¿LAS TABLETS REDUCIRÁN EL ANALFABETISMO DIGITAL?

¿LAS TABLETS REDUCIRÁN EL ANALFABETISMO DIGITAL?

David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional está entregando Tablets para los estudiantes de secundaria de varios municipios del país a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, miles de familias y jóvenes están felices por acceder a la tecnología digital y las comunicaciones on line.

La realidad digital

La OCDE a través del El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2009 aplicó la prueba internacional en lectura a 19 países en lectura, aplicada a jóvenes de 15 años, en una Columna de Armando Montenegro (El Espectador, Julio 10 de 2011) señala la deficiencia de los estudiantes colombianos para “aprender, absorber conocimientos y tecnologías en el mundo actual”. En la misma opinión, Montenegro  afirma que los resultados se evidencian por la carencia de computadores en los estratos bajos y que el 65% de las escuelas no dispone de computadores.

Sin embargo, el Gobierno actual y hasta alcaldías municipales hace algunos años se la pasan entregando PCs o Tablets, argumentando el desarrollo de la educación en Colombia en términos de competitividad y equidad, aunque los gobiernos territoriales y Central nunca se preguntan  ¿Los profesores de primaria y secundaria están capacitados y actualizados para incorporar el uso de las TICs en los procesos de enseñanza de niños y jóvenes?, ¿ Estamos construyendo en docentes, estudiantes y padres de familia el respeto por los derechos de autor para prevenir el copiar y pegar en los trabajos académicos consultados en  la web?.

Los anteriores interrogantes son necesarios para la política de masificación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para que la entrega de computados y tablets no sea una inversión que no genere competitividad y mejore los niveles de calidad de la educación con el fin de que los estudiantes se apasionen a la lectura de E-books gratuitos de las grandes obras de literatura de García Márquez, Vargas Llosa, Sábato y no se salgan por la vía fácil,  estudiar un resumen encontrado en la web sin mejorar la competencia lectora ó que  la elaboración del ensayo como proceso de análisis y lectura crítica para la producción de textos no sea violando los derechos de autor .

El acceso a internet, computadores y tablets para los estratos más bajos y para los colegios públicos; es una política adecuada para aumentar la competitividad y equidad de un país de desigualdad, pero para que la inversión no sea una falacia; tenemos que empezar a capacitar a los docentes, estudiantes y padres de familia sobre la incorporación de las TICs a la educación; para que las nuevas generaciones  no se acostumbren a violar los derechos de autor, a tener dificultad para producir textos y comprenderlos  para que no sean solamente  expertos en el uso las redes sociales.

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[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación COLCIENCIAS/UNIJUS de la Universidad Nacional de Colombia. E-mail: presid.y.partic@gmail.com

LA DESVERGÜENZA DE LA JUSTICIA COLOMBIANA

Miguel A. Herrera Zgaib.

Director Grupo Presidencialismo y participación

Ciencia Política, Universidad Nacional

Presente y pasado

Hoy hubo la audiencia por la Acción Pública ante la Corte Constitucional, en el caso de las exhorbitantes pensiones, con las que según el magistrado de la Sala Administrativa, del Consejo Suoerior de la Judicatura, se premió a congresistas y magistrados, por haber "permitido" la revocatoria del Congreso, como uno de los actos decididos por la Asamblea Constitucional de 1991, que no es otro que la mentada Ley 4 de 1992.

De otra parte, el magistrado Prettel, ponente de la Corte Constitucional, frente a la acción impetrada contra estos privilegios, que han dado pie tanto al carrusel de los congresistas como el de los magistrados, para otorgarles pensiones a "nuestras costillas", ha pensado en señalar que los "nuevos" pensionados recibirían como máximo 25 salarios mínimos por su función judicial. Esto es, alrededor de $15 millones.

Los actores "inocentes"

Entre los magistrados entrevistados estuvo el nuevo presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, quien antes de ser consejero de estado en funciones se desempeñó como magistrado auxiliar del actual procurador de la nación, el reelegido Alejandro Ordóñez. Y en ningún caso, como vocero privilegiado, mostró extrañeza alguna por disfrutar de este "privilegio" legal, y nada claro dijo tampoco con respecto al futuro inmediato.

Alfonso Vargas, entrevistado por diversos medios, hablados y televisivos es ejemplar en su carrera judicial, pues empezó siendo notificador en 1979, luego se desempeñó como escribiente en una sala del Consejo de Estado, y así se desempeñaba cuando hubo la operación del M-19 en el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. 

El recordó como estuvo escribiendo en una máquina eléctrica los listados de quienes estaban en el Palacio aquel día, en el museo del 20 de Julio, que se sabe, sirvió de puesto de comando de las FF.AA durante la contra-toma. 

Ojalá, más allá de qué pase con la acción pública, que el magistrado cuente al país lo que le consta, porque, entre otras, sigue pendiente la determinación final sobre quiénes son responsables de la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. 

La otra vocería, de la C.S.J, la del magistrado Javier Zapata, es ejemplar en su decir. Él sostiene, sin empacho, que no se les pueden disminuir los salarios, porque hacerlo afectará la independencia de las Cortes. 

Imagínense que las pensiones otorgadas, corresponden a quiénes ya terminaron sus funciones. Ya no están en ejercicio. Luego, de cuál independencia se trata. Claro, igual, él insiste que los salarios actuales y derechos prestacionales no se pueden bajar. Según él, de mantenerlos en monto superior a $20 millones se deriva la garantía de independencia en sus fallos y actuaciones.

Luego, ¿qué podrá estar pasando con la independencia de algo más de 24.000 funcionarios? quienes no tienen tales remuneraciones, a quienes se sigue escatimando el proceso de nivelación, y que invocan la misma ley 4 de 1992.

¿Qué sigue?

Decretar un alza general de salarios para todos los trabajadores y empleados públicos de Colombia, que se compagine con lo que ganan los gobernantes, cuyo grado de eficacia, en todas las ramas del poder público está siempre por probarse, en correspondencia con el día a día.  

A hoy la proporción entre un salario mínimo y lo que devenga un alto funcionario es superior a 40 veces. Lo cual prueba que Colombia es uno de los países con peor distribución del ingreso, pública y privadamente. 

O tomar en consideración medidas más draconianas, y con efecto retroactivo, para precaver la continuación de un vulgar enriquecimiento ilícito en detrimento del erario, y en desconocimiento de lo establecido en la Constitución de 1991, en particular, cito apenas el art. 13, que señala que el Estado "promoverá que la igualdad sea real y efectiva..." 

Lo cual a todas luces se viene desconociendo desde la misma entrada en vigencia del nuevo orden de 1991, y que hoy ha sufrido más reformas, quizás, que la "fenecida" Constitución de 1886.

Pero, a no dudarlo, cualquiera de las dos medidas requerirá de la acción ciudadana en función de poder constituyente. De lo contrario,  la feliz Colombia, de carnavales y festivales Hay, "ahí manece, y no lo prueba"!

LA REGIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: ¿ES POSIBLE CON LOS PARQUES EDUCATIVOS?

LA REGIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: ¿ES POSIBLE CON LOS PARQUES EDUCATIVOS?

David Jiménez[1]

La ciencia política anglosajona con ayuda de la economía política y la estadística desde hace más de tres décadas estudia la relación entre asignación de gasto público y partidos de gobierno, evidenciando que muchos partidos y legisladores focalizan la inversión estatal en los distritos electorales donde son victoriosos, ó para conquistar a nuevos e importantes núcleos de votantes.

El caso de Antioquia

La Gobernación de Antioquia elaboró una convocatoria para seleccionar 40 municipios para construir un Parque Educativo con una inversión aproximada de 2.500 millones por localidad. A la fecha se presentaron 108 propuestas correspondientes al número igual de municipios, y resultaron ganadoras 45 localidades el pasado mes de noviembre de 2012.

En discusión con un colega sobre dicho proyecto,  le manifesté que éste dependía que en el futuro inmediato los municipios operaran adecuadamente dichos Parques Educativos a través del tiempo, y pese a los límites que existen en gastos de funcionamiento de acuerdo con la ley 617 de 2000. Sin embargo, él  respondió que estos proyectos fueron hechos con criterios de cálculo político. Lo dudé, y para tener mayores soportes para la discusión ya abierta encontré que en los 45 municipios ganadores entre 108 en competencia, las elecciones de 2011 fueron así:

-       -    En solo 20 de los 45 municipios el Gobernador Fajardo le ganó al candidato conservador Álvaro Vasquez y del uribismo Carlos Mario Estrada;

-        -   De las 45 alcaldías: 14 son conservadores,  10 del Partido de la U, 7 Liberales y 14 de otros partidos.

-        -   Para la Asamblea Departamental  en los 45 municipios: en 20 ganaron los conservadores,  15 el liberalismo, 8 el Partido de la  U, 1  Cambio Radical y 1 el Partido Verde.

En principio, los resultados muestran que los municipios conservadores fueron los más favorecidos; con lo cual se evidencia que dicha convocatoria no  tuvo como propósito fortalecer la lealtad electoral al gobierno de turno. Además, mirando la posibilidad de brindar mayor respaldo a la coalición de sector del Partido Liberal (Aníbal Gaviria, Eugenio Prieto) con Fajardo, se encuentra que solo esa coalición electoral ganó en tres municipios de los 45 seleccionados las elecciones a gobernación, alcaldía y asamblea como Concordia, Titiribí y Tarso.  A su vez, el único municipio verde ganador es Yondo.

De esta manera, con esta gobernación se prueba prima facie que la regionalización del gasto público no es un imposible en la democracia colombiana, pero para el caso particular no se encuentra aún evidencia, ya que se debe hacer un estudio adicional a través de una línea de tiempo comparando  los resultados con las elecciones legislativas de 2014 y territoriales de 2015, cuando menos; para conocer así  la realidad de la focalización de la inversión estatal conforme al escenario electoral específico.

PD: Adicional a lo indagado y dicho, cabe la siguiente pregunta que va como ñapa para los apreciados lectores de este escrito: ¿la construcción y operación de los Parques Educativos aumentará la calidad de la educación en los 45 municipios beneficiados?, o, en cambio, ¿afectará el modo como votan las ciudadanías beneficiadas?.

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[1] Politólogo Unal. Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS B/COLCIENCIAS “C”. Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Email: presid.y.partic@gmail.com.

EL MITO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

EL MITO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

David Jiménez[1]

Desde hace más de 20 años con el proceso constituyente de 1991 se tenía la premisa de la lucha frontal contra la corrupción, de la que hablan tantos los gobernantes a nivel nacional y territorial. Desde entonces, la producción normativa para prevenir, detectar y sancionar la corrupción se encuentra en la leyes 42 de 1993, 190 de 1994,  610 de 2000 y 1474 de 2011; y de manera especial en las herramientas legales para el órgano de control fiscal en cabeza de la Contraloría General de la República y las respectivas instancias territoriales.

Lo nuevo en producción normativa

Por estos días, la Directora de Transparencia Internacional Elizabeth Ungar (El Espectador, Enero 10 de 2012), quien años atrás fuera una entusiasta de la izquierda nacional, en su reciente columna resalta la importancia de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,  de la cual Colombia ha hecho la adhesión ratificada en la Ley 1543 de 2012. La columnista señala que el Gobierno Nacional ha tenido la voluntad pero limitada de luchar contra la corrupción;  así parece desprenderse de lo afirmado por  la Contralora Sandra Morelli, para quien la lucha contra este flagelo se encontraba frenado[2], y ella añade ahora  la necesidad de castigar el cohecho en operaciones comerciales internacionales.

A nivel internacional, las empresas y gobiernos extranjeros tienen la capacidad económica para sobornar a servidores públicos para cualquier operación comercial, para lo cual consignan el soborno en un paraíso fiscal en el Caribe, Europa ó Asia. Nunca detectamos dichos comportamientos de los funcionarios públicos en las altas esferas de la negociación internacional;  y mucho menos si lo mismo se practica de modo inveterado a nivel nacional con la financiación ilegal de campañas políticas, contratos inconclusos, recursos desviados de su finalidad legal, soborno a servidores públicos para favorecer intereses privados en sus decisiones administrativas, para enumerar apenas los comportamientos más conocidos.

Lo que no se hace

En las campañas políticas a nivel nacional y territorial siempre está presente la lucha contra la corrupción en la agenda. Algunos señalan que aún dan buenos réditos electorales, pero jamás se mira el diseño institucional para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción pública ó privada.

En particular, la Procuraduría General de la Nación encargada de guardar la moralidad pública, sus funcionarios en las procuradurías delegadas a nivel departamental y provincial deben ser servidores públicos nombrados por meritocracia, independientes y autónomos de la clase política regional. Lo cual para nada ocurre, es, para recordar a Montesquieu e Inglaterra juntos, un feudo podrido. Para la muestra tenemos un botón actual.

Otro tanto pasa con las Contralorías territoriales, sus contralores nombrados por las corporaciones públicas (Asambleas y Concejos) terminan nombrando por elección política a los amigos afines al gobernante para que haga el control fiscal. La corrupción está enraizada en la fuente, y repartida entre la clase política nacional y regional que hiede como las basuras mal recogidas por la administración Petro en Bogotá.

Las Personerías municipales pareciera que han tenido un gran avance, aunque se verá reflejado hasta en el 2016, porque la ley 1551 de 2012 indica que serán nombrados por concurso público de méritos. El concejo municipal deberá nombrar a la persona que ocupe el primer lugar. Esta reforma no jugará para la anunciada reelección de Santos y sus contendores. Así mismo, se afirma que la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación es  un órgano técnico y meritocratico, ajeno a la clase política nacional o regional, pero nada dice acerca de cómo concretar tal decir.

El Congreso de la República dio ejemplo de la necesidad de nombrar por concurso público de méritos a los Personeros Municipales por sus pares en los concejos municipales, pero le colocaron la talanquera para que no los afecte a ellos y sus trapisondas electorales inmediatas. Igual debieron tocar en esta cruzada teñida de “moralina” la necesidad de una reforma constitucional para hacer lo mismo con la elección del Procurador y Contralora General de la República, definiendo al menos criterios de tipo técnico-meritocrático y no de tipo politiquero como siguen siéndolo con poquísimas excepciones.

En no pocos casos, ya probados y denunciados en la prensa nacional y regional, los procuradores delegados y provinciales y las gerencias departamentales de la contraloría alimentan el círculo vicioso de los apetitos burocráticos y de corrupción de los que ocupan la silla en el congreso que a su vez elige Procurador y Contralor, y así sucesivamente. Hasta que consiguen la pensión que paga sus buenos servicios de por vida; o más allá, como se ha probado en algunos casos que son el súmmun de la aberración sólo comparable con las pensiones de los magistrados de las altas cortes y los expresidentes.

La más de las veces es más la propaganda de la lucha contra la corrupción. Aún no sabemos cuál es el monto de los dineros públicos robado por los primos Nule y los castigos a su sancta cadena de cómplices,  así como tampoco los obtenidos por los “empresarios” del sistema de salud, y de muchos casos más que alimentan con generosidad las arcas del capital financiero, que en últimas, como en Estados Unidos también, invierte en las campañas presidenciales, triunfantes y perdedoras.

El Gobierno Nacional tiene un eje de lucha contra la como lo hace uno de los hijos del asesinado, Luis Carlos, Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia, quien reemplazó a otro delfín del extinto Nuevo Liberalismo, el hijo del asesinado Rodrigo Lara; pero si de eficacia se trata ha de existir celeridad y eficiencia garantizada en los procesos disciplinarios, fiscales y penales para conocer los castigos y la recuperación del dinero robado por servidores públicos ó empresarios, o al menos, un premio de consolación, porque casi nunca se recuperan los dineros, puesto a “buen seguro” en las faltriqueras de familiares, amigos, o al cuidado del secreto bancario.

PD: Un avance para una lucha efectiva contra la corrupción provendría de que los órganos de control y el Ministerio Público no estén capturados por la clase política ó la empresa privada tal como sucedió en Bogotá, donde los contratistas corruptos tenían a sus pies a la Contraloría Distrital y la Alcaldía Mayor. La cura es democracia participativa y deliberativa, no el placebo que conocemos como democracia liberal (representativa), cuya ineficacia está más que probada.

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[1] Politólogo, Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS.

[2] El Espectador (Diciembre 11 de 2012). Contralora advierte que se perdió impulso en lucha contra la corrupción. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391989-contralora-advierte-se-perdio-impulso-lucha-contra-corrupcion

LAS REFORMAS TRIBUTARIAS PARA 2013

David Jiménez[1]

El Gobierno Nacional con su mayoría legislativa logró aprobar una reforma tributaria en el ideal gubernamental que dice buscar generar “equidad” gravando con impuestos a trabajadores, y con más exenciones para los empleadores con el desmonte de los parafiscales que promete creará nuevos y mejores empleos.

La reforma tributaria (ley 1607 de 2012) tuvo muchas discusiones en el congreso, con poca participación de la sociedad civil y la academia. Sin embargo, algunos ni se dieron cuenta qué se aprobó solo hasta que fue sancionada. Cuando escuché a una representante de un Centro Comercial de Medellín diciendo que se gravaría con IVA los parqueaderos de estos establecimientos, al parecer ahí sí se dieron cuenta, tarde, de algunos de los nuevos tributos de la ley aprobada.

¿Qué  pasa a nivel territorial?

Las presiones fiscales al presupuesto público no solo las tienen los países desarrollados o los en vía de desarrollo. Los gobiernos subnacionales (territoriales) en Colombia también sufren en su desempeño fiscal por incumplir los límites de gasto establecidos en la ley 617 de 2000, el pasivo pensional y la deuda pública.

El Departamento Nacional de Planeación, es el órgano encargado de evaluar la gestión fiscal de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios), en 2012 presentó el informe sobre el desempeño fiscal 2011 de estas entidades; encontrando que a nivel municipal 75 administraciones centrales, 193 concejos municipales, 84 personerías y 4 contralorias incumplieron con los límites de gastos de funcionamiento. A nivel departamental, 9 administraciones centrales, 16 asambleas departamentales y 15 contralorías incumplieron la ley 617 de 2000.

Las posibles reformas tributarias

Las entidades territoriales que incumplen la ley 617 de 2000, deberán adoptar un plan de saneamiento fiscal y financieró o en el peor de los escenarios cuando tienen altos niveles de endeudamiento y pasivos suscriben un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999).

En estas alternativas esta la tarea de fortalecer el recaudo y los ingresos corrientes de libre destinación, en pocas palabras, sus tributos ó rentas propias.

Así, muchas entidades territoriales que incumplen la ley 617 de 2000 ó que necesitan financiar su plan de desarrollo, deberán ajustar sus Estatutos Tributarios, con lo cual deberán aumentar los gravámenes a los impuestos y tasas que significan, en pocas palabras, un aumento en los impuestos a los ricos. Ante lo cual todos guardamos silencio, si las entidades territoriales aprueban sus “reformas tributarias”, que  para que sean progresivas deben gravar a los terratenientes, los estratos altos y a las empresas,  para que sí generen equidad y no profundicen la igualdad tributaria donde ricos y pobres, esto es, más desigualdad en un país lleno de inequidad y pobreza. Que es lo que resulta de la contra-reforma recién aprobada por las mayorías del congreso al servicio abierto del gran capital transnacional.

Los gobernadores y alcaldes que modifiquen los Estatutos Tributarios con la aprobación de la asamblea y concejo, deben invitar a la sociedad civil y a la academia para una participación activa en la gestión fiscal y tributaria del Estado a nivel territorial. De lo contrario, seguirán administrando la misma receta nacional incrementando los factores de ingobernabilidad que oscurecen más y más los escenarios locales y regionales, para quienes quieren ver la realidad y no sepultarla con “verborrea”.

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[1] Participante del Grupo Presidencialismo y Participación UNIJUS/COLCIENCIAS