LA DESVERGÜENZA DE LA JUSTICIA COLOMBIANA

Miguel A. Herrera Zgaib.

Director Grupo Presidencialismo y participación

Ciencia Política, Universidad Nacional

Presente y pasado

Hoy hubo la audiencia por la Acción Pública ante la Corte Constitucional, en el caso de las exhorbitantes pensiones, con las que según el magistrado de la Sala Administrativa, del Consejo Suoerior de la Judicatura, se premió a congresistas y magistrados, por haber "permitido" la revocatoria del Congreso, como uno de los actos decididos por la Asamblea Constitucional de 1991, que no es otro que la mentada Ley 4 de 1992.

De otra parte, el magistrado Prettel, ponente de la Corte Constitucional, frente a la acción impetrada contra estos privilegios, que han dado pie tanto al carrusel de los congresistas como el de los magistrados, para otorgarles pensiones a "nuestras costillas", ha pensado en señalar que los "nuevos" pensionados recibirían como máximo 25 salarios mínimos por su función judicial. Esto es, alrededor de $15 millones.

Los actores "inocentes"

Entre los magistrados entrevistados estuvo el nuevo presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón, quien antes de ser consejero de estado en funciones se desempeñó como magistrado auxiliar del actual procurador de la nación, el reelegido Alejandro Ordóñez. Y en ningún caso, como vocero privilegiado, mostró extrañeza alguna por disfrutar de este "privilegio" legal, y nada claro dijo tampoco con respecto al futuro inmediato.

Alfonso Vargas, entrevistado por diversos medios, hablados y televisivos es ejemplar en su carrera judicial, pues empezó siendo notificador en 1979, luego se desempeñó como escribiente en una sala del Consejo de Estado, y así se desempeñaba cuando hubo la operación del M-19 en el Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. 

El recordó como estuvo escribiendo en una máquina eléctrica los listados de quienes estaban en el Palacio aquel día, en el museo del 20 de Julio, que se sabe, sirvió de puesto de comando de las FF.AA durante la contra-toma. 

Ojalá, más allá de qué pase con la acción pública, que el magistrado cuente al país lo que le consta, porque, entre otras, sigue pendiente la determinación final sobre quiénes son responsables de la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. 

La otra vocería, de la C.S.J, la del magistrado Javier Zapata, es ejemplar en su decir. Él sostiene, sin empacho, que no se les pueden disminuir los salarios, porque hacerlo afectará la independencia de las Cortes. 

Imagínense que las pensiones otorgadas, corresponden a quiénes ya terminaron sus funciones. Ya no están en ejercicio. Luego, de cuál independencia se trata. Claro, igual, él insiste que los salarios actuales y derechos prestacionales no se pueden bajar. Según él, de mantenerlos en monto superior a $20 millones se deriva la garantía de independencia en sus fallos y actuaciones.

Luego, ¿qué podrá estar pasando con la independencia de algo más de 24.000 funcionarios? quienes no tienen tales remuneraciones, a quienes se sigue escatimando el proceso de nivelación, y que invocan la misma ley 4 de 1992.

¿Qué sigue?

Decretar un alza general de salarios para todos los trabajadores y empleados públicos de Colombia, que se compagine con lo que ganan los gobernantes, cuyo grado de eficacia, en todas las ramas del poder público está siempre por probarse, en correspondencia con el día a día.  

A hoy la proporción entre un salario mínimo y lo que devenga un alto funcionario es superior a 40 veces. Lo cual prueba que Colombia es uno de los países con peor distribución del ingreso, pública y privadamente. 

O tomar en consideración medidas más draconianas, y con efecto retroactivo, para precaver la continuación de un vulgar enriquecimiento ilícito en detrimento del erario, y en desconocimiento de lo establecido en la Constitución de 1991, en particular, cito apenas el art. 13, que señala que el Estado "promoverá que la igualdad sea real y efectiva..." 

Lo cual a todas luces se viene desconociendo desde la misma entrada en vigencia del nuevo orden de 1991, y que hoy ha sufrido más reformas, quizás, que la "fenecida" Constitución de 1886.

Pero, a no dudarlo, cualquiera de las dos medidas requerirá de la acción ciudadana en función de poder constituyente. De lo contrario,  la feliz Colombia, de carnavales y festivales Hay, "ahí manece, y no lo prueba"!