EL
MITO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
David Jiménez[1]
Desde hace más de 20 años
con el proceso constituyente de 1991 se tenía la premisa de la lucha frontal
contra la corrupción, de la que hablan tantos los gobernantes a nivel nacional
y territorial. Desde entonces, la producción normativa para prevenir, detectar
y sancionar la corrupción se encuentra en la leyes 42 de 1993, 190 de
1994, 610 de 2000 y 1474 de 2011; y de
manera especial en las herramientas legales para el órgano de control fiscal en
cabeza de la Contraloría General de la República y las respectivas instancias
territoriales.
Lo
nuevo en producción normativa
Por estos días, la Directora
de Transparencia Internacional Elizabeth Ungar (El
Espectador, Enero 10 de 2012), quien años atrás fuera
una entusiasta de la izquierda nacional, en su reciente columna resalta la
importancia de la Convención
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales, de la cual Colombia ha hecho la adhesión
ratificada en la Ley
1543 de 2012. La columnista señala que el Gobierno Nacional
ha tenido la voluntad pero limitada de luchar contra la corrupción; así parece desprenderse de lo afirmado por la Contralora Sandra Morelli, para quien la
lucha contra este flagelo se encontraba frenado[2],
y ella añade ahora la necesidad de
castigar el cohecho en operaciones comerciales internacionales.
A nivel internacional, las
empresas y gobiernos extranjeros tienen la capacidad económica para sobornar a
servidores públicos para cualquier operación comercial, para lo cual consignan
el soborno en un paraíso fiscal en el
Caribe, Europa ó Asia. Nunca detectamos dichos comportamientos de los funcionarios
públicos en las altas esferas de la negociación internacional; y mucho menos si lo mismo se practica de modo
inveterado a nivel nacional con la financiación ilegal de campañas políticas,
contratos inconclusos, recursos desviados de su finalidad legal, soborno a
servidores públicos para favorecer intereses privados en sus decisiones
administrativas, para enumerar apenas los comportamientos más conocidos.
Lo
que no se hace
En las campañas políticas a
nivel nacional y territorial siempre está presente la lucha contra la
corrupción en la agenda. Algunos señalan que aún dan buenos réditos electorales, pero jamás se mira el diseño institucional
para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción pública ó
privada.
En particular, la Procuraduría
General de la Nación encargada de guardar la moralidad pública, sus
funcionarios en las procuradurías delegadas a nivel departamental y provincial
deben ser servidores públicos nombrados por meritocracia, independientes y
autónomos de la clase política regional. Lo cual para nada ocurre, es, para
recordar a Montesquieu e Inglaterra juntos, un feudo podrido. Para la muestra
tenemos un botón actual.
Otro tanto pasa con las
Contralorías territoriales, sus contralores nombrados por las corporaciones
públicas (Asambleas y Concejos) terminan nombrando por elección política a los
amigos afines al gobernante para que haga el control fiscal. La corrupción está
enraizada en la fuente, y repartida entre la clase política nacional y regional
que hiede como las basuras mal recogidas por la administración Petro en Bogotá.
Las Personerías municipales
pareciera que han tenido un gran avance, aunque se verá reflejado hasta en el
2016, porque la ley 1551 de 2012 indica que serán nombrados por concurso
público de méritos. El concejo municipal deberá nombrar a la persona que ocupe
el primer lugar. Esta reforma no jugará para la anunciada reelección de Santos
y sus contendores. Así mismo, se afirma que la Unidad de Delitos Contra la
Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación es un órgano técnico y meritocratico, ajeno a la
clase política nacional o regional, pero nada dice acerca de cómo concretar tal
decir.
El Congreso de la República
dio ejemplo de la necesidad de nombrar por concurso público de méritos a los Personeros
Municipales por sus pares en los concejos municipales, pero le colocaron la
talanquera para que no los afecte a ellos y sus trapisondas electorales
inmediatas. Igual debieron tocar en esta cruzada teñida de “moralina” la
necesidad de una reforma constitucional para hacer lo mismo con la elección del
Procurador y Contralora General de la República, definiendo al menos criterios
de tipo técnico-meritocrático y no de tipo politiquero como siguen siéndolo con
poquísimas excepciones.
En no pocos casos, ya
probados y denunciados en la prensa nacional y regional, los procuradores
delegados y provinciales y las gerencias departamentales de la contraloría
alimentan el círculo vicioso de los apetitos burocráticos y de corrupción de
los que ocupan la silla en el congreso que a su vez elige Procurador y
Contralor, y así sucesivamente. Hasta que consiguen la pensión que paga sus
buenos servicios de por vida; o más allá, como se ha probado en algunos casos
que son el súmmun de la aberración sólo comparable con las pensiones de los
magistrados de las altas cortes y los expresidentes.
La más de las veces es más
la propaganda de la lucha contra la corrupción. Aún no sabemos cuál es el monto
de los dineros públicos robado por los primos Nule y los castigos a su sancta
cadena de cómplices, así como tampoco
los obtenidos por los “empresarios” del sistema de salud, y de muchos casos más
que alimentan con generosidad las arcas del capital financiero, que en últimas,
como en Estados Unidos también, invierte en las campañas presidenciales,
triunfantes y perdedoras.
El Gobierno Nacional tiene
un eje de lucha contra la como lo hace uno de los hijos del asesinado, Luis
Carlos, Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia,
quien reemplazó a otro delfín del extinto Nuevo Liberalismo, el hijo del
asesinado Rodrigo Lara; pero si de eficacia se trata ha de existir celeridad y
eficiencia garantizada en los procesos disciplinarios, fiscales y penales para
conocer los castigos y la recuperación del dinero robado por servidores
públicos ó empresarios, o al menos, un premio de consolación, porque casi nunca
se recuperan los dineros, puesto a “buen seguro” en las faltriqueras de
familiares, amigos, o al cuidado del secreto bancario.
PD: Un avance para una lucha
efectiva contra la corrupción provendría de que los órganos de control y el
Ministerio Público no estén capturados por la clase política ó la empresa
privada tal como sucedió en Bogotá, donde los contratistas corruptos tenían a
sus pies a la Contraloría Distrital y la Alcaldía Mayor. La cura es democracia
participativa y deliberativa, no el placebo que conocemos como democracia
liberal (representativa), cuya ineficacia está más que probada.
[1]
Politólogo, Participante del Grupo Presidencialismo y Participación
UNIJUS/COLCIENCIAS.
[2]
El Espectador (Diciembre 11 de 2012). Contralora advierte que se perdió impulso
en lucha contra la corrupción. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391989-contralora-advierte-se-perdio-impulso-lucha-contra-corrupcion
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