesio” en la Universidad de Colombia, que se viene privatizando por la puerta de atrás, sacándole jugo antes a las modalidades de la contratación interadministrativa. De lo dicho ya son prueba los salarios mensuales de no pocos docentes, beneficiados con tales contrataciones, que tienen efectos directos e indirectos a salario.

Un  S.O.S  ciudadano en tiempos de saqueo de lo común

                                           Con ese panorama y con el riesgo de que hospitales públicos de I, II y III nivel de complejidad que benefician por su ubicación y nivel de complejidad a muchos pacientes de diferentes municipios antioqueños,  en el Suroeste (Ciudad Bolívar, E.S.E. Hospital La Merced), Nordeste (Yolombó, E.S.E. Hospital San Rafael); en el área Metropolitana (Envigado, E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel; Medellín, E.S.E. Metro Salud; Bello; y E.S.E. Bello Salud) y en el Norte (Yarumal, E.S.E. San Juan de Dios), sufran una capitis diminutio, a manos del “guante blanco” de las universidades públicas, si no recuperan su viabilidad con el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

De lo contrario, están condenadas a terminar bajo la IPS Universitaria de la U. de. A,  u otro operador privado más convencional y voraz, dado que se encuentran en riesgo alto o medio financiero en nuestros días. A no ser que pacientes y dolientes nos preparemos como es debido, y llenemos de contenido la propuesta de una constituyente social, que en lugar de privilegios avance en darle contenido efectivo a la fórmula constitucional que pregona que “la igualdad sea real y efectiva”.

La Universidad de Antioquia, una de las principales universidades públicas colombianas, su comunidad universitaria, debería reflexionar y ponerle freno al papel de su IPS Universitaria, y su abierto favorecimiento de la estrategia que privatiza hospitales públicos, que son patrimonio común e histórico de muchas localidades antioqueñas.

El Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo como Presidente del Consejo Superior Universitario y Alberto Uribe Correa como rector, deben hacer cuentas responsables revelando el beneficio capitalista que obtiene la IPS Universitaria de propiedad de la U.de.A, cuando se privaticen los hospitales públicos de II y III nivel de complejidad. Más aún, que hablen con honestidad si les interesa compensar también esta ganancia, al operar los hospitales de I nivel de complejidad, que facturan menos, pero que, por el contrario, ofrecen servicios de salud a muchos municipios.

Finalmente, la comunidad universitaria de la U.de.A, debería comenzar a  revelar ese beneficio oscuro que recibe la IPS Universitaria por cada hospital público privatizado y liquidado en Antioquia. Estas privatizaciones, con descaro, irrespetan los derechos laborales y la carrera administrativa de los empleados del sector de salud sin dar cumplimiento a la sentencia C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional.

El otro camino  “oculto” a la privatización: el clientelismo del hospital público

En la época anterior a la constitución de 1991, los empleos públicos se asignaban por el color político del momento, existía en todo su esplendor el clientelismo revestido en la nómina estatal (Gutiérrez Sanín, 2010), pero la plenaria del Senado de la República con aprobación del texto de la reforma a la salud del Proyecto de Ley No 210 de 2013S aprobó que la elección de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (art. 81) serán de libre nombramiento y remoción por parte de alcaldes y gobernadores[8]; y le darán un cheque en blanco al Presidente Juan Manuel Santos (art. 82) para que reforme el régimen laboral de los empleados públicos del sector salud, que al parecer todo suena desde el Ministerio de Salud y del Departamento Administrativo de la Función Pública, es la eliminación de la carrera administrativa, para darle flexibilidad a las plantas de personal, dejando los cargos que sean de libre nombramiento y remoción, es un regreso a que los alcaldes y gobernadores con concejales y diputados aliados respectivamente, entren a manejar el clientelismo de la nómina de las Empresas Sociales del Estado.

Con lo anterior, el neoliberalismo de la economía de mercado en su argumento de privatizar el patrimonio público-estatal, señala que la ineficiencia por la corrupción y los malos manejos políticos llevan al borde financiero a la empresa pública; con lo anterior, si gobernadores y alcaldes con sus aliados en las corporaciones públicas de elección popular; tendrán a gerentes de Empresas Sociales del Estado y toda la nómina de la planta de cargos de libre nombramiento y remoción; podrán hacer con su antojo el clientelismo a la manera particular  e ilegal que nos podamos imaginar; y su gran efecto es el circulo vicioso que si los hospitales públicos terminan más “cooptados” política y electoralmente,  se traducen en malos resultados financieros  evaluados por la Ley 1438 de 2011 y 1608 de 2013 deben someterse a un ajuste financiero que tiene las puertas abiertas a la privatización.

Sin embargo, la política gubernamental del Buen Gobierno, que tiene uno de sus pilares la eficiencia administrativa (https://www.dnp.gov.co/Gobierno/BuenGobierno.aspx ) y la lucha contra la corrupción, no termine fortaleciendo el talento humano en el sector público de la salud como señala el artículo 125 de la Constitución (acceso al servicio público de forma técnica y meritocrática con la carrera administrativa), sino dando vía libre al clientelismo burocrático con la nómina de los hospitales públicos.

Los dos síntomas para la privatización: el ajuste fiscal territorial

Los ajustes estructurales a la producción de política económica del Gobierno Pastrana[9], fue la expedición de la Ley 617 de 2000, denominada como ley de ajuste fiscal de las entidades territoriales, dado que limitaba su gasto de funcionamiento y que con los recursos propios de Departamentos, Distritos y Municipios; deben soportar el pago de la nómina, el pasivo pensional y prestacional.

La dosis de ajuste fiscal (art. 19 de la Ley 617 de 2000)  consiste en que los municipios o distritos que incumplen el límite de gastos de funcionamiento según su categoría, deben someterse así a:

-          Ejecutar un Plan de Saneamiento Fiscal durante una vigencia fiscal
-          En caso de incumplir nuevamente el límite de gastos de funcionamiento, deberán someterse a un Plan de Desempeño Fiscal  con un limite de tiempo definido por la Asamblea Departamental a iniciativa del respectivo Gobernador.
-          Si el municipio o distrito continuo incumpliendo el límite de gastos durante dos vigencias fiscales y pasado el  tiempo fijado por el Plan de Desempeño Fiscal, la Asamblea Departamental decretará la fusión del municipio a iniciativa del Gobernador.

Con lo anterior, fusionar un municipio con otro, un mandato de la ley, no sida iniciativa en Colombia, por el valor electoral y cultural y lo impopular que significa.

Por otra parte, la ley 617 de 2000 nos define las reglas para comprender la viabilidad financiera de un Municipio determinado, y la Ley 1438 de 2011 para el riesgo financiero de una Empresa Social del Estado, dos caras ocultas de privatización del patrimonio público-estatal, pero que en si pierde más el hospital público, porque los municipios representan votos e identidad cultural.

Para ilustrar, el Municipio de Toledo (Antioquia) desde el 2005 hasta la fecha incumple con el límite de gastos de funcionamiento de la Ley 617 de 2000[10], con lo cual tiene poca capacidad e institucionalidad local para recuperar su viabilidad financiera, y si fuera por el mandato legal, lleva 8 vigencias fiscales incumpliendo con la disciplina fiscal, ya debería ser corregimiento, pero no ha pasado. Por otra parte, la E.S.E. Hospital Pedro Claver del municipio, según la Resolución No 1877 de 2013, aparece en riesgo financiero alto, en pocas palabras, si incumple en el Plan de Saneamiento Fiscal tendrá las puertas abiertas a su privatización; dado que por la débil institucionalidad local del municipio, que ni la Alcaldía Municipal y el Hospital tienen viabilidad fiscal, el segundo con más riesgo de ser liquidado por el camino previsto en la Ley 1438 de 2011 y la Ley 1608 de 2013  y dado que existen muchos ejemplos de liquidación de hospitales públicos en Colombia. Similares casos suceden que tanto la Alcaldía Municipal y el hospital público se encuentran sin viabilidad fiscal como en Argelia  y Caramanta (Antioquia), pero la salud con más riesgo privatizador por la política nacional donde la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda jugará un papel importante para hacer cumplir con la austeridad y la disciplina fiscal, y en caso contrario, someter a la privatización al hospital público.

Otro ejemplo, una de las zonas con el conflicto armado “vivo” en plena zona de consolidación del Estado Colombiano, el Bajo Cauca Antioqueño, 3 de los 6 los hospitales  de la subregión en  los Municipios de Cáceres, El Bagre, Taraza; se encuentran en riesgo financiero alto y medio; con lo cual deben aplicar la dosis del ajuste fiscal para no ser privatizadas; con lo cual, una zona donde el Estado debe consolidar su presencia en un escenario de posconflicto, al parecer la asistencia en salud podría quedar en manos del sector privado.

Otra región con una larga historia, el magdalena medio, los municipios ribereños como Yondo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo y Puerto Nare; con hospitales en riesgo alto y medio financiero; y con el antecedente que el principal centro hospitalario de la subregión que ofrece servicios a municipios de Antioquia y Santander, la E.S.E. Hospital La Cruz de Puerto Berrio será privatizado y liquidado.

La otra estrategia de la privatización: presionar a los hospitales públicos con la eliminación de los aportes patronales

El artículo 58 de la Ley 715 de 2001 estableció que los aportes patronales son las sumas correspondientes que deben destinar las entidades territoriales y descentralizadas que deben destinar como aportes patronales para los empleados del sector salud.

Así que, las entidades territoriales contratan con las Empresas Sociales del Estado la atención a la población pobre no asegurada (personas que no están afiliadas a ningún régimen en salud) para que les ofrezca atención de servicios de salud anualmente con recursos del sistema general de participaciones sector salud. Los recursos provenientes de ese contrato de servicios, es sin situación de fondos, que significa que la E.S.E no puede gastárselo libremente.

De esta manera, con base a la planta de cargos de la E.S.E, el Ministerio de Salud le gira directamente a los Fondos de Pensión, Fondos de Cesantías, Administradoras de Riegos Laborales y Empresas Promotoras de Salud los aportes que debe hacer cada Empresa Social del Estado por cada trabajador.  Con lo anterior, dicho mecanismo permite que la crisis financiera de la red pública hospitalaria en pago de prestaciones sociales y seguridad social no fuera más grave de lo que sucede, dado que la seguridad social y las cesantías son giradas por el Ministerio de Salud a las entidades donde se encuentran los trabajadores afiliados.

Sin embargo, el artículo 80 del proyecto de Ley 210 del Senado, elimina los aportes patronales a partir del 2015, donde las Empresas Sociales del Estado deben liquidar y pagar directamente la seguridad social de sus trabajadores; con lo cual la ayuda estatal terminaría afectando las finanzas los hospitales públicos, dado por la incapacidad de pagar salarios, seguridad social y prestaciones sociales de su planta de cargos. Por lo tanto, otra estrategia gubernamental para que los hospitales públicos aumenten su riesgo financiero para su posible privatización, es la propuesta de eliminar los aportes patronales.


Reflexión final

La reforma a la salud del Gobierno Nacional, toca muchos aspectos del sistema de salud, más deja intacta la lógica privatizadora de los hospitales públicos de la Ley 1438 de 2011 y Ley 1608 de 2013, a su vez, la profundiza, porque elimina los aportes patronales (son los recursos de subsidio a la demanda que contratan los municipios para que las E.S.E atiendan a la población pobre no asegurada a ningún régimen de salud) que son para muchos hospitales, el pago de seguridad social y cesantías de su nómina frente a los retrasos de los giros y pagos por parte de las EPS y que nadie asegura que SALUD-MIA será diferente.

A su vez, el fortalecimiento financiero de los hospitales públicos en riesgo, se debe más a las deudas de las EPS con dichas entidades, y más la dosis de clientelismo burocrático de la reforma a la salud, tendremos hospitales más politizadas a las fuerzas políticas que dominen en el escenario local y regional; para luego aparecer los neoliberales con el argumento que se hace necesario su privatización por la corrupción y los malos manejos políticos; al parecer jugará una estrategia del diplomático norteamericano Kissinger  que en la guerra fría sostenia que si para conservar la democracia, hay que destruirla, la destruían tal como sucedió en Chile. Ahora el neoliberalismo para asegurar un mercado privado de oferta de servicios de salud, pensarán para el futuro del negocio, es mejor darles un tiempo los hospitales públicos en un 100% a los políticos, para que la coopten y luego le aplican la dosis de privatización con el argumento de siempre: ineficiencia y corrupción.

Finalmente, la era de reestructuración de hospitales públicos entre 2002-2007, donde le otorgaban recursos a las Empresas Sociales del Estado para reducir su planta de personal y pagar las indemnizaciones laborales que termino con el boom de Cooperativas de Trabajo Asociado CTA con el auspicio del alto gobierno para la “tercerización” laboral que aun anda vigente, esa tarea de privatizar quedo pendiente, dado que el Gobierno Nacional actualmente tiene toda una política pública  diseñada para la liquidación y supresión de hospitales públicos.

 Los artículo 38, 40, 95 y 103 de la Constitución Nacional; son la clave para salir en defensa de lo común, para no ser despojados de lo público-estatal en la era del neoliberalismo revestido en el sistema de salud colombiano.

PD: Invito a los estudiantes y profesores de las Facultades de Medicina de las universidades públicas y privadas, no solo  movilizarse para retirar el artículo 52 del proyecto de ley de reforma a la salud que permite que los hospitales universitarios gradúen especialistas médicos, sino a defender a las Empresas Sociales del Estado como trinchera de defensa de lo común, que se expresa en la figura del patrimonio público y estatal del Estado Social de Derecho, que no es coartada como hasta ahora para ampliar e inducir más privilegios.

Referencias

 Barbosa López, N. (2012). La pelea por las gerencias de hospitales: el último ingrediente en la crisis de la salud. En La Silla Vacía [en línea] http://lasillavacia.com/historia/la-pelea-por-las-gerencias-de-hospitales-el-ultimo-ingrediente-en-la-crisis-de-la-salud-343

Estrada Álvarez, J. (2005).  Élites intelectuales y producción de política económica en Colombia. En Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina, Estrada Álvarez [ed]. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia, COLCIENCIAS, CAB.

Gutiérrez Sanín, F. (2010). Instituciones y territorio: la descentralización en Colombia. En 25 años de la descentralización en Colombia. Bogotá D.C: FKA

Jaramillo Pérez, I. (2006). Hacia una cobertura universal en salud sin intermediación. En Políticas públicas para Colombia, Miguel Cárdenas y Ricardo Bonilla [eds.]. Bogotá D.C: Fescol

República de Colombia
-          Ley 617 de 2000
-          Ley 715 de 2001
-          Ley 1122 de 2007
-          Ley 1438 de 2011
-          Ley 1608 de 2013
-          Decreto 2993 de 2011
-          Resolución 1877 de 2013 del Ministerio de Salud
-          Proyecto de Ley Ordinaria de Reforma a la Salud [ en línea] http://saludpublica.univalle.edu.co/Logros/Publicaciones/709_proyecto_de_ley_ordinaria_salud.pdf
-          Proyecto de Ley No 2010 del Senado de la República
-          Corte Constitucional: Sentencias C-614 de 2009, C-181 de 2010 y C-171 de 2012
-          Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia: Resolución Superior No 632 del 18 de agosto de 1998



[1] Ponencia preparada para el VIII Seminario Internacional Antonio Gramsci, realizado por el Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Tercera Sesión: 18 de noviembre de 2013.
[2] Politólogo y Estudiante de Maestría en Estudios Políticos. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com
[3] Información obtenida de la Resolución No 1877 de 2013 del Ministerio de Salud
[4] http://www.youtube.com/watch?v=3RB3A3g3zrU
[6] Fue constituida por la Resolución Superior No 632 del 18 de agosto 1998 por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia.  En Wikipedia aparece que opera como una Corporación sin Ánimo de lucro conformada por la Universidad de Antioquia y por la Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia
[8] El artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 y la Sentencia C-181 de 2010 de la Corte Constitucional definen el procedimiento de concurso público de méritos para la selección de gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Sin embargo, el portal la Silla Vacía ha reportado lo poco transparente de los concursos para seleccionar Gerentes por intereses políticos de por medio, asi mismo en la exposición de motivos del proyecto de ley ordinaria de reforma a la salud, señalan que los concursos son pocos transparentes y objetivos.
[9] Ver más en Jairo Estrada Álvarez (2005).
[10] Información obtenida de los informes de desempeño fiscal municipal del DNP